Actualizaciones CSP

STS de fecha 18 de abril de 2018. El patrimonio neto a efectos de la acreditación de la solvencia económico financiera: cómputo de los préstamos participativos. Los préstamos participativos deben ser computados para la determinación del patrimonio neto de la sociedad contratista y a efectos de determinar su situación de solvencia económica y financiera, existiendo una previsión legal que sustenta esa conclusión, concretamente el artículo 20.1 del Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, que señala en su apartado d) que "los préstamos participativos se considerarán patrimonio neto a los efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades previstas en la legislación mercantil". Descargar resumen download

JCCAMEH Informe 24/2016. La sucesión en el procedimiento como consecuencia de la extinción de la sociedad: efectos de la baja en el IAE. La baja en el IAE es una obligación de los sujetos que cesen en el ejercicio de una actividad por la que figuren inscritos en la matrícula del impuesto, cuyos efectos se ciñen al ámbito tributario. No tiene como consecuencia la extinción de una sociedad mercantil que deberá producirse, en su caso, de conformidad con la normativa mercantil de aplicación. En consecuencia, en tanto no se produzca la extinción de la sociedad no podrá aplicarse la sucesión en el procedimiento, que sólo se producirá si se acredita además el cumplimiento de las demás condiciones. Descargar resumen download

Boletín del viernes, 15 de marzo de 2019

RTACRC 841/2018. Modificación del plazo de licitación establecido fuera de los pliegos: efectos equivalentes a la modificación del pliego. La convocatoria de la licitación, aun cuando no es el pliego como tal, produce un efecto tan relevante como es el de la determinación del momento en que se pueden presentar las proposiciones de los licitadores, esto es, sus ofertas, por lo que incide de lleno en la igualdad de éstos y en la libre concurrencia que debe ser aplicada en todo el procedimiento de contratación. La modificación del plazo de licitación se hará pública, debiendo computarse a partir del nuevo anuncio el plazo establecido para la presentación de proposiciones. Descargar resumen download

TAC Galicia Resolución 55/2018. La obligación de publicidad de las licitaciones y el computo del plazo de presentación de ofertas: publicación del anuncio de licitación, de los pliegos y la ampliación del plazo cuando se produzcan cambios significativos. Los órganos de contratación ofrecerán acceso a los pliegos y demás documentación complementaria por medios electrónicos a través del perfil de contratante desde la fecha de la publicación del anuncio de licitación o, de ser el caso, del envío de la invitación a los candidatos seleccionados. La defectuosa publicidad de los pliegos supone una vulneración de los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y, como tal, una infracción de un trámite esencial del procedimiento de licitación. El artículo 136.2 de la LCSP establece la obligación de ampliar el plazo de presentación de proposiciones en caso de que se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratación y especifica como tal la que afecte a los “deberes del adjudicatario”. Descargar resumen download

TACP Madrid 303/2018. Cambios en el anuncio de licitación: rectificación de error de hecho vs modificación de las condiciones de licitación. La contradicción o incongruencia entre el anuncio y los pliegos no permite atribuir una preponderancia de uno sobre el otro, sin que sea posible determinar si se trata de un simple error o de una modificación sobrevenida de las condiciones de la licitación. Así, para garantizar los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia, en estos casos debe dictarse una resolución de modificación y proceder a su publicación en el boletín correspondiente y el perfil de contratante del Órgano de Contratación, concediéndose un nuevo plazo de presentación de ofertas. Descargar resumen download

Boletín del miércoles, 13 de marzo de 2019

TACP Madrid 285/2018. Contratos de servicios de limpieza: inclusión de criterios de adjudicación de tipo social o laboral. Al no tratarse de un servicio de los contemplados en el Anexo IV de la LCSP, no le es de aplicación la obligación prevista en el artículo 145.4 de la LCSP de establecer criterios de calidad en un porcentaje de al menos el 51%. Por otra parte, y dado que las prestaciones a ejecutar por el contratista están perfectamente definidas, tampoco es obligatorio la inclusión de un más de un criterio de adjudicación, siendo solo obligatorio la inclusión de una condición especial de ejecución del contrato de tipo medioambiental, social o relativa al empleo. Descargar resumen download

JCCA Cataluña informe 5/2018. Calificación de un contrato de alquiler de instalaciones e incorporación de prestaciones complementarias de contratos típicos: contrato patrimonial. La calificación jurídica de un contrato de alquiler de instalaciones para la realización de actividades culturales es la de contrato patrimonial excluido de la LCSP. Cuando el objeto del contrato incluya, adicionalmente, otros servicios necesarios para su funcionamiento, no será necesario tramitar otro procedimiento para adjudicar un contrato de servicios para cubrirlas, dado que los contratos patrimoniales pueden incluir prestaciones que sean propias de los contratos típicos, siempre que estas prestaciones necesarias para el funcionamiento de las instalaciones no tengan un valor estimado superior al 50 por 100 del importe total del negocio y que mantengan relaciones de vinculación y complementariedad con la prestación característica del contrato patrimonial. Descargar resumen download

JCCA Cataluña informe 6/2018. Condición especial de ejecución consistente en el pago de un salario mínimo específico superior a lo establecido en el convenio colectivo sectorial aplicable o, si no hubiese, respecto del salario mínimo interprofesional: efecto discriminatorio que provoca distorsión de la competencia. No es conforme con la normativa de contratación pública, por no cumplir con los requisitos que ésta exige a las condiciones especiales de ejecución, la inclusión en los pliegos de una condición de ejecución que imponga a la empresa contratista el pago, a las personas trabajadoras que se adscriban al contrato, un salario mínimo específico superior al fijado en el Convenio Colectivo sectorial que resulte aplicable a la actividad o, si no hay convenio, al salario mínimo interprofesional fijado legalmente. Para poder exigir a las empresas contratistas un salario mínimo específico, este salario debe estar fijado en una disposición normativa de carácter general o en un convenio colectivo declarado de aplicación general y formar parte del nivel de protección que se debe garantizar a los trabajadores en el sentido de la Directiva 96/71, a efectos de no disuadir la participación en el procedimiento de contratación de empresas de otros Estados miembros y provocar una distorsión de la competencia. Descargar resumen download

Boletín del lunes, 11 de marzo de 2019

STS de fecha 12 de diciembre de 2017. Efectos de la información relativa a la subrogación empresarial en los pliegos: efectos informativos vs obligación de subrogación. El precepto no hace sino imponer a la Administración pública contratante una obligación, la de informar a los licitadores de una posible subrogación empresarial, que lógicamente ha de ser la impuesta -de concurrir sus presupuestos- por disposición legal o convencional. De esta manera, la norma ofrece cualidad meramente instrumental respecto de una posible obligación sucesoria, por lo que la inclusión de tal información en el pliego de condiciones no crea obligación alguna para los licitadores en el concurso sino que sólo les informa de las posibles consecuencias laborales de la adjudicación, precisamente cuando las prescripciones legales o convencionales «impongan al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador». Descargar resumen download

OARC Euskadi 74/2018. Definición del objeto del contrato y motivación de la no división en lotes: comparación con licitaciones anteriores. La no división en lotes de un contrato debe estar justificada motivadamente en el expediente, debiendo deducirse de la misma las razones organizativas y técnicas que justifican dicha decisión, sin que a estos efectos la forma de licitarse la prestación en momentos anteriores vincule al órgano de contratación, pues este goza de una amplia discrecionalidad para configurar el objeto del contrato y su clausulado de la forma que estime más adecuada para la satisfacción del interés público. Descargar resumen download

TACP Madrid 223/2018. Justificación de las ofertas anormales o desproporcionadas: la ventaja de futuras subvenciones para los Centros Especiales de Empleo. Para justificar una oferta desproporcionada, la argumentación basada en las subvenciones que a futuro pueda recibir el licitador, dada su condición de Centro Especial de Empleo, no puede ser tenida en cuenta, toda vez que la concesión de subvenciones es un hecho futuro, no seguro, previsible, pero no cierto, y son abonadas al término del hecho causante de su concesión, no al inicio. Descargar resumen download

Boletín del viernes, 8 de marzo de 2019

RTACRC 828/2018. Momento de cálculo de la puntuación económica en caso de ofertas anormales: análisis de la diferencia entre el TRLCSP y la nueva LCSP. La omisión en el artículo 150 de la Ley 9/2017 de la referencia a las ofertas anormales, no impide que el cálculo de la puntuación económica de las ofertas se deba realizar con posterioridad al análisis y valoración de la justificación de las ofertas anormales o desproporcionadas, excluyendo a las no admitidas por no haberse estimado la justificación sobre su viabilidad tras el mencionado trámite de audiencia, como se realizaba conforme al antiguo artículo 151 del TRLCSP. Descargar resumen download

TACP Aragón 99/2018. Las penalidades por las infracciones del contratista en sus obligaciones en materia salarial, social y laboral con respecto a sus empleados: condiciones especiales de ejecución. Dada la corriente en pro de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de índole medioambiental, social o laboral por parte de los contratistas del sector público con respecto a sus empleados, que propugna la Directiva 2014/24/UE, el artículo 202.1 de la LCSP ha obligado a incluir en los PCAP al menos una de las condiciones especiales de ejecución de entre las que enumera el artículo 202.2, dentro de las que figuran varias de índole laboral. Así, el órgano de contratación, haciendo uso del ejercicio de la discrecionalidad que tiene atribuida a la hora de elaborar los pliegos en ese sentido, puede prever penalidades por infracciones del contratista en sus obligaciones en materia salarial, social y laboral con respecto a sus empleados. Descargar resumen download

JCCA Aragón Informe 25/2018. Régimen aplicable a los contratos celebrados por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación: requisitos para su aplicación. Para que se aplique la DA 54ª debe tratarse de a) contratos menores de suministro o servicios de los agentes públicos del sistema español de ciencia, tecnología e innovación, b) que sean en el ámbito de las funciones de estos agentes, tal cual las concreta la citada Ley 14/2011, centradas en la investigación, el desarrollo experimental y la innovación, y c) referidos a gastos que no puedan considerarse de “servicios generales y de infraestructura”, es decir, gastos vinculados a la realización de la concreta actividad investigadora excluidos los de índole organizativa, estructural o financiera. Descargar resumen download


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