Actualizaciones CSP

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RTACRC 184/2019. La figura de las asociaciones temporales de operadores económicos y la acumulación de la solvencia: agrupaciones de operadores económico vs UTEs. Las agrupaciones de operadores económicos, incluidas las asociaciones temporales, pueden participar en procedimientos de contratación, sin que se les pueda exigir que tengan una forma jurídica específica. El hecho de que existan diversas posibilidades o modalidades de agrupación o, incluso, que en cualquiera de ellas la normativa sectorial interna exija que los empresarios agrupados en una licitación para presentar una oferta conjunta constituyan una persona jurídica en el caso de ser seleccionada su proposición, no excluye la aplicación de la regla del artículo 69 de la LCSP de acumulación de características de cada una de ellas agrupadas para determinar la solvencia del conjunto. Descargar resumen download

RTACRC 574/2019. Incorporación de documentos relativos a la oferta económica en el sobre 1 de documentación administrativa: criterios de adjudicación automáticos. La inclusión de la oferta económica en el sobre 1, de forma equivocada, da lugar a que la mesa tenga conocimiento de las mejoras ofertadas con carácter previo al momento legalmente establecido. Sin embargo, dicho conocimiento no ha podido comprometer en modo alguno el principio de igualdad entre licitadores, puesto que únicamente hay criterios automáticos y la puntuación que obtenga cada uno de ellos es ajena a la valoración subjetiva de la mesa, cuya función se va a limitar a la aplicación de la fórmula. No se ha comprometido en ningún caso la objetividad del órgano de contratación en la evaluación de los criterios de adjudicación, cuya aplicación es absolutamente automática, por lo que el conocimiento previo de las mejoras ofertadas por la licitadora ahora recurrente puede ser calificado como “intrascendente” a estos efectos. Descargar resumen download

TARC Andalucía 145/2019. Requisitos previos de participación y limitación física para el cumplimiento (imposibilidad de los licitadores de visitar uno de los edificios para la elaboración de su oferta): justificación en la igualdad de trato de los licitadores vs desistimiento del contrato. Cuando parte de los licitadores no han podido acceder a uno de los edificios, por imposibilidad física, al objeto de realizar una visita para la elaboración de la oferta, no cabe excluir de la valoración de las ofertas dicho edificio, con objeto de salvaguardar la igualdad de los licitadores, porque ello trae como consecuencia una modificación de hecho de los pliegos, tanto en términos cualitativos, como cuantitativos. En casos como en el presente, constatada la imposibilidad de visitar el edificio y, en consecuencia, de elaborar por los licitadores su oferta, se debe proceder al desistimiento del contrato. Descargar resumen download

OARC Euskadi 67/2019. La forma de valoración de las muestras en los criterios adjudicación sujetos a juicio de valor: a falta de pronunciamiento en el PCAP, se tienen cierta libertad para configurar el análisis de las ofertas. Siempre que la regla o sistema de evaluación de los criterios sujetos a juicio de valor no se haya expresado en los pliegos de la licitación, los órganos encargados de la evaluación de los criterios de adjudicación deben disponer de cierta libertad para llevar a cabo su misión y, por ello, sin modificar los criterios de adjudicación establecidos en el pliego y anuncios, ni su ponderación, estructurar su propio trabajo de examen y análisis de las ofertas presentadas. Así, si en los pliegos no se ha determinado que las muestras a valorar han de ser sometidos a determinadas pruebas, el órgano encargado de la valoración goza de discrecionalidad para determinar qué muestras, y cuáles no, deben ser sometidas a pruebas. Descargar resumen download

Boletín del lunes, 14 de octubre de 2019

STJUE de fecha 13 de junio de 2019. Asunto C 317/18. Situación de los trabajadores en caso de transmisión cuando el cesionario sea un Ayuntamiento: indefinido no fijo (situación menos favorable) vs mantenimiento de los derechos y protección. La normativa nacional exige que, como consecuencia de la transmisión, una persona se someta a un procedimiento público de selección y quede obligada por un nuevo vínculo con el cesionario. La Directiva 2001/23, en relación con el artículo 4 TUE, apartado 2, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que exige que, en caso de transmisión a efectos de dicha Directiva, al ser el cesionario un Ayuntamiento, los trabajadores afectados, por un lado, se sometan a un procedimiento público de selección y, por otro, queden obligados por un nuevo vínculo con el cesionario. Descargar resumen download

OARC Euskadi 85/2019. La obligación de disponer del equipamiento necesario para la ejecución del contrato como límite al principio de igualdad y concurrencia: inexistencia de beneficio para el actual prestador del servicio. La circunstancia de que una determinada empresa, en este caso la actual prestadora del servicio, disponga del equipamiento necesario para la ejecución del contrato para el período temporal posterior al vencimiento del actual contrato, y que por ello no haya de asumir ciertos costes derivados de la transición de uno a otro operador, mientras que otras empresas interesadas, que pueden no disponer de dicho equipamiento, hayan de adquirirlo mediante la correspondiente inversión, no constituye una desigualdad o discriminación entre una y otros que derive de una decisión u opción adoptada por el poder adjudicador al redactar el Pliego, sino que se trata de una situación fáctica connatural a la existencia de un mercado de oferentes de bienes y servicios en régimen de libre competencia, ya que el PPT trata por igual a todos los licitadores, exigiendo de todos ellos la prestación del mismo servicio, en idénticas condiciones, y empleando un equipamiento que debe reunir las mismas características técnicas y que ha de ser aportado por cualquiera de ellos en el caso de resultar adjudicatario.Descargar resumen download

TACP Madrid 18/2019. Posible modificación esencial del contrato: autorización de una nueva ruta temporal en un contrato de concesión de transporte turístico urbano con itinerario fijo. La concesión ha sido modificada por la autorización de una nueva ruta, no prevista inicialmente en el Pliego, pero cuya modificación estaba prevista en el PPT y sometida a razones de interés público, y dada la escasa relevancia en proporción al contrato y al pequeño periodo de su ejecución, puede deducirse que no se trata de una modificación sustancial de las condiciones del contrato de concesión y tampoco que, si hubiera figurado en el procedimiento de adjudicación inicial, hubiera permitido la participación de otros licitadores o hubiese permitido seleccionar una oferta distinta de la inicialmente seleccionada. Por otra parte, tampoco parece que la licitación independiente de ese único servicio, como concesión de un mes de duración, sea económicamente viable. Descargar resumen download

JCCAMEH Informe 13/2019. La fiscalización de los expedientes contractuales tramitados por procedimiento abierto simplificado: fiscalización exclusivamente del compromiso vs fiscalización también de la aprobación del expediente y del gasto derivado. En el seno del procedimiento abierto simplificado, y desde la perspectiva de la función interventora, la especialidad radica únicamente en la fiscalización previa del acto de compromiso de gasto que se efectuará de una sola vez, en el momento inmediatamente anterior a la adjudicación del contrato. Siendo esto así, la fase anterior a la apertura del procedimiento de adjudicación habrá requerido la previa tramitación y aprobación del expediente de contratación y del gasto derivado del mismo y su fiscalización previa. Descargar resumen download

Boletín del viernes, 11 de octubre de 2019

RTACRC 209/2019. La acreditación de la solvencia en caso de UTEs o Asociaciones de Empresarios: ponderación de la solvencia de cada miembro en función de su participación vs integración de la solvencia de los agrupados. El Tribunal considera que, al igual que las agrupaciones de empresarios pueden recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la agrupación empresarial en igualdad de condiciones, también deben poder recurrir a las propias no destinadas a la constitución de la mercantil concesionaria del contrato, toda vez que si es posible servirse de medios ajenos para acreditar la solvencia, con independencia incluso de la naturaleza jurídica del vínculo que tenga con ella, con más motivo entendemos que podrá hacerlo con los propios medios que la empresa integrante de la agrupación no destina a la constitución de la misma. Descargar resumen download

TACP Aragón 44/2019. Efectos de la rectificación del anuncio de licitación en el inicio del cómputo del plazo para la interposición del recurso especial: no se abre un nuevo computo cuando la rectificación del anuncio no afecta al contenido de los pliegos impugnados. Según el artículo 50.1.b) de la LCSP, precepto que viene actualmente a transponer el artículo 2 quater de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, el cómputo del plazo de 15 días hábiles para la interposición de recurso especial, se iniciará desde el día siguiente al de la fecha de inserción de los pliegos en el Perfil del contratante a través de la PLACSP, sin que afecte que con posterioridad a la publicación inicial de los pliegos se publicara una rectificación de los mismos y/o de los anuncios de licitación, cuando dichas rectificaciones en nada atañen al contenido de dichos pliegos que son objeto de impugnación.Descargar resumen download

OARC Euskadi 59/2019. La valoración de la experiencia profesional exclusivamente con la Administración: vulneración de los principios de igualdad de trato y no discriminación. Si bien la experiencia profesional puede ser valorada en los contratos de tipo intelectual, de formación y consultoría, cuando dicha experiencia profesional valorada se restringe a los trabajos realizados para la Administración resulta inadmisible, porque la influencia en la calidad de la prestación que implica que el personal que la ejecute haya realizado anteriormente tareas similares (artículo 145.2.2º de la LCSP) puede acreditarse también mediante servicios prestados al sector privado, igualmente afectado por la misma normativa objeto del contrato. De admitirse dicha valoración se otorgaría ventaja a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración, conculcando el principio de igualdad de trato y no discriminación que, entre otras cosas, prohíbe que un criterio de adjudicación otorgue ventajas injustificadas a ofertas que aportan ventajas sustancialmente iguales. Descargar resumen download

TACP Madrid 33/2019. La vinculación de las Prescripciones técnicas para el órgano de contratación y los licitadores: invariabilidad de las prescripciones tras su aprobación. No puede cambiarse un requisito técnico del Pliego a la vista de las ofertas presentadas, toda vez que pueden existir potenciales licitadores que no hayan concurrido a la licitación por no tener el requisito que se configuró como esencial en el Pliego, por lo que admitir otras soluciones, además de contravenir el Pliego, supondría una vulneración del principio de transparencia y de igualdad. Si el órgano de contratación consideró que cabían y eran admisibles otras técnicas u otras soluciones, así debió expresarlo en el PPT o aclararlo en su momento en respuesta a las consultas formuladas, ya que los Pliegos vinculan a ambas partes y son obligatorios en todos su términos, también para la Administración convocante. Descargar resumen download

Boletín del miércoles, 9 de octubre de 2019

RTACRC 1206/2018. Las empresas de nueva creación y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social: limitación del cumplimiento al momento de desarrollo de la actividad. La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones solo es necesario si se desarrolla la actividad social de la empresa, no en caso contrario, como resulta del texto de los artículos citados del RGLCAP, de los que se deduce que los respectivos requisitos están vinculados a que se desarrolle la actividad o a que exista obligación de presentar las declaraciones correspondientes, lo que no es el caso mientras que no se ejerza o no se haya ejercido la actividad social. Descargar resumen download

TACP Aragón 65/2019. La solvencia para las empresas de nueva creación y el momento para acreditarla por otros medios de prueba: procede acreditarlo dentro del plazo de presentación de ofertas. Cuando de las declaraciones presentadas por el licitador se concluye, sin ningún género de dudas, que a la fecha final de presentación de ofertas carecía de la solvencia económica y financiera exigida en el PCAP, ya no procede plantearse la posibilidad de que el órgano de contratación pudiese llevar a cabo el trámite oportuno para poder admitir otros medios de prueba. Descargar resumen download

OARC Euskadi 55/2019. Efectos de la negociación de los términos de la oferta en un procedimiento abierto para adecuar la propuesta: infracción de la normativa y de los principios de transparencia e igualdad de trato. El órgano de contratación ha adjudicado el contrato a una oferta cuyo contenido consideraba inaceptable, habiendo incorporado, tras una negociación con la empresa, cláusulas contractuales no contempladas en la oferta para sustituir la propuesta por otra aceptable. Estos hechos infringen la normativa que rige los procedimientos de adjudicación, dado que se desvirtúa la objetividad de la evaluación de las proposiciones, dado que el juicio y las puntuaciones emitidas se convierten en irrelevantes cuando, como es el caso, dichas propuestas son provisionales, habiéndose introducido un trámite de negociación y de alteración de la oferta en un procedimiento que no lo permite (artículo 157 del TRLCSP), en perjuicio de los principios de transparencia e igualdad de trato de todos los licitadores. Descargar resumen download

TACP Madrid 40/2019. Sujeción a regulación armonizada de los contratos de defensa letrada: umbral de los contratos del Anexo IV de la LCSP vs inaplicación por concurrencia del art. 19.2. El artículo 19.2 e) 1º de la LCSP se refiere expresamente a “la representación y defensa legal de un cliente por un procurador o un abogado, ya sea en un arbitraje o una conciliación celebrada en un Estado o ante una instancia internacional de conciliación o arbitraje, o ya sea en un procedimiento judicial ante los órganos jurisdiccionales o las autoridades públicas de un Estado o ante órganos jurisdiccionales o instituciones internacionales”, por lo que solo es de aplicación a los procedimientos judiciales que se desarrollan ante los órganos jurisdiccionales de un Estado extranjero o ante órganos o instituciones internacionales. En cambio, un contrato de servicios jurídicos distintos de los referidos en el artículo 19.2.e) sí corresponde a un contrato del Anexo IV de la LCSP, por lo que el umbral para su consideración como de regulación armonizada debe ser el de 750.000 euros. Descargar resumen download


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