Actualizaciones CSP


* VIDEO y DOCUMENTACIÓN DE LA SESIÓN ONLINE COVID-19: Indemnización por Suspensión de Contratos del Sector Publico.. Acceder a los contenidos de la sesión Covid-19 download

OIRESCON. GUÍA PARA LA REACTIVACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA TRAS EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS. Descargar la Guía OIRESCON download

* Abogacía del Estado Informe 28 de mayo de 2020. Reanudación (regla general) o reinicio (cuando una norma con rango de ley lo prevea) del cómputo de plazos a la vista del RD 537/2020 (COVID-19). La reanudación (o, excepcionalmente, el reinicio) del cómputo de los plazos administrativos suspendidos durante el estado de alarma tendrá lugar “con efectos desde el 1 de junio de 2020”, y no desde la finalización del estado de alarma. Se aprecia fundamento jurídico suficiente para sostener que, en la reanudación de plazos suspendidos, los días que resten en un plazo señalado en meses se han de contar como días hábiles. Descargar informe download

* El Sello de Inclusión Social como criterio social de desempate en la contratación pública (Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital). Acceder al Real Decreto-Ley 20/2020 download

TACP Aragón 16/2020. Régimen de subrogación y determinación convenio colectivo de aplicación: ámbito de la obligación de informar en los pliegos. No corresponde a los pliegos determinar la existencia de la obligación de subrogación de los trabajadores, sino informar en ellos de la posibilidad de su existencia, y constituye por tanto una cuestión ajena al órgano de contratación determinar el concreto convenio colectivo que resulte de aplicación. Descargar resumen download

TCP Canarias 67/2020. Naturaleza jurídica del contrato de concesión de servicios con obra + Límites a la elección de los medios de acreditación de la solvencia + Alcance de la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo de aplicación.

I. Naturaleza jurídica del contrato de concesión de servicios con obra: contrato de concesión vs contrato mixto. La incorporación de la ejecución de obras al contrato de concesión de servicios es una facultad que corresponde al órgano de contratación, en función de las necesidades del servicio a gestionar, que no altera la naturaleza jurídica del contrato y por tanto no puede considerarse un contrato mixto. Descargar resumen download

II. Límites a la elección de los medios de acreditación de la solvencia: requisitos y medios establecidos por la norma, vinculación al objeto del contrato y proporcionalidad. La conjugación de los arts. 86 y 91 LCSP lleva a concluir que el término “podrá realizarse” supone una facultad de elección de los medios de acreditación, con varios límites: a) la elección de los requisitos y medios de acreditación debe ser realizada entre los previstos en los arts. 87 a 90 de LCSP, y solo previa justificación, en los contratos no sujetos a regulación armonizada, podrán imponerse otros; b) la vinculación al objeto del contrato y c) deben ser proporcionales en relación al objeto de contrato. Descargar resumen download

III. Alcance de la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo de aplicación: convenio colectivo vigente vs convenio colectivo sectorial. De la interpretación conjunta de la obligación del art. 122 LCSP con el art. 35 LCSP, se concluye que la obligación que ha de figurar en los pliegos es la de respetar las obligaciones salariales que resulten del convenio colectivo que se encuentre en vigor. Descargar resumen download

JCCAMEH Informe 3/2020. Órgano competente para la calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 140 y 141 LCSP, acordando, en su caso, la exclusión: la mesa de contratación es competente para calificar los documentos en el trámite del artículo 150.2 LCSP. Descargar resumen download

Boletín del miércoles, 29 de julio de 2020

JCCAMEH Informe 85/2018. Cálculo de los excesos de medición en los contratos de obras + Los excesos de medición y el cálculo del valor estimado y el presupuesto base de licitación + La incorporación de los excesos de medición en las certificaciones + La inclusión de precios nuevos como supuesto de no modificación del contrato + La acreditación de la constitución de garantías por medios electrónicos.

I. Cálculo de los excesos de medición en los contratos de obras: precio de adjudicación como concepto de “precio del contrato inicial”. El artículo 102 señala que “los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado.” Esta última mención a lo pactado por las partes debe entenderse como una referencia al precio estipulado por la realización de la prestación en el momento de la formalización, que coincidirá con el precio de adjudicación siendo éste, conforme ya afirmamos en nuestro Informe 43/2008, de 28 de julio de 2008, “el importe íntegro que por la ejecución del contrato percibe el contratista.” Descargar resumen download

II. Los excesos de medición y el cálculo del valor estimado y el presupuesto base de licitación: no procede contemplar los excesos en el cálculo de las magnitudes. En el cálculo del valor estimado y el presupuesto base de licitación de los contratos públicos de obras no deben preverse los excesos de mediciones pues, aunque los mismos sean frecuentes, no siempre tienen por qué formar parte del contrato, ya que tienen un carácter puramente contingente y no tienen por qué existir. Descargar resumen download

III. La incorporación de los excesos de medición en las certificaciones: certificaciones ordinarias (160 RGLCAP) o solo en la certificación final (artículo 242 LCSP). Ambos preceptos, el 242 LCSP y el 160.2 RGLCAP, pueden interpretarse de manera sistemática, de modo que, por un lado, la ley obligaría a incluir los excesos de medición en la certificación final de las obras con el fin de garantizar su control y el pago íntegro y no excesivo de las cantidades que representan y, por otro lado y sin perjuicio de lo anterior, el Reglamento exigiría incorporar los excesos de medición que mensualmente se vayan produciendo a las relaciones valoradas y a las certificaciones mensuales. Este sistema permitiría detallar y pagar provisionalmente la obra realmente ejecutada en cortos periodos de tiempo y también, en el momento de la certificación final, proceder a liquidar la cantidad definitiva que, como excesos de medición, se haya podido comprobar que existen a la finalización de la obra. Descargar resumen download

IV. La inclusión de precios nuevos como supuesto de no modificación del contrato: diferenciación del supuesto de modificación consistente en la introducción de unidades de obra no previstas o cuyas características difieran del proyecto. La inclusión de precios nuevos como supuesto de no modificación del contrato se produce cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuren en el proyecto. La propuesta del director de la obra sobre los nuevos precios a fijar se basará en cuanto resulte de aplicación, en los costes elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en cualquier caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la adjudicación. Descargar resumen download

V. La acreditación de la constitución de garantías por medios electrónicos: constitución y cancelación. Cuando la LCSP permite que la acreditación de la constitución de la garantía pueda hacerse por medios electrónicos, está autorizando que en el expediente de contratación figure un documento electrónico que cumpla todos los requisitos legales en cuanto a su autenticidad y del que se deduzca la efectiva y eficaz constitución de la garantía definitiva. Este documento electrónico puede ser el resguardo ofrecido por la Caja General de Depósitos o por el órgano ante el que se encuentre constituida dicha garantía. Cuando proceda su cancelación o devolución, habrá de dictarse un acuerdo expreso que será comunicado al órgano ante el que se constituyó la garantía. Tal regla no se ve obstaculizada en su cumplimiento por el hecho de que la acreditación de la constitución de la garantía definitiva se haya hecho por medios electrónicos. Descargar resumen download

Boletín del lunes, 27 de julio de 2020

STS de fecha 17 de febrero de 2020 (463). Unión temporal de empresas y legitimación para la interposición de recursos: legitimación de uno de los miembros integrantes de la UTE. La apreciación de sustento material de la legitimación ha de hacerse atendiendo a las características singulares de cada caso pues solamente a partir de ellas se podrá establecer si puede resultar para quien lo interpone el beneficio o ventaja o la evitación del perjuicio o desventaja en que consiste el interés legítimo. Al pedirse la adjudicación de la concesión, sí le asiste el interés legítimo que requiere el artículo 19.1 a) de la Ley de la Jurisdicción, pues la eventual anulación de la adjudicación y la declaración de adjudicataria le colocaría, en cuanto integrante de esa unión temporal de empresa, en una posición activa o de ventaja, es decir, la estimación sí supondría un beneficio para el recurrente y en obtenerlo, precisamente, reside su interés, que es legítimo, concreto, material, no un mero interés por la legalidad. Descargar resumen download

RTACRC 548/2020. Las prácticas colusorias, el principio de proposición única y la doctrina del levantamiento del velo: la relación de control más la influencia en el comportamiento. El enjuiciamiento de si existe una práctica colusoria corresponde a los organismos reguladores que tienen encomendado su control. El Tribunal admite la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo” en los casos en los que, pese a concurrir entidades formalmente distintas entre sí, la existencia de las mismas sea meramente aparente, a modo de pantalla para disimular una realidad unitaria subyacente y conseguir un propósito fraudulento. La mera constatación de una relación de control entre las empresas, debido a la propiedad o al número de derechos de voto que se pueden ejercitar durante las juntas generales ordinarias, sin verificar si tal relación ha tenido una incidencia concreta sobre su comportamiento respectivo en el marco de dicho procedimiento, no basta para que la entidad adjudicadora pueda excluir automáticamente a dichas empresas del procedimiento de adjudicación de contratos. Sin embargo, la constatación de tal influencia, sin importar su forma, es suficiente para excluir a dichas empresas del procedimiento en cuestión. Descargar resumen download

TACP Aragón 22/2020. I. Las características de los errores para ser calificados de errores materiales en la oferta económica: el error debe ser ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo. II. El deber de diligencia del licitador en la formulación de la oferta: garantía del principio de igualdad de trato. Para considerar la existencia de un error material o de hecho éste debe ser ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y por su exteriorización prima facie con su sola contemplación. El responsable de la presentación de la oferta es el licitador, quien debe llevar a cabo una actuación diligente a la hora de confeccionar su oferta y asumir las consecuencias jurídicas del incumplimiento de dicho deber como es la exclusión, ya que de otro modo se estaría quebrando el principio de igualdad de trato en los licitadores. Descargar resumen download

Boletín del viernes, 24 de julio de 2020

OARC Euskadi 112/2019. Información que debe figurar en los pliegos sobre los contratos de trabajo objeto de subrogación + Posibilidad de inclusión de un plazo de garantía para comprobar que el contratista saliente ha cumplido con todos sus pagos como empleador + La suficiencia del presupuesto base de licitación pese a no incluir los costes de posibles incrementos salariales derivados de los convenios colectivos + Eventualidad de exigir un seguro de Responsabilidad Civil al contratista: dicha exigencia debe ser adecuada y proporcionada al contrato.

I. Información que debe figurar en los pliegos sobre los contratos de trabajo objeto de subrogación. Para satisfacer el contenido mínimo que el artículo 130 LCSP exige que se incluya en los pliegos deben incorporarse los listados del personal objeto de subrogación, indicando convenio colectivo de aplicación y detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador y todos los pactos en vigor aplicables a todos los trabajadores a los que afecte la subrogación. Descargar resumen download

II. Posibilidad de inclusión de un plazo de garantía para comprobar que el contratista saliente ha cumplido con todos sus pagos como empleador. Dicho plazo de garantía no es necesario en una obligación de pura actividad, cuyo alcance se agota en el momento de su realización ya que no implica un resultado entregable, susceptible de incluir hipotéticos defectos que pueden aflorar pasado cierto tiempo y, por tanto, la inclusión de dicha garantía específica sería una cláusula legalmente no exigible. Descargar resumen download

III. La suficiencia del presupuesto base de licitación pese a no incluir los costes de posibles incrementos salariales derivados de los convenios colectivos. Los posibles incrementos futuros no deben formar parte del presupuesto de licitación por ser contrario a los principios de oferta económicamente más ventajosa y salvaguarda de la libre competencia. El art. 100.2 de la LCSP establece que los costes salariales deben estimarse de acuerdo con el convenio laboral de referencia, que no puede ser sino uno ya vigente, al contextualizar temporalmente su mandato en que el presupuesto se ajuste al precio de mercado en el momento de elaborarlo. Descargar resumen download

IV. Eventualidad de exigir un seguro de Responsabilidad Civil al contratista: dicha exigencia debe ser adecuada y proporcionada al contrato. Aunque en su origen no sería una decisión discriminatoria del poder adjudicador al exigir dicho seguro, sino que radicaría en las características y la dimensión de su objeto, puede suponer una traba para empresas pequeñas y medianas en el acceso a la contratación, que podrían hacerlo desproporcionado. Descargar resumen download

Boletín del miércoles, 22 de julio de 2020

RTACRC 352/2020. Cómputo del plazo para la impugnación del acuerdo de la mesa por el que se acuerda la exclusión del licitador, cuando este asiste a la sesión: a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento de la infracción. Cuando del recurso contra actos de trámite se trata, se cuenta el plazo para recurrirlos, conforme al citado precepto, a partir del día siguiente a aquel en que se haya tenido conocimiento de la posible infracción. En el acta recurrida se consignó que en la reunión en la que se acordó la exclusión y que documenta dicha acta, se daba la asistencia de un representante de la recurrente. De ahí que en ese momento tomó conocimiento dicha recurrente de la posible infracción, de modo que al interponerse el recurso ya habría transcurrido el plazo de 15 que para recurrir se consagra legalmente. Descargar resumen download

TACP Aragón 15/2020. Incumplimiento por el órgano de contratación del plazo para la formalización: recurso frente a la adjudicación vs posibilidad de interponerlo contra el contrato formalizado. La posible actuación contra legem del órgano de contratación, al no respetar el plazo previsto para la formalización del contrato, puede ser combatida, al existir la posibilidad de interponer el recurso especial en vía administrativa contra el contrato formalizado. La inadmisión del recurso no supone que el órgano de contratación, al no respetar el plazo mínimo legal para formalizar el contrato, pueda cerrar la vía del recurso especial (al inadmitirse éste) puesto que a la recurrente le queda expedita la vía del recurso especial frente al contrato formalizado y, por tanto, no se vulnera el principio de tutela judicial efectiva que deriva del artículo 24 CE quedando a salvo la eficacia del sistema de control administrativo diseñado por la normativa contractual. Descargar resumen download

TCP Canarias 64/2020. Momento de acreditación de los medios de solvencia y diferenciación de los requisitos solvencia técnica o profesional + Exclusión del procedimiento por incumplimiento de las prescripciones técnicas.

I. Momento de acreditación de los medios de solvencia y diferenciación de los requisitos solvencia técnica o profesional: se exige su acreditación solo al empresario que resulte primer clasificado, sin que sea obligado disponer de los medios comprometidos hasta el momento previo a la adjudicación del contrato. La concreción de las condiciones de solvencia no puede confundirse con la solvencia profesional o técnica, pues la solvencia es un requisito de admisión, de carácter eliminatorio y no valorativo, de modo que quienes no cumplan los requisitos exigidos son excluidos de la licitación, mientras que el compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de determinados medios materiales o personales, se exige al licitador al momento de la acreditación de la capacidad y solvencia pero cuya materialización sólo debe exigirse al empresario que resulte primer clasificado en la licitación del contrato, por lo que no es obligado disponer de los medios comprometidos hasta el momento previo a la adjudicación del contrato. Descargar resumen download

II. Exclusión del procedimiento por incumplimiento de las prescripciones técnicas: requisitos (claro, objetivo y deducible sin género de dudas de la oferta). El incumplimiento ha de ser claro, es decir, referirse a elementos objetivos, perfectamente definidos en el PPT y deducirse con facilidad de la oferta, sin ningún género de dudas, la imposibilidad de cumplir con los compromisos exigidos en los pliegos. Así, no es admisible motivar el incumplimiento acudiendo bien a razonamientos técnicos más o menos complejos fundados en valoraciones subjetivas, o a juicios técnicos o de valor relativos a la capacidad o aptitud de los licitadores para cumplir lo ofertado. Descargar resumen download


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