Actualizaciones CSP

* Efectos de las medidas que se adopten en relación Coronavirus (COVID-19) sobre los contratos públicos actualmente vigentes

El Gobierno de España y el de algunas Comunidades Autónomas han aprobado una serie de medidas de carácter extraordinario por el coronavirus (COVID-19), entre las que se incluye la suspensión de algunas actividades, lo que afecta de una forma directa o indirecta a numerosos contratos públicos que actualmente se encuentran en ejecución.

A la vista de las solicitudes efectuadas por algunas entidades públicas usuarias del Proyecto CSP se elabora el presente documento, a través del cual se efectuará un análisis general sobre los posibles efectos que puede producir sobre los contratos públicos vigentes la adopción de medidas por el coronavirus o la aplicación de las medidas acordadas por otras Administraciones. Acceder al resumen download

RTACRC 989/2019. Los criterios de adjudicación y la posibilidad de emplear medios de terceros: acreditación del criterio de adjudicación con medios externos. La doctrina del Tribunal se refiere a la integración de la solvencia de un licitador con medios externos a él, pero es también aplicable a la valoración del equipo ofertado por la licitadora que pertenezcan al tercero con cuyos medios se integra la solvencia del licitador oferente, en concreto a la aplicación de los criterios de adjudicación. Efectivamente, dado que lo que se valora son la calidad, las cualidades y la organización del concreto equipo ofertado, es indiferente que sea propio o integrado procedente del tercero colaborador, ya que quien lo oferta y a cuya disposición está presente en compromiso o en firme y estará en firme durante la ejecución del contrato, es el licitador, siendo indiferente el título o concepto en virtud del que tiene a su disposición dicho personal integrante del equipo ofertado. Descargar resumen download

TACP Madrid 254/2019. Exclusión de oferta por formular un precio unitario superior al referenciado: licitaciones por precio unitario vs licitaciones a tanto alzado con desglose de precios unitarios. Para considerar que se licita por precios unitarios la formulación del presupuesto base de licitación y la valoración del criterio precio debe realizarse en función de ellos, sin que quepa considerar excluyente una oferta en su conjunto que uno de sus precios descompuestos sobrepasa el desglose que consta en el expediente, cuando simplemente se ha realizado la descomposición del precio total en precios parciales en el expediente y en el modelo de proposición económica, sin que dicha división alcance la categoría de precio unitario, pues la formulación del presupuesto de base de licitación y la valoración del precio se realizan por una cantidad global. Descargar resumen download

CCCA Andalucía 6/2019. Ofertas inicialmente incursas en baja anormal: tramitación del procedimiento de justificación de su viabilidad en el procedimiento abierto simplificado. Razones de prudencia y de justicia hacia todas las personas licitadoras y el propio cumplimiento del principio de agilización de los trámites, deberían conducir a que en el procedimiento abierto simplificado se optase por solicitar la justificación a todos los licitadores cuyas ofertas sean anormalmente bajas y no sólo a la que obtuviese la mejor puntuación y, una vez hayan justificado o no la misma y en consecuencia, sean o no excluidos de la licitación, realizar la clasificación con las personas licitadoras definitivamente admitidas. Descargar resumen download

JCCA Aragón 7/2019. Aplicación de revisiones de precios negativas en los contratos del sector público: equilibrio objetivo de las prestaciones.Una interpretación que no tuviese en cuenta la variación del IPC negativa, no sería acorde con la finalidad de la revisión de precios que no es otra que el mantenimiento del principio esencial del equilibrio objetivo de las prestaciones, lo que nos lleva a concluir que solo teniendo en cuenta en la revisión de precios tanto las variaciones positivas como negativas del IPC, se ajusta lo mejor posible a la realidad el precio del contrato, evitando así el evidente favorecimiento de la contratista, que obtendría un enriquecimiento injusto en claro perjuicio de la Administración, que se vería obligada a abonar el mismo precio por unos servicios cuyo coste de prestación es menor debido a una coyuntura económica regresiva. Descargar resumen download

Boletín del lunes, 30 de marzo de 2020

TARC Andalucía 360/2019. Alcance de la autolimitación en la subcontratación efectuada por los licitadores: alcance de la manifestación realizada en el DEUC. Aún cuando desde una perspectiva teórica la subcontratación es posible al amparo de la normativa y de los pliegos, la entidad adjudicataria se autolimita cuando afirma y declara en el DEUC que no va a subcontratar, dejando de aportar la información requerida al respecto. Tal declaración es tan clara y rotunda que no admite modulación ni aclaración alguna, aparte de que afecta a aspectos sustanciales de la contratación y no a meros datos generales informativos de esta, por lo que permitir ahora que la adjudicataria subcontrate en contra de lo inicialmente declarado supondría una clara vulneración del contenido de los pliegos y del principio de igualdad de trato, en claro beneficio de la entidad adjudicataria incumplidora de los mismos. Descargar resumen download

TACP Madrid 365/2019. Interpretación del fallo de una sentencia que acuerda la exclusión de un licitador y la retroacción de actuaciones para valorar las ofertas restantes: solo procede volver a calcular la puntación económica, por la existencia de una oferta menos, permaneciendo invariable la valoración efectuada al resto de criterios (todos valorables en cifras o porcentajes). La retroacción de actuaciones implica la aplicación del criterio de valoración económico, manteniéndose la valoración ya realizada de los restantes y posteriormente la clasificación de las ofertas admitidas, porque al haberse excluido una oferta procede la aplicación de la fórmula a las dos restantes y la puntuación será distinta de la realizada en la primera valoración. Las puntuaciones en el resto de criterios deben permanecer invariables sin que quepa reconsiderar ninguna actuación de las realizadas en su día, al haber sido hecha en su momento, con carácter previo a la apertura de los criterio valorables por cifras o porcentajes y no haber sido anuladas dichas actuaciones por el Tribunal sentenciador. Descargar resumen download

TACP Madrid 378/2019. Acreditación de la habilitación empresarial en caso de UTEs: acumulación de las condiciones de un miembro de la UTE en favor del resto y la posibilidad de acreditarla mediante subcontratación. En el caso de UTES las condiciones de uno de sus miembros se acumulan al resto, para en conjunto formar la solvencia y capacidad de la nueva entidad, por lo tanto, si una de las integrantes del compromiso de UTE acredita la habilitación se acredita por acumulación entre las integrantes de la UTE. También existe la posibilidad de que parte de la ejecución del objeto del contrato se preste por otra empresa, subcontratista de la adjudicataria, y que sea ésta la que acredite la habilitación, en cuyo caso se producen dos consecuencias: 1. Que las posibles habilitaciones profesionales requeridas deberán ser las propias de la subcontrata y no del adjudicatario. 2.- Que en aplicación del artículo 215 LCSP las condiciones de solvencia o habilitación profesional deberán ser comunicadas al órgano de contratación. Descargar resumen download

TACP Madrid 415/2019. Necesidad de emplear medios electrónicos en fase de subsanación: obligatoriedad (imposibilidad de hacerlo mediante correo electrónico) vs criterio antiformalista. La LCSP en sus disposiciones adicionales 15ª a 17ª regula la obligación legal de licitar por medios exclusivamente electrónicos, si bien, es cierto que no determina expresamente los medios por los que deben realizarse la subsanación de deficiencias, no cabe duda que dichas subsanaciones no hacen sino cumplimentar las ofertas y solicitudes de participación. El procedimiento electrónico exigido en el PCAP se extiende a todos los trámites del procedimiento de licitación, sin excepción, y, en el expediente no queda constancia inequívoca de darse los motivos que legalmente permiten exceptuar la obligación legal, motivo por el cuál la exigencia formal no es desproporcionada ni contraria al principio antiformalista en la subsanación. Descargar resumen download

Boletín del viernes, 27 de marzo de 2020

RTACRC 1221/2019. Los efectos de la falta de informe del Servicio Jurídico a los PCAP elaborados sobre un modelo de pliego: nulidad vs anulabilidad. Entre la tipología de informes admitida por el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC), el informe del Servicio Jurídico que asiste al órgano de contratación tiene carácter preceptivo y no vinculante, de acuerdo con el artículo 122.7 de la LCSP. La omisión de este trámite no tiene carácter esencial del pliego que lleve a la ineficacia de éste por vicios de nulidad del procedimiento. La omisión del informe del artículo 122.7 de la LCSP, cuyo fin es asegurar la legalidad del PCAP, constituye un defecto procedimental no relevante en el procedimiento de licitación para asegurar que éste alcance su fin, la selección de la oferta económicamente más ventajosa. El artículo 80.3 de la LPAC dispone la posibilidad de suspender el procedimiento si no se emitieran este tipo de informes en plazo, pero no impone esta suspensión. Descargar resumen download

TARC Andalucía 395/2019. Definición de las prescripciones técnicas de forma muy detallada con características coincidentes con las de una marca determinada: debe justificarse la necesidad de dicha definición, añadiendo el término “o equivalente”. El establecimiento de unas prescripciones técnicas muy exhaustivas para describir los bienes que constituyen el objeto del contrato debe contar con una justificación concreta, rigurosa y suficiente debido a su posible efecto restrictivo de la concurrencia. El artículo 28.1 LCSP impone a los poderes adjudicadores una precisa determinación de las necesidades a las que se pretende dar satisfacción, justificación que ha de ser mayor, cuanto más acotado y específico sea el objeto contractual por virtud de sus requerimientos técnicos. Por tanto, se debe atender a lo dispuesto en los artículos 28.1 y 126.6 LCSP, justificando con precisión aquella necesidad y utilizando en todo caso la mención “o equivalente” a la hora de configurar las exigencias técnicas de los equipos objeto del contrato, permitiendo de ese modo abrir la contratación proyectada a la competencia y evitando restricciones injustificadas. Descargar resumen download

TACP Madrid 273/2019. Figura legal para contratar un servicio de asesoramiento jurídico a los ciudadanos: procedimiento de contratación LCSP vs convenio de colaboración con el Colegio de Abogados. Teniendo en cuenta que el objeto del contrato es la prestación de un servicio de orientación jurídica general, código CPV: 79.140000-7. Servicios de asesoría e información jurídica, su contenido esta comprendido en el contrato de servicios del art. 17 LCSP, de ahí que el procedimiento de contratación deba ser alguno de los regulados y no pueda utilizarse la figura del convenio de colaboración. Descargar resumen download

TACP Madrid 314/2019. Contrato de servicios de organización de festejos en el que se obliga a contratar a determinados artistas: anulación del principio de libre concurrencia. La contratación de artistas concretos debe efectuarse directamente por el órgano de contratación mediante un procedimiento negociado sin publicidad y a un solo licitador. En el caso de que el órgano contratante pretenda una contratación conjunta de toda la actividad, deberá elegir entre, contratar por sí mismo a los artistas y promover una licitación ordinaria para el resto de la actividad que constituye el objeto del contrato, o bien incluir en dicha contratación general la aportación de los artistas, valorando, que no exigiendo, a determinadas figuras que no serán enunciadas con su nombre, sino a través del cumplimiento de determinados méritos. Descargar resumen download

Boletín del lunes, 23 de marzo de 2020

RTACRC 1175/2019. La determinación del convenio colectivo aplicable en los procedimientos de contratación: el convenio colectivo sectorial (presupuesto base de licitación) vs el convenio colectivo de empresa (justificación de ofertas desproporcionada). A pesar de que de conformidad con el artículo 100 LCSP el convenio de referencia que deba servir como parámetro a la hora de fijar el presupuesto de licitación pueda ser el del sector, de conformidad con los artículos 149.4 y 201 LCSP el licitador al que se le solicite justificación de su oferta anormalmente baja deberá justificar, entre otros aspectos, el respeto de las obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201, pudiendo emplear la empresa que dispone de un convenio colectivo propio éste, al no incumplir norma laboral alguna. Descargar resumen download

TARC Andalucía 2/2020. Forma de acreditar una relación laboral futura entre un empleador y un futuro empleado: necesidad de acuerdo de ambas partes del futuro contrato laboral, sin que sea suficiente una declaración unilateral del empleador. Constituye un elemento esencial de un preacuerdo laboral el consentimiento de ambas partes, empleador y futuro trabajador, de manera que sin la concurrencia de ambas voluntades el preacuerdo carece de eficacia, por lo que un documento unilateral de la empleadora manifestando la voluntad de contratar a un trabajador no es suficiente, ya que se desconoce la voluntad del futuro empleado con respecto a dicha relación laboral. Descargar resumen download

TACP Madrid 300/2019. La consideración de las subvenciones futuras (no concedidas) en la justificación de una baja desproporcionada: admisión en el supuesto de los Centros Especiales de Empleo (CEE), frente al criterio general de no tenerlas en consideración. Cuando el licitador incurso en baja desproporcionada esta calificado y registrado como CEE hay que tener en cuenta que ostenta ciertos beneficios en las cotizaciones sociales y percibe regularmente subvenciones previstas en la normativa, por lo que teniendo en cuenta que su principal objetivo es apoyar la integración social y profesional o la reintegración de personas discapacitadas, llevan al Tribunal a matizar, en relación con los CEE, el criterio general de no tomar en consideración subvenciones no concedidas, en cuanto a que los beneficios a favor de los CEE están sujetos a dos requisitos que cumplen, ostentar la condición de Centro Especial de Empleo y emplear a personas con discapacidad, aunque las subvenciones no estén garantizadas y dependan de la convocatoria y consignación presupuestaria anual. Descargar resumen download

TACP Madrid 411/2019. El empleo del criterio "mantenimiento de la plantilla" en la configuración de los contratos: criterio de adjudicación vs condición especial de ejecución. La subrogación no puede imponerse ni parcial ni totalmente cuando no deriva de la Ley o de un convenio colectivo y, por tanto, tampoco puede establecerse un criterio de adjudicación que suponga en la práctica la necesaria absorción de la plantilla (mantenimiento de la plantilla). En cuanto a su empleo como condición especial de ejecución, sólo sería admisible si se refiere al mantenimiento de la plantilla sea esta cual sea, y no se limita a los que están actualmente prestando el servicio. Descargar resumen download


Puedes acceder a las actualizaciones remitidas en newsletters de fechas anteriores en "Documentos CSP > Histórico de newsletter".