RTACRC 1029/2020. Acumulación de solvencia entre empresas que concurren en uniones temporales: garantía del principio de concurrencia. La solvencia técnica, siendo exigible a todas y cada una de las empresas componentes de una unión temporal, puede ser acreditada de forma acumulativa a través de las capacidades de los licitadores que participan agrupados en la unión temporal. Si el recurso a medios externos es posible cuando estos pertenecen a terceros extraños a la licitación, con más razón ha de admitirse esta posibilidad cuando se trata de medios propios de las empresas de la unión temporal.

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Sobre la acumulación de la solvencia técnica en uniones temporales, este Tribunal ya ha tenido oportunidad de pronunciarse, entre otras, en Resoluciones 627/2018, 337/2016, 690/2015, 915/2014, 624/2013 ó 558/2013, todas ellas citadas por la nº 387/2019, de 17 de abril.

De la doctrina de este Tribunal trazada en el conjunto de dichas resoluciones pueden extraerse tres importantes consecuencias:

Primera, si el recurso a medios externos es posible cuando estos pertenecen a terceros extraños a la licitación, con más razón ha de admitirse esta posibilidad cuando se trata de medios propios de las empresas de la unión temporal.

Segunda, ahora bien, todo licitador, aunque se valga de medios externos o concurra en una unión temporal, ha de acreditar un mínimo de solvencia propia.

Y tercera, respecto de la solvencia técnica, es exigible asimismo a todos y cada uno de los componentes de la unión temporal, si bien con el criterio flexible de entender que la relación que tengan con el objeto del contrato puede ser directa o indirecta siempre que todas ellas tengan una finalidad social al menos relacionada con el objeto del contrato.

Aplicando tales circunstancias al caso que nos ocupa, consideramos que asiste la razón a la recurrente al entender que los Pliegos, al exigir la misma solvencia técnica con independencia de que el licitador concurra aisladamente o en unión temporal, impiden el uso de la facultad de integrar cumulativamente la solvencia en este último supuesto.

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Tal exigencia rompe la comunicación de las solvencias entre las empresas y ello con independencia de la forma en que decida concurrir un determinado licitador, aisladamente o en unión temporal. Pues bien, sin perjuicio de que se comparta la necesidad de que se exija una solvencia técnica mínima a cualquier licitador que concurra al procedimiento de contratación, lo que no puede admitirse es que la configuración de esa exigencia se haga de forma que sea única y global en sí misma considerada.

Dicho de otro modo, que su configuración impida, por ser única e igual en todo caso, que pueda complementarse acumulativamente a través de las capacidades de los diversos licitadores que participan agrupados en unión temporal. No resultaría incompatible con los preceptos antedichos que esa solvencia técnica se configurase basándose en referencias o parámetros que permitan establecer un mínimo común a todo licitador con independencia de la forma en que concurra, pero que adicionalmente sí permitan integrarla de forma cumulativa. Pero desde el momento en que sólo se establece a apriorísticamente de forma única y cerrada, sin permitir esa combinación acumulativa, se está contraviniendo el sistema de integración de capacidades que regulan esos artículos 69.6 de la LCSP y 24 del Real Decreto 1098/2001.

Pero, además, independientemente de que formalmente inhabilite ese sistema de integración de la solvencia, se deriva en una consecuencia de mayor trascendencia, cual es el vetar la participación de posibles licitadores que aisladamente no reúnen esa capacidad técnica, pero si podrán alcanzarla en unión con otros”

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RTACRC 1105/2020. Ámbito de aplicación de las obligaciones derivadas de los artículos 149 y 201 LCSP en las fases del procedimiento de contratación: fase de ejecución (201), fase de licitación (149). Mientras que el artículo 201 LCSP, relativo a la adopción de medidas para garantizar que los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, solo es aplicable a la fase de ejecución de los contratos, el procedimiento contradictorio que prevé el artículo 149 LCSP para que un licitador justifique que su oferta no está incursa en presunción de normalidad pertenece, sin embargo, a la fase previa de licitación.

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Invoca como sustento de su impugnación lo dispuesto por el artículo 201 de la LCSP que señala lo siguiente:

“Los órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V.

Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad de los órganos de contratación de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación, que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones a que se refiere el citado párrafo.

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192.”

Pues bien, como ya hemos dicho en varias ocasiones, así en la Resolución nº 506/2019, de 9 de mayo, el precepto solo es aplicable a la fase de ejecución del contrato no a la de licitación.

En el presente caso la adjudicataria, como la recurrente, con la presentación de su oferta ha aceptado pura y simplemente, sin condición ni reserva alguna, lo establecido en los pliegos y, por tanto, la obligación de cumplir el convenio colectivo de aplicación, de modo que tiene a su favor la presunción de que en la ejecución del contrato cumplirá con las obligaciones laborales establecidas en el PCAP. Presunción que, por referirse a la fase de ejecución y no de adjudicación, no puede romperse por el órgano de contratación en la fase de adjudicación, pues sería una interpretación preventiva, pues solo cuando concurre la presunción de anormalidad le es dado al órgano de contratación evaluar la viabilidad de la oferta en la fase de adjudicación.

Así es claro y terminante el artículo 149 de la LCSP.

La presunción de estar incursa la oferta presentada en anormalidad deviene de un hecho objetivo, cumplir los parámetros que como tal la identifican en el PCAP, es más la presunción no lo es iure et de iure sino iuris tantum, es decir no basta con la concurrencia del hecho objetivo que determina la presunción de anormalidad para que la oferta pueda declararse inviable, es necesario seguir un procedimiento contradictorio, en que el licitador incurso en la presunción tiene la oportunidad de justificar la viabilidad de su oferta, incluidos los costes salariales, y el órgano de contratación, con el auxilio de un informe técnico, determinar si efectivamente la oferta es inviable o, si por el contrario, aparece justificado que, aun incurriendo en el parámetro fijado en el PCAP, puede cumplirse la oferta.

Lo que en ningún caso permite el artículo 149 de la LCSP es sujetar a un licitador cuya oferta no está incursa en presunción de anormalidad al procedimiento contradictorio de justificación que establece.

En el procedimiento que analizamos, yéndose más allá de lo que la LCSP exige, la adjudicataria, en contestación a las alegaciones de la recurrente, aun no estando incursa en la presunción de anormalidad, dio, sin exigírselo la LCSP, justificación motivada del cumplimiento de los costes salariales en su oferta, lo que, no obstante, no ha aquietado a la recurrente, que vuelve de nuevo sobre los argumentos de sus alegaciones.

En fin, la recurrente pretende establecer en el procedimiento de adjudicación una fase no prevista en la LCSP, someter a escrutinio una oferta que cumple los pliegos y que no incurre en presunción de anormalidad, pretendiendo que el órgano de contratación pueda y deba hacer lo que le impide la LCSP, excluyendo la oferta si considera que incumple el convenio colectivo.

En suma, aspira a que el órgano de contratación vulnere la prohibición de actuar con arbitrariedad que el artículo 9 de la Constitución le impone, vulnerando expresamente la LCSP, petición que no puede prosperar y debe ser rechazada.”

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RTACRC 1070/2020. Oportunidad de subsanar los defectos formales de las proposiciones vs admisión ilimitada de subsanaciones: límite a la subsanación de la subsanación. No resulta admisible la posibilidad ilimitada de subsanaciones encadenadas por resultar contrario a la seguridad jurídica y al espíritu del plazo de subsanación.

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Es cierto que, tal como se expone en el recurso, es doctrina constante de este Tribunal – y en general, de la jurisprudencia- considerar contrario al principio de libre concurrencia una actuación de la Mesa de contratación excesivamente rigorista a la hora de aplicar los requisitos formales exigidos, no siendo lícita la exclusión de proposiciones por defectos en la documentación de carácter formal, sin dar la oportunidad a la empresa de subsanar dichos defectos.

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Es claro, por tanto, que, de ser así –es la cuestión que examinaremos a continuación que efectivamente resultaba exigible que el documento requerido estuviera firmado electrónicamente sin admitirse la firma manuscrita, no resultaba procedente un nuevo requerimiento de subsanación en tal sentido a la empresa recurrente, puesto que ya se le había concedido un primer trámite de subsanación, con expresa indicación de que el documento a aportar debía estar firmado electrónicamente, pues lo contrario supondría permitir una doble subsanación que no está contemplada en la normativa de aplicación (una primera para remediar el defecto u omisión advertido inicialmente, y una segunda para corregir un segundo defecto cometido con ocasión de la propia subsanación), y ello a su vez implicaría «admitir en los licitadores la posibilidad ilimitada de subsanaciones encadenadas, contrario a la seguridad jurídica y al espíritu del plazo de subsanación», tal como este Tribunal ha señalado en distintas ocasiones (entre otras, en la Resolución núm. 454/2018, citada por el Órgano de contratación en su acuerdo de exclusión).

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Es por ello que, sin necesidad de entrar a examinar la cuestión de si con carácter general la normativa de contratación pública impone a las empresas que participen en un procedimiento de licitación que se tramite de manera electrónica la obligación, no sólo de presentar los documentos que aporten (o, en concreto, las declaraciones responsables que aporten) a través de medios electrónicos, tal como prevé –sólo con contadas excepciones- la Disposición Adicional 15ª de la LCSP, sino además la obligación de que los documentos en cuestión se encuentren firmados electrónicamente, con exclusión de los firmados de manera manuscrita, como supuesta condición de validez de los mismos, lo cierto es que en el presente caso dicha obligación derivaba directamente de los pliegos rectores de la licitación, no impugnados (y por tanto, «lex contractus»), y la Mesa de contratación, interpretando los mismos, requirió de manera expresa a la empresa para que subsanara el defecto advertido en la «declaración responsable complementaria» aportada, indicándole con total claridad (de hecho, marcando esta parte en negrita, subrayado y letras mayúsculas) que debía aportar la declaración firmada de manera electrónica.

En este contexto, es indudable que el licitador requerido debería haber aportado la «declaración responsable complementaria» de acuerdo con las indicaciones que le había trasladado la Mesa de contratación, y con fundamento a su vez en lo dispuesto en el pliego. No habiéndolo hecho así, y habiendo procedido en cambio a aportar la «declaración responsable complementaria» objeto del requerimiento de subsanación de manera manuscrita, no puede considerarse válida la documentación aportada y, en consecuencia, ha de confirmarse la conformidad a Derecho de la exclusión acordada por la Mesa de contratación.

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STJUE de fecha 3 de febrero de 2021. Las federaciones nacionales a efectos de su calificación como «organismo de Derecho público»: requisitos acumulativos (interés general que no tenga carácter mercantil o industrial + personalidad jurídica) y requisitos alternativos (financiación, supervisión o nombramiento de miembros). Con arreglo al artículo 2, apartado 1, punto 4, letras a) a c), de la Directiva 2014/24, un organismo debe ser calificado como «organismo de Derecho público» cuando (1) se haya creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil; (2) esté dotado de personalidad jurídica propia y (3) esté financiado mayoritariamente por el Estado, las autoridades regionales o locales, u otros organismos de Derecho público, o cuya gestión esté sujeta a la supervisión de dichas autoridades u organismos, o que tenga un órgano de administración, de dirección o de supervisión, en el que más de la mitad de los miembros sean nombrados por el Estado, las autoridades regionales o locales u otros organismos de Derecho público. Los tres requisitos que figuran en el artículo 2, apartado 1, punto 4, letras a) a c), de la Directiva 2014/24 son acumulativos, si bien los tres criterios mencionados en el tercer requisito revisten, por su parte, carácter alternativo.

“33 Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si el artículo 2, apartado 1, punto 4, letra a), de la Directiva 2014/24 debe interpretarse en el sentido de que cabe considerar que una entidad a la que se han conferido funciones de carácter público definidas de manera exhaustiva por el Derecho nacional ha sido creada específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil en el sentido de dicha disposición, aun cuando no haya sido constituida bajo la forma de administración pública, sino de asociación de Derecho privado y algunas de sus actividades, para las que tiene capacidad de autofinanciación, no sean de carácter público.

34 A este respecto, cabe recordar que, con arreglo al artículo 2, apartado 1, punto 4, letras a) a c), de la Directiva 2014/24, un organismo debe ser calificado como «organismo de Derecho público» cuando, en primer lugar, se haya creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil; en segundo lugar, esté dotado de personalidad jurídica propia, y, en tercer lugar, esté financiado mayoritariamente por el Estado, las autoridades regionales o locales, u otros organismos de Derecho público, o cuya gestión esté sujeta a la supervisión de dichas autoridades u organismos, o que tenga un órgano de administración, de dirección o de supervisión, en el que más de la mitad de los miembros sean nombrados por el Estado, las autoridades regionales o locales u otros organismos de Derecho público.

35 El Tribunal de Justicia ya ha declarado que los tres requisitos que figuran en el artículo 2, apartado 1, punto 4, letras a) a c), de la Directiva 2014/24 son acumulativos, si bien los tres criterios mencionados en el tercer requisito revisten, por su parte, carácter alternativo (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de septiembre de 2013, IVD, C-526/11, EU:C:2013:543, apartado 20, y de 5 de octubre de 2017, LitSpecMet, C-567/15, EU:C:2017:736, apartado 30 y jurisprudencia citada).

36 En relación con el primero de estos tres requisitos, contemplado en el artículo 2, apartado 1, punto 4, letra a), de la Directiva 2014/24, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que el legislador de la Unión deseó someter a las estrictas normas de contratación pública únicamente a aquellas entidades creadas con la finalidad específica de satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil y cuya actividad responda a tales necesidades (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de octubre de 2017, LitSpecMet, C-567/15, EU:C:2017:736, apartado 35).

37 A este respecto, ya sea desde su creación, ya con posterioridad a ella, la entidad de que se trate debe satisfacer específicamente necesidades de interés general y ha de ser posible comprobar de manera objetiva que satisface tales necesidades (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de diciembre de 2002, Universale-Bau y otros, C-470/99, EU:C:2002:746, apartado 63).

38 En el presente asunto, de las explicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente resulta que en Italia la actividad de interés general constituida por el deporte es ejercida por cada una de las federaciones deportivas nacionales en el marco de funciones de carácter público expresamente atribuidas a estas federaciones por el artículo 15, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 242, que se enumeran con carácter exhaustivo en el artículo 23, apartado 1, de los Estatutos del CONI.

39 A este respecto, resulta que varias de las funciones enumeradas en el artículo 23, apartado 1, de los Estatutos del CONI, como el control del carácter regular del desarrollo de las competiciones y de los campeonatos, la prevención y la sanción del dopaje o la preparación olímpica y de alto nivel, no son de carácter industrial o mercantil, extremo que, no obstante, corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente. En tales circunstancias, dado que desempeña efectivamente tales funciones, una federación deportiva nacional cumple el requisito contemplado en el artículo 2, apartado 1, punto 4, letra a), de la Directiva 2014/24.

40 Esta conclusión no queda desvirtuada, en primer lugar, por el hecho de que la FIGC revista la forma jurídica de una asociación de Derecho privado y de que, en consecuencia, no fuera creada en virtud de un acto formal de institución de una administración pública.

41 En efecto, por un lado, del tenor del artículo 2, apartado 1, punto 4, de la Directiva 2014/24 no resulta ninguna referencia a las modalidades de creación ni a la forma jurídica de la entidad. Por otro lado, procede recordar que el concepto de «organismo de Derecho público» debe recibir una interpretación funcional independiente de las modalidades formales mediante las que se desarrolle, de modo que tal necesidad se opone a que se establezcan diferencias según la forma jurídica de las disposiciones que creen tal entidad (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de noviembre de 1998, BFI Holding, C-360/96, EU:C:1998:525, apartado 62; de 15 de mayo de 2003, Comisión/España, C-214/00, EU:C:2003:276, apartados 55 y 56, y de 12 de septiembre de 2013, IVD, C-526/11, EU:C:2013:543, apartado 21 y jurisprudencia citada).

42 En segundo lugar, también carece de pertinencia el hecho de que la FIGC ejerza, junto a las actividades de interés general enumeradas con carácter exhaustivo en el artículo 23, apartado 1, de los Estatutos del CONI, otras actividades que constituyan una gran parte del conjunto de sus actividades y que sean autofinanciadas.

43 En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que es indiferente que, además de cumplir la función de satisfacer necesidades de interés general, una entidad desempeñe otras actividades y que la satisfacción de necesidades de interés general solo constituya una parte relativamente poco importante de las actividades realmente emprendidas por tal entidad, puesto que esta sigue encargándose de las necesidades que está específicamente obligada a satisfacer (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de noviembre de 1998, BFI Holding, C-360/96, EU:C:1998:525, apartado 55).

44 Se debe precisar que, en tales circunstancias, el hecho de que una federación deportiva nacional goce de capacidad de autofinanciación, en particular, respecto a las actividades que ejerce que no sean de carácter público, carece de pertinencia, como indicó el Abogado General en el punto 56 de sus conclusiones, puesto que tal capacidad de autofinanciación es irrelevante para la atribución de funciones de carácter público.

45 Tampoco permite llegar a una conclusión diferente la sentencia de 15 de enero de 1998, Mannesmann Anlagenbau Austria y otros (C-44/96, EU:C:1998:4).

46 Por una parte, las consideraciones que figuran en los apartados 20 a 35 de esta sentencia ilustran de manera precisa la línea jurisprudencial recordada en el apartado 43 de la misma, de la que resulta sustancialmente que, para determinar si una entidad puede ser considerada un organismo de Derecho público, es indiferente que realice actividades distintas de las destinadas a satisfacer necesidades de interés general, aun cuando estas últimas actividades sean de escasa importancia.

47 Por otra parte, las consideraciones formuladas en los apartados 38 a 41 de la sentencia de 15 de enero de 1998, Mannesmann Anlagenbau Austria y otros (C-44/96, EU:C:1998:4), no son pertinentes para resolver el litigio principal, cuyas características difieren de las de la situación descrita en dicha sentencia, a saber, la situación de una sociedad creada y participada mayoritariamente por un poder adjudicador con vistas a ejercer actividades mercantiles para las que le son transferidos recursos financieros procedentes de las actividades que ese poder adjudicador lleva a cabo con el fin de satisfacer necesidades de interés general que no son de carácter industrial o mercantil.

48 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 2, apartado 1, punto 4, letra a), de la Directiva 2014/24 debe interpretarse en el sentido de que una entidad a la que se han conferido funciones de carácter público definidas de manera exhaustiva por el derecho nacional puede considerarse creada específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil en el sentido de dicha disposición, aun cuando no haya sido constituida bajo la forma de administración pública, sino de asociación de Derecho privado y algunas de sus actividades, para las que tiene capacidad de autofinanciación, no sean de carácter público.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:

1) El artículo 2, apartado 1, punto 4, letra a), de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, debe interpretarse en el sentido de que una entidad a la que se han conferido funciones de carácter público definidas de manera exhaustiva por el derecho nacional puede considerarse creada específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil en el sentido de dicha disposición, aun cuando no haya sido constituida bajo la forma de administración pública, sino de asociación de Derecho privado y algunas de sus actividades, para las que tiene capacidad de autofinanciación, no sean de carácter público.

2) El segundo supuesto alternativo contemplado en el artículo 2, apartado 1, punto 4, letra c), de la Directiva 2014/24 debe interpretarse en el sentido de que, en caso de que una federación deportiva nacional goce, en virtud del Derecho nacional, de autonomía de gestión, la gestión de esa federación solo puede considerarse sometida al control de una autoridad pública si del examen del conjunto de las facultades de que dispone esta autoridad frente a dicha federación resulta que existe un control de gestión activo que, en la práctica, pone en entredicho tal autonomía hasta el punto de permitir que dicha autoridad influya en las decisiones de la federación en materia de contratos públicos. La circunstancia de que las distintas federaciones deportivas nacionales ejerzan una influencia sobre la actividad de la autoridad pública en cuestión debido a su participación mayoritaria en el seno de los principales órganos colegiados de deliberación de esta únicamente es relevante si se acredita que cada una de esas federaciones, por sí sola, puede ejercer una influencia significativa sobre el control público llevado a cabo por dicha autoridad respecto a ella, que tenga como consecuencia neutralizar ese control y permitir que la federación deportiva nacional de que se trate recupere el control de su gestión, pese a la influencia de las demás federaciones deportivas nacionales que se encuentren en una situación análoga.”

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TACP Madrid 336/2020. Recomendación sobre comunicaciones en el proceso de subsanación: además de la publicación, es buena práctica avisar al interesado por correo electrónico, teléfono u otro medio que evite la posibilidad de exclusión. El órgano de contratación ha de procurar favorecer la concurrencia, facilitando una comunicación individualizada a los empresarios requeridos, no formalista, pero sí eficaz, para evitar que por desconocimiento o por retraso en el conocimiento de los defectos a corregir quede sin virtualidad el trámite de subsanación de documentación. No solamente por el interés de los licitadores que concurren a la convocatoria, sino especialmente por el de la Administración, puesto que la finalidad perseguida con el procedimiento de contratación consiste en la selección de la oferta económicamente más ventajosa en la contratación de las prestaciones, como determina el artículo 1 de la LCSP, no en desechar ofertas por un excesivo rigorismo formalista en la tramitación.

“Como ha señalado este Tribunal en anteriores resoluciones, baste citar la 284/2020 mencionada por el órgano de contratación “conviene matizar que la legislación contractual en este momento procedimental no prevé la notificación formal para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación administrativa de requisitos previos presentada por evidentes razones de agilidad, eficacia y perentoriedad de plazos. Y que los plazos de subsanación en este momento inicial de concurrencia han de ser los mismos para todos los licitadores por evidentes razones de igualdad y no discriminación, además de por motivos de eficiencia procedimental.

Además al tratarse de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva conviene citar lo dispuesto en la LPACAP, de aplicación subsidiaria en los procedimientos de contratación en virtud de la disposición final cuarta de la LCSP, que prevé en su artículo 45.1.b) que en todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, entre otros, cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.”

Por otra parte, no se observa la debida diligencia en el licitador por el devenir de la licitación a la que concurre, teniendo en cuenta que no aporta la documentación requerida en el pliego para contratar, que no consulta el resultado de la calificación de la documentación en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, anunciada expresamente para el día 28, y que tampoco hace uso de las facilidades dadas por el citado Portal para el acceso a la información sobre los procedimientos de contratación, pues éste ofrece la posibilidad de suscribirse voluntariamente a un servicio de envío de avisos a dispositivos electrónicos y/o dirección de correo electrónico, así como suscribirse a esa información en un formato específico para compartir contenidos en Internet de forma sencilla y gratuita, como el RSS (Rich Site Summary o Really Simple Syndication) u otro formato similar. Como se recogía en la Resolución 206/2019 de este Tribunal

“La tramitación electrónica de los procedimientos conlleva la reducción de cargas administrativas y también implica una forma diferente de relación entre el ciudadano y la administración pública de la que derivan nuevos derechos y obligaciones para ambas partes. Para facilitar la relación ciudadano-administración y el acceso de éstos a la información sobre expedientes administrativos y sobre la realización de trámites electrónicos y, en particular, los que a los procedimientos de contratación pública se refieren, el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid dispone de un sistema de alertas, cuya inscripción o alta en el mismo permite a los interesados en el procedimiento disponer de la información actualizada del expediente a través de los avisos que el sistema le proporciona sobre los actos y trámites que se publican en dicho Portal. Siendo el acceso al sistema de alertas voluntario, todo aquel interesado que no se inscriba en el mismo deberá actuar con diligencia para realizar los trámites que le competan sin que sea necesario el trato singularizado por parte de la administración cuando ésta no esté obligado a ello, como es en el presente caso”.

Además, habiendo tenido conocimiento GDSI del requerimiento de la documentación a aportar dentro del plazo de subsanación concedido (el 3 de noviembre), como expresamente reconoce en su escrito de interposición, la presenta fuera de plazo el día 4 de noviembre, siendo público que ese día se abrían las ofertas técnicas de los licitadores admitidos, y figurando expresamente en la comunicación de defectos y omisiones subsanables de la documentación el plazo concedido y el computo del mismo, al igual que en las citadas cláusulas 11 y 13 del PCAP, documento de comunicación firmado el 28 de octubre por el Secretario de la Mesa de contratación que, por el contrario a lo alegado por el recurrente, figura efectivamente publicado en el tablón de anuncios del perfil de contratante el mismo día 28 de octubre de 2020.

En cuanto a la notificación formal al interesado de su exclusión del procedimiento de adjudicación la regulación prevista en la LCSP permite tanto que se notifique expresamente tras su adopción, como que ésta se realice incluida en la notificación de la adjudicación del contrato, figurando los recursos pertinentes, como prevé el artículo 151, opción al parecer elegida por el órgano de contratación en el presente caso.

Igualmente se comprueba que las partes reconocen expresamente que el requerimiento de subsanación de la documentación se efectuó el día 28 de octubre, según lo dispuesto en el PCAP, y que el plazo concedido es de tres días naturales, conforme a lo dispuesto en el artículo 141.2 de la LCSP, así como que finalizado el plazo el 3 de noviembre, el recurrente no aportó la documentación requerida, documentación por otra parte exigible a todo licitador sin excepción de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 1.7 del PCAP, estando además proscrita la posibilidad de admitir documentación fuera del plazo concedido para su presentación o subsanación pues atentaría contra los principios generales de la contratación de igualdad y no discriminación previstos en los artículos 1 y 132 de la LCSP.

En definitiva, este Tribunal considera que no se ha vulnerado la regulación contractual aplicable, teniendo en cuenta que la actuación de la Mesa no se ha apartado de lo establecido en el PCAP respecto a la comunicación y los plazos de subsanación de la documentación administrativa del sobre 1, respetando lo dispuesto en los artículos 139.1 y 141.2 de la LCSP, así como en el artículo 19 del RGCPCM.

Sin perjuicio de lo anterior este Tribunal considera que además de la publicación de la subsanación en el Portal, y de que el plazo compute desde la misma, por los expresados motivos de igualdad y perentoriedad, el órgano de contratación ha de procurar favorecer la concurrencia, facilitando una comunicación individualizada a los empresarios requeridos, no formalista pero sí eficaz, para evitar que por desconocimiento o por retraso en el conocimiento de los defectos a corregir quede sin virtualidad el trámite de subsanación de documentación. No solamente por el interés de los licitadores que concurren a la convocatoria sino especialmente por el de la Administración, puesto que la finalidad perseguida con el procedimiento de contratación consiste en la selección de la oferta económicamente más ventajosa en la contratación de las prestaciones, como determina el artículo 1 de la LCSP, no en desechar ofertas por un excesivo rigorismo formalista en la tramitación.

Para la efectividad y el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 141 de la LCSP es determinante que el destinatario del requerimiento de subsanación conozca los defectos que ha de corregir por lo que, en cumplimiento de los principios de concurrencia, buena administración y en aras del correcto desarrollo del procedimiento, se recomienda a ese órgano de contratación que además de la publicación adopte la buena práctica de avisar al interesado de la misma por correo electrónico, teléfono u otro medio que evite la posibilidad de exclusión por la no presentación de documentación o por la subsanación extemporánea por no haber tenido noticia a tiempo el destinatario del requerimiento de subsanación.

Por todo lo expuesto procede desestimar el recurso presentado por GDSI de conformidad con lo previsto en las cláusulas 10, 11, y 13 del PCAP que rige la contratación de los servicios objeto de impugnación, así como en lo dispuesto en los artículos 139 y 141 de la LCSP, y 19 del RGCPCM.”

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