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Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural. Ir al RdLey 14-2022



Semana 38 - Personas jurídicas: capacidad (modificación estatutos), medio propio y solvencia.

STJUE de fecha 28 de abril de 2022. Asunto C-642/20. La integración de solvencia con medios de terceros por un operador o por una agrupación de operadores económicos: posibilidad que permite exigir que determinadas tareas críticas sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una agrupación de operadores económicos, por un participante en esa agrupación. Un operador económico podrá recurrir a las capacidades de otras entidades por lo que se refiere a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera y a los criterios relativos a la capacidad técnica y profesional, y que, en las mismas condiciones, una agrupación de operadores económicos podrá recurrir a las capacidades de los participantes en la agrupación o de otras entidades. Por otra parte, para determinados tipos de contratos, entre ellos los contratos de servicios, los poderes adjudicadores podrán exigir que determinadas tareas críticas sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una agrupación de operadores económicos, por un participante en esa agrupación. Descargar resumen download

RTACRC 427/2022. Efecto de la adopción de un acuerdo de modificación de los estatutos que no se inscribe en el Registro Mercantil: no obsta a su validez, pero afecta a la eficacia y oponibilidad frente a terceros. La no inscripción de los acuerdos de modificación de los estatutos no obsta a su validez, de modo que la ausencia de éstos no afecta a la validez del acuerdo regularmente adoptado. Pero también debemos señalar que esos requisitos formales, y particularmente la inscripción registral, si bien no tienen carácter constitutivo para la existencia o la validez del acuerdo de modificación, sí que son presupuesto de eficacia y oponibilidad frente a terceros. Descargar resumen download

JCCAMEH Informe 15/2021. Determinación de los medios para acreditar las condiciones de solvencia de los contratos que celebren las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: aplicabilidad de la LCSP que desplaza las letras a) y e) del artículo 12 del RD 1630/2011. Las condiciones de solvencia económica y financiera y técnica o profesional en los contratos que celebren las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con medios privados para la prestación de asistencia sanitaria y recuperadora deberá aplicarse la LCSP, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda tener en consideración que el volumen de negocios y la tenencia de medios materiales y humanos suficientes constituyen medios adecuados para acreditar dicha solvencia. También deben cumplir inexcusablemente y en todo caso el resto de las condiciones establecidas en el artículo 12 del Real Decreto 1630/2011, siendo congruente con lo dispuesto en el artículo 65.2 de la LCSP, cuando exige que los contratistas cuenten con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato. Descargar resumen download

CCCA Andalucía Informe 9/21, de 24 de marzo de 2022. Principio de oferta única e integración de solvencia con medios de terceros + Clasificación mínima como medio de solvencia

I. Principio de oferta única e integración de solvencia con medios de terceros: posibilidad de concurrir con oferta propia y simultáneamente integrar la solvencia y medios de otra empresa concurrente. Las empresas incluso estando vinculadas entre sí o formando parte de un grupo empresarial pueden concurrir a una misma licitación pública, por lo que, por las mismas razones resulta admisible -en línea de principio- la práctica de concurrir a una licitación con una oferta propia (primera empresa), y simultáneamente integrar con solvencia y medios de otra empresa concurrente, ya sea o no del grupo de empresas que oferta a la misma licitación. Descargar resumen download

II. Clasificación mínima como medio de solvencia: posibilidad de integrarla con medios de tercero. La clasificación, según se desprende del artículo 77 de la LCSP, no es más que una forma de acreditación de solvencia. Es jurídicamente viable que en una licitación concurra una empresa inscrita en el ROLECE, con clasificación mínima, pero sin contar con la clasificación exigida en la licitació, ni medios propios, integrando su solvencia con solvencia externa, aportandose la solvencia total por adscripción de medios de la empresa externa; incluso, a juicio de la Comisión, resulta posible que un licitador integre su clasificación acudiendo a medios externos sin necesidad de acreditar un mínimo de solvencia propia, sin más exigencia que demostrar que dispone efectivamente de esos medios para la ejecución del contrato. Descargar resumen download

JCCA Aragón 5/2022. Requisitos para que una fundación privada de iniciativa pública pueda tener la condición de medio propio de un poder adjudicador: patrimonio aportado por una Administración, actividad de mercado inferior al 20%, que la condición de medio propio esté expresamente recogida en su acto de creación, estatutos o norma de creación y que disponga de medios idóneos. Una fundación privada de iniciativa pública puede tener la condición de medio propio de un poder adjudicador, siempre que su patrimonio fundacional haya sido aportado íntegramente por la Administración pública, que la actividad de mercado sea inferior al 20 por ciento del total, que la condición de medio propio esté expresamente recogida en su acto de creación o en sus estatutos o normativa de aplicación y que disponga de los medios idóneos requeridos para su actuación como medio propio. Descargar resumen download

Semana 37 - Regímenes jurídicos aplicables en la contratación pública, en función de la definición del objeto, prestaciones e interés público del contrato.

STJUE de fecha 12 de mayo de 2022. Asunto C-719/20. Continuación con la ejecución de un contrato público que haya sido objeto de adjudicación, sin convocar una licitación, a una entidad in house, cuando el poder adjudicador ya no dispone de ningún control sobre el operador económico: imposibilidad de que continúe siendo ejecutado automáticamente, necesidad de convocar una nueva licitación. La Directiva 2004/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa o a una práctica nacional en virtud de la cual un contrato público adjudicado inicialmente, sin convocar una licitación, a una entidad in house, sobre la que el poder adjudicador ejercía, de manera conjunta, un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, siga siendo ejecutado automáticamente por el operador económico que haya adquirido esa entidad a raíz de un procedimiento de licitación, cuando dicho poder adjudicador no disponga de tal control sobre ese operador y no tenga ninguna participación en su capital. Descargar resumen download

JCCAMEH Informe 29/2021. Determinación de la figura jurídica adecuada para dar cobertura a la ocupación de bienes de dominio público mediante la colocación de sillas y tribunas en desfiles y fiestas de interés cívico en el ámbito local: contrato público si el interés público es prevalente en la necesidad a satisfacer y será una autorización o una concesión demanial sujeta a su normativa reguladora específica cuando prevalezca el interés privado del adjudicatario. A efectos de determinar la calificación jurídica de un negocio como contractual o como concesión o autorización demanial habrá de atenderse a la prevalencia del interés público o privado como causa del mismo. Se aplicará la figura jurídica del contrato público si el interés público es prevalente en la necesidad a satisfacer, aun cuando el destinatario final del servicio y pagador sea el usuario. Por el contrario, será una autorización o una concesión demanial sujeta a su normativa reguladora específica cuando prevalezca el interés privado del adjudicatario, requiriéndose para la instalación del negocio o prestación del servicio la previa ocupación de un bien de dominio público. Descargar resumen download

JCCAMEH Informe 84/2021. Tipificación de los contratos de gestión y celebración de espectáculos taurinos: contrato de servicios si no implican el traslado del riesgo operacional, pudiéndose tramitar como contratos menores si cumplen el 118 LCSP. La prestación consistente en la organización de espectáculos taurinos no debe ser calificada, a día de hoy, como contrato administrativo especial. Los contratos que tengan por objeto la gestión y celebración de espectáculos taurinos podrán considerarse como contratos privados de servicios si no implican la traslación del riesgo operacional de la actividad al contratista o como concesiones de servicios en caso contrario. Descargar resumen download

CCCA Andalucía Informe 10/2021. Procedimiento de licitación para seleccionar a un socio tecnológico para la constitución de una sociedad de economía mixta que será quien preste un servicio público en régimen de concesión: valor estimado del contrato (cifra de negocio que generará la concesión IVA no incluido) y presupuesto de licitación (aportación pública). Posibilidad de tramitar un único procedimiento de licitación para crear una sociedad de capital mixto, público-privado, a la que se le va a adjudicar directamente la concesión del servicio público, siempre y cuando dicho procedimiento respete los principios de libre competencia, de transparencia y de igualdad de trato impuestos por el Tratado en materia de concesiones. El valor estimado del contrato de concesión de servicios para el que previamente se deberá seleccionar a un socio tecnológico para la constitución de una sociedad de economía mixta que realice el servicio, vendrá determinado por la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido que previsiblemente generará la empresa concesionaria durante la ejecución del mismo como contraprestación por los servicios objeto del contrato, así como de los suministros relacionados con estos servicios. Si en el procedimiento de selección del socio privado, y en el de adjudicación del contrato de concesión de servicio, no se compromete gasto alguno y, el servicio público se financia mediantes tarifas a abonar por los usuarios, no cabe fijar presupuesto base de licitación en ninguno de ellos. Descargar resumen download

JCCA Cataluña Informe 1/2022. Posibilidad de venta de las participaciones públicas de una sociedad de economía mixta a la parte privada, una vez finalizada la ejecución del contrato para cuya adjudicación se constituyó: resulta posible siempre que la selección del socio privado se haya efectuado de forma transparente y competitiva, habiéndose hecho constar esta posibilidad. Al margen de las normas que resultaran de aplicación al contrato patrimonial de venta de participaciones, para determinar desde la vertiente de la contratación pública la viabilidad jurídica de esta venta en el caso de una sociedad de economía mixta y una vez finalizada la ejecución del contrato para cuya adjudicación directa se constituyó, resulta esencial determinar si esta venta constituye una modificación de las condiciones tenidas en cuenta para la selección del socio privado. Se considera jurídicamente viable que una entidad del sector público pueda vender sus participaciones de una sociedad de economía mixta municipal al socio privado, escogido mediante un procedimiento de licitación transparente y competitivo de conformidad con la normativa de contratación pública, en el que se ha hecho constar esta posibilidad. Descargar resumen download

JCCA Islas Baleares 1/2022. Reconocimiento del carácter de prestaciones intelectuales ex lege: servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo (incluida asistencia técnica a la dirección de obras, la coordinación de seguridad y salud o la vigilancia ambiental). Se tiene que conceder el reconocimiento de prestaciones intelectuales ex lege a los servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo. No todas las prestaciones del CPV 71000000-8 (servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección) se tienen que considerar de naturaleza intelectual; sólo lo son los servicios relacionados con la arquitectura y la ingeniería; la construcción y la inspección no tienen reconocida tal naturaleza. Los servicios de asistencia técnica a la dirección de obras, la coordinación de seguridad y salud o la vigilancia ambiental se tienen que entender incluidos dentro de las prestaciones de tipo intelectual. Descargar resumen download

JCCA Madrid informe 6/2022. Contratos y acuerdos marco en ejecución que pasan a financiarse con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Efectos: a) No procede la modificación de los contratos, b) Notificación al contratista de la financiación del PRTR, indicándole que está obligado al cumplimiento de la normativa y requiriéndole la aportación de la documentación precisa, c) Se indicará la financiación en las publicaciones que deban efectuarse, d) No procede la modificación de los acuerdos marco, la adecuación a la normativa se efectuará en los contratos basados en que proceda tal financiación. No procede tramitar una modificación de los contratos que se encuentren en ejecución, únicamente por el hecho de que se acuerde su financiación con fondos procedentes del PRTR, dado que este hecho no supone la ejecución del contrato en forma distinta a la pactada, ni se trata de alguno de los supuestos de modificación no prevista establecidos en el artículo 205 de la LCSP. Si el contrato ya en ejecución pasa a tener financiación del PRTR, el órgano de contratación notificará esta circunstancia al contratista, indicándole que está obligado al cumplimiento de la normativa al respecto y requiriéndole la aportación de la documentación precisa como consecuencia de ello. Además, se indicará dicha financiación en las publicaciones que deban efectuarse a partir de que se tenga conocimiento de este hecho. Tampoco resulta procedente tramitar la modificación de un acuerdo marco en ejecución sólo por el hecho de que se decida que todos o algunos de los contratos basados en él se financien con fondos procedentes del PRTR. La adecuación a la normativa al respecto se efectuará en los contratos basados en que proceda tal financiación, que se adjudiquen en ejecución del acuerdo marco, con independencia de que su adjudicación requiera o no una nueva licitación. Descargar resumen download

Semana 36 - Supuestos de nulidad, efectos y alcance de la declaración.

STS de fecha 8 de abril de 2022. Declaración de nulidad y alcance de la obligación de indemnizar daños y perjuicios: no procede incluir en el quantum el concepto de lucro cesante. No cabe equiparar los efectos de la declaración de nulidad de un contrato administrativo con los derivados de la resolución del contrato por incumplimiento, ya qué se desnaturalizaría el carácter sinalagmático de las obligaciones contractuales si la parte perjudicada por la nulidad del contrato percibiera de la contraria, en concepto de lucro cesante, el mismo beneficio que si el contrato hubiere sido declarado válido, sin la carga que representa el cumplimiento de las prestaciones contraídas. En los supuestos en que se declare la nulidad del acto de adjudicación de un contrato administrativo, la obligación de indemnizar los perjuicios que haya sufrido el adjudicatario no comporta que se incluya en el quantum indemnizatorio los perjuicios derivados en concepto de lucro cesante. Descargar resumen download

RTACRC 158/2022. Efecto de la falta de publicidad en la Plataforma de Contratos del sector Publico de la información establecida en el artículo 63 LCSP: no es una causa de nulidad específica, no es generador de nulidad de pleno derecho del artículo 47 de la Ley 39/2015 o de anulabilidad en los términos del artículo 48. Es cierto que el artículo 63.3 de la LCSP, como manifestación del principio de publicidad activa, impone al órgano de contratación la obligación de publicar determinados documentos. Ahora bien, debemos tener en cuenta que la LCSP no sanciona de forma específica el incumplimiento de dicha obligación. Sí sanciona con la nulidad de pleno derecho la vulneración del principio de publicidad en otra vertiente, al contemplar en su artículo 39.2 c) de la LCSP como causa de nulidad de Derecho administrativo la falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en los servicios de información similares de las Comunidades Autónomas, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en el medio de publicidad en que sea preceptivo. Descartada la existencia de una causa de nulidad específica para este incumplimiento, debe rechazarse asimismo que el defecto invocado pueda considerarse generador de nulidad de pleno derecho del artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, por remisión del propio artículo 39 de la LCSP, o de anulabilidad en los términos del artículo 48 de la Ley 39/2015, al que se remite, a su vez, el artículo 40 de la LCSP, lo que lleva a aseverar que no existe perjuicio irreparable (pues tampoco se alega), ni situación de indefensión que pueda conducir a apreciar en la falta de publicación un vicio de carácter invalidante. Descargar resumen download

RTACRC 170/2022. Efectos del allanamiento del órgano de contratación cuando se produce una inadmisión del recurso: queda vedada la anulación del acto a instancia de parte y queda expedita la posibilidad de revisar de oficio los actos que considere contrarios al ordenamiento o resolver el contrato. El allanamiento no provoca ipso iure la estimación del recurso especial, sino que el allanamiento no surte el efecto previsto si constituye una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico; debiendo el Tribunal en consecuencia valorar si existe o no dicha infracción, con carácter previo a aceptar el allanamiento y declarar los efectos que del mismo se derivan: la estimación del recurso. Una vez acordada la inadmisión del recurso queda vedada la eventual anulación del acto de adjudicación a instancia de parte –vía recurso-, quedando expedita al órgano administrativo la posibilidad de revisar de oficio los actos que considere contrarios al ordenamiento jurídico, o la de resolver el contrato si formalizado, eventualmente no resultara de posible su cumplimiento. Descargar resumen download

RTACRC 304/2022. Alcance de la posibilidad de que el tribunal aprecie de oficio los supuestos de nulidad: apreciación que debe producirse genuinamente de oficio y no a instancia de parte. El Tribunal ha admitido la posibilidad de apreciar de oficio los supuestos de nulidad de pleno derecho, pero dicha apreciación de oficio debe producirse genuinamente de oficio. Lo que no cabe es solicitar al Tribunal una verificación de la documentación contractual a fin de determinar si en ella concurre algún vicio de nulidad. Dicha pretensión se formula de una forma manifiestamente abusiva en cuanto se insta de este Tribunal un exhaustivo control de la legalidad del expediente de contratación que excede, sobradamente, de la función que tiene legalmente encomendada. Descargar resumen download

TARC Andalucía 165/2022. Efectos de la nulidad del contrato formalizado: restitución del valor de la prestación (costes efectivos), pero no los demás componentes retributivos. La restitución sólo puede comprender el valor de la prestación realizada, lo que incluye sus costes efectivos, pero no los demás componentes retributivos propios de un contrato válidamente celebrado (beneficio industrial), dado que, al ser los contratos nulos, no producen efectos económicos propios del contrato eficaz. Para que resulte procedente el abono del beneficio industrial, es necesario que concurran determinadas circunstancias que afectan tanto al concepto de interés público concurrente en el servicio objeto de la contratación, como en la actitud mantenida por la empresa con la que se celebró el contrato. Descargar resumen download

CCCA Andalucía Informe 4/2021 de 24 de marzo de 2022. La rectificación de errores materiales, presupuesto habilitante: la subsistencia del acto y la invaliaribilidad del contenido dispositivo. La rectificación de errores materiales en los documentos contractuales ha de atemperarse a los límites que establece el artículo 109.2 de la LPAC, teniendo como presupuesto habilitante la subsistencia del acto, es decir que su contenido dispositivo no varíe. Si la rectificación de errores en los documentos contractuales excede los límites de la misma, el órgano de contratación ha de analizar si la modificación operada invalida el contrato y por tanto exige declarar la nulidad o anulabilidad del acto afectado, conforme a lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de la LCSP, previa tramitación del procedimiento de revisión de oficio consignado en el artículo 41 de la misma ley, cuya finalización, en caso de declararse la nulidad o anulabilidad dará lugar a los efectos consignados en el artículo 42. Descargar resumen download

Semana 35 - Los criterios de selección y formas de valoración: límites al empleo de determinados criterios y en la definición de las mejoras.

RTACRC 168/2022. Introducción de elementos que permiten valorar la seriedad y/o viabilidad de las ofertas cuando se emplean criterios evaluables automáticamente: no procede introducir elementos de valoración subjetiva, pero si se puede exigir justificaciones técnicas que permitan valorar la seriedad y/o viabilidad de las ofertas. Por principio, no resulta ajustada a derecho la introducción de elementos de valoración subjetiva entre los criterios evaluables automáticamente. Cuestión completamente distinta es que el órgano de contratación quiera valorar la seriedad y/o viabilidad de las ofertas presentadas, exigiendo la presentación, junto con la oferta evaluable automáticamente, de las justificaciones técnicas que tenga por conveniente. Forma de proceder que encuentra fundamento en el articulo 145 c) LCSP, que garantiza la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva e irán acompañados de especificaciones que permitan comprobar de manera efectiva la información facilitada por los licitadores con el fin de evaluar la medida en que las ofertas cumplen los criterios de adjudicación. En caso de duda, deberá comprobarse de manera efectiva la exactitud de la información y las pruebas facilitadas por los licitadores. Descargar resumen download

RTACRC 345/2022. Limitaciones al empleo de la huella de carbono, referida de ejercicios anteriores, como criterios de adjudicación: los certificados de calidad en gestión en general y en gestión ambiental, no pueden ser considerados como criterios de adjudicación, en la medida en que se refieran a las características de la empresa, y no a las características de la prestación. Este criterio queda extramuros de la ejecución del contrato y, por lo tanto, infringe el artículo 145.2 de la LCSP. En efecto, se trata de un requisito que se exige a las empresas y no a las prestaciones del contrato, como acredita el hecho de que la puntuación se asigne por las emisiones del año 2020, lo cual no tiene relación alguna con el objeto del contrato. Hay que tener en cuenta que los certificados de calidad en gestión en general y en gestión ambiental, no pueden ser considerados como criterios de adjudicación, en la medida en que se refieran a las características de la empresa, y no a las características de la prestación. Descargar resumen download

TACP Andalucía 276/2022. La naturaleza de una bolsa de horas extraordinarias que superen las fijadas en el PCAP como criterio de adjudicación y el necesario establecimiento de límites máximos: no constituyen mejoras (no suponen prestaciones adicionales y distintas), debiéndose fijar límites que impidan la realización de ofertas desproporcionadas y/o inviables, o, en su defecto, establecer parámetros de anormalidad conforme al artículo 149.2 LCSP. El criterio de adjudicación impugnado no constituye una mejora en el sentido estricto de prestaciones adicionales y distintas a las previstas en el contrato tal y como establece el artículo 145.7 de la LCSP. En el contrato se parte de un número total de horas anuales para la determinación del presupuesto base de licitación y del valor estimado, por lo que la oferta de un mayor número de horas -como bolsa adicional de horas- no supone en ninguno de los dos casos la realización de una prestación adicional y distinta a la definida en el contrato, ni por tanto le resulta de aplicación la regulación prevista en el precepto legal para las mejoras. La bolsa de horas debe respetar los requisitos legales establecidos en el artículo 145.5 de la LCSP, sin que la redacción de dicho criterio pueda propiciar la realización de ofertas desproporcionadas y/o inviables. La ausencia de límites podría compensarse a través del establecimiento de parámetros de anormalidad en los términos exigidos por el artículo 149.2 de la LCSP. Descargar resumen download

TCP Canarias 31/2022. Requisitos para emplear como criterio de adjudicación la reserva a través de la subcontratación con Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y/o empresas de inserción: se deberá justificar que cumple los requisitos del artículo 67 de la Directiva 2014/14/UE y 145 LCSP, en particular, su vinculación al objeto del contrato. El órgano de contratación, al establecer los criterios de adjudicación, hace uso de una potestad discrecional que, como tal, está sujeta a un control que se ejerce, fundamentalmente, a través de la motivación de su elección (artículo 116.4 de la LCSP). Un aspecto social que tenga esta finalidad (la subcontratación con los citados Centros o Empresas), por sí mismo, no constituye un criterio de adjudicación; para serlo deberá reunir los requisitos que son propios a cualquier criterio de adjudicación previstos, en primer lugar, en la Directiva 2014/14/UE (artículo 67) e interpretados por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; así como los previstos en los artículos 145 y 146 de la LCSP; haciendo especial hincapié en que dicho criterio social debe estar vinculado con el objeto del contrato. Descargar resumen download

OARC Euskadi 47/2022. Criterios de adjudicación “evaluables de forma automática mediante aplicación de fórmulas" + Oferta económica simbólica.

I. Criterios de adjudicación “evaluables de forma automática mediante aplicación de fórmulas": discrecionalidad en su fijación y vinculación absoluta en fase de selección de la oferta económicamente más ventajosa, sin que se pueda introducir ningún elemento subjetivo o juicio discrecional o valorativo. El rasgo principal de los criterios evaluables mediante fórmulas, es el de la ausencia total de margen de apreciación en la valoración de las ofertas, ya que la puntuación se deriva de la aplicación de una fórmula y el resultado de una fórmula no puede interpretarse, tan solo se calcula. Una vez que uno o varios de estos criterios se establecen, en unos pliegos firmes por consentidos, vinculan al poder adjudicador y a los participantes en la licitación, lo que no solo implica respetar su contenido, sino también su misma condición de criterio sujeto a fórmula. En este sentido, la sola clasificación de los criterios como automáticos tiene consecuencias procedimentales, como un orden concreto que debe seguirse para la apertura de las correspondientes ofertas y, lo que es más relevante, la prohibición radical de que en su aplicación el órgano de contratación pueda introducir ningún elemento subjetivo o juicio discrecional o valorativo, con el correlativo efecto de que los licitadores tienen el derecho a esperar que el procedimiento de adjudicación se conduzca en esos estrictos términos y no en otros distintos. Descargar resumen download

II. Oferta económica simbólica: los pliegos no la prohíben y la evaluación se ajusta a la fórmula prevista, sin que quepa penalizar a los licitadores por optimizar la puntuación de su oferta. No es una práctica empresarial inadecuada, ni existe fraude de ley, sino que es frecuente en el tráfico mercantil presentar ofertas simbólicas o a 0 euros; no hay obligación de repercutir todos los costes en cada precio unitario; las ofertas a 0 euros son aceptables, no tienen relación con el incumplimiento de las obligaciones salariales sin perjuicio de la apreciación de baja anormal; tampoco cabe penalizar a los licitadores por optimizar la puntuación de su oferta, dado que no hay un resultado contrario al Ordenamiento jurídico. Descargar resumen download

TACP Madrid 18/2022. La exigencia de experiencia en asesoramiento jurídico y urbanístico exclusivamente a las entidades locales como criterio de adjudicación: es un criterio claramente discriminatorio. La exigencia de que experiencia en asesoramiento jurídico y urbanístico se circunscriba exclusivamente a las entidades locales, otorgándoles un peso del 40% de la puntuación total, es claramente discriminatoria, otorgando una ventaja decisiva a aquellos licitadores que hayan asesorado previamente a entidades locales, frente a los que pueden tener una larga experiencia en los ámbitos del asesoramiento que se solicitan, pero que no hayan contratado previamente con dichas entidades. Los criterios de valoración controvertidos son efectivamente contrarios a Derecho porque, al valorar la experiencia en el asesoramiento jurídico y urbanístico solo cuando se hubieran elaborado para entidades públicas y no para sujetos privados, establece una ventaja a favor de licitadores que hubieran contratado previamente con el sector público. En consecuencia, debe ser anulado. Descargar resumen download

TACP Madrid 196/2022. La definición de las mejoras como criterio de adjudicación: necesidad de fijar límites cuantitativos (umbrales máximos o de saciedad) o establecer parámetros de anormalidad vinculados a dicho criterio que permitan apreciar la inviabilidad de las ofertas. Las mejoras como criterio de adjudicación, deberán estar suficientemente especificadas, resultando necesario establecer un límite máximo en la definición de las mejoras puntuables ya que, de no establecerse un umbral máximo en la dotación de personal operario, podría darse el caso de ofertas absolutamente desproporcionadas que no supongan una mejora real del contrato y además distorsionen la puntuación de las demás y repercutan en la viabilidad de las ofertas. La bolsa de horas debe respetar los requisitos legales establecidos en el artículo 145.7 de la LCSP, sin que la redacción de dicho criterio pueda propiciar la realización de ofertas desproporcionadas y/o inviables. Los límites podrían establecerse a través del establecimiento de parámetros de anormalidad vinculados al criterio mejora que no ha sido diseñado con umbral máximo, en los términos exigidos por el artículo 149.2 de la LCSP. Descargar resumen download

Comunicación de la UE | Adquisiciones sociales: una guía para considerar aspectos sociales en las contrataciones públicas (2.ª edición)

Para promover el uso de la contratación pública como herramienta para alcanzar objetivos de política social, la Comisión publicó una guía práctica para los compradores públicos.

La guía tiene por objeto concienciar a los compradores públicos de los posibles beneficios de la CPSR y explicar de manera práctica las oportunidades que ofrece el marco jurídico de la UE, incorporando sugerencias y ejemplos concretos que abarcan todo el proceso de contratación pública.

Acceder a la Guía UE sobre aspectos sociales en la contratación pública

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Sesión informativa La Fábrica de Pliegos (Next Generation + Reserva de contratos + Clasificación en caso de UTEs)