Real Decreto 950/2026, de 4 de noviembre, por el que se establecen criterios para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros de titularidad pública y en centros para personas en situación de dependencia o personas con necesidades especiales de titularidad privada. Ir al Real Decreto

Orden HAC/976/2026, de 15 de septiembre, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales, sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento, así como sobre los índices de precios de componentes de transporte de viajeros por carretera, para el primer trimestre de 2026, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas. Ir a la Orden

Orden HAC/725/2026, de 7 de julio, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales, de materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento, y de componentes de transporte de viajeros por carretera, para el cuarto trimestre de 2025, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas. Ir a la Orden

Resolución de 30 de junio de 2026, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2026 Ir a la Resolución

Orden HAC/618/2026, de 15 de junio, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales, sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento, así como sobre los índices de precios de componentes de transporte de viajeros por carretera, para el tercer trimestre de 2025, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas. Ir a la Orden

Orden HAC/459/2026, de 22 de abril, de declaración de suministros y servicios de contratación centralizada y por la que se determina el procedimiento de su contratación. Ir a la Orden

STS de fecha 9 de abril de 2026. Actuaciones ante la anulación judicial de una adjudicación: debe retrotraerse los efectos de esa nulidad a un momento anterior a la resolución del procedimiento de licitación, lo que implica que la Administración ha de volver a pronunciarse sobre la posible adjudicación. Existe vulneración de la discrecionalidad técnica de la Administración para adjudicar un contrato administrativo, si quedando acreditado que existió puntuación por parte de la mesa de contratación a cada uno de los licitadores, el órgano judicial declara adjudicado el contrato al licitador que dispone de un mayor número de puntos, sin que la Administración haya tenido la oportunidad de ejercer las facultades que le atribuye el ordenamiento jurídico, entre ellas las reguladas en el artículo 151.2 y 155.2 del texto TRLCSP. Descargar resumen

RTACRC 857/2026. La corrección con arreglo a derecho de los actos distintos de los específicamente recurribles: la aplicación del artículo 44.3 LCSP permite que puedan ser puestos de manifiesto por los interesados ante el órgano instructor o el órgano de contratación defectos de tramitación para su corrección. La UTE puso de manifiesto una incidencia técnica que, de ser cierta, afectaba a la tramitación del procedimiento de contratación. Y el artículo 44.3 de la LCSP permite que los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los específicamente recurribles puedan ser puestos de manifiesto por los interesados ante el órgano instructor o el órgano de contratación, a efectos de su corrección con arreglo a derecho, sin perjuicio de que puedan alegarse al recurrir la adjudicación. Pues bien, la actuación de la mesa no debe entenderse como la estimación de un recurso administrativo ordinario contra un acto recurrible por recurso especial, sino como la corrección de una incidencia técnica producida durante la tramitación del procedimiento de contratación. Descargar resumen

RTACRC 1106/2026. Legitimación de los excluidos del procedimiento para la interposición de recurso frente a la adjudicación: se encuentran legitimados cuando hayan recurrido dicha exclusión y mientras la resolución de exclusión no sea firme. Este Tribunal viene admitiendo la legitimación para interponer recurso especial frente a la adjudicación del contrato de los licitadores que, habiendo sido excluidos del procedimiento de licitación, han recurrido dicha exclusión, mientras la resolución de exclusión no sea firme en vía judicial. Descargar resumen

TARC Andalucía 157/2026. Efectos de la nulidad del contrato formalizado por ausencia de notificación de la adjudicación: produce efectos ex tunc, se tiene por inexistente desde su origen, procediendo la restitución de las prestaciones o, si no es posible, el valor de las mismas. Sobre el alcance de las consecuencias de la nulidad del contrato formalizado, la misma produce efectos ex tunc, de modo que el contrato se tiene por inexistente desde su origen, quedando anuladas todas sus cláusulas económicas. En consecuencia, el contratista no puede exigir precio, revisión de precios, equilibrio económico-financiero ni ningún derecho derivado del contrato, pues ello implicaría reconocer efectos a un vínculo inválido. La única vía económica posible es la fase de liquidación prevista en el artículo 42 LCSP, en la que únicamente procede la restitución de las prestaciones realizadas o, si no es posible, el valor de las mismas. El Tribunal rechaza que pueda invocarse el enriquecimiento injusto para “revivir” el contrato nulo. Esta doctrina se complementa con la STS de 7-4-2025 que establece que, cuando no sea posible la restitución in natura, debe resarcirse al contratista no culpable por el coste efectivo de la prestación, sin aplicar depreciaciones ni reconocer beneficios derivados del contrato anulado. Descargar resumen

TCP Canarias 37/2026.

I. La relación de actos recurribles conforme al artículo 44.2 de la LCSP: no cabe recurrir una nueva licitación con fundamento en la impugnación de la resolución de un contrato previo. Este Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse en anteriores supuestos sobre casos en los que igualmente existía un contrato anterior que había sido resuelto en contra de una entidad que planteaba recurso contra los actos de la nueva licitación oponiéndose a su tramitación en base al primer contrato a su favor, si bien se recurrían el anuncio de licitación y los pliegos del segundo contrato, no habiendo prosperado dichos recursos ya que los actos resolutorios de los contratos previos no entran dentro del listado de actos recurribles conforme dispones el artículo 44.2 de la LCSP. Descargar resumen

II. Alcance del interés legítimo para recurrir (artículo 48 de la LCSP): ausencia de legitimación para recurrir la adjudicación de un nuevo contrato por un contratista al que previamente se le ha resuelto su contrato. La recurrente no ha participado en el procedimiento de licitación cuya adjudicación impugna, sino que es tras la publicación de dicho acto en la PCSP cuando procede a su impugnación, pero basándose en un anterior contrato que tiene formalizado con el poder adjudicador y que ha sido resuelto por este. En el procedimiento actual licitatorio en curso cuya adjudicación ha sido recurrida hemos de negar legitimación a la mercantil recurrente, puesto que no puede llegar a obtener la adjudicación de un contrato en el que no ha presentado oferta, no ostentando por tanto el interés legítimo para recurrir a que se refiere el artículo 48 de la LCSP. Descargar resumen

TARCCYL 120/2026. Legitimación de los concejales para la interposición de recurso especial en materia de contratación: deben formar parte del órgano de contratación y haber votado en contra del acuerdo. La legitimación y, en su caso, la carga de votar en contra para obtenerla, es de cada una de las personas que ocupan el cargo de concejal y no de los grupos municipales. Al no formar parte “el recurrente” del órgano de contratación que aprueba los pliegos, procede inadmitir el recurso conforme al articulo 55 b) de la LCSP, sin entrar a pronunciarse sobre el fondo del asunto. Descargar resumen

OARC Euskadi 92/2026. Ámbito objetivo del recurso especial: las respuestas a las solicitudes de aclaración de los operadores económicos son actos impugnables. Las respuestas a las solicitudes de aclaración a las que se refiere el segundo párrafo del artículo 138.3 de la LCSP, son documentos adicionales que pueden “…describir o determinar los elementos de la contratación o el procedimiento” y están comprendidas en el amplio concepto de “pliego de contratación” del artículo 2.1.13) de la Directiva 2014/24/UE y consecuentemente también son actos impugnables incluidos en el ámbito objetivo del recurso especial que delimita el artículo 44.2 a) de la LCSP; en particular, dicho recurso puede basarse, por ejemplo, en la alegación de que, bajo la cobertura formal de la aclaración, el órgano de contratación ha modificado los pliegos sin sujetarse al procedimiento previsto en los artículos 122 y 124 de la LCSP. Descargar resumen

Semana 44 2026- Aspectos formales de la contratación y actuaciones ex ante a la valoración de ofertas.

STSJ Madrid de fecha 18 de junio de 2026. Momento de comprobación de las prescripciones técnicas: debe comprobarse por la mesa antes de la adjudicación del contrato, de manera que se pueda controlar por los demás licitadores. Es elemento esencial dentro de todo procedimiento licitador la comprobación por la mesa de contratación y sus técnicos del cumplimiento por parte de los licitadores de las especificaciones técnicas exigidas en los pliegos, debiendo aportarse la documentación acreditativa de los mismos siempre antes de que tenga lugar la adjudicación del contrato. Dejar la comprobación de la concurrencia de las prescripciones técnicas para el momento de ejecución del contrato, fuera ya del procedimiento de licitación y de la intervención de la mesa de contratación y de sus técnicos, y fuera de todo control de los demás licitadores, y de los órganos administrativos y judiciales, es para la resolución impugnada equivalente a la omisión total y absoluta del procedimiento de contratación. Descargar resumen

RTACRC 627/2026.

I. Efectos de la especificación del nivel concreto de ENS en fase de licitación: más que una mera aclaración, se trata de una modificación sustancial de los pliegos que exige una nueva licitación. La modificación controvertida (introducción del nivel del ENS) entra en colisión con lo dispuesto por el artículo 136.2 de la LCSP para la corrección de errores que exceden del mero alcance de errores materiales, aritméticos o de hecho. La introducción de reformas sustanciales en los pliegos exige que, el órgano de contratación en aplicación de los preceptos citados ordene la retroacción de actuaciones al momento del plazo inicial de presentación de las ofertas, teniendo en cuenta el cómputo de los plazos propios de una licitación seguida por el procedimiento abierto. Descargar resumen

II. Efectos de la incorporación de un nuevo anexo referido al nivel de ENS requerido: modificaciones sustanciales en los pliegos, que requiere la retroacción de actuaciones al momento del plazo inicial de presentación de las ofertas, concediéndose un nuevo plazo para su presentación. El Tribunal viene interpretando que la rectificación, en principio, solo es posible cuando se trata de corregir errores materiales, aritméticos o de hecho, debiendo en esos casos ampliarse el plazo de presentación de ofertas cuando se produzca una “modificación significativa”; mientras que cuando la modificación de los pliegos vaya más allá, será necesario retrotraer las actuaciones. Sin embargo, es también doctrina de este Tribunal que, en determinados supuestos y en aras del principio de economía procedimental, es admisible una rectificación de los pliegos que vaya más allá del mero error material ampliando el plazo de presentación de ofertas, pero sin retroacción cuando concurren determinadas circunstancias como pueden ser la ausencia de ofertas y modificación en el plazo inicial para su presentación. Descargar resumen

RTACRC 771/2026. Límites a la configuración de la visita a las instalaciones como un requisito para la presentación de oferta: salvo que fuera imprescindible para presentar la oferta, la normativa lo configura como un derecho del licitador, cuya no realización no puede derivar en su exclusión. La visita in situ no constituye, con carácter general, una obligación del licitador, sino un derecho del que puede hacer uso para mejorar su conocimiento del objeto del contrato. Solo de manera excepcional puede imponerse su obligatoriedad, cuando resulte estrictamente imprescindible para formular la oferta y dicha circunstancia esté debidamente justificada en el pliego. Descargar resumen

RTACRC 1106/2026. El acceso a la licitación de operadores económicos procedentes de un tercer país no signatario de un Acuerdo Internacional que garantice la igualdad de acceso tras la jurisprudencia del TJUE: se puede recurrir a la remisión en pliegos al artículo 68 LCSP, siendo la consecuencia del incumplimiento la exclusión. El pliego puede establecer modalidades de trato destinadas a reflejar la diferencia objetiva entre la situación jurídica de operadores económicos procedentes de un tercer país no signatario de un Acuerdo Internacional, por una parte, y la de los operadores económicos de la Unión. Sin embargo, cuando recurra a la remisión (bien reproduciendo su contenido textual, bien simplemente invocándolo) al artículo 68 de la LCSP, la consecuencia del incumplimiento por el licitador ha de ser su exclusión de la licitación, en tanto el referido precepto, por su ubicación sistemática en la LCSP, impone un requisito de capacidad.” Descargar resumen

OARC Euskadi 91/2026.

I. Necesidad de establecer límites o umbrales en los criterios de adjudicación (mayor plazo de garantía): en ausencia de ese umbral, el criterio deja de medir una mejora real de la prestación y pasa a recompensar, la mera posibilidad de ofrecer plazos cada vez más extensos, aunque su utilidad adicional para el poder adjudicador sea incierta, dificultando así la comparación objetiva del valor relativo de las ofertas y la competencia real y efectiva. Los criterios de adjudicación deben servir para identificar la oferta que mejor satisfaga las necesidades que se pretenden cubrir con el contrato; no resulta conforme con dicha finalidad, una fórmula que prima sin límite el mayor plazo de garantía ofertado cuando el criterio no identifica previamente qué incremento de garantía aporta una ventaja efectiva, objetivamente apreciable y vinculada al objeto del contrato. En ausencia de ese umbral, el criterio deja de medir una mejora real de la prestación y pasa a recompensar, esencialmente, la mera posibilidad de ofrecer plazos cada vez más extensos, aunque su utilidad adicional para el poder adjudicador sea incierta. Ello dificulta la comparación objetiva del valor relativo de las ofertas y, por tanto, una competencia real y efectiva. Descargar resumen

II. Definición y determinación del objeto del contrato (cláusulas de compatibilidad informática): las prestaciones deben depender de parámetros objetivos predeterminados y no pueden estar condicionadas a resoluciones o indicaciones posteriores de la Administración. Estaremos ante una cláusula general e indeterminada cuando la compatibilidad se proyecta sobre un conjunto incierto de sistemas terceros, actuales o futuros. El adjudicatario no conoce al licitar, ni al contratar, el alcance real de la compatibilidad exigida, porque depende de decisiones futuras ajenas a él. La obligación, por tanto, no depende de parámetros objetivos predeterminados, sino de lo que una de las partes vaya decidiendo, pudiendo ampliar sucesivamente el contenido de la prestación sin un límite técnico, funcional o económico previamente definido en los pliegos, lo que vulnera el principio de transparencia. Descargar resumen

III. Determinación de los parámetros de anormalidad cuando el sistema de determinación del precio es mixto: la formulación de un listado de precios unitarios y, la fijación de importes a tanto alzado, implica que el umbral de temeridad no puede aplicarse “en su conjunto” a la suma de los diversos conceptos ofertados. Los pliegos deben presentar coherencia interna entre los distintos elementos de la estructura de la obligación (presupuesto base de licitación, sistema de determinación del precio, criterios de adjudicación, parámetros de anormalidad). La aplicación del umbral de temeridad sobre una agregación teórica de conceptos heterogéneos provoca, en la práctica, que la detección de anormalidad se fundamente casi exclusivamente en los importes a tanto alzado. Ello supone que el parámetro no analiza la viabilidad global de la oferta, sino únicamente una parte de esta, desnaturaliza su finalidad y carece de capacidad real para identificar riesgos de ejecución defectuosa, incumpliendo así su función esencial. Descargar resumen

Semana 43 2026- Capacidad para contratar y criterios de solvencia: diseño y aplicación.

STS de fecha 10 de marzo de 2026. Determinación del alcance y la duración de la prohibición de contratar: aplicación del principio de proporcionalidad y seguridad jurídica, tomando en consideración las circunstancias concurrentes (mala fe, estructura competitiva, libertad de acceso, pluralidad de agentes, gravedad y duración). Las autoridades de defensa de la competencia, tanto estatales como autonómicas, y las autoridades gubernativas competentes para imponer la medida restrictiva consistente en la prohibición de contratar, deben aplicar el principio de proporcionalidad a los efectos de determinar el alcance y la duración de la prohibición de contratar, tomando en consideración las circunstancias concurrentes, y, particularmente, la mala fe del operador económico, la estructura competitiva del mercado afectado por la prohibición de contratar, la viabilidad de las eventuales licitaciones, atendiendo a los efectos reales de la restricción temporal a la libertad de acceso al procedimiento de adjudicación, y a la pluralidad de agentes activos en el sector de la contratación pública afectado por la prohibición de contratar, y, también, la gravedad y la duración de la infracción cometida y la participación en la misma. Descargar resumen

RTACRC 406/2026. Acreditación de la solvencia económica o técnica en caso de UTE: la regla general es la acumulación, debiendo admitirse que la UTE cumple cuando uno de sus miembros acredita íntegramente el requisito de solvencia, sin que resulte exigible que los restantes integrantes. Si bien la regla general en los casos en los que el licitador sea una UTE es la acumulación de las solvencias, tanto económica como técnica, entre sus integrantes, siempre que el objeto del contrato y las exigencias establecidas en el pliego no dispongan otra cosa, debe admitirse, como regla general, que la UTE cumple cuando uno de sus miembros acredita íntegramente un determinado requisito de solvencia, sin que resulte exigible que los restantes integrantes reúnan un mínimo de forma individual, salvo previsión expresa en contrario o justificación derivada de la naturaleza de la prestación. Lo determinante es que la UTE, en su conjunto, alcance el mínimo de solvencia exigido por los pliegos. Descargar resumen

RTACRC 457/2026. Régimen de acumulación de solvencia en caso de UTE: extensión de la solvencia a todos los miembros de la UTE, aunque algunos carezcan totalmente de solvencia. La regla general de acumulación de solvencia del artículo 24 del Reglamento permite la comunicación de la misma aunque alguno o algunos miembros de la UTE carezcan totalmente de dicha solvencia. La integración de solvencia técnica entre los miembros de una UTE llega al nivel de que no pueda exigirse a cada una de ellas ni una solvencia proporcional a su participación en la UTE ni siquiera una mínima solvencia. Basta que una de ellas acredite íntegramente la solvencia técnica, para que no sea necesario acudir a la acumulación. Descargar resumen

TARCCYL 86/2026. Limitación a la posibilidad de suplir la falta de habilitación acudiendo a la subcontratación: imposibilidad de integrar la falta de habilitación profesional o empresarial por medios externos cuando esta se exija como requisito de aptitud en el pliego; no obstante, no toda subcontratación estaría prohibida, sino sólo aquella que afecte a la totalidad o al núcleo principal de las prestaciones que constituyen el objeto del contrato, pudiendo subcontratarse prestaciones accesorias no pertenecientes al núcleo principal de la prestación, por aplicación del principio de proporcionalidad y porque en tal caso no se evidencia la desconexión entre el objeto del contrato y la aptitud legal del contratista. No es posible integrar la falta de habilitación profesional o empresarial por medios externos cuando esta se exija como requisito de aptitud en el pliego; no obstante, no toda subcontratación estaría prohibida, sino sólo aquella que afecte a la totalidad o al núcleo principal de las prestaciones que constituyen el objeto del contrato pudiendo subcontratarse prestaciones complementarias o accesorias no pertenecientes al núcleo principal de la prestación. En este sentido, solo podrían quedar al margen algunas actividades accesorias o complementarias, no pertenecientes a tal núcleo esencial, por aplicación del principio de proporcionalidad y porque en tal caso no se evidencia la desconexión entre el objeto del contrato y la aptitud legal del contratista. Descargar resumen

TARCCYL 93/2026. Alcance de la responsabilidad solidaria de los miembros de las UTEs: responsabilidad plena con carácter independiente de la cuota de participación de las empresas que la forman, que faculta a la Administración a exigir el cumplimiento íntegro del contrato a cualquiera de sus integrantes. La responsabilidad solidaria de los empresarios que concurren agrupados en unión temporal implica que cada uno de ellos queda obligado al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones derivadas del contrato, con carácter ilimitado y con independencia de su respectiva cuota de participación. En este sentido, la Administración puede exigir a cualquiera de los integrantes la ejecución íntegra del contrato en caso de incumplimiento o imposibilidad de los demás, sin que resulte necesario acreditar ni ponderar la participación individual de cada uno. En consecuencia, estando garantizada dicha responsabilidad solidaria, carece de relevancia la concreta participación porcentual de los miembros de la unión, no siendo preciso que la Administración efectúe requerimientos relativos a cuotas de participación. Descargar resumen

OARC Euskadi 84/2026. Diferencias entre las exigencias del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y la habilitación empresarial: el ENS no establece los requisitos personales para obtener una autorización administrativa, sino que se remite a los pliegos de cada contrato, mientras que la habilitación constituye un requisito de acceso al ejercicio de una actividad. El Real Decreto 311/2022, no pretende regular la actividad de prestación de servicios afectados por el ENS, sino tan solo establecer los requisitos técnicos que deben cumplir dichos servicios. Precisamente por eso, no establece las condiciones personales que deben reunir los operadores económicos para obtener una autorización administrativa o licencia para desempeñar la actividad, sino que se remite a los pliegos de cada contrato. El ENS (i) no establece una reserva legal de actividad, (ii) no prohíbe con carácter general operar en el mercado y (iii) admite formas alternativas de cumplimiento (autoevaluación para los sistemas de categoría básica). La habilitación es un requisito que condiciona el acceso o el ejercicio de una actividad económica o profesional, de modo que sin dicha habilitación no es posible operar en el sector correspondiente. Descargar resumen

TACP Madrid 90/2026. Límites a la discrecionalidad del órgano de contratación en la exigencia de certificados medioambientales como solvencia técnica: especificarse en el pliego, estar vinculados al objeto, ser proporcionales al mismo y no producir un resultado discriminatorio. Es criterio unánimemente aceptado por la doctrina y la jurisprudencia que la exigencia de certificados medioambientales, incluyendo la inscripción en determinados registros, ha de respetar los términos indicados en el artículo 74.2 de la LCSP. En concreto, deberán especificarse en el pliego del contrato, estarán vinculados a su objeto y serán proporcionales al mismo, además de no producir un resultado discriminatorio, extremos todos ellos que vienen a constituir el límite de una decisión de requerir la presentación de determinados certificados que, en sí misma, es discrecional para el órgano de contratación. Además, no sólo debe existir esa conexión racional entre el objeto y las condiciones de solvencia, sino que las mismas deben ser proporcionadas a aquél. Esta exigencia es completamente lógica pues, de no observarse, se podría generar una barrera injustificada a la concurrencia efectiva de aquellos licitadores que puedan cumplir el objeto del contrato y que, por un exceso de la entidad contratante, queden excluidos por causa del establecimiento de una condición de solvencia exagerada. Descargar resumen

TACP Madrid 136/2026. Naturaleza del esquema nacional de seguridad (ENS): constituye un requisito de habilitación profesional, correspondiendo al órgano de contratación establecer en los pliegos la categoría de seguridad exigible. Deben indicarse en los pliegos los requisitos necesarios para asegurar la conformidad con el ENS de los sistemas de información en los que se sustenten los servicios prestados por los contratistas. Esta lógica obedece no sólo a los términos literales en los que se expresa el Real Decreto, sino también de la necesidad de la categorización de los sistemas de información, teniendo el órgano de contratación que establecer de forma clara y concisa, conjuntamente con los requisitos para asegurar la conformidad de los sistemas con el ENS, la categoría de seguridad de los sistemas de información cuyo uso sería necesario para la ejecución del contrato. Así lo exigen los artículos 40 y 41 del RD 311/2022. Descargar resumen

JCCAMEH Informe 1/2026.

I. Límites a la integración de solvencia con medios terceros: cuando determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, deban ser ejecutadas directamente por el propio licitador. Al amparo del artículo 75 de la LCSP, el licitador puede recurrir a los medios de otras entidades sin que quepa exigir necesariamente que los medios personales estén integrados en la propia empresa licitadora. Solo si se estima que determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, deban ser ejecutadas directamente por el propio licitador de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 75 de la LCSP, cabe excluir posibilidad en los pliegos siempre que tal exigencia esté relacionada y sea proporcional al objeto del contrato y mediante la adecuada justificación. Descargar resumen

II. Concepto de entidad a efectos de integrar la solvencia con medios terceros: abarcar a cualquier persona física o jurídica que pueda establecer un vínculo jurídico de cualquier naturaleza con el licitador. El concepto de entidad al que se refiere el artículo 75 de la LCSP hay que entenderlo en sentido amplio, pudiendo abarcar a cualquier persona física o jurídica que pueda establecer un vínculo jurídico de cualquier naturaleza con el licitador, sin que quepa considerar como recurso a los medios de otras entidades el compromiso de incorporación de personal a la empresa, dado que dicho personal debe considerarse entre los medios de la propia empresas. Descargar resumen

Semana 42 2026- Magnitudes económicas: repercusión en las distintas fases de la contratación administrativa.

STS de fecha 6 de mayo de 2026.

I. Cómputo del plazo para reclamar diferencias por revisión de precios en los contratos administrativos de servicios (actividad): resulta de aplicación el artículo 25.1.b LGP, pudiéndose exigir la revisión de precios año tras año, sin que proceda diferir el cómputo de plazo de prescripción hasta la liquidación del contrato. Conforme al artículo 25.2 de la LCSP, las relaciones contractuales de naturaleza administrativa se rigen por dicha Ley y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo, entre ellas, en el caso que nos ocupa, el artículo 25.1.b) de la LGP, al encontrarnos ante una reclamación en concepto de diferencias de liquidación y revisión de precios del contrato de servicio público. La empresa contratista tenía derecho a una revisión anual del precio inicialmente establecido para la prestación del servicio, de acuerdo con la fórmula de revisión allí prevista. En consecuencia, la revisión de precios podía ser exigida año tras año, no siendo jurídicamente procedente diferir el cómputo del plazo de prescripción hasta el momento de la liquidación definitiva del contrato. Descargar resumen

II. Alcance de la revisión de precios en caso de prorrogas de contrato impuestas por la Administración tras la finalización del contrato: debe trasladarse los criterios de revisión de precios previstos en los pliegos. Cuando, extinguido un contrato administrativo de gestión de servicios públicos por transcurso del tiempo, la Administración impone unilateralmente al contratista la continuación de aquella prestación, por aplicación de una cláusula prevista en el propio contrato, deberán trasladarse los criterios de revisión de precios previstos en los pliegos que regían el contrato finalizado, para el abono de aquellos servicios. Descargar resumen

RTACRC 123/2026. Convenio colectivo para cálculo de los costes vs convenio colectivo aplicable a la ejecución del contrato: se puede tomar como referencia un convenio sectorial para calcular el PBL, pero no se puede imponer en los pliegos la aplicación de un convenio determinado durante la ejecución. Para calcular el precio, el órgano de contratación considere como costes salariales los establecidos en el convenio colectivo sectorial que resulte de aplicación, por ser el referente ordinario en el sector (y así se recoge en el artículo 101 de la LCSP), la obligación que se impone al adjudicatario del contrato ha de ser la de cumplir con las obligaciones salariales que deriven del convenio colectivo que resulte de aplicación. El pliego no puede imponer el cumplimiento de un convenio concreto, por cuanto estamos ante una cuestión de naturaleza estrictamente laboral, que excede del ámbito objetivo propio del pliego de condiciones del contrato. Descargar resumen

OARC Euskadi 41/20206. Posibilidad de adjudicar un contrato a una oferta a pérdidas: la legislación contractual no prohíbe las ofertas a pérdidas y solo sería una práctica contraria a la libre competencia si se utiliza como estrategia para expulsar del mercado a sus competidores. No hay norma alguna de la legislación de contratación pública que prohíba las ofertas a pérdidas. De hecho, el TJUE en su sentencia de 10/8/2020, asunto C-367/19 establece que ni siquiera una oferta de 0 euros de importe (es decir, la “oferta a pérdida” por definición) puede ser automáticamente excluida del procedimiento de adjudicación por ese motivo, sin perjuicio de la aplicación del procedimiento de verificación de la baja anormal. La venta a pérdida no es, en todo caso, una práctica contraria a la libre competencia. Tal caso se daría si una empresa abusara de su situación de dominio en el mercado mediante dicha venta y como parte de una estrategia dirigida a expulsar del mercado a sus competidores. Tampoco acredita el recurrente que las ofertas vayan a suponer el incumplimiento de las obligaciones sociales y laborales derivadas de la ejecución del contrato y deban ser excluidas por ello. Descargar resumen

OARC Euskadi 87/20206. Ofertas a importe "0" euros: oferta incursa en sospecha de anormalidad que el poder adjudicador debe verificar. Cuando no existe en las bases de la convocatoria ninguna obligación que impida ofertar un importe especialmente ventajoso para el poder adjudicador, las ofertas a “0” euros por el total de la prestación son aceptables, sin perjuicio de verificar su viabilidad mediante el procedimiento que la LCSP prevé en su artículo 149 para las bajas incursas en presunción de anormalidad, y sin matización alguna sobre su efecto en la valoración del resto de las ofertas. No hay límite a los precios ventajosos ni es jurídicamente reprochable ofertar prestaciones sin precio adicional en un contrato que esperan globalmente lucrativo Descargar resumen

JCCAMEH Informe 39/2025. Criterios para determinar el coste efectivo de los encargos en el caso de subcontratación conforme al artículo 32 de la LCSP: no comporta la nulidad del acuerdo, ni determina indefensión, cuando el defecto apreciado no era subsanable. La determinación de la cuantía económica a satisfacer al medio propio ha de compensarle por los costes incurridos en la realización de las actividades encargadas. Este principio fundamenta los dos modos de cálculo de la compensación derivados de la diferente forma en que la actividad puede ser prestada: tarifas que reflejen los “costes reales de realización” para el caso de realización directamente por el medio propio y “coste efectivo soportado” para el caso de subcontratación con empresarios particulares (precio, iva y costes indirectos soportados). Ambas formas de fijar la compensación están íntimamente relacionadas entre sí de modo que la segunda sólo será de aplicación cuando sea inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas. Descargar resumen

CCCA Andalucía Informe 12/2026. Régimen económico aplicable a un contrato de concesión de servicios cuando ha vencido el plazo máximo de duración: el principio de riesgo y ventura del contratista no resulta aplicable una vez superado el plazo máximo de duración del contrato. La relación jurídica que se establece (orden de continuidad) es de naturaleza cualitativamente distinta y genera un derecho a compensación económica integral, al margen del precio pactado en el contrato extinguido, sin perjuicio de tomar como marco de referencia las condiciones del contrato ya cumplido, pero sin estar vinculado a su invariabilidad.En la medida en que la relación contractual ha expirado y la orden de continuidad no tiene la naturaleza jurídica de prórroga contractual, ni comporta, por tanto, la invariabilidad de las condiciones inicialmente pactadas, debe entenderse que la concesionaria no queda obligada a soportar un eventual deterioro o empeoramiento de las condiciones que regían con anterioridad. La Administración debe compensar adecuadamente todos los gastos que se deriven de la obligación de seguir prestando el servicio, sin que resulte de aplicación el principio de riesgo y ventura del contratista, dado que la relación jurídica que se establece a partir de ese momento es de naturaleza cualitativamente distinta y genera un derecho a compensación económica integral, al margen del precio pactado con el contrato extinguido, todo ello, sin perjuicio de poder tomar como marco de referencia las condiciones establecidas en el contrato ya cumplido, pero sin estar vinculado a su invariabilidad. Descargar resumen

CCCA Andalucía Informe 17/2026. Sistema de determinación del precio en los contratos de servicios complementarios de obras (ingeniería de Dirección de obra, asistencia técnica y coordinación de seguridad y salud) y efectos respecto al régimen de pagos: resulta conveniente establecer el precio del contrato auxiliar por componentes de la prestación, siendo contrario al carácter independiente de estos contratos complementarios condicionar el pago de los servicios al desarrollo de la ejecución de las obras. El contrato complementario a efectos temporales está vinculado al contrato principal pero eso no implica que aquél pierda su autonomía y naturaleza independiente, ya que vinculan a partes distintas bajo un régimen jurídico diferente. En consecuencia, es contrario al carácter autónomo e independiente de estos contratos complementarios condicionar el pago de los servicios de ingeniería de Dirección de obra, asistencia técnica y coordinación de seguridad y salud al desarrollo de la ejecución del contrato principal de obras. A efectos de pago, resulta conveniente establecer el precio del contrato auxiliar por componentes de la prestación, unidades de ejecución o de tiempo y establecer precios para dichas unidades, lo que resulta jurídicamente más adecuado que la determinación a tanto alzado del precio del contrato de servicio complementario al de obra -siempre que las características y configuración de los contratos que han de complementarse lo permitan-. Descargar resumen

CJACM dictamen 214/2026. Actuaciones del contratista ante el impago de las certificaciones de obra: puede reclamar el pago y los intereses, pero no habilita al contratista para incumplir sus obligaciones y abandonar la ejecución de las obras. El contratista que viera impagadas las certificaciones de obra expedidas por la Administración contratante podrá utilizar aquellas acciones previstas al efecto por la legislación vigente, incluso reclamando intereses, cuando procediera; pero en ningún caso le es dado abandonar por tal motivo la ejecución de las obras, con perjuicio para el interés público ínsito en todo contrato administrativo. No es admisible jurídicamente escudarse en un impago de certificaciones para justificar la paralización unilateral de las obras. El fin del contrato privilegia a quien en principio protege el fin público que con la obra pretende conseguirse, de tal modo que el incumplimiento de la Administración no habilita al contratista para incumplir él sus obligaciones”. Descargar resumen

CC Comunidad Valencia Dictamen 289/2026. Aspectos a considerar para la determinación de la compensación en caso de enriquecimiento injusto en contratos de servicios: como regla general deberá limitarse a los costes efectivos acreditados, si bien en supuesto justificados (prestación útil, buena fe contratista, continuidad del servicio) puede atenderse al valor económico de la prestación recibida. Como regla general, la compensación en los supuestos de enriquecimiento injusto deberá limitarse a los costes efectivos acreditados, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, sin que proceda la reproducción automática del precio contractual ni la inclusión de conceptos y porcentajes propios de un contrato válido. No obstante, en relación con el contrato de servicios, y, en supuestos debidamente justificados, podría atenderse al valor económico de la prestación efectivamente recibida por la Administración, cuando concurran las circunstancias siguientes: la prestación haya sido efectivamente realizada y resulte útil para la Administración; la situación irregular sea imputable a la actuación administrativa; el contratista haya actuado de buena fe; y, fundamentalmente, cuando la prestación responda a la necesidad de garantizar la continuidad de un servicio público y se acredite, mediante motivación suficiente, que el coste directo no refleja adecuadamente el valor patrimonial incorporado a la Administración. Descargar resumen

Comunicación de la UE | Adquisiciones sociales: una guía para considerar aspectos sociales en las contrataciones públicas (2.ª edición)

Para promover el uso de la contratación pública como herramienta para alcanzar objetivos de política social, la Comisión publicó una guía práctica para los compradores públicos.

La guía tiene por objeto concienciar a los compradores públicos de los posibles beneficios de la CPSR y explicar de manera práctica las oportunidades que ofrece el marco jurídico de la UE, incorporando sugerencias y ejemplos concretos que abarcan todo el proceso de contratación pública.

Acceder a la Guía UE sobre aspectos sociales en la contratación pública

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