Actualizaciones CSP

* Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo,, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 . Ir al texto de la norma

La DA 8ª acuerda el levantamiento de la suspensión de términos e interrupción de plazos de los procedimientos de contratación, siempre que su tramitación se realice por medios electrónicos (extensible a procedimientos de recurso). Y permite el inicio de nuevos procedimientos de licitación.

La DF 9ª en los contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva que hayan quedado suspendidos conforme a lo previsto en este apartado, habilita la posibilidad de que el órgano de contratación conceda, a instancia del contratista, un anticipo a cuenta del importe estimado de la indemnización que corresponda. El abono del anticipo podrá realizarse en un solo pago o mediante pagos periódicos. Posteriormente, el importe anticipado se descontará de la liquidación del contrato.

TACP Aragón 9/2020. Forma de valoración de los criterios automáticos por la Mesa de Contratación cuando, además, se requiere un documento técnico: deber de valorar las ofertas de forma automática, sin emplear un juicio de valor. Ante la falta de presentación de una ficha técnica por un licitador, para la valoración de un criterio objetivo, no puede la mesa de contratación “construir” dicha ficha técnica con el resto de información facilitada por el licitador, sino que debía ceñirse exclusivamente a comprobar que se correspondían las características de los modelos ofertados con las que figuraban en el Anexo, para así proceder a la valoración de las ofertas mediante fórmulas matemáticas, por ello y ante el error manifiesto en la oferta, así como la falta de documentación exigida por el propio pliego para corroborar su contenido, la Mesa de contratación debería de haber requerido al licitador para que, aportara la información técnica del modelo ofertado, sin que ello derivase en ninguna ventaja competitiva a su favor en detrimento de las demás licitadoras y sin que pudiese suponer una vulneración del principio de igualdad de trato, ya que al contrario, con ello se hubiese dado pleno cumplimiento a los pliegos que rigen la licitación y se hubiese podido valorar las ofertas de forma automática y sin juicios de valor. Descargar resumen download

OARC Euskadi 46/2020. Calificación del contrato para la instalación de máquinas expendedoras de bebidas y comida: contrato administrativo (obtener una prestación que le permita ofrecer un mejor servicio) vs contrato patrimonial (derecho a explotar recursos de carácter público). La Memoria de necesidad del contrato y la fijación en el clausulado de condiciones de calidad y precio de los productos, permite deducir que la finalidad del contrato es obtener una prestación que le permita ofrecer un mejor servicio a los usuarios y al personal del hospital, junto con la fijación de condiciones especiales de ejecución (de tipo social y medioambiental) y condiciones de prestación, como las relativas a productos o precios. Todo ello lleva a descartar que se pueda incluir el negocio dentro de la categoría de los contratos patrimoniales, los cuales se caracterizan porque en ellos el poder adjudicador no pretende la adquisición de servicio alguno, sino tan solo regular el derecho de un operador económico a explotar determinados recursos de carácter público. Descargar resumen download

JCCAMEH 42/2019. Cálculo de la composición de las mesas de contratación en las entidades locales: el número de miembros electos y la figura del secretario. El Secretario de la Mesa de contratación sí debe ser considerado miembro de la misma conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Los miembros electos que formen parte de la Mesa de contratación en las Corporaciones Locales no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. De conformidad la Disposición Adicional 2ª LCSP, el Secretario de la Mesa de contratación sí que ha de tenerse en cuenta en el cómputo del porcentaje máximo de miembros electos de la Mesa de contratación en las Corporaciones Locales. Descargar resumen download

JCCA Región de Murcia 2/2019. El funcionamiento de las mesas de contratación y la emisión de votos particulares: actuación conforme a la Ley 40/2015 y consecuencias legales del voto particular. El funcionamiento interno de la mesa de contratación y la toma de decisiones en su seno no se regula en la LCSP, por lo que hemos de acudir al régimen jurídico de los órganos colegiados, regulado en la actualidad en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”. Los acuerdos que adoptan los órganos colegiados se adoptan por mayoría de votos (si no existe unanimidad) y los miembros del órgano que discrepen del acuerdo mayoritario tienen derecho a exponer justificadamente su opinión mediante el correspondiente voto particular formulado por escrito, debiendo incorporarse dicho voto al acta de la reunión. Las consecuencias legales de la emisión de un voto particular no son otras sino la exoneración de responsabilidad del autor del mismo por el acuerdo adoptado por el órgano colegiado de forma mayoritaria. Descargar resumen download

Boletín del viernes, 22 de mayo de 2020

JCCAMEH 20/2019. Los servicios de campañas de publicidad que integren la creación de la campaña y, como prestación principal, la compra de los espacios en los medios de comunicación: no cabe calificarlos como “prestaciones de carácter intelectual”. Los servicios de campañas de publicidad que integren la creación de la campaña, pero cuya prestación económicamente más relevante sea la consistente en la compra de los espacios en los medios de comunicación, no deben calificarse como de prestaciones de carácter intelectual a los efectos de exigir que se incluyan en los pliegos criterios relacionados con la calidad que representen, al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas. Descargar resumen download

CCCA Andalucía 8/2019. Naturaleza de los contratos de patrocinio en la administración local: entidad patrocinadora (contrato privado), interés común (convenio excluido) o entidad patrocinada (convenio). En el caso de que una Administración Local actúe como patrocinadora, el patrocinio podrá articularse a través de la figura de un contrato de patrocinio, previsto en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, que tendría la naturaleza de contrato privado y que se regularía de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 LCSP. Si concurriese entre las partes un interés común, se podría suscribir un convenio que quedaría excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en la LCSP. En caso de que una Administración Local actúe como una entidad patrocinada el Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, establece que las Entidades Locales podrán aceptar Patrocinios con el fin de promover la participación de iniciativas privadas en el desarrollo de fines de interés general. Para instrumentar ese patrocinio podría formalizar un convenio. Descargar resumen download

JCCA Baleares 1/2019. Delimitación de las prestaciones de carácter intelectual: CPV 72000000-5 (Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo) y en el CPV 73000000-2 (Servicios de investigación y desarrollo y servicio de consultoría conexos). Para que una prestación tenga carácter intelectual a efectos de la LCSP, es necesario que implique cierto grado de innovación o de creatividad, generando un producto susceptible de ser amparado por el derecho de propiedad intelectual, valorando también las prestaciones por su importancia en relación con el todo unitario del contrato. Todas las prestaciones que se detallan en el CPV 72000000-5 (Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo) y en el CPV 73000000-2 (Servicios de investigación y desarrollo y servicio de consultoría conexos), tienen que considerarse prestaciones de consultoría, pero no a los efectos de considerarlas intelectuales en todos los casos, puesto que solo lo serán en los casos en que reúnan los requisitos de originalidad e innovación, tal como exige la jurisprudencia del TS. Descargar resumen download

Boletín del miércoles, 20 de mayo de 2020

TACP Canarias 17/2020. Posibles indemnizaciones de daños y perjuicios derivados de la actuación del órgano de contratación en fase de licitación: los derivados del desistimiento o la renuncia y los derivados de la actuación del órgano de contratación impugnada vía recurso especial. La indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a la recurrente por una actuación del órgano de contratación que ha sido impugnada vía recurso especial se contempla en el artículo 33 del Real Decreto 814/2015, en el caso de estimarse el recurso se podrá apreciar en su resolución, a instancia del recurrente, fijando al efecto la indemnización a satisfacer siempre que se trate de daños y perjuicios reales, efectivos y evaluables económicamente. Por su parte, la consecuencia jurídica del desistimiento es la compensación por gastos prevista en la legislación de contratación del sector público, pero ante la falta de previsión en el anuncio y en el pliego, se ha de estar a lo previsto en los principios generales rectores de la responsabilidad patrimonial, lo cual requerirá instar la incoación ante el órgano de contratación y la tramitación por éste del procedimiento que para tal fin regula el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, previa acreditación de los gastos efectivamente provocados a la licitadora recurrente. Descargar resumen download

JCCAMEH 26/2019. La prohibición de contratar por malversación y prevaricación del administrador de sociedad mercantil (Artículo 71.1, a) LCSP): alcance y extensión de la misma a la persona jurídica. La prohibición de contratar alcanzará únicamente a las entidades licitadoras solo durante el tiempo en que mantenga como administrador o representante, de hecho o de derecho, a quien haya sido condenado por sentencia firme por alguno de los delitos que se consignan en el artículo 71.1, a) LCSP. En el caso de que un administrador de una empresa haya sido condenado antes de que adquiriera esta condición se declara la vigencia de la prohibición de contratar, pero sólo hasta el momento del cese de este administrador en el nuevo cargo. La prohibición del artículo 71.1,a) se apreciará directamente por los órganos de contratación cuando la sentencia o la resolución administrativa se hubiera pronunciado expresamente sobre su alcance y duración, subsistiendo durante el plazo señalado en la misma. Si la sentencia no contiene pronunciamiento sobre el alcance o duración de la prohibición de contratar, el alcance y duración de la prohibición deberá determinarse mediante procedimiento instruido por el Ministro de Hacienda previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Descargar resumen download

JCCA Cataluña Nota Informativa 1/2019 sobre el cumplimiento del deber de transparencia y de la normativa de protección de datos personales en la contratación pública. Los datos identificativos de personas físicas contenidas en los documentos de los expedientes de contratación pública, o en las firmas electrónicas de estos documentos, que se publicarán en la Plataforma de servicios de contratación pública, deben incluir el nombre y apellidos, sin acompañarlo en ningún caso del DNI, en caso de tratarse de licitadores, adjudicatarias o contratistas; y, en caso de tratarse de personas trabajadoras públicas que intervienen en los procedimientos de contratación pública por razón del cargo o de las funciones, el nombre, apellidos, cargo y los datos de contacto. Descargar resumen download

Boletín del lunes, 18 de mayo de 2020

TARC Andalucía 58/2020. Valor estimado necesario para interponer recurso especial en un contrato basado en un Acuerdo Marco: el VE del contrato basado, con independencia del valor estimado del Acuerdo Marco, debe ser superior a las cantidades previstas en el art. 44 de la LCSP. Los contratos basados en un acuerdo marco deben desvincularse del valor estimado de éste, ya que se trata de contratos que, sin perjuicio de que se basen en un Acuerdo Marco, cuentan con su propio valor estimado y establecen una relación bilateral entre el poder adjudicador y el adjudicatario de aquel y, en consecuencia, el valor estimado del contrato basado debe ser superior a las cantidades previstas en el art. 44 de la LCSP para poder interponer el recurso especial en materia de contratación. Descargar resumen download

JCCAMEH 129/2018. La regulación de los contratos privados a través de normas específicas (artículo 26.2 LCSP): ordenanzas municipales vs normativa de general aplicación + El cálculo de valor estimado en contratos de creación e interpretación artística cuando el adjudicatario percibe retribuciones de diferente naturaleza: retribución de la Administración y derecho a cobrar al público asistente (taquilla).

I. La regulación de los contratos privados a través de normas específicas (artículo 26.2 LCSP): ordenanzas municipales vs normativa de general aplicación. La intención del legislador al referirse a normas especiales en el artículo 26.2 es aludir en realidad a una normativa de general aplicación que regule específicamente el contrato privado de que se trate, no a una norma de aplicación parcial y limitada a cada municipio, y menos si en ella se escoge una forma de adjudicación directa, independiente de la cuantía, que resulta claramente atentatoria contra los principios generales de la contratación pública, singularmente el de igualdad y el de concurrencia. Descargar resumen download

II. El cálculo de valor estimado en contratos de creación e interpretación artística cuando el adjudicatario percibe retribuciones de diferente naturaleza: retribución de la Administración y derecho a cobrar al público asistente (taquilla). El valor estimado no alude a cuánto ha de pagar de modo efectivo la Administración contratante, sino a cuál es el valor del contrato a los efectos de calibrar su importancia económica y la necesidad de aplicar las reglas de la Directiva o, en el derecho interno, las de la regulación armonizada. Por tanto, si el contratista es retribuido de modo exclusivo con un precio fijo que pagará la Administración será esa la cantidad que habrá de tomarse en cuenta a los efectos del valor estimado. Si, por el contrario, además de esa cantidad se incluye el derecho del contratista a percibir la totalidad o una parte de la recaudación obtenida en la taquilla, es decir, de las cantidades que se obtengan por la venta de las entradas a los posibles espectadores, dicha cantidad también debe integrar el valor del contrato. Descargar resumen download

CCCA Andalucía 5/2019. El cálculo del valor estimado en los contratos de concesión de servicio: el concepto de cifra anual de negocios y el tratamiento de las subvenciones. En los contratos de concesión de servicios (artículo 101 LCSP) para el cálculo del valor estimado se tomará el importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido que, según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la ejecución del mismo como contraprestación por los servicios objeto del contrato, así como de los suministros relacionados con estos servicios. El Plan General de Contabilidad en su Norma 11ª define el importe de la cifra anual de negocios. Entre los criterios generales para determinar la composición del importe neto de la cifra de negocios debe tenerse en cuenta que las subvenciones integran el importe de la cifra anual de negocios, caso de cumplirse lo establecido en el artículo 101.3 b) LCSP, en consonancia con el artículo 8.3.c) de la Directiva 2014/23/UE. Descargar resumen download


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