Actualizaciones CSP

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STS de fecha 30 de mayo de 2019. Asunción del riesgo operacional que diferencia la concesión de los contratos de servicios: cuando el riesgo asumido (4%-6%) es claramente insuficiente no se puede tipificar el contrato de concesión de servicio + Requisitos para la tipificación de un contrato como mixto: la necesaria vinculación y la complementariedad entre las prestaciones.

I. Asunción del riesgo operacional que diferencia la concesión de los contratos de servicios: cuando el riesgo asumido (4%-6%) es claramente insuficiente no se puede tipificar el contrato de concesión de servicio. Cuando el precio del contrato es fijo y puede variar en función de "los indicadores de calidad" en la prestación, entre una bonificación del 4% o una deducción del 6% sobre el Precio Anual, no queda alterado el principio de asunción de riesgo por la posible mala gestión del servicio, siendo claramente insuficiente para tipificar el contrato de concesión de servicios. El riesgo asumido por el contratista no tiene entidad suficiente, frente al hecho de una retribución fija en función de la calidad de la prestación del servicio, calidad atribuible al contratista y no a ningún riesgo por principio externo al contratista, de explotación a su riesgo y ventura. Descargar resumen download

II. Requisitos para la tipificación de un contrato como mixto: la necesaria vinculación y la complementariedad entre las prestaciones. El legislador exige que, para que exista un contrato mixto, las prestaciones deben estar materialmente vinculadas entre sí, dándose una relación de complementariedad, debiéndose apreciar una relación material e imponiendo que las prestaciones puedan considerarse una unidad funcional. Descargar resumen download

TARC Andalucía 203/2019. Tipificación del contrato de explotación del servicio de cafetería e instalación y aprovechamiento de máquinas expendedoras de alimentos y bebidas: calificación como concesión de servicios. La finalidad de dar servicio a los usuarios y al personal, junto con la fijación de condiciones de prestación, como las relativas a horarios, servicios, productos o precios, entre otros, descritas en el pliego de prescripciones técnicas (PPT), son claros e inequívocos indicios de la naturaleza administrativa del contrato como de servicios. No obstante y dado que el usuario tiene una libertad de elección, en cuanto a demandar o no los servicios de cafetería y de máquinas expendedoras de alimentos y bebidas, debe considerarse que existe riesgo de demanda, dado que no está garantizada la posibilidad de que los potenciales usuarios soliciten dichos servicios en número suficiente para la obtención de beneficios y no de pérdidas, por lo que cabe apreciar transferencia de riesgo operacional al contratista y por tanto su correcta calificación deber ser la de contrato de concesión de servicios.Descargar resumen download

JCCAMEH Informe 58/2018. Tipificación de los contratos que tienen por objeto la adquisición de programas de ordenador: suministros o servicios (desarrollos a medida). La adquisición, en cualquiera de sus modalidades de puesta a disposición, de programas necesarios para el uso de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información e incluso la cesión del derecho de uso de estos debe considerarse como un contrato de suministro. La excepción a la anterior regla viene representada por el supuesto de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, que se considerarán contratos de servicios. Descargar resumen download

Boletín del lunes, 18 de noviembre de 2019

STS de fecha 18 de junio de 2019. El régimen de subrogación laboral: legal vs convencional. La obligación o no de subrogar a los trabajadores vendrá o no impuesta por las disposiciones legales o con eficacia normativa, como es es el caso de los convenios colectivos aplicables, y no por el propio Pliego, que en ningún caso puede por sí imponer esa medida por tener un contenido estrictamente laboral. La cláusula de subrogación empresarial excede del ámbito subjetivo propio de los pliegos -Administración contratante y adjudicatario-, en la medida en que dicha cláusula supondría establecer en un contrato administrativo estipulaciones que afectan a terceros ajenos al vínculo contractual, como son los trabajadores de la anterior empresa adjudicataria. Descargar resumen download

OARC Euskadi 86/2019. Necesidad de efectuar el desglose de costes y forma de cálculo del presupuesto base de licitación, finalidad: eficiencia, igualdad y transparencia. El órgano de contratación debe analizar los costes de los componentes de la prestación en aras a garantizar la eficiencia en la gestión de los fondos públicos y la igualdad de los licitadores al presentar su ofertas, al disponer todos ellos de la misma información. Asimismo, el desglose de los costes, la forma de cálculo del presupuesto base de licitación y del valor estimado deben figurar en el PCAP o en el documento regulador de la licitación, en aras de garantizar la transparencia. Descargar resumen download

OARC Euskadi 87/2019. La contratación de servicios externos cuando la negociación colectiva ha acordado su no externalización: motivación y justificación. Cuando la negociación colectiva ha acordado la no externalización de los servicios, está justificado su contratación publica cuando se trata de una actividad puntual y de escasa importancia económica considerada dentro de la totalidad de los servicios y cuando dicho servicio demanda una alta especialización para la ejecución del contrato, que permite descartar razonablemente la posibilidad de que el personal propio realice las funciones descritas en el contrato. Descargar resumen download

JCCAMEH Informe 53/2018. Régimen retributivo del contratista en los contratos que conlleven prestaciones directas a la ciudadanía: posibilidad de que el contratista perciba directamente prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario. Es posible que en los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía se establezca una contraprestación económica a percibir por el adjudicatario directamente de los usuarios, sin que tales contraprestaciones tengan el carácter de ingresos públicos. La DA 43 y las previsiones de la normativa tributaria que se modifica en las disposiciones finales, se refieren en términos generales a la prestación de servicios públicos mediante gestión indirecta, donde se comprenden también los contratos de servicios con prestaciones directas a favor de la ciudadanía, por tanto, también en estos casos las tarifas deben considerarse como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario. Descargar resumen download

Boletín del viernes, 15 de noviembre de 2019

RTACRC 97/2019. Renuncia vs desistimiento: fundamento. La renuncia obedece a una decisión de oportunidad, fundada en razones de interés público debidamente justificadas, e impide promover una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan aquellas razones. El desistimiento se funda en razones de legalidad, la existencia de una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación debidamente justificada, y no impide la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación. El vicio de legalidad que determina el desistimiento puede ser de mera anulabilidad, siempre que el vicio no pueda ser sanado, pues el desistimiento actúa como un medio de sanación, cuando no pueden ser usados en el procedimiento los ordinarios de convalidación, conservación o conversión de actos o tramites viciados. Descargar resumen download

RTACRC 213/2019. Régimen de subsanación en fase de adjudicación: requerimiento de aclaraciones sobre certificados y documentos. De conformidad con los dispuesto en el artículo 95 de la LCSP el órgano de contratación, o la mesa, puede requerir al propuesto adjudicatario, respecto de la documentación aportada para la adjudicación, aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados en aplicación de los artículos anteriores o requerirle para la presentación de otros complementarios. Descargar resumen download

OARC Euskadi 96/2019. La notificación electrónica a efectos de la interposición del recurso especial: el rechazo de la notificación implica su recepción. El rechazo de una notificación implica que se tiene por efectuado el trámite de notificación y se puede continuar con el procedimiento (artículo 41.5 de la LPA) que, en este caso, significará suspender la posibilidad de formalizar el contrato durante un plazo de quince días hábiles al objeto de que se pueda interponer, en su caso, el oportuno recurso especial (artículo 153.3 de la LCSP). Considerar en un supuesto como el que se examina que el día inicial del plazo establecido para la presentación del recurso es, en todo caso, el de la recepción de la notificación, significaría que el cómputo del plazo del recurso especial queda en manos de los interesados quienes podrían modular su duración con la no lectura de las notificaciones, lo que no puede ser aceptado por ser el plazo de presentación de recursos una cuestión de orden público procesal que no se halla sujeta, en principio, a la disposición de las partes, por lo que la fecha a tener en cuenta como inicial para el cómputo del plazo de interposición del recurso especial debe ser el del día siguiente al del rechazo de la notificación por el interesado. Descargar resumen download

TACP Madrid 72/2019. Publicación de los actos administrativos y notificación individual del requerimiento de subsanación, cuando los pliegos prevén solo su publicación: Recomendación de que, además de la publicación, se adopte la buena práctica de avisar al interesado de la misma por correo electrónico u otro medio. Conforme a la disposición final cuarta de la LCSP y el artículo 45.1.b) de la LPAC los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, entre otros, cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. Cuando en la convocatoria del procedimiento se haya indicado el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, no es necesaria la notificación formal para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación presentada por razones de agilidad, eficacia y perentoriedad de plazos. No obstante, para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 141 de la LCSP, es determinante que el destinatario del requerimiento de subsanación conozca los defectos que ha de corregir por lo que, en cumplimiento de los principios de concurrencia, buena administración y en aras del correcto desarrollo del procedimiento, se recomienda a los órganos de contratación que, además de la publicación, adopte la buena práctica de avisar al interesado de la misma por correo electrónico, teléfono u otro medio que evite la reiteración de exclusiones por la no presentación de documentación o por la subsanación extemporánea por no haber tenido noticia a tiempo del requerimiento de subsanación el destinatario. Descargar resumen download

Boletín del miércoles, 13 de noviembre de 2019

STS de fecha 17 de junio de 2019. La revisión de precios como criterio de adjudicación: presentación de ofertas con porcentajes de revisión 0 % vs ofertas con porcentajes negativos. Sentando como punto de partida que los PCAP no impedían ofertas de tipos porcentuales negativos para la revisión de precios, mal puede aceptarse como conforme a derecho que a un licitador se le excluya por presentar un valor negativo, a diferencia de lo que sucede con otras mercantiles licitadoras que renunciaron a la revisión de precios mediante la fórmula 0%, y es que esa exclusión supondría hacer recaer improcedentemente en el licitador las consecuencias de la plasmación por la Administración de una cláusula inválida, al resultar contraria a la propia naturaleza de la revisión de precios. Descargar resumen download

RTACRC 201/2019. Error aritmético en la aplicación de la fórmula de un criterio de adjudicación: correcta aplicación exclusivamente al recurrente vs aplicación a todos los licitadores. Es correcta la actuación del órgano de contratación en cuanto reconoce la existencia de un error aritmético –cuya concurrencia, efectivamente, se aprecia– y propone su subsanación mediante la correcta aplicación, a todos los licitadores por igual, de las fórmulas recogidas en el PCAP. Obviamente no resulta admisible la pretensión del recurrente de que, a partir de una incorrecta aplicación de las fórmulas que afecta a todas las proposiciones, se revise exclusivamente la puntuación asignada a su oferta, manteniendo las de las demás licitadoras, puesto que con ello se vulnerarían principios tan elementales como el de igualdad de trato de los licitadores. Descargar resumen download

OARC Euskadi 90/2019. Criterio de adjudicación que valora el diseño de equipamiento urbano similar al existente: discriminación vs garantía del principio de igualdad. El criterio impugnado se observa que no es discriminatorio, ya que se exige en términos abstractos, iguales para todos los licitadores y sin diferenciar en razón de sus circunstancias personales (domicilio social, nacionalidad, etc.), o del origen o procedencia geográfica de los bienes, y su justificación responde a un interés general, como es el de que la similitud de las nuevas marquesinas con las anteriores contribuya a asegurar la coherencia territorial y el urbanismo igualitario. Asimismo, se configura como criterio de adjudicación y no como criterio de admisión y se exige semejanza, no identidad total y la ponderación del criterio no se puede considerar desproporcionada. Descargar resumen download

JCCAMEH Informe 108/2018. La experiencia del equipo como criterio de adjudicación: previsión en pliegos, requisitos para emplearlo e influencia significativa en la ejecución del contrato. La previsión en los pliegos se refiere a perfiles profesionales o puestos específicos encargados de la ejecución del contrato cuya experiencia se considere relevante a los efectos de dicha ejecución, afectando las condiciones particulares de las personas que ocupen los puestos mencionados en el pliego de manera significativa a la ejecución del contrato. Aunque en la Jurisprudencia del TJUE se alude a los contratos de prestaciones de carácter intelectual, la Directiva y la ley española vigente no constriñen su aplicación a tipos concretos de contratos públicos. Descargar resumen download


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