1989 - DIRECTIVA 21/12/89 Aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras (89/665/CEE)

 

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su apartado 100 A,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

En cooperación con el Parlamento Europeo (2),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),

Considerando que las directivas comunitarias en materia de contratos públicos y, en particular, la Directiva 71/305/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (4), modificada en último lugar por la Directiva 89/440/CEE (5), y la Directiva 77/62/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, de coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro (6), modificada en último lugar por la Directiva 88/295/CEE (7), no contienen disposiciones específicas que permitan garantizar su aplicación efectiva;

Considerando que los actuales mecanismos destinados a garantizar dicha aplicación, tanto en el plano nacional como en el plano comunitario, no permiten siempre velar por el respeto de las disposiciones comunitarias, en particular, en la fase en la que las infracciones de dichas disposiciones aún pueden corregirse;

Considerando que la apertura de los contratos públicos a la competencia comunitaria necesita un aumento sustancial de las garantías de transparencia y de no discriminación y que resulta importante, para que tenga efectos concretos, que existan medios de recurso eficaces y rápidos en caso de infracción del Derecho comunitario en materia de contratos públicos o de las normas nacionales que transpongan dicho Derecho;

Considerando que la ausencia de los medios de recursos eficaces o la insuficiencia de los medios de recursos existentes

en algunos Estados miembros tiene un efecto disuasorio sobre las empresas comunitarias a la hora de probar suerte en el Estado del poder adjudicador de que se trate; que es importante, por consiguiente, que los Estados miembros remedien esta situación;

Considerando que, dada la brevedad de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos, los organismos competentes para entender de los recursos deberán estar habilitados, en particular, para adoptar medidas provisionales encaminadas a suspender tal procedimiento o la ejecución de decisiones que el poder adjudicador podría eventualmente adoptar; que la brevedad de los procedimientos requiere un tratamiento urgente de las infracciones anteriormente mencionadas;

Considerando que es necesario garantizar en todos los Estados miembros procedimientos adecuados con miras a permitir la anulación de las decisiones ilegales y la indemnización de las personas perjudicadas por una infracción;

Considerando que, si las empresas no interponen recurso, no podrían corregirse determinadas infracciones, a no ser que se establezca un mecanismo específico;

Considerando que, por consiguiente, resulta importante que, cuando considere que se ha cometido una violación clara y manifiesta en un procedimiento de adjudicación de contrato público, la Comisión pueda intervenir ante las autoridades competentes del Estado miembro y el poder adjudicador de que se trate, con objeto de que adopten medidas adecuadas para obtener la rápida corrección de cualquier presunta infracción;

Considerando que deberá volver a examinarse la aplicación efectiva de las disposiciones de la presente Directiva antes de la expiración de un período de cuatro años posterior a su puesta en aplicación, basándose en informaciones que deberán proporcionar los Estados miembros acerca del funcionamiento de los procedimientos nacionales de re-

curso,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

1. Los Estados miembros tomarán, en lo relativo a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos comprendidos en el ámbito de aplicación de las Directivas 71/305/CEE y 77/62/CEE, las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por los poderes adjudicadores puedan ser recurridos de manera eficaz y, en particular, lo más rápidamente posible, en las condiciones establecidas en los artículos siguientes y, en especial, en el apartado 7 del artículo 2, con motivo de que dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos públicos o las normas nacionales de transposición del citado Derecho.

2. Los Estados miembros velarán para que entre las empresas que deban alegar un perjuicio en el marco de un procedimiento de adjudicación de contrato no se produzcan discriminaciones a causa de la distinción que hace la presente Directiva entre las normas nacionales que transponen el Derecho comunitario y las demás normas nacionales.

3. Los Estados miembros garantizarán que, con arreglo a modalidades que podrán determinar los Estados miembros, los procedimientos de recurso sean accesibles, como mínimo, a cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener un determinado contrato público de suministros o de obras y que se haya visto o pueda verse perjudicada por una presunta infracción. En particular, los Estados miembros podrán exigir que la persona que desee utilizar tal procedimiento haya informado previamente al poder adjudicador de la presunta infracción y de su intención de presentar recurso.

Artículo 2

1. Los Estados miembros velarán para que las medidas adoptadas en relación con los procedimientos de recurso contemplados en el artículo 1 prevean los poderes necesarios:

a) para adoptar, lo antes posible y mediante procedimiento de urgencia, medidas provisionales para corregir la infracción o para impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados, incluidas las medidas destinadas a suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato público en cuestión o la ejecución de cualquier decisión adoptada por los poderes adjudicadores;

b) para anular o hacer que se anulen las decisiones ilegales, incluida la supresión de las características técnicas, económicas o financieras discriminatorias contenidas en los documentos de licitación, en los pliegos de condiciones o en cualquier otro documento relacionado con el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión;

c) para conceder una indemnización por daños y perjuicios a las personas perjudicadas por una infracción.

2. Los poderes establecidos en el apartado 1 podrán conferirse a organismos distintos, responsables de aspectos diferentes de los procedimientos de recurso.

3. Por sí mismos, los procedimientos de recurso no deberán tener necesariamente efectos suspensivos automáticos en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos a los que se refieran.

4. Los Estados miembros podrán determinar que el organismo responsable, al estudiar si procede adoptar medidas provisionales, pueda tener en cuenta las consecuencias probables de dichas medidas para todos los intereses que puedan verse perjudicados, así como el interés general, y decidir no concederlas cuando las consecuencias negativas

pudieran superar sus ventajas. La decisión de no conceder estas medidas provisionales no prejuzgará los demás derechos reivindicados por la persona que solicite tales medidas.

5. Los Estados miembros podrán establecer que, cuando se reclamare una indemnización por daños y perjuicios alegando que la decisión se adoptó de forma ilegal, la decisión cuestionada debe ser anulada en primer término por un organismo que tenga la competencia necesaria a tal efecto.

6. Los efectos del ejercicio de los poderes contemplados en el apartado 1 en el contrato consecutivo a la adjudicación se determinarán con arreglo al Derecho nacional.

Además, excepto en caso de que la decisión deba anularse antes de conceder los daños y perjuicios, los Estados miembros podrán establecer que, una vez celebrado el contrato consecutivo a la adjudicación, los poderes del organismo responsable de los procedimientos de recurso se limiten a indemnizar por daños y perjuicios a cualquier persona perjudicada por una infracción.

7. Los Estados miembros velarán para que las decisiones adoptadas por los organismos responsables de los procedimientos de recurso puedan ser ejecutadas de modo eficaz.

8. Cuando los organismos responsables de los procedimientos de recurso no sean de carácter jurisdiccional, sus decisiones deberán ir siempre motivadas por escrito. Además, en ese caso, deberán adoptarse disposiciones para que cualquier medida presuntamente ilegal adoptada por el organismo de base competente o cualquier presunta infracción cometida en el ejercicio de los poderes que tiene conferidos, pueda ser objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso ante otro organismo que sea una jurisdicción en el sentido del artículo 177 del Tratado y que sea independiente en relación con el poder adjudicador y con el organismo de base.

El nombramiento de los miembros de este organismo independiente y la terminación de su mandato estarán sujetos a las mismas condiciones aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento, la duración de su mandato y su revocabilidad. Como mínimo, el presidente de este organismo independiente deberá poseer las mismas cualificaciones jurídicas y profesionales que un juez. Dicho organismo independiente adoptará sus decisiones previa realización de un procedimiento contradictorio y tales decisiones tendrán, por los medios que estipule cada Estado miembro, efectos jurídicos vinculantes.

Artículo 3

1. La Comisión podrá invocar el procedimiento previsto en el presente artículo cuando, antes de la celebración de un contrato, considere que se ha cometido una infracción clara y manifiesta de las disposiciones comunitarias en materia de contratos públicos durante un procedimiento de adjudicación de contrato comprendido en el ámbito de aplicación de las Directivas 71/305/CEE y 77/62/CEE.

2. La Comisión notificará al Estado miembro y al poder adjudicador de que se trate las razones por las cuales considera que se ha cometido una infracción clara y manifiesta y solicita su corrección.

3. Dentro de los veintiún días siguientes a la recepción de la notificación contemplada en el apartado 2, el Estado miembro de que se trate comunicará a la Comisión:

a) la confirmación de que se ha corregido la infracción; o

b) una respuesta motivada que explique por qué no se ha realizado ninguna corrección; o

c) una notificación que indique que el procedimiento de adjudicación del contrato se ha suspendido, por iniciativa del poder adjudicador o en el marco del ejercicio de los poderes previstos en la letra a) del apartado 1 del artículo 2.

4. La respuesta motivada de conformidad con la letra b) del apartado 3 podrá basarse, en particular, en el hecho de que la presunta infracción sea ya objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso como se contempla en el apartado 8 del artículo 2. En este caso, el Estado miembro informará a la Comisión del resultado de dichos procedimientos en cuanto tenga conocimiento de ello.

5. En el caso de una notificación que indique que un procedimiento de adjudicación de contratos se ha suspendido en las condiciones previstas en la letra c) del apartado 3, el Estado miembro notificará a la Comisión el levantamiento de la suspensión o el inicio de otro procedimiento de adjudicación de contrato vinculado, total o parcialmente, al procedimiento precedente. Dicha nueva notificación deberá confirmar que la presunta infracción se ha corregido o incluirá una respuesta motivada que explique por qué no se ha realizado ninguna corrección.

Artículo 4

1. Antes de la expiración de un período de cuatro años siguiente a la aplicación de la presente Directiva, la Comi-

sión, a través de consultas con el Comité consultivo para la contratación pública, reexaminará la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva y propondrá, en su caso, las modificaciones que juzgue necesarias.

2. Los Estados miembros comunicarán cada año a la Comisión, antes del 1 de marzo, informaciones sobre el funcionamiento de los procedimientos nacionales de recurso referidos al año precedente. La Comisión determinará, mediante consultas con el Comité consultivo para la contratación pública, la índole de tales informaciones.

Artículo 5

Los Estados miembros pondrán en vigor las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva antes del 21 de diciembre de 1991. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno, de orden legal, reglamentario y administrativo, que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 6

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 21 de diciembre de 1989.

Por el Consejo

El Presidente

E. CRESSON

(1) DO No C 230 de 28. 8. 1987, p. 6, y DO No C 15 de 19. 1. 1989, p. 8.

(2) DO No C 167 de 27. 6. 1988, p. 77, y DO No C 323 de 27. 12. 1989.

(3) DO No C 347 de 22. 12. 1987, p. 23.

(4) DO No L 185 de 16. 8. 1971, p. 5.

(5) DO No L 210 de 21. 7. 1989, p. 1.

(6) DO No L 13 de 15. 1. 1977, p. 1.

(7) DO No L 127 de 20. 5. 1988, p. 1.

 

DIRECTIVA 92/13/CEE DEL CONSEJO de 25 de febrero de 1992 relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 100 A,

Vista la propuesta de la Comisión(1) ,

En cooperación con el Parlamento Europeo(2) ,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social(3) .

Considerando que la Directiva 90/531/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de 1990, relativa a los procedimientos de formalización de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones(4) establece normas en materia de formalización de contratos destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades de los suministradores y contratistas potenciales, pero no contiene disposiciones específicas que permitan garantizar su aplicación efectiva;

Considerando que los actuales mecanismos destinados a garantizar dicha aplicación, tanto en el plano nacional como en el plano comunitario, no son siempre los adecuados;

Considerando que la ausencia de medios de recurso eficaces o la insuficiencia de los medios existentes puede tener un efecto disuasorio sobre las empresas comunitarias a la hora de presentar ofertas; que, por consiguiente, conviene que los Estados miembros remedien esta situación;

Considerando que la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras(5) , se limita a los procedimientos de formalización de contratos dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 71/305/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras(6) , cuya última modificación la constituye la Directiva 90/531/CEE, y de la Directiva 77/62/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, de coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro(7) , cuya última modificación la constituye la Directiva 90/531/CEE;

Considerando que la apertura a la competencia comunitaria de los contratos públicos en los sectores en cuestión implica la adopción de disposiciones para que los suministradores y los contratistas dispongan de procedimientos de recurso adecuados en caso de violación del Derecho comunitario en la materia o de las normas nacionales que transpongan este Derecho;

Considerando que es necesario establecer un refuerzo sustancial de las garantías de transparencia y de no discriminación y que resulta importante, para que tenga efectos concretos, disponer de medios de recurso eficaces y rápidos;

Considerando que conviene tener en cuenta las características específicas de determinados ordenamientos jurídicos y autorizar a los Estados miembros la elección entre diferentes opciones de efectos equivalentes en lo referente a los poderes de las instancias de recurso;

Considerando que una de estas opciones incluye el poder de intervenir directamente en los procedimientos de formalización de los contratos de las entidades contratantes, por ejemplo, suspendiendo estos procedimientos o bien anulando decisiones o cláusulas discriminatorias en documentos o publicaciones;

Considerando que la otra opción establece el poder de ejercer una presión indirecta efectiva sobre las entidades contratantes con el fin de que éstas remedien cualquier violación o de que se abstengan de cometerlas, y también con el fin de que no se causen perjuicios;

Considerando que siempre debe existir la posibilidad de interponer una demanda de daños y perjuicios;

Considerando que, cuando una persona presente una demanda de daños y perjuicios por los gastos realizados con ocasión de la preparación de una oferta o de la participación en un procedimiento de formalización de un contrato, no se le exigirá, para obtener el reembolso de dichos gastos, que pruebe que en ausencia de esta violación se le habría adjudicado el contrato;

Considerando que sería útil disponer que las entidades contratantes que cumplan con las normas en materia de formalización de contratos, puedan darlo a conocer por medios adecuados; que esto supone un examen, por personas independientes, de los procedimientos y prácticas de las entidades contratantes;

Considerando que, a estos efectos, es apropiado un sistema de certificación, que contemple una declaración referente a la aplicación correcta de las normas en materia de formalización de contratos, bajo la forma de un anuncio publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Considerando que las entidades contratantes deben tener la posibilidad de recurrir al sistema de certificación si lo desean; que los Estados miembros deben darles esta posibilidad; que, a estos efectos, podrán, bien establecer ellos mismos el sistema, o bien permitir a las entidades contratantes la posibilidad de recurrir a un sistema de certificación establecido por otro Estado miembro; que pueden confiar la responsabilidad de efectuar el examen previsto por el sistema de certificación a personas, a profesiones o al personal de instituciones;

Considerando que la flexibilidad necesaria en el establecimiento de dicho sistema queda garantizada mediante la definición de sus características esenciales indicada en la presente Directiva; que las modalidades precisas de su funcionamiento deberían fijarse en normas europeas a las que hace referencia la presente Directiva;

Considerando que los Estados miembros pueden tener necesidad de fijar modalidades de este tipo antes de la adopción de las normas que figuran en las normas europeas, o bien además de estas normas;

Considerando que, si las empresas no interponen recurso, no podrán corregirse determinadas violaciones, a no ser que se establezca un mecanismo específico;

Considerando que, por consiguiente, resulta importante que, cuando considere que se ha cometido una violación clara y manifiesta en un procedimiento de formalización de contrato, la Comisión pueda llamar la atención de las autoridades competentes del Estado miembro y de la entidad contratante de que se trate, con objeto de que adopten las medidas apropiadas para obtener la rápida corrección de esta violación;

Considerando que es necesario establecer la posibilidad de un mecanismo de conciliación en el plano comunitario para permitir el arreglo amistoso de las controversias;

Considerando que deberá volver a examinarse la aplicación efectiva de la presente Directiva al mismo tiempo que la de la Directiva 90/531/CEE, basándose en la información que deberán proporcionar los Estados miembros acerca del funcionamiento de los procedimientos nacionales de recurso;

Considerando que la presente Directiva debe ser aplicada al mismo tiempo que la Directiva 90/531/CEE;

Considerando que conviene conceder al Reino de España, a la República Helénica y a la República Portuguesa períodos adicionales adecuados para transponer la presente Directiva, teniendo en cuenta las fechas de aplicación de la Directiva 90/531/CEE en estos países,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO 1 Vías de recurso en el plano nacional

Artículo 1

1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades contratantes puedan ser recurridas de manera eficaz y, en particular, lo más rápidamente posible, en las condiciones establecidas en los artículos siguientes y, especialmente, en el apartado 8 del artículo 2, cuando dichas decisiones hayan violado el Derecho comunitario en materia de formalización de contratos o las normas nacionales de transposición del citado Derecho en lo que se refiere:

a) a los procedimientos de formalización de contratos que entren en el ámbito de la Directiva 90/531/CEE; y

b) al respeto de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 3 de dicha Directiva, en el caso de las entidades contratantes sujetas a esta disposición.

2. Los Estados miembros velarán para que, entre las empresas que puedan alegar un perjuicio en el marco de un procedimiento de formalización de contrato, no se produzcan discriminaciones a causa de la distinción que hace la presente Directiva entre las normas nacionales que transponen el Derecho comunitario y las demás normas nacionales.

3. Los Estados miembros garantizarán que, con arreglo a modalidades que podrán determinar los Estados miembros, los procedimientos de recurso sean accesibles, como mínimo, a cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener un determinado contrato y que se haya visto o pueda verse perjudicada por una presunta violación. En particular, los Estados miembros podrán exigir que la persona que desee utilizar tal procedimiento haya informado previamente a la entidad contratante de la presunta violación y de su intención de interponer recurso.

Artículo 2

1. Los Estados miembros velarán para que la medidas adoptadas en relación con los procedimientos de recurso contemplados en el artículo 1 dispongan los poderes necesarios para:

o bien

a) adoptar, lo antes posible y mediante procedimiento de urgencia, medidas provisionales para corregir la presunta violación o para impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados, incluidas medidas destinadas a suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento de formalización de contrato en cuestión o la ejecución de cualquier decisión adoptada por la entidad contratante; y

b) anular o hacer que se anulen las decisiones ilegales, incluida la supresión de las características técnicas, económicas o financieras discriminatorias contenidas en el anuncio de licitación, el anuncio periódico indicativo, el anuncio sobre la existencia de un sistema de calificación, la convocatoria de licitación, los pliegos de condiciones o en cualquier otro documento relacionado con el procedimiento de formalización de contrato en cuestión;

o bien

c) adoptar, a la mayor brevedad, a ser posible mediante procedimiento de urgencia o, si fuese necesario, mediante procedimiento definitivo en cuanto al fondo, medidas distintas a las consideradas en las letras a) y b) que tengan por objeto corregir la violación comprobada e impedir que se causen perjuicios a los intereses afectados; en particular, emitir una orden de pago de una cantidad determinada en caso de que la infracción no sea corregida o evitada.

Los Estados miembros podrán efectuar dicha elección bien para el conjunto de las entidades contratantes, o bien para categorías de entidades definidas a partir de criterios objetivos, salvaguardando en todo caso la eficacia de las medidas establecidas con el fin de impedir que se cause un perjuicio a los intereses afectados;

d) y, en los dos casos antes mencionados, conceder una indemnización por daños y perjuicios a las personas perjudicadas por la violación.

Cuando se reclamen indemnizaciones por daños y perjuicios debido a que se haya adoptado una decisión de forma ilegal, los Estados miembros podrán establecer que, cuando su sistema de Derecho interno lo requiera y disponga de las instancias con competencia necesaria a estos efectos, la decisión cuestionada debe anularse en primer lugar o declararse ilegal.

2. Los poderes mencionados en el apartado 1 podrán conferirse a instancias distintas, responsables de aspectos diferentes de los procedimientos de recurso.

3. Por sí mismos, los procedimientos de recurso no deberán tener necesariamente efectos suspensivos automáticos en los procedimientos de formalización de contratos a los que se refieran.

4. Los Estados miembros podrán determinar que la instancia responsable, al estudiar si procede adoptar las medidas cautelares, pueda tener en cuenta las probables consecuencias de dichas medidas para todos los intereses que puedan verse perjudicados, así como el interés general, y decidir desestimarlas cuando las consecuencias negativas pudieran superar a sus ventajas. La decisión desestimatoria de estas medidas cautelares no prejuzgará los demás derechos reivindicados por la persona que solicite tales medidas.

5. La cantidad que se haya de pagar con arreglo a la letra c) del apartado 1 deberá fijarse en un nivel lo suficientemente elevado para disuadir a la entidad contratante de cometer una infracción o de continuar cometiéndola. El pago podrá supeditarse a una decisión final de la que resulte que se ha cometido la violación.

6. Los efectos del ejercicio de las facultades contempladas en el apartado 1 sobre un contrato subsiguiente a una adjudicación se determinarán con arreglo al Derecho nacional. Además, excepto en el caso de que la decisión deba anularse antes de conceder la indemnización por daños y perjuicios, un Estado miembro podrá disponer que, una vez celebrado un contrato subsiguiente a una adjudicación, los poderes de la instancia responsable de los procedimientos de recurso se limiten a conceder la indemnización por daños y perjuicios a cualquier persona perjudicada por una violación.

7. Cuando una persona interponga una demanda por daños y perjuicios por los gastos habidos en la preparación de una oferta o la participación en un procedimiento de formalización, únicamente se le exigirá que pruebe que ha habido violación del Derecho comunitario en materia de formalización de contratos o de las normas nacionales que transponen este Derecho, y que hubiera tenido una posibilidad real de obtener el contrato, posibilidad que se ha visto comprometida debido a esta violación.

8. Los Estados miembros velarán para que las decisiones adoptadas por las instancias responsables de los procedimientos de recurso puedan ser ejecutadas de modo eficaz.

9. Cuando las instancias responsables de los procedimientos de recurso no sean de carácter jurisdiccional, sus decisiones deberán estar siempre motivadas por escrito. Además, en tal caso, deberán adoptarse disposiciones para garantizar los procedimientos mediante los cuales cualquier medida presuntamente ilegal adoptada por la instancia de base o cualquier presunto incumplimiento cometido en el ejercicio de los poderes que se le otorgan, puedan ser objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso ante otra instancia que sea una jurisdicción en el sentido del artículo 177 del Tratado y que sea independiente tanto con respecto a la entidad contratante como con respecto a la instancia de base.

El nombramiento de los miembros de esta instancia independiente y la terminación de su mandato estarán sujetos a las mismas condiciones que las aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento, la duración de su mandato y su revocabilidad. Al menos el presidente de esta instancia independiente deberá poseer las mismas cualificaciones jurídicas y profesionales que un juez. La instancia independiente adoptará sus decisiones previa realización de un procedimiento contradictorio y estas decisiones tendrán, por los medios que estipule cada Estado miembro, efectos jurídicos vinculantes.

CAPÍTULO 2 Certificados

Artículo 3

Los Estados miembros ofrecerán a las entidades contratantes la posibilidad de recurrir a un sistema de certificación conforme a las disposiciones de los artículos 4 a 7.

Artículo 4

Las entidades contratantes podrán ordenar que periódicamente se examinen los procedimientos de formalización de contratos incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 90/531/CEE, así como su aplicación práctica, con el fin de obtener un certificado en el que se haga constar que, en ese momento, dichos procedimientos se ajustan al derecho comunitario en materia de formalización de contratos y a las normas nacionales que incorporan este derecho.

Artículo 5

1. Los responsables de la emisión de los certificados presentarán un informe escrito por cuenta de las entidades contratantes sobre los resultados de su examen. Antes de emitir el certificado contemplado en el artículo 4 a la entidad contratante, los responsables de la emisión comprobarán que las posibles irregularidades observadas en los procedimientos de formalización de contratos o en la aplicación práctica de éstos han sido corregidas y que se han tomado medidas para evitar que se repitan.

2. Las entidades contratantes que hayan obtenido el certificado podrán incluir la siguiente declaración en sus anuncios, que deberán publicar en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, en virtud de los artículos 16 a 18 de la Directiva 90/531/CEE:

«La entidad contratante ha obtenido un certificado conforme a la Directiva 92/13/CEE del Consejo, en el que se hace constar que, con fecha de . . ., sus procedimientos de formalización de contratos y su aplicación práctica se ajustan al derecho comunitario en materia de formalización de contratos y a las normas nacionales que incorporan este derecho».

Artículo 6

1. Los responsables de la emisión de los certificados serán independientes de las entidades contratantes y deberán ejercer sus funciones de forma objetiva. Garantizarán de forma apropiada poseer la cualificación y la experiencia profesionales pertinentes.

2. Las personas, las profesiones o el personal de instituciones llamados a ejercer las funciones de responsable de la emisión de certificados podrán ser designados por el Estado miembro interesado cuando éste considere que responden a los requisitos que figuran en el apartado 1. Para ello, los Estados miembros podrán exigir las cualificaciones profesionales que estimen pertinentes y que habrán de corresponder como mínimo a un diploma de enseñanza superior en los términos establecidos en la Directiva 89/48/CEE(8) o bien estipular que determinados exámenes de aptitud profesional organizados o reconocidos por el Estado en cuestión ofrezcan dichas garantías.

Artículo 7

En la elaboración de las normas europeas referentes a la certificación, las disposiciones de los artículos 4, 5 y 6 se considerarán requisitos esenciales.

CAPÍTULO 3 Mecanismo corrector

Artículo 8

1. La Comisión podrá invocar los procedimientos previstos en el presente artículo siempre que, previamente a la celebración de un contrato, considere que durante un procedimiento de formalización de un contrato comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 90/531/CEE o en relación con la letra a) del apartado 2 del artículo 3 de dicha Directiva, ha sido cometida una violación clara y manifiesta de las disposiciones comunitarias en materia de contratos por parte de las entidades contratantes a las que se aplica esta disposición.

2. La Comisión notificará al Estado miembro y a la entidad contratante de que se trate las razones que le hayan inducido a pensar que se ha cometido una violación clara y manifiesta y solicitará que ésta sea corregida por los medios adecuados.

3. En un plazo de treinta días a partir de la recepción de la notificación contemplada en el apartado 2, el Estado miembro de que se trate comunicará a la Comisión:

a) la confirmación de que se ha corregido la violación,

b) una respuesta motivada en la que se indique por qué no se ha efectuado corrección alguna, o

c) una notificación en la que se indique que el procedimiento de formalización del contrato ha sido suspendido por iniciativa de la entidad contratante o en el marco del ejercicio de los poderes previstos en la letra a) del apartado 1 del artículo 2.

4. La respuesta motivada contemplada en la letra b) del apartado 3 podrá basarse, en particular, en el hecho de que la supuesta violación sea ya objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso contemplado en el apartado 9 del artículo 2. En tal caso, el Estado miembro informará a la Comisión del resultado de estos procedimientos en cuanto tenga conocimiento de ello.

5. En caso de que se notifique que un procedimiento de formalización de un contrato ha sido suspendido en las condiciones establecidas en la letra c) del apartado 3, el Estado miembro notificará a la Comisión el levantamiento de la suspensión o el inicio de otro procedimiento de formalización del contrato relacionado, total o parcialmente, con el procedimiento anterior. Esta nueva notificación confirmará que la presunta violación ha sido corregida o incluirá una respuesta motivada que explique por qué no se ha efectuado ninguna corrección.

CAPÍTULO 4 Conciliación

Artículo 9

1. Cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener un contrato comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 90/531/CEE y que, en el marco del procedimiento de formalización de dicho contrato, estime que ha sido perjudicado o que puede ser perjudicado, a raíz del no cumplimiento del derecho comunitario en materia de formalización de contratos o de las normas nacionales que incorporan dicho derecho, podrá solicitar el procedimiento de conciliación establecido en los artículos 10 y 11.

2. La solicitud contemplada en el apartado 1 se dirigirá por escrito a la Comisión o a las autoridades nacionales enumeradas en el Anexo. Dichas autoridades la transmitirán lo antes posible a la Comisión.

Artículo 10

1. Si la Comisión estima, sobre la base de la solicitud contemplada en el artículo 9, que la controversia se refiere a la aplicación correcta del derecho comunitario, invitará a la entidad contratante a que declare si está dispuesta a participar en el procedimiento de conciliación. Si dicha entidad rehusara participar en el mismo, la Comisión informará a la persona que presentó la solicitud de que no puede iniciarse el procedimiento. Si la entidad contratante da su acuerdo, serán aplicables las disposiciones de los apartados 2 a 7.

2. La Comisión propondrá, con la mayor celeridad, un conciliador que figurará en una lista de personas independientes acreditadas a tal fin. Esta lista será elaborada por la Comisión, previa consulta al Comité consultivo de contratos públicos o, en caso de entidades contratantes cuyas actividades se definen en la letra d) del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 90/531/CEE, previa consulta al Comité consultivo de contratos de telecomunicaciones.

Cada una de las partes llamadas al procedimiento de conciliación declarará si acepta al conciliador y nombrará un conciliador suplementario. Los conciliadores podrán invitar como máximo a otras dos personas en calidad de expertos para aconsejarles en sus trabajos. Las partes en el procedimiento y la Comisión podrán recusar a los expertos invitados por los conciliadores.

3. Los conciliadores darán la posibilidad de presentar una exposición de los hechos, de manera oral o escrita, a la persona que invoque la aplicación del procedimiento de conciliación, a la entidad contratante y a cualquier otro candidato o licitador que participe en el procedimiento de formalización del contrato en cuestión.

4. Los conciliadores procurarán alcanzar un acuerdo entre las partes, conforme al derecho comunitario, en el más breve plazo.

5. Los conciliadores informarán a la Comisión de sus conclusiones y del resultado obtenido.

6. La persona que ha invocado la aplicación del procedimiento de conciliación y la entidad contratante tendrán derecho a poner fin al procedimiento en cualquier momento.

7. A menos que las partes decidan lo contrario, la persona que ha invocado la aplicación del procedimiento de conciliación y la entidad contratante correrán con sus propios gastos. Además, correrá cada una con la mitad de los gastos del procedimiento, con exclusión de los gastos de las partes que intervengan.

Artículo 11

1. Si, en el marco de un procedimiento determinado de formalización de contrato, una persona interesada, en el sentido del artículo 9, distinta de la que haya invocado la aplicación del procedimiento de conciliación, ha interpuesto un recurso jurisdiccional u otro recurso en el sentido de la presente Directiva, la entidad contratante informará de ello a los conciliadores. Éstos informarán a dicha persona de que se ha invocado la aplicación del procedimiento de conciliación y la invitarán a que indique, dentro de un determinado plazo, si acepta participar en el procedimiento. Si esta persona rehúsa participar, los conciliadores podrán decidir, en su caso por mayoría, la finalización del procedimiento de conciliación cuando estimen que la participación de dicha persona es necesaria para resolver la controversia. Notificarán esta decisión a la Comisión, exponiendo los motivos.

2. Las medidas tomadas en aplicación del presente capítulo no afectarán:

a) a las medidas que la Comisión o cualquier Estado miembro pueda tomar en aplicación de los artículos 169 o 170 del Tratado o en aplicación del capítulo 3 de la presente Directiva;

b) a los derechos de la persona que ha invocado la aplicación del procedimiento de conciliación, a los de la entidad contratante o a los de cualquier otra persona.

CAPÍTULO 5 Disposiciones finales

Artículo 12

1. Antes de la expiración de un período de cuatro años siguientes a la aplicación de la presente Directiva, la Comisión, en consulta con el Comité consultivo de contratos públicos, volverá a examinar la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva, y en particular la utilización de las normas europeas y propondrá, en su caso, las modificaciones que juzgue necesarias.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión cada año antes del 1 de marzo datos sobre el funcionamiento de los procedimientos nacionales de los recursos interpuestos durante el año civil anterior. La Comisión determinará, en consulta con el Comité consultivo de contratos públicos, la naturaleza de dichos datos.

3. Para las cuestiones relativas a las entidades contratantes cuyas actividades se definen en la letra d) del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 90/531/CEE, la Comisión consultará también al Comité consultivo de contratos de telecomunicaciones.

Artículo 13

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva antes del 1 de enero de 1993. El Reino de España adoptará estas medidas a más tardar el 30 de junio de 1995. La República Helénica y la República Portuguesa adoptarán estas medidas a más tardar el 30 de junio de 1997. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros pondrán en vigor las medidas contempladas en el párrafo primero del apartado 1 en las mismas fechas que las que se establecen en la Directiva 90/531/CEE.

3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 14

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 25 de febrero de 1992.

Por el Consejo El Presidente Vitor MARTINS

(1) DO no C 216 de 31. 8. 1990, p. 8; y DO no C 179 de 10. 7. 1991, p. 18.

(2) DO no C 106 de 22. 4. 1991, p. 82; y DO no C 39 de 17. 2. 1992.

(3) DO no C 60 de 8. 3. 1991, p. 16.

(4) DO no L 297 de 29. 10. 1990, p. 1.

(5) DO no L 395 de 30. 12. 1989, p. 33.

(6) DO no L 185 de 16. 8. 1971, p. 5.

(7) DO no L 13 de 15. 1. 1977, p. 1.

(8) DO no L 19 de 24. 1. 1989, p. 16.

ANEXO

Autoridades nacionales a las que pueden enviarse las solicitudes de aplicación del procedimiento de conciliación contempladas en el artículo 9 En Bélgica Services du Premier Ministre. Diensten Van de Eerste Minister.

Ministère des Affaires économiques. Ministerie van Economische Zaken.

En Dinamarca Industri - og Handelsstyrelsen (pour les fournitures). Boligministeriet (pour les travaux).

En Alemania Bundesministerium fuer Wirtschaft.

En Grecia Ypoyrgeio Viomichanias, Energeias kai Technogias Ypoyrgeio Emporioy

Ypoyrgeio Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon.

En España Ministerio de Economía y Hacienda.

En Francia Commission centrale des marchés.

En Irlanda Department of Finance.

En Italia Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Comunitarie.

En Luxemburgo Ministère des travaux publics.

En los Países Bajos Ministerie van Economische Zaken.

En Portugal Conselho de mercado de obras públicas e particulares.

En el Reino Unido H. M. Treasury

 

 

Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 2 de su artículo 47 y los artículos 55 y 95,

Vista la propuesta de la Comisión(1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(2),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones(3),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(4), a la luz del texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación el 9 de diciembre de 2003,

Considerando lo siguiente:

(1) Ante las nuevas modificaciones a la Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones(5), necesarias para responder a las solicitudes de simplificación y modernización formuladas tanto por las entidades adjudicadoras como por los operadores económicos en las respuestas al Libro Verde adoptado por la Comisión Europea el 27 de noviembre de 1996, conviene, por razones de claridad, proceder a su refundición. La presente Directiva está basada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular la relativa a los criterios de adjudicación, que clarifica las posibilidades con que cuentan las entidades adjudicadoras para atender las necesidades de los ciudadanos afectados, sin excluir el ámbito medioambiental o social, siempre y cuando dichos criterios estén vinculados al objeto del contrato, no otorguen a la entidad adjudicadora una libertad de elección ilimitada, estén expresamente mencionados y se atengan a los principios fundamentales enumerados en el considerando 9.

(2) Un motivo importante para introducir normas sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos en estos sectores se deriva de los diversos modos en que las autoridades nacionales pueden influir en el comportamiento de estas entidades, en particular mediante la participación en su capital o una representación en sus órganos de administración, gestión o supervisión.

(3) Otro de los motivos principales por los que es necesaria una coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos que aplican las entidades que operan en estos sectores es el carácter cerrado de los mercados en que actúan, debido a la concesión por los Estados miembros de derechos especiales o exclusivos para el suministro, la puesta a disposición, o la explotación de redes para la prestación del servicio de que se trate.

(4) La normativa comunitaria, y en particular los Reglamentos (CEE) nº 3975/87 del Consejo, de 14 de diciembre de 1987 por el que se establecen las normas de desarrollo de las reglas de competencia para empresas del sector del transporte aéreo(6) y (CEE) nº 3976/87 de 14 de diciembre de 1987 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos y prácticas concertadas en el sector del transporte aéreo(7), tienen como objetivo introducir una mayor competencia entre las empresas que prestan servicios de transporte aéreo al público. Por consiguiente, no conviene incluir estas entidades en la presente Directiva. Habida cuenta de la competencia existente en los transportes marítimos comunitarios, resultaría asimismo inadecuado someter los contratos adjudicados en dicho sector a las normas de la presente Directiva.

(5) El ámbito de aplicación de la Directiva 93/38/CEE abarca actualmente determinados contratos celebrados por entidades adjudicadoras que operan en el sector de las telecomunicaciones. Se ha adoptado un marco legislativo, mencionado en el cuarto informe sobre la aplicación del conjunto de medidas reguladoras de las telecomunicaciones, de 25 de noviembre de 1998, a fin de abrir el sector de las telecomunicaciones. Una de sus consecuencias ha sido la introducción de una competencia efectiva, tanto de iure como de facto, en dicho sector. A título informativo, y habida cuenta de dicha situación, la Comisión ha publicado una lista(8) de los servicios de telecomunicaciones que pueden ser ya excluidos del ámbito de aplicación de dicha Directiva con arreglo a su artículo 8. En el séptimo informe sobre la aplicación del conjunto de medidas reguladoras de las telecomunicaciones, de 26 de noviembre de 2001, se han confirmado progresos adicionales. Ya no es necesario, por tanto, que se regulen las compras de las entidades que operan en este sector.

(6) Por consiguiente, ya no es conveniente mantener el Comité consultivo de contratos en el sector de las telecomunicaciones creado por la Directiva 90/531/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de 1990, relativa a los procedimientos de formalización de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones(9).

(7) No obstante, procede seguir vigilando la evolución del mercado de las telecomunicaciones y volver a examinar la situación si se observa que ya no existe una competencia efectiva en este sector.

(8) La Directiva 93/38/CEE excluye de su ámbito de aplicación los contratos de servicios de telefonía de voz, télex, radiotelefonía móvil, buscapersonas y telecomunicación por satélite. Tales exclusiones se introdujeron para tomar en consideración el hecho de que, con frecuencia, en una zona dada los servicios en cuestión sólo podía suministrarlos un único proveedor, debido a la ausencia de competencia efectiva y a la existencia de derechos especiales o exclusivos. La introducción de una competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones hace que estas exclusiones no tengan fundamento. Por consiguiente, es necesario integrar la adjudicación de tales servicios de telecomunicaciones en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

(9) A fin de garantizar la apertura a la competencia de los contratos públicosadjudicados por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, el transporte y los servicios postales, es conveniente elaborar a escala comunitaria disposiciones de coordinación aplicables a los contratos por importes superiores a una determinada cantidad. Dicha coordinación se basa en los requisitos derivados de los artículos 14, 28 y 49 del Tratado CE y del artículo 97 del Tratado Euratom, esto es, en los principios de igualdad de trato, del que el principio de no discriminación no es sino una expresión concreta, de reconocimiento mutuo y de proporcionalidad, así como en el principio de transparencia. Esta coordinación, habida cuenta de la naturaleza de los sectores a los que afecta, y respetando la aplicación de estos principios, debe crear un marco para el desarrollo de prácticas comerciales leales y debe permitir la máxima flexibilidad.

Para los contratos públicos cuyo importe sea inferior al que hace necesaria la aplicación de las disposiciones sobre coordinación comunitaria, conviene recordar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia conforme a la cual son aplicables las normas y principios del Tratado antes mencionados.

(10) Para garantizar una verdadera apertura del mercado y un justo equilibrio en la aplicación de las normas de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales es necesario que las entidades a las que se apliquen se definan de manera distinta, sin basar dicha definición en la referencia a su régimen jurídico. Por tanto, hay que velar por que no se atente contra la igualdad de trato entre las entidades adjudicadoras del sector público y del sector privado. También es necesario asegurarse de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 295 del Tratado, no se prejuzgue el régimen de la propiedad en los Estados miembros.

(11) Los Estados miembros deben velar por que la participación en un procedimiento de adjudicación de un contrato de un licitador que sea una entidad de derecho público no cause distorsión de la competencia con respecto a licitadores privados.

(12) Según lo dispuesto en el artículo 6 del Tratado, las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Comunidad a que se refiere el artículo 3 del Tratado, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible. La presente Directiva, por tanto, precisa la manera en que las entidades adjudicadoras pueden contribuir a la protección del medio ambiente y al fomento del desarrollo sostenible, garantizando al mismo tiempo la posibilidad de obtener para sus contratos la mejor relación calidad/precio.

(13) Ninguna disposición en la presente Directiva debe impedir la imposición o aplicación de medidas necesarias para proteger el orden, la seguridad y la moralidad públicos, la salud, la vida y la salud humana y animal y la conservación de las especies vegetales, en particular teniendo en cuenta el desarrollo sostenible, siempre que dichas medidas sean conformes con el Tratado.

(14) La Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994. relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994)(10) aprobó, en particular, el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre contratación pública, denominado en lo sucesivo Acuerdo, cuya finalidad es establecer un marco multilateral de derechos y obligaciones equilibrados en materia de contratación pública, con miras a conseguir la liberalización y la expansión del comercio mundial. Habida cuenta de los derechos y compromisos internacionales resultantes para la Comunidad de la aceptación del acuerdo, el régimen aplicable a los licitadores y a los productos de los terceros países signatarios es el que se determina en aquél. El Acuerdo no tiene efecto directo. Las entidades adjudicadoras que contempla el Acuerdo que cumplan la presente Directiva y que la apliquen a los operadores económicos de terceros países signatarios del Acuerdo deben respetar por tanto dicho Acuerdo. Conviene igualmente que la presente Directiva garantice a los operadores económicos de la Comunidad condiciones de participación en los contratos públicos tan favorables como las reservadas a los operadores económicos de los terceros países signatarios del Acuerdo.

(15) Antes del inicio de un procedimiento de adjudicación de un contrato, las entidades adjudicadoras pueden, recurriendo a un "diálogo técnico" solicitar o aceptar asesoramiento que pueda utilizarse para preparar el pliego de condiciones, a condición de que dicho asesoramiento no impida la competencia.

(16) Habida cuenta de las diferencias que presentan los contratos de obras, las entidades adjudicadoras deben poder prever tanto la adjudicación por separado como la adjudicación conjunta de contratos de elaboración de proyectos y de ejecución de las obras. La presente Directiva no pretende imponer una adjudicación conjunta o separada. La decisión relativa a una adjudicación separada o conjunta debe basarse en criterios cualitativos y económicos que podrán definirse en las legislaciones nacionales.

Un contrato sólo se podrá considerar un contrato de obras si su objeto abarca específicamente la ejecución de alguna de las actividades que se detallan en el anexo XII, incluso si el contrato incluye otros servicios necesarios para la ejecución de dichas actividades. Los contratos de servicios, especialmente en el ámbito de los servicios de gestión de propiedades, podrán, en determinados casos, incluir obras; sin embargo dichas obras, siempre que sean accesorias y no constituyan sino una posible consecuencia o un complemento del objeto principal del contrato, no podrán justificar la calificación del contrato como contrato de obras.

A efectos de calcular el valor estimado del contrato de obras conviene tomar como base el valor de las propias obras, así como el valor estimado de los suministros y los servicios, en su caso, que las entidades adjudicadoras pongan a disposición de los contratistas, en la medida en que dichos servicios o suministros sean necesarios para la ejecución de las obras de que se trate. A dicho efecto, ha de entenderse que los servicios referidos son los que las entidades adjudicadoras prestan recurriendo a su propio personal. Por otra parte, el cálculo del valor de los contratos de servicios, tanto si están puestos a disposición de un contratista para la subsiguiente ejecución de las obras como si no lo están, se atendrá a las normas aplicables a los contratos de servicios.

(17) A efectos de la aplicación de las normas de procedimiento previstas en la presente Directiva y con vistas a la supervisión, la mejor definición del área cubierta por los servicios consiste en subdividirlos en categorías que correspondan a partidas determinadas de una clasificación común y reunirlos en dos anexos, XVII A y XVII B, según el régimen a que estén sometidos. Por lo que se refiere a los servicios recogidos en el anexo XVII B, las disposiciones pertinentes de la presente Directiva deben entenderse sin perjuicio de la aplicación de las normas comunitarias específicas a dichos servicios.

(18) En lo relativo a los contratos de servicios, la aplicación plena de la presente Directiva debe limitarse, durante un período transitorio, a los contratos en relación con los cuales las disposiciones de la presente Directiva permitan el pleno desarrollo del potencial de crecimiento del comercio más allá de las fronteras. Deben vigilarse durante el período transitorio los contratos de los demás servicios, antes de que se adopte una decisión sobre la aplicación íntegra de la presente Directiva. A este respecto, es preciso determinar el mecanismo de esa vigilancia. Dicho mecanismo debe permitir al mismo tiempo que los interesados tengan acceso a la información en la materia.

(19) Es necesario evitar las trabas a la libre prestación de servicios. Por lo tanto, los prestadores de servicios pueden ser personas físicas o jurídicas. La presente Directiva no afecta, sin embargo, a la aplicación, a escala nacional, de las normas relativas a las condiciones de ejercicio de una actividad o de una profesión, siempre que éstas sean compatibles con el Derecho comunitario.

(20) Se están desarrollando constantemente nuevas técnicas electrónicas de compra. Dichas técnicas permiten ampliar la competencia y mejorar la eficacia del sistema público de pedidos, en particular mediante el ahorro de tiempo y dinero que entraña su utilización. Las entidades adjudicadoras pueden utilizar técnicas electrónicas de compra, siempre que su utilización se realice respetando las normas establecidas por la presente Directiva y los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia. A tal efecto, una licitación presentada por un licitador, en particular con arreglo a un acuerdo marco o en los casos en que se recurra a un sistema dinámico de adquisición, podrá realizarse en forma de un catálogo electrónico de dicho licitador si éste utiliza los medios de comunicación seleccionados por la entidad adjudicadora con arreglo al artículo 48.

(21) Habida cuenta de la rápida expansión de los sistemas electrónicos de compra, conviene fijar desde ahora normas adecuadas que permitan a las entidades adjudicadoras sacar el máximo provecho de las posibilidades que estos sistemas ofrecen. En ese sentido, conviene definir un sistema dinámico de adquisición totalmente electrónico para las compras corrientes, y establecer normas específicas para llevar a la práctica y regular el funcionamiento de dicho sistema, a fin de garantizar que todo operador económico que desee participar en el mismo reciba un trato equitativo. Cualquier operador económico debe poder integrarse en un sistema de este tipo si presenta una oferta indicativa conforme con el pliego de condiciones y cumple los criterios de selección. Esta técnica de adquisición permitirá a las entidades adjudicadoras, mediante la creación de una lista de licitadores ya aceptados y la posibilidad ofrecida a nuevos licitadores de integrarse en ella, disponer de una gama especialmente amplia de ofertas gracias a los medios electrónicos utilizados y, por consiguiente, garantizar una utilización óptima de los fondos mediante una amplia competencia.

(22) Dado que las subastas electrónicas constituyen una técnica llamada a extenderse, conviene dar una definición comunitaria de estas subastas y delimitarlas mediante normas específicas a fin de garantizar que se desarrollan dentro del pleno respeto de los principios de igualdad de trato, de no discriminación y de transparencia. A tal fin es conveniente prever que dichas subastas electrónicas sólo afecten a contratos de obras, de suministros o de servicios para los que las especificaciones puedan establecerse de manera precisa. Tal puede ser el caso, en particular, de los contratos recurrentes de suministros, obras y servicios. Con la misma finalidad, conviene prever también que la clasificación respectiva de los licitadores pueda establecerse en cada momento de la subasta electrónica. El recurso a las subastas electrónicas permite a las entidades adjudicadoras pedir a los licitadores que presenten nuevos precios, revisados a la baja, y cuando el contrato se haya adjudicado a la oferta económicamente más ventajosa, mejorar asimismo elementos de la oferta distintos del precio. Para garantizar el respeto del principio de transparencia, conviene que sólo sean objeto de subasta electrónica los elementos que puedan ser sometidos a una evaluación automática por medios electrónicos, sin intervención o evaluación por parte de la entidad adjudicadora, es decir, sólo los elementos que sean cuantificables, de modo que puedan expresarse en cifras o en porcentajes. Por el contrario, aquellos aspectos de las licitaciones que impliquen la valoración de elementos no cuantificables no deben ser objeto de subastas electrónicas. Por consiguiente, no deben ser objeto de subastas electrónicas determinados contratos de obras y determinados contratos de servicios cuyo contenido implique el desempeño de funciones de carácter intelectual, como la elaboración de proyectos de obras.

(23) Se han desarrollado en los Estados miembros determinadas técnicas de centralización de adquisiciones. Varios poderes adjudicadores se encargan de efectuar adquisiciones o adjudicar contratos y acuerdos marco destinados a entidades adjudicadoras. Estas técnicas contribuyen, debido a la importancia de las cantidades adquiridas, a ampliar la competencia y racionalizar el sistema público de compras. Por consiguiente, conviene prever una definición comunitaria de las centrales de compras al servicio de las entidades adjudicadoras. Conviene asimismo definir las condiciones en que, dentro del respeto de los principios de no discriminación e igualdad de trato, puede considerarse que las entidades adjudicadoras que adquieran obras, suministros o servicios por medio de una central de compras han respetado las disposiciones de la presente Directiva.

(24) Para tener en cuenta las diversidades existentes en los Estados miembros, convendrá dejar a los Estados miembros la opción de prever la posibilidad de que las entidades adjudicadoras recurran a centrales de compra, a sistemas dinámicos de adquisición y a subastas electrónicas, según quedan definidos y regulados por la presente Directiva.

(25) Debe haber una definición adecuada de la noción de derechos especiales y exclusivos. Dicha definición tiene como consecuencia que el hecho de que, con el fin de construir las redes o las instalaciones portuarias o aeroportuarias, una entidad pueda recurrir a un procedimiento de expropiación, o utilizar el suelo, el subsuelo y el espacio situado sobre la vía pública para instalar los equipos de las redes no constituye en sí mismo un derecho exclusivo o especial a efectos de la presente Directiva. El hecho de que una entidad suministre agua potable, electricidad, gas o calefacción a una red que a su vez sea explotada por una entidad que goce de derechos especiales o exclusivos concedidos por una autoridad competente del Estado miembro correspondiente tampoco constituye en sí mismo un derecho exclusivo o especial a efectos de la presente Directiva. Del mismo modo, los derechos que un Estado miembro reconozca, de cualquier forma, incluso mediante actos de concesión, a un número limitado de empresas basándose en criterios objetivos, proporcionados y no discriminatorios, que ofrezcan a todos los interesados que puedan cumplirlos la posibilidad de beneficiarse de los mismos, no deben considerarse como derechos especiales o exclusivos.

(26) Conviene que las entidades adjudicadoras apliquen disposiciones comunes de adjudicación de contratos para sus actividades relativas al agua y que estas normas se apliquen también cuando los poderes adjudicadores, en el sentido en que los define la presente Directiva, adjudiquen contratos para sus actividades en el sector de los proyectos de ingeniería hidráulica, irrigación, drenaje de tierras, así como de evacuación y tratamiento de las aguas residuales. No obstante, las normas de adjudicación de contratos del tipo de las propuestas para los contratos de suministros resultan inadecuadas para las compras de agua, habida cuenta de la necesidad de abastecerse en fuentes próximas al lugar de utilización.

(27) Determinadas entidades que suministran servicios de transporte en autobús al público, ya estaban excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva 93/38/CEE. Estas entidades deben estar excluidas asimismo del ámbito de aplicación de la presente Directiva. Por otra parte, para evitar la multiplicación de regímenes particulares aplicables solamente a determinados sectores, conviene que el procedimiento general, que permite tener en cuenta los efectos de la apertura a la competencia, se aplique asimismo a todas las entidades que prestan servicios de transporte en autobús distintas de las excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva 93/38/CEE en virtud del apartado 4 del artículo 2 de la misma.

(28) Habida cuenta de la continuación de la apertura a la competencia de los servicios postales de la Comunidad y de que tales servicios son prestados a través de una red tanto por entidades adjudicadoras y empresas públicas como por otras empresas, conviene prever que los contratos adjudicados por las entidades adjudicadoras que oferten servicios postales estén sujetos a las normas de la presente Directiva, incluidas las del artículo 30 que, aún garantizando la aplicación de los principios contemplados en el considerando 9, crean un marco para el desarrollo de prácticas comerciales leales y permiten mayor flexibilidad que la que ofrecen las disposiciones de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios(11). Para la definición de las actividades contempladas, conviene tener en cuenta las definiciones de la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio(12).

Sin perjuicio de su régimen jurídico, las entidades que suministren servicios postales no están actualmente sujetas a las normas establecidas en la Directiva 93/38/CEE. La adaptación de los procedimientos de adjudicación respecto de la presente Directiva podrían requerir, por consiguiente, más tiempo de aplicación por parte de dichas entidades que por parte de las entidades ya sujetas a aquellas normas, que tan solo tendrán que adaptar sus procedimientos a las modificaciones que plantea la presente Directiva. Así pues, debe poder permitirse que se difiera la aplicación de la Directiva para satisfacer las obligaciones de calendario necesarias para la adaptación. En vista de la variedad de situaciones que presentan dichas entidades, los Estados miembros deben tener la opción de facilitar un período de transición para la aplicación de la presente Directiva a las entidades adjudicadoras que operen en el sector de los servicios postales.

(29) Los contratos podrán adjudicarse con la finalidad de satisfacer las necesidades de varias actividades, posiblemente sujetas a diferentes regímenes jurídicos. Debe aclararse que el régimen jurídico aplicable a un contrato único destinado a cubrir varias actividades debe estar sujeto a las normas aplicables a la actividad para la que se destine principalmente. La determinación de cuál es la actividad para la que el contrato se destina principalmente podrá basarse en el análisis de las necesidades, a las que el contrato específico deberá responder, efectuadas por la entidad adjudicadora a fin de estimar el valor del contrato y de establecer los documentos de licitación. En determinados casos, tales como la adquisición de una sola pieza de un equipo para la realización de varias actividades respecto de las cuales no haya datos que permitan calcular qué proporción de uso corresponde a cada actividad, podría ser objetivamente imposible determinar la actividad para la que se destina el contrato principalmente. Deben preverse las normas de aplicación a dichos casos.

(30) Sin perjuicio de los compromisos internacionales de la Comunidad, es necesario simplificar la aplicación de la presente Directiva, especialmente mediante umbrales más sencillos y haciendo aplicables a todas las entidades adjudicadoras, cualquiera que sea el sector en que operen, las disposiciones en materia de información que debe proporcionarse a los participantes sobre las decisiones tomadas en cuanto a los procedimientos de adjudicación de los contratos y sus resultados. Además, en el contexto de la unión monetaria dichos umbrales se deben establecer en euros, de forma que se simplifique la aplicación de dichas disposiciones, respetando al mismo tiempo los umbrales previstos en el Acuerdo, que están expresados en derechos especiales de giro (DEG). En este sentido, es preciso asimismo prever la revisión periódica de los umbrales expresados en euros a fin de adaptarlos, llegado el caso, en función de las posibles variaciones del valor del euro en relación con el DEG. Asimismo, los umbrales aplicables a los concursos de proyectos deben ser idénticos a los aplicables a los contratos de servicios.

(31) Se deben prever casos en los que las medidas de coordinación de los procedimientos pueden no aplicarse por motivos relacionados con la seguridad o los secretos de Estado, o a causa de la aplicabilidad de normas específicas de adjudicación de contratos derivadas de acuerdos internacionales, referentes al estacionamiento de tropas, o que son propias de las organizaciones internacionales.

(32) Conviene excluir determinados contratos de servicios, suministros y obras adjudicados a una empresa asociada cuya actividad principal sea facilitar servicios, suministros u obras al grupo al que pertenece y no comercializarlos en el mercado. Conviene asimismo excluir determinados contratos de servicios, suministros y obras adjudicados por una entidad adjudicadora a una empresa conjunta constituida por varias entidades adjudicadoras con el objeto de ejercer actividades incluidas en el ámbito de la presente Directiva y de la que dicha entidad forma parte. Es preciso no obstante evitar que esta exclusión ocasione distorsiones de la competencia que vayan en beneficio de la empresas, o de empresas conjuntas, asociadas con las entidades adjudicadoras; es conveniente prever un conjunto adecuado de normas, en particular por lo que se refiere a los límites máximos dentro de los cuales las empresas puedan obtener parte de su volumen de negocios a partir del mercado y por encima de los cuales perderían la posibilidad de que se les adjudicasen contratos sin convocatoria de licitación, la composición de las empresas conjuntas y la estabilidad de las relaciones entre dichas empresas conjuntas y las entidades adjudicadoras de las cuales están compuestas.

(33) En el marco de los servicios, los contratos relativos a la adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles o de derechos sobre dichos bienes revisten características especiales, debido a las cuales no resulta adecuada la aplicación de las normas de adjudicación de contratos.

(34) Los servicios de arbitraje y conciliación son prestados normalmente por personas u organismos nombrados o seleccionados mediante un procedimiento que no puede regirse por las normas de adjudicación de contratos.

(35) En virtud del Acuerdo, los servicios financieros contemplados en la presente Directiva no incluyen los contratos relativos a la emisión, la compra, la venta o la transmisión de títulos u otros instrumentos financieros; en particular, no se contemplan las transacciones de las entidades adjudicadoras para obtener dinero o capital.

(36) La prestación de servicios sólo debe entrar en el ámbito de aplicación de la presente Directiva en la medida en que se basa en contratos.

(37) En virtud del artículo 163 del Tratado, el fomento de la investigación y del desarrollo tecnológico constituye uno de los medios para reforzar las bases científicas y tecnológicas de la industria comunitaria y la apertura de la contratación de servicios coadyuvará a la realización de este objetivo. La cofinanciación de programas de investigación y desarrollo no debe ser regulada por la presente Directiva; por lo tanto, no están incluidos los contratos de servicios de investigación y de desarrollo distintos de aquellos cuyos beneficios pertenezcan exclusivamente a la entidad adjudicadora para su utilización en el ejercicio de su propia actividad, siempre que la entidad adjudicadora remunere totalmente la prestación del servicio.

(38) Para evitar la proliferación de regímenes particulares aplicables solamente a determinados sectores, conviene que el régimen especial actual resultante de artículo 3 de la Directiva 93/38/CEE y del artículo 12 de la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos(13) que regula las entidades que explotan una zona geográfica con vistas a la prospección o extracción de petróleo, gas, carbón u otros combustibles sólidos, se sustituya por el procedimiento general que permite la exención de los sectores sometidos directamente a la competencia. No obstante, hay que garantizar que esto se haga sin perjuicio de la Decisión 93/676/CEE de la Comisión, de 10 de diciembre de 1993, por la que se establece que la explotación de zonas geográficas para la prospección o extracción de petróleo o gas, no constituye en los Países Bajos una actividad contemplada en el inciso i) de la letra b) del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 90/531/CEE del Consejo, y que las entidades que ejerzan tal actividad no se consideran en los Países Bajos beneficiarias de derechos especiales o exclusivos a efectos de lo previsto en la letra b) del apartado 3 del artículo 2 de dicha Directiva(14) y de la Decisión 97/367/CE de la Comisión, de 30 de mayo de 1997, por la que se establece que la explotación de zonas geográficas para la prospección o extracción de petróleo o gas, no constituye en el Reino Unido una actividad contemplada en el inciso i) de la letra b) del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 93/38/CEE del Consejo y que las entidades que ejerzan tal actividad no se consideran en el Reino Unido beneficiarias de derechos especiales o exclusivos a efectos de lo previsto en la letra b) del apartado 3 del artículo 2 de dicha Directiva(15), la Decisión 2002/205/CE de la Comisión de 4 de marzo de 2002 en relación con la petición de Austria de recurrir al régimen especial previsto en el artículo 3 de la Directiva 93/38/CEE(16) y la Decisión 2004/73/CE de la Comisión en relación con la petición de Alemania de aplicar el procedimiento especial previsto en el artículo 3 de la Directiva 93/38/CEE(17).

(39) El empleo y la ocupación son elementos clave para garantizar la igualdad de oportunidades en beneficio de todos y contribuyen a la inserción en la sociedad. En este contexto, los programas de talleres y empleos protegidos contribuyen eficazmente a la inserción o reinserción de personas con discapacidad en el mercado laboral. Sin embargo, en condiciones normales de competencia, estos talleres pueden tener dificultades para obtener contratos. Conviene, por tanto, disponer que los Estados miembros puedan reservar a este tipo de talleres el derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos o reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido.

(40) La presente Directiva no debe aplicarse a los contratos destinados a permitir el ejercicio de una actividad objeto de los artículos 3 a 7 ni a los concursos de proyectos organizados para el desarrollo de tal actividad, siempre que, en el Estado miembro en que se efectúe dicha actividad, se vea sometida directamente a la competencia en mercados cuyo acceso no esté limitado. Por consiguiente, conviene introducir un procedimiento aplicable a todos los sectores contemplados por la presente Directiva, que permita tomar en consideración los efectos de una apertura actual o futura a la competencia. Un procedimiento de este tipo debe ofrecer seguridad jurídica a las entidades afectadas y un procedimiento de toma de decisiones adecuado, que permita garantizar en plazos breves una aplicación uniforme del Derecho comunitario en la materia.

(41) La exposición directa a la competencia debe evaluarse con arreglo a criterios objetivos, tomando en consideración las características específicas del sector afectado. Se considerará que la incorporación al Derecho interno y la aplicación de la legislación comunitaria apropiada para la apertura de un sector dado o de una parte del mismo constituyen presunción suficiente de libre acceso al mercado de que se trate. Dicha legislación apropiada debe reflejarse en un anexo que podrá actualizar la Comisión. Al efectuar la actualización, la Comisión tendrá en cuenta en particular la posible adopción de medidas que supongan una efectiva apertura a la competencia de sectores distintos de aquellos para los que el Anexo XI ya menciona una legislación, tales como el del transporte ferroviario. Cuando el acceso libre a un mercado dado no se derive de la aplicación de la correspondiente legislación comunitaria, debe demostrarse que tal acceso es libre de iure y de facto. A tal fin, la aplicación por un Estado miembro de una directiva, como la Directiva 94/22/CE, que abre un sector a la competencia, a otro sector, como el sector de la hulla, constituye un hecho que hay que tener en cuenta para los fines del artículo 30.

(42) Las especificaciones técnicas establecidas por los compradores deben permitir la apertura de los contratos públicos a la competencia. A tal efecto, debe ser posible presentar ofertas que reflejen la diversidad de las soluciones técnicas. Consiguientemente, debe ser posible establecer las especificaciones técnicas en términos de rendimiento y exigencias funcionales y, en caso de referencia a la norma europea o, en su defecto, a la nacional, las ofertas basadas en otras soluciones equivalentes, que respondan a las exigencias de las entidades adjudicadoras y sean equivalentes en términos de seguridad deben ser tenidas en cuenta por las entidades adjudicadoras. Para demostrar la equivalencia, se permitirá a los licitadores utilizar cualquier medio de prueba. Las entidades adjudicadoras deben poder motivar cualquier decisión que concluya en la no equivalencia. Las entidades adjudicadoras que deseen definir necesidades medioambientales en las especificaciones técnicas de un contrato determinado, podrán prescribir las características medioambientales, tales como un método de producción dado, y/o los efectos medioambientales específicos de grupos de productos o de servicios. Podrán, pero no estarán obligadas a ello, utilizar las especificaciones adecuadas que se definen en las etiquetas ecológicas, como la etiqueta ecológica europea, la etiqueta ecológica (multi)nacional o cualquier otra etiqueta ecológica, si los requisitos para dicha etiqueta se han desarrollado y adoptado sobre la base de información científica mediante un procedimiento en el que puedan participar las partes interesadas, como los órganos gubernamentales, los consumidores, los fabricantes, los distribuidores y las organizaciones medioambientales, y si dicha etiqueta es accesible y está a la disposición de todas las partes interesadas. Siempre que sea posible, los poderes adjudicadores deben establecer especificaciones técnicas con el fin de tener en cuenta los criterios de accesibilidad para personas con discapacidad o el diseño para todos los usuarios. Las especificaciones técnicas deben indicarse claramente, de modo que todos los licitadores conozcan el alcance de los requisitos establecidos por el poder adjudicador.

(43) Con el fin de favorecer la participación de las pequeñas y medianas empresas en el mercado de contratos públicos, conviene prever disposiciones en materia de subcontratación.

(44) Las condiciones de ejecución de un contrato serán compatibles con la Directiva siempre que no sean directa o indirectamente discriminatorias y se señalen en el anuncio utilizado como medio de licitación o en el pliego de condiciones. En concreto, pueden tener por objeto favorecer la formación profesional en el lugar de trabajo, el empleo de personas que tengan especiales dificultades de inserción, combatir el paro o proteger el medio ambiente. Como ejemplo se pueden citar las obligaciones, aplicables durante la ejecución del contrato, de contratar a desempleados de larga duración o de establecer acciones de formación para los desempleados o los jóvenes, de respetar en lo sustancial las disposiciones de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el supuesto de que éstos no se hubieran aplicado en el Derecho nacional, de contratar un número de personas discapacitadas superior al que exige la legislación nacional.

(45) Las leyes, reglamentaciones y convenios colectivos, tanto nacionales como comunitarios, vigentes en materia de condiciones de trabajo y de seguridad del trabajo se aplicarán durante la ejecución de un contrato, siempre que dichas normas, así como su aplicación, se ajusten al Derecho comunitario. Para las situaciones transfronterizas, en las que los trabajadores de un Estado miembro prestan sus servicios en otro Estado miembro para la realización de un contrato, en la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios(18), se enuncian las condiciones mínimas que han de respetarse en el país de acogida en relación con dichos trabajadores desplazados. Si el Derecho nacional contiene disposiciones a tal fin, el incumplimiento de dichas obligaciones se podrá considerar una falta grave o un delito que afecta a la moralidad profesional del operador económico de que se trate, susceptible de provocar su exclusión del procedimiento de adjudicación de un contrato.

(46) Habida cuenta de los nuevos avances en las tecnologías de la información y las telecomunicaciones y de las simplificaciones que pueden implicar para la publicidad de los contratos y en términos de eficacia y transparencia de los procedimientos de adjudicación, es preciso que los medios electrónicos estén en pie de igualdad con los medios tradicionales de comunicación e intercambio de información. En la medida de lo posible, el medio y la tecnología elegidos deben ser compatibles con las tecnologías utilizadas en los demás Estados miembros.

(47) La utilización de medios electrónicos permite ahorrar tiempo. Por consiguiente, deben establecerse reducciones de los plazos mínimos en caso de utilización de esos medios electrónicos, a condición, no obstante, de que sean compatibles con las modalidades específicas de transmisión previstas a escala comunitaria. No obstante, es necesario evitar que el efecto acumulado de las reducciones de los plazos los acorte excesivamente.

(48) La Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica(19), y la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico)(20), deben aplicarse a las transmisiones de información por medios electrónicos en el marco de la presente Directiva. Los procedimientos de contratación pública y las normas aplicables a los concursos de proyectos exigen un nivel de seguridad y confidencialidad superior al requerido por dichas Directivas. Por consiguiente, los instrumentos para la recepción electrónica de ofertas, solicitudes de participación, así como los planes y proyectos, deben cumplir unos requisitos adicionales específicos. A estos efectos, debe fomentarse, en la medida de lo posible, el uso de firmas electrónicas, en especial las firmas electrónicas avanzadas. Por otra parte, la existencia de regímenes voluntarios de acreditación puede constituir un marco favorable para aumentar el nivel del servicio de certificación en relación con dichos dispositivos.

(49) Es conveniente que los participantes en un procedimiento de adjudicación sean informados de las decisiones de celebrar un acuerdo marco, de adjudicar un contrato o de suspender un procedimiento en plazos lo suficientemente breves como para no impedir la presentación de solicitudes de revisión; por consiguiente, la información debe facilitarse lo más rápidamente posible y, como norma general, en el plazo de 15 días a partir de la adopción de la decisión.

(50) Las entidades adjudicadores que fijan criterios de selección en un procedimiento abierto deben hacerlo según normas y criterios objetivos, al igual que deben ser objetivos los criterios de selección en los procedimientos restringidos y negociados. Al igual que los criterios de selección, las normas y los criterios objetivos no implican necesariamente ponderaciones.

(51) Es importante tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en los casos en que un operador económico invoque las capacidades técnicas, financieras o económicas de otras entidades, con independencia del carácter jurídico de la relación existente entre el operador y las entidades, con objeto de satisfacer los criterios de selección o, en el contexto de los sistemas de clasificación, en apoyo de su solicitud de clasificación. En este último caso, es el operador económico el que tiene que demostrar que dispondrá de dichos recursos durante el período de validez de la clasificación. A efectos de dicha clasificación, una entidad adjudicadora podrá, consiguientemente, determinar el nivel de los requisitos que deben satisfacerse y, en particular, por ejemplo cuando el operador declare como propia la capacidad financiera de otra entidad, podrá exigir que dicha entidad asuma la responsabilidad, en su caso, solidariamente.

Los sistemas de clasificación se deben gestionar con arreglo a criterios y normas objetivos que, a elección de las entidades adjudicadoras, podrán afectar a las capacidades de los operadores económicos y a las características de las obras, los suministros o los servicios cubiertos por cada sistema. A efectos de la clasificación las entidades adjudicadoras podrán efectuar sus propias pruebas a fin de evaluar las características de las obras, los suministros o los servicios de que se trate, en particular en términos de compatibilidad y de seguridad.

(52) Son de aplicación las normas comunitarias en materia de reconocimiento mutuo de títulos, certificados y demás pruebas de calificación formal cuando sea necesario presentar pruebas de una calificación determinada para poder participar en un procedimiento de adjudicación de contratos o en un concurso de proyectos.

(53) En los casos oportunos en que la naturaleza de las obras o servicios justifique la aplicación de medidas o sistemas de gestión medioambiental durante la ejecución del contrato, podrá exigirse la aplicación de este tipo de medidas o sistemas. Los sistemas de gestión medioambiental, independientemente de su registro con arreglo a los instrumentos comunitarios como el Reglamento (CE) n° 761/2001 (EMAS)(21) podrán demostrar la capacidad técnica del operador económico para ejecutar el contrato. Por otra parte, debe aceptarse una descripción de las medidas aplicadas por el operador económico para garantizar el mismo nivel de protección del medio ambiente como medio de prueba alternativo a los sistemas de gestión medioambiental registrados.

(54) Debe evitarse la adjudicación de contratos públicos a operadores económicos que hayan participado en una organización delictiva o que hayan sido declarados culpables de corrupción o de fraude en detrimento de los intereses financieros de las Comunidades Europeas o de blanqueo de capitales. Dado que las entidades adjudicadoras, que no son poderes adjudicadores, podrían no tener acceso a pruebas irrefutables sobre el asunto, es conveniente dejar la opción de aplicar o de no aplicar los criterios de exclusión recogidos en el apartado 1 del artículo 45 de la Directiva 2004/18/CE a dichas entidades adjudicadoras. Por consiguiente, la obligación de aplicar el apartado 1 del artículo 45 debe limitarse únicamente a las entidades adjudicadoras que sean poderes adjudicadores. En su caso, las entidades adjudicadoras deben exigir a los solicitantes de clasificación, a los candidatos o licitadores que presenten los documentos pertinentes y, cuando tengan dudas en relación con la situación personal de dichos operadores económicos, podrán solicitar la cooperación de las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate. La exclusión de dichos operadores económicos debe tener lugar desde el momento en que el poder adjudicador tenga conocimiento de una sentencia relativa a dichos delitos, dictada con arreglo al Derecho nacional que tenga fuerza de cosa juzgada.

Si el Derecho nacional contempla disposiciones a tal fin, el incumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente o de la normativa sobre acuerdos ilícitos en materia de contratos públicos que haya sido objeto de una sentencia firme o de una resolución de efectos equivalentes podrá considerarse un delito que afecta a la moralidad profesional del operador económico de que se trate o una falta grave.

La inobservancia de disposiciones nacionales de aplicación de las Directivas 2000/78/CE(22) y 76/207/CEE(23) del Consejo relativas a la igualdad de trato de los trabajadores que haya sido objeto de una sentencia firme o de una decisión de efectos equivalentes se podrá considerar un delito que afecta a la moralidad profesional del operador económico de que se trate o una falta grave.

(55) La adjudicación del contrato debe efectuarse con arreglo a criterios objetivos que garanticen el respeto de los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato y la evaluación de las ofertas en condiciones de competencia efectiva. Por tanto, conviene admitir solo la aplicación de dos criterios de adjudicación: el del precio más bajo y el de la oferta económicamente más ventajosa.

Para garantizar el respeto del principio de igualdad de trato en la adjudicación de los contratos, conviene establecer la obligación consagrada por la jurisprudencia de garantizar la transparencia necesaria que permita a todos los licitadores informarse razonablemente de los criterios y modalidades que se aplicarán para determinar la oferta económicamente más ventajosa. Por consiguiente, será responsabilidad de las entidades adjudicadoras indicar los criterios de adjudicación del contrato y la ponderación relativa de cada uno de dichos criterios con la suficiente antelación para que los licitadores los conozcan en el momento de preparar sus ofertas. Las entidades adjudicadoras podrán prescindir de indicar la ponderación de los criterios de adjudicación del contrato en casos debidamente justificados, que deben estar en condiciones de motivar, cuando la ponderación no pueda establecerse con antelación, en particular habida cuenta de la complejidad del contrato. En tales casos, deben indicar los criterios por orden de importancia decreciente.

Cuando las entidades adjudicadoras decidan adjudicar un contrato al licitador económicamente más ventajoso, deben evaluar las ofertas para determinar cuál ofrece la mejor relación calidad/precio. A tal fin, deben determinar los criterios económicos y cualitativos que, en conjunto, permitan determinar la oferta económicamente más ventajosa para la entidad adjudicadora. La determinación de dichos criterios depende del objeto del contrato, ya que deben permitir que el nivel de rendimiento ofrecido por cada oferta se evalúe a la luz del objeto del contrato, tal como se define en las especificaciones técnicas, y que se mida la relación calidad/precio de cada oferta. A fin de garantizar la igualdad de trato, los criterios para la adjudicación del contrato deben hacer posible la comparación y evaluación objetiva de las ofertas. Si se cumplen dichas condiciones, los criterios económicos y cualitativos para la adjudicación del contrato, como la satisfacción de los requisitos medioambientales, permitirán que la entidad adjudicadora satisfaga las necesidades del público afectado, tal como se manifiesta en las especificaciones del contrato. Bajo las mismas condiciones, una entidad adjudicadora podrá utilizar criterios orientados a satisfacer los requisitos sociales, en particular en respuesta a las necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, de los grupos de población particularmente desfavorecidos a los cuales pertenecen los beneficiarios/usuarios de las obras, los suministros o los servicios objeto del contrato.

(56) Los criterios de adjudicación no deben afectar a la aplicación de las disposiciones nacionales relativas a la remuneración de determinados servicios, como los de los arquitectos, los de los ingenieros y los de los abogados.

(57) El Reglamento (CEE, Euratom) n° 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos(24) es de aplicación al cálculo de los plazos contemplados en la presente Directiva.

(58) La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de las obligaciones internacionales vigentes de la Comunidad o de los Estados miembros y no prejuzga la aplicación de otras disposiciones del Tratado, en particular, de sus artículos 81 y 86.

(59) La presente Directiva se debe entender sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros respecto de los plazos de transposición y de aplicación de la Directiva 93/38/CEE, indicados en el anexo XXV.

(60) Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva deben aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión(25).

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

ÍNDICE

>SITIO PARA UN CUADRO>

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS CONTRATOS Y A LOS CONCURSOS DE PROYECTOS

CAPÍTULO I

Definiciones

Artículo 1

Definiciones

1. A efectos de la presente Directiva se entenderá por:

2. a) contratos de suministro, de obras y de servicios: los contratos a título oneroso celebrados por escrito entre una o varias de las entidades adjudicadoras contempladas en el apartado 2 del artículo 2 y uno o varios contratistas, proveedores o prestadores de servicios;

b) contratos de obras: aquellos contratos cuyo objeto sea o bien la ejecución, o bien, conjuntamente, el proyecto y la ejecución de obras relativas a una de las actividades mencionadas en el anexo XII o de una obra, o bien la realización, por cualquier medio, de una obra que responda a las necesidades especificadas por la entidad adjudicadora. Por obra se entenderá el resultado de un conjunto de obras de construcción o de ingeniería civil destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica;

c) contratos de suministros: los contratos distintos de los contemplados en la letra b) cuyo objeto sea la compra, el arrendamiento financiero, el arrendamiento o la venta a plazos, con o sin opción de compra, de productos.

Un contrato cuyo objeto sea el suministro de productos y, de forma accesoria, operaciones de colocación e instalación, se considerará un contrato de suministro;

d) contratos de servicios: los contratos distintos de los contratos de obras o de suministros cuyo objeto sea la prestación de los servicios mencionados en el anexo XVII.

Un contrato que tenga por objeto al mismo tiempo productos y servicios en el sentido del anexo XVII de la presente Directiva se considerará un contrato de servicios cuando el valor de los servicios en cuestión sea superior al de los productos incluidos en el contrato.

Un contrato que tenga por objeto servicios mencionados en el anexo XVII e incluya actividades contempladas en el anexo XII que sean accesorias en relación con el objeto principal del contrato se considerará un contrato de servicios.

3. a) concesión de obras: un contrato que presente las mismas características que el contrato de obras, con la salvedad de que la contrapartida de las obras consista, bien únicamente en el derecho a explotar la obra, bien en dicho derecho acompañado de un pago;

b) concesión de servicios: un contrato que presente las mismas características que el contrato de servicios, con la salvedad de que la contrapartida de prestación de servicios consista, bien únicamente en el derecho a explotar el servicio, bien en dicho derecho acompañado de un pago.

4. Acuerdo marco: un acuerdo celebrado entre una o varias de las entidades adjudicadoras contempladas en el apartado 2 del artículo 2 y uno o varios operadores económicos, que tenga por objeto establecer los términos que deberán regir los contratos que se hayan de adjudicar en el transcurso de un período determinado, particularmente en lo que se refiere a los precios y, en su caso, a las cantidades previstas.

5. Sistema dinámico de adquisición: un proceso de adquisición enteramente electrónico para compras de uso corriente, cuyas características generalmente disponibles en el mercado satisfacen las necesidades de la entidad adjudicadora, limitado en el tiempo y abierto durante toda su duración a cualquier operador económico que cumpla los criterios de selección y haya presentado una oferta indicativa que se ajuste al pliego de condiciones.

6. Subasta electrónica: un proceso repetitivo basado en un dispositivo electrónico de presentación de nuevos precios, revisados a la baja, o de nuevos valores relativos a determinados elementos de las ofertas que tiene lugar tras una primera evaluación completa de las ofertas y que permite proceder a su clasificación mediante métodos de evaluaciones automáticos. Por consiguiente, no podrán ser objeto de subastas electrónicas determinados contratos de obras y determinados contratos de servicios cuyo contenido implique el desempeño de funciones de carácter intelectual, como la elaboración de proyectos de obras.

7. Contratista, proveedor o prestador de servicios: una persona física o jurídica, una entidad adjudicadora de las contempladas en las letras a) o b) del apartado 2 del artículo 2 ó una agrupación de tales personas o entidades que ofrezca en el mercado, respectivamente, la realización de obras y/o obras, productos o servicios,

operador económico: tanto el contratista como el proveedor o el prestador de servicios. La presente definición se utilizará únicamente con fines de simplificación del texto,

licitador: el operador económico que haya presentado una oferta; por candidato se entenderá aquel que haya solicitado una invitación para participar en un procedimiento restringido o negociado.

8. Central de compras: un poder adjudicador contemplado en la letra a) del apartado 1 del artículo 2 o un poder adjudicador contemplado en el apartado 9 del artículo 1 de la Directiva 2004/18/CE que:

- adquiere suministros y/o servicios destinados a entidades adjudicadoras, o

- adjudica contratos públicos o celebra acuerdos marco de obras, suministros o servicios destinados a entidades adjudicadoras.

9. Procedimientos abiertos, restringidos o negociados: los procedimientos de adjudicación aplicados por las entidades adjudicadoras, con las siguientes características:

a) en el caso de los procedimientos abiertos, cualquier operador económico interesado puede presentar una oferta;

b) en el caso de los procedimientos restringidos, cualquier operador económico puede solicitar participar y sólo pueden presentar una oferta los candidatos invitados por la entidad adjudicadora;

c) en el caso de los procedimientos negociados, la entidad adjudicadora consulta con los operadores económicos de su elección y negocia las condiciones del contrato con uno o varios de ellos.

10. Concursos de proyectos: los procedimientos que permiten a la entidad adjudicadora adquirir, principalmente en los ámbitos de la ordenación territorial y el urbanismo, la arquitectura, la ingeniería o el procesamiento de datos, planes o proyectos seleccionados por un jurado después de haber sido objeto de una licitación, con o sin asignación de premios.

11. Escrito o por escrito: cualquier expresión consistente en palabras o cifras que pueda leerse, reproducirse y después comunicarse. Podrá incluir información transmitida y almacenada por medios electrónicos.

12. Medio electrónico: un medio que utilice equipos electrónicos de tratamiento (incluida la compresión digital) y almacenamiento de datos y que se transmita, se envíe y se reciba por medios alámbricos, radiofónicos, ópticos o por otros medios electromagnéticos.

13. Vocabulario Común de Contratos Públicos, denominado en lo sucesivo CPV (Common Procurement Vocabulary): la nomenclatura de referencia aplicable a los contratos públicos adoptada mediante Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV)(26) garantizando al mismo tiempo la correspondencia con las demás nomenclaturas existentes.

En caso de diferencias de interpretación sobre el ámbito de aplicación de la presente Directiva, a causa de posibles divergencias entre la nomenclatura CPV y la nomenclatura NACE mencionada en el anexo XII o entre la nomenclatura CPV y la nomenclatura CCP (Clasificación Central de Productos) (versión provisional) mencionada en el anexo XVII, prevalecerán la nomenclatura NACE y la nomenclatura CCP, respectivamente.

CAPÍTULO II

Definición de las entidades y actividades

Sección 1

Entidades

Artículo 2

Entidades adjudicadoras

1. A efectos de la presente Directiva se entenderá por:

a) poderes adjudicadores: el Estado, las entidades territoriales, los organismos de Derecho público, las asociaciones formadas por uno o varios de dichos poderes o uno o varios de dichos organismos de Derecho público.

Se considerará organismo de Derecho público cualquier organismo:

- creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil,

- dotado de personalidad jurídica propia; y

- cuya actividad esté financiada mayoritariamente por el Estado, las entidades territoriales u otros organismos de Derecho público, o cuya gestión esté sujeta a un control por parte de estos últimos, o que cuenten con un órgano de administración, de dirección o de vigilancia más de la mitad de cuyos miembros sean nombrados por el Estado, las entidades territoriales u otros organismos de Derecho público;

b) empresas públicas: aquellas empresas sobre las cuales los poderes adjudicadores puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante por el hecho de tener la propiedad o una participación financiera en las mismas, o en virtud de las normas que las rigen.

Se considerará que los poderes adjudicadores ejercen una influencia dominante, directa o indirectamente, sobre una empresa, cuando:

- tengan la mayoría del capital suscrito de la empresa; o

- dispongan de la mayoría de los votos correspondientes a las participaciones emitidas por la empresa; o

- puedan designar a más de la mitad de los miembros del órgano de administración, de dirección o de vigilancia de la empresa.

2. La presente Directiva se aplicará a las entidades adjudicadoras que:

a) sean poderes adjudicadores o empresas públicas y realicen alguna de las actividades contempladas en los artículos 3 a 7;

b) sin ser poderes adjudicadores ni empresas públicas, ejerzan, entre sus actividades, alguna de las contempladas en los artículos 3 a 7 o varias de estas actividades y tengan derechos especiales o exclusivos concedidos por una autoridad competente de un Estado miembro.

3. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por derechos especiales o exclusivos los concedidos por las autoridades competentes de un Estado miembro en virtud de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa que tenga como efecto limitar a una o a más entidades el ejercicio de una actividad contemplada en los artículos 3 a 7 y que afecte sustancialmente a la capacidad de las demás entidades de ejercer dicha actividad.

Sección 2

Actividades

Artículo 3

Gas, calefacción y electricidad

1. En lo relativo al gas y a la calefacción, la presente Directiva se aplicará a las actividades siguientes:

a) la puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar un servicio al público en relación con la producción, transporte o distribución de gas o calefacción, o

b) el suministro de gas o calefacción a dichas redes.

2. No se considerará como una actividad con arreglo al apartado 1 el suministro de gas o calefacción a redes destinadas a prestar un servicio al público por parte de una entidad adjudicadora distinta de los poderes adjudicadores, cuando:

a) la producción de gas o de calefacción por la entidad de que se trate sea una consecuencia inevitable del ejercicio de una actividad distinta de las contempladas en los apartados 1 o 3 del presente artículo o en los artículos 4 a 7; y

b) la alimentación de la red pública tenga el único propósito de explotar desde el punto de vista económico dicha producción y corresponda, como máximo, al 20 % del volumen de negocios de la entidad tomando en consideración la media de los tres últimos años, incluido el año en curso.

3. En lo relativo a la electricidad, la presente Directiva se aplicará a las actividades siguientes:

a) la puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar un servicio al público en relación con la producción, transporte o distribución de electricidad o

b) el suministro de electricidad a dichas redes.

4. No se considerará como una actividad con arreglo al apartado 3 el suministro de electricidad a redes destinadas a proporcionar un servicio al público por parte de una entidad adjudicadora distinta de los poderes adjudicadores, cuando:

a) la producción de electricidad por parte de la entidad de que se trate se realice porque su consumo es necesario para el ejercicio de una actividad distinta de las contempladas en los apartados 1 o 3 del presente artículo o en los artículos 4 a 7; y

b) la alimentación de la red pública dependa exclusivamente del propio consumo de la entidad y no haya superado el 30 % de la producción total de energía de la entidad tomando en consideración la media de los tres últimos años, incluido el año en curso.

Artículo 4

Agua

1. La presente Directiva se aplicará a las actividades siguientes:

a) la puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar un servicio al público en relación con la producción, transporte o distribución de agua potable; o

b) el suministro de agua potable a dichas redes.

2. La presente Directiva se aplicará, asimismo, a los contratos o a los concursos de proyectos adjudicados u organizados por las entidades que ejerzan una actividad contemplada en el apartado 1, siempre y cuando tales contratos:

a) estén relacionados con proyectos de ingeniería hidráulica, irrigación o drenaje y el volumen de agua destinado al abastecimiento de agua potable represente más del 20 % del volumen de agua total disponible gracias a dichos proyectos o a dichas instalaciones de irrigación o drenaje o

b) estén relacionados con la evacuación o tratamiento de aguas residuales.

3. No se considerará como una actividad con arreglo al apartado 1 el suministro de agua potable a redes destinadas a prestar un servicio al público por parte de una entidad adjudicadora distinta de los poderes adjudicadores, cuando:

a) la producción de agua potable por parte de la entidad de que se trate se realice porque su consumo es necesario para el ejercicio de una actividad distinta de las contempladas en los artículos 3 a 7; y

b) la alimentación de la red pública dependa exclusivamente del propio consumo de la entidad y no haya superado el 30 % de la producción total de agua potable de la entidad tomando en consideración la media de los tres últimos años, incluido el año en curso.

Artículo 5

Servicios de transporte

1. La presente Directiva se aplicará a las actividades de puesta a disposición o explotación de redes que presten un servicio público en el campo del transporte por ferrocarril, sistemas automáticos, tranvía, trolebús, autobús o cable.

En cuanto a los servicios de transporte, se considerará que existe una red cuando el servicio se preste con arreglo a las condiciones operativas establecidas por una autoridad competente de un Estado miembro, tales como las condiciones relativas a los itinerarios, a la capacidad de transporte disponible o a la frecuencia del servicio.

2. La presente Directiva no se aplicará a las entidades que prestan al público un servicio de transporte en autobús y que quedaron excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva 93/38/CEE en virtud del apartado 4 de su artículo 2.

Artículo 6

Servicios postales

1. La presente Directiva se aplicará a las actividades relacionadas con la prestación de servicios postales o, en las condiciones previstas en la letra c) del apartado 2, servicios distintos de los servicios postales.

2. A efectos de la presente Directiva, y sin perjuicio de la Directiva 97/67/CE, se entenderá por:

a) "envío postal": el envío con destinatario, constituido en la forma definitiva en la que deba ser transportado, cualquiera que sea su peso. Aparte de los envíos de correspondencia incluirá, por ejemplo, los libros, catálogos, diarios, publicaciones periódicas y paquetes postales que contengan mercancías con o sin valor comercial, cualquiera que sea su peso;

b) "servicios postales": los servicios consistentes en la recogida, la clasificación, la expedición y la distribución de envíos postales. Estos servicios incluyen

- los "servicios postales reservados": los que sean reservados o que puedan serlo conforme al artículo 7 de la Directiva 97/67/CE; y

- "otros servicios postales": los servicios postales que no puedan ser reservados conforme al artículo 7 de la Directiva 97/67/CE;

c) "servicios distintos de los servicios postales": los prestados en los siguientes ámbitos:

- los servicios de gestión de servicios de correo (tanto los servicios previos al envío como los posteriores a él, tales como los servicios de gestión de salas de correo);

- los servicios de valor añadido vinculados a medios electrónicos y prestados íntegramente por esta vía (incluida la transmisión segura de documentos codificados por vía electrónica, los servicios de gestión de direcciones y la transmisión de correo electrónico certificado);

- los servicios relativos a envíos postales no incluidos en la letra a), como la publicidad directa sin indicación de destinatario;

- los servicios financieros, tal como se definen en la categoría 6 del anexo XVII A y en la letra c) del artículo 24 y que incluyen, en particular, los giros postales y las transferencias postales;

- los servicios filatélicos; y

- los servicios logísticos (servicios que combinan la distribución física y la lista de correos con otras funciones no postales),

siempre y cuando dichos servicios los preste una entidad que preste igualmente servicios postales en el sentido de los guiones primero o segundo de la letra b) y no se cumplan, respecto de los servicios contemplados en dichos guiones, las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 30.

Artículo 7

Prospección y extracción de petróleo, gas, carbón y otros combustibles sólidos, y puertos y aeropuertos

La presente Directiva se aplicará a las actividades de explotación de una zona geográfica determinada para:

a) la prospección o extracción de petróleo, gas, carbón u otros combustibles sólidos; o

b) la puesta a disposición de los transportistas aéreos, marítimos o fluviales, de los aeropuertos, de los puertos marítimos o interiores o de otras terminales de transporte.

Artículo 8

Listas de entidades adjudicadoras

Las listas, no exhaustivas, de entidades adjudicadoras a efectos de la presente Directiva figuran en los anexos I a X. Los Estados miembros notificarán periódicamente a la Comisión las modificaciones que se produzcan en sus listas.

Artículo 9

Contratos relativos a varias actividades

1. Un contrato destinado a la realización de varias actividades seguirá las normas aplicables a la actividad a la que esté destinado principalmente.

No obstante, la opción entre adjudicar un solo contrato o varios contratos por separado no podrá ejercerse con el objetivo de excluirla del ámbito de aplicación de la presente Directiva o, si procede, de la Directiva 2004/18/CE.

2. Si una de las actividades a que se destine el contrato está sometida a la presente Directiva y la otra a la Directiva 2004/18/CE y si resulta imposible objetivamente establecer a qué actividad se destina principalmente el contrato, éste se adjudicará con arreglo a la mencionada Directiva 2004/18/CE.

3. Si una de las actividades a las que se destine el contrato está sometida a la presente Directiva y la otra no está sometida ni a la presente Directiva ni a la Directiva 2004/18/CE y resulta imposible objetivamente establecer a qué actividad se destina principalmente el contrato, éste se adjudicará con arreglo a la presente Directiva.

CAPÍTULO III

Principios generales

Artículo 10

Principios de adjudicación de contratos

Las entidades adjudicadoras tratarán a los operadores económicos en pie de igualdad y sin discriminaciones, y actuarán con transparencia.

TÍTULO II

NORMAS APLICABLES A LOS CONTRATOS

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 11

Operadores económicos

1. No podrán rechazarse candidatos ni licitadores que, con arreglo a la legislación del Estado miembro de establecimiento, estén habilitados para efectuar la prestación de que se trate, por el mero hecho de que, con arreglo a la legislación del Estado miembro donde se adjudica el contrato, deban ser personas físicas o personas jurídicas.

No obstante, para los contratos de servicios y de obras, así como para los contratos de suministros que incluyan además servicios y trabajos de colocación e instalación, las personas jurídicas podrán estar obligadas a indicar, en sus ofertas o en sus solicitudes de participación, el nombre y la cualificación profesional apropiada de las personas responsables de la ejecución del contrato de que se trate.

2. Estarán autorizadas a licitar o presentarse como candidatos las agrupaciones de operadores económicos. Para la presentación de una oferta o de una solicitud de participación, las entidades adjudicadoras no podrán exigir que las agrupaciones de operadores económicos tengan una forma jurídica determinada; no obstante, la agrupación seleccionada podrá estar obligada a revestir una forma jurídica determinada cuando se le haya adjudicado el contrato, en la medida en que dicha transformación sea necesaria para la correcta ejecución del mismo.

Artículo 12

Condiciones relacionadas con los acuerdos celebrados en el seno de la Organización Mundial del Comercio

En la adjudicación de contratos por parte de las entidades adjudicadoras, los Estados miembros aplicarán en sus relaciones condiciones tan favorables como las que concedan a los operadores económicos de terceros países en aplicación del Acuerdo. A tal fin, los Estados miembros se consultarán mutuamente, en el seno del Comité consultivo de contratación pública, sobre las medidas que deban adoptarse con arreglo al Acuerdo.

Artículo 13

Confidencialidad

1. En el contexto de las especificaciones técnicas a los operadores económicos interesados, de clasificar y seleccionar a los operadores económicos y de adjudicar los contratos, las entidades adjudicadoras podrán imponer requisitos destinados a proteger el carácter confidencial de la información que comuniquen.

2. Sin perjuicio de las disposiciones de la presente Directiva, en particular las relativas a las obligaciones en materia de publicidad de los contratos adjudicados y de información a los candidatos y a los licitadores establecidas en los artículos 43 y 49, y de conformidad con la legislación nacional por la que se rija la entidad adjudicadora, ésta no divulgará la información facilitada por los operadores económicos que éstos hayan designado como confidencial. Dicha información incluye, en particular, los secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales de las ofertas.

Artículo 14

Acuerdos marco

1. Las entidades adjudicadoras podrán considerar un acuerdo marco como un contrato con arreglo al apartado 2 del artículo 1 y adjudicarlo de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva.

2. Cuando las entidades adjudicadoras hayan celebrado un acuerdo marco de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, podrán recurrir a la letra i) del apartado 3 del artículo 40 cuando celebren contratos que se basen en dicho acuerdo marco.

3. Cuando un acuerdo marco no se haya celebrado de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, las entidades adjudicadoras no podrán recurrir a lo dispuesto en la letra i) del apartado 3 del artículo 40.

4. Las entidades adjudicadoras no podrán recurrir a los acuerdos marco de una manera abusiva con objeto de impedir, restringir o falsear la competencia.

Artículo 15

Sistemas dinámicos de adquisición

1. Los Estados miembros podrán disponer que las entidades adjudicadoras recurran a sistemas dinámicos de adquisición.

2. Al aplicar un sistema dinámico de adquisición, las entidades adjudicadoras seguirán las normas del procedimiento abierto en todas sus fases hasta la adjudicación del contrato en el marco de este sistema. Se admitirá en el sistema a todos los licitadores que cumplan los criterios de selección y que hayan presentado una oferta indicativa que se ajuste al pliego de condiciones y a cualquier posible documentación adicional. Las ofertas indicativas podrán mejorarse en cualquier momento siempre que sigan siendo conformes al pliego de condiciones. Para la aplicación del sistema y la adjudicación de los contratos en el marco de éste, las entidades adjudicadoras sólo utilizarán medios electrónicos, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2 a 5 del artículo 48.

3. A efectos de la aplicación del sistema dinámico de adquisición, las entidades adjudicadoras:

a) publicarán un anuncio de licitación en el que se precisará que se trata de un sistema dinámico de adquisición;

b) en el pliego de condiciones precisarán, entre otras cosas, la naturaleza de las adquisiciones previstas en el marco de este sistema, así como toda la información necesaria relativa al sistema de adquisición, al equipo electrónico utilizado y a las modalidades y especificaciones técnicas de conexión;

c) desde la publicación del anuncio hasta la expiración del sistema, ofrecerán por medios electrónicos el acceso libre, directo y completo al pliego de condiciones y a toda documentación adicional e indicarán en el anuncio la dirección de Internet en la que estos documentos pueden consultarse.

4. Durante toda la duración del sistema dinámico de adquisición, las entidades adjudicadoras ofrecerán a cualquier operador económico la posibilidad de presentar una oferta indicativa y de ser incluido en el sistema en las condiciones expuestas en el párrafo primero del apartado 2. Concluirán la evaluación de la oferta indicativa en un plazo máximo de 15 días a partir de la presentación de la misma. No obstante, podrán prolongar dicha evaluación siempre que entretanto no se convoque una nueva licitación.

La entidad adjudicadora informará cuanto antes al licitador mencionado en el párrafo primero de su admisión en el sistema dinámico de adquisición, o del rechazo de su oferta indicativa.

5. Cada contrato específico será objeto de una licitación. Antes de proceder a la licitación, las entidades adjudicadoras publicarán un anuncio de licitación simplificado en el que se invite a todos los operadores económicos interesados a presentar una oferta indicativa, con arreglo al apartado 4, en un plazo que no podrá ser inferior a 15 días a partir de la fecha de envío del citado anuncio. Las entidades adjudicadoras no convocarán una nueva licitación hasta haber concluido la evaluación de todas las ofertas indicativas presentadas en el plazo citado.

6. Las entidades adjudicadoras invitarán a todos los licitadores admitidos en el sistema a presentar una oferta para cada contrato específico que se vaya a adjudicar en el marco del sistema. Con este fin, establecerán un plazo suficiente para la presentación de las ofertas.

Adjudicarán el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta, basándose en los criterios de adjudicación detallados en el anuncio de licitación para la puesta en práctica del sistema dinámico de adquisición. Estos criterios, llegado el caso, podrán precisarse en la invitación mencionada en el párrafo primero.

7. La duración de un sistema dinámico de adquisición no podrá ser superior a cuatro años, salvo en casos excepcionales debidamente justificados.

Las entidades adjudicadoras no podrán recurrir a este sistema de manera que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada.

No se podrá cargar a los operadores económicos interesados o a las partes en el sistema ningún precio o gasto administrativo de tramitación.

CAPÍTULO II

Umbrales y exclusiones

Sección 1

Umbrales

Artículo 16

Importes de los umbrales de los contratos

Salvo que estén excluidos en virtud de las exclusiones previstas en los artículos 19 a 26 o con arreglo al artículo 30, en lo relativo al ejercicio de la actividad en cuestión, la presente Directiva se aplicará a los contratos cuyo valor estimado, excluido el IVA, sea igual o superior a los siguientes límites:

a) 499000 euros en los contratos de suministros y de servicios;

b) 6242000 euros en los contratos de obras.

Artículo 17

Métodos para calcular el valor estimado de los contratos, de los acuerdos marco y de los sistemas dinámicos de adquisición

1. El cálculo del valor estimado de un contrato se basará en el importe total a pagar, excluido el IVA, estimado por la entidad adjudicadora. Dicho cálculo tendrá en cuenta el importe total estimado, incluido cualquier tipo de opción y las eventuales prórrogas del contrato.

Cuando la entidad adjudicadora haya previsto otorgar premios o efectuar pagos a los candidatos o licitadores, tendrá en cuenta la cuantía de los mismos en el cálculo del valor estimado del contrato.

2. Las entidades adjudicadoras no podrán substraerse a la aplicación de la presente Directiva dividiendo los proyectos de obras o los proyectos de adquisición de productos o de prestación de servicios destinados a obtener una determinada cantidad de suministros o de servicios ni empleando modalidades particulares de cálculo del valor de los contratos.

3. Para los acuerdos marco y para los sistemas dinámicos de adquisición el valor que se tendrá en cuenta es el valor máximo estimado, excluido el IVA, del conjunto de contratos contemplados durante la duración total del acuerdo o del sistema.

4. A efectos de la aplicación del artículo 16, las entidades adjudicadoras incluirán en el valor estimado de los contratos de obras el valor de las obras y de todos los suministros o servicios necesarios para la ejecución de las obras que dichas entidades pongan a disposición del contratista.

5. El valor de los suministros o de los servicios que no sean necesarios para la ejecución de un contrato de obras determinado no podrá añadirse al valor de dicho contrato de forma tal que la adquisición de tales suministros o servicios se sustraiga a la aplicación de la presente Directiva.

6. a) Cuando una obra proyectada o una compra de servicios puedan derivar en contratos que se adjudiquen al mismo tiempo en forma de lotes separados, deberá tenerse en cuenta el valor total estimado de todos los lotes.

Si el valor acumulado de dichos lotes es igual o superior al umbral previsto en el artículo 16, se aplicarán las disposiciones de la presente Directiva a la adjudicación de cada lote.

No obstante, las entidades adjudicadoras podrán renunciar a dicha aplicación respecto de lotes cuyo valor estimado, excluido el IVA, sea inferior a 80000 euros para los servicios o 1 millón de euros para las obras, siempre que el coste acumulado de dichos lotes no exceda del 20% del valor acumulado del conjunto de los lotes.

b) Cuando una propuesta para la adquisición de suministros similares pueda derivar en contratos que se adjudiquen al mismo tiempo en forma de lotes separados, deberá tenerse en cuenta el valor total estimado de todos los lotes al aplicarse el artículo 16.

Si el valor acumulado de dichos lotes es igual o superior al umbral previsto en el artículo 16, se aplicarán las disposiciones de la presente Directiva a la adjudicación de cada lote.

No obstante, las entidades adjudicadoras podrán renunciar a dicha aplicación respecto de lotes cuyo valor estimado, excluido el IVA, sea inferior a 80000 euros, siempre que el coste acumulado de dichos lotes no exceda del 20% del valor acumulado del conjunto de los lotes.

7. En el caso de contratos de suministros o de servicios que tengan carácter periódico o que estén destinados a renovarse en un período determinado, el cálculo del valor estimado del contrato se basará en lo siguiente:

a) bien el valor real total de los contratos sucesivos del mismo tipo adjudicados durante los doce meses anteriores o el ejercicio presupuestario precedente, corregido en lo posible para tener en cuenta las modificaciones previsibles de cantidad o valor que pudieran sobrevenir durante los doce meses siguientes al contrato inicial;

b) bien el valor estimado total de los contratos sucesivos adjudicados durante los doce meses siguientes a la primera entrega, o durante el ejercicio presupuestario si éste excede de los doce meses.

8. La base del cálculo del valor estimado de un contrato que incluya servicios y suministros será el valor total de los servicios y de los suministros, independientemente del porcentaje con que participen en el contrato. Dicho cálculo incluirá el valor de las operaciones de colocación e instalación.

9. En lo que se refiere a los contratos de suministros relativos al arrendamiento financiero, el alquiler o la venta a plazos de productos, el valor que se tomará como base para el cálculo del valor estimado del contrato será el siguiente:

a) en el caso de contratos de duración determinada, si dicho plazo es menor o igual a doce meses, el valor estimado total para el plazo del contrato o, si el plazo del contrato es superior a doce meses, el valor total del contrato con inclusión del valor residual estimado;

b) en el caso de contratos sin plazo fijo o cuyo plazo no pueda definirse, el valor mensual multiplicado por 48.

10. A efectos del cálculo del valor estimado del contrato en los contratos de servicios, se tendrán en cuenta, según corresponda, los siguientes importes:

a) en los contratos de seguros, la prima y las demás remuneraciones;

b) en los contratos de servicios bancarios y otros servicios financieros, los honorarios, comisiones, intereses y otras remuneraciones;

c) en los contratos que impliquen un proyecto, los honorarios, comisiones y otras remuneraciones.

11. En los casos de contratos de servicios en los que no se indique un precio total, el valor que se tomará como base para el cálculo del valor estimado de contrato será el siguiente:

a) en los contratos de duración determinada, si dicho plazo es menor o igual que cuarenta y ocho meses: el valor total para la totalidad de su plazo;

b) en los contratos sin plazo fijo con un plazo superior a cuarenta y ocho meses: el valor mensual multiplicado por 48.

Sección 2

Contratos y concesiones y contratos sometidos a un régimen especial

SUBSECCIÓN 1

Artículo 18

Concesiones de obras o de servicios

La presente Directiva no se aplicará a las concesiones de obras o de servicios que sean adjudicadas por las entidades adjudicadoras que ejerzan una o varias de las actividades contempladas en los artículos 3 a 7, cuando estas concesiones se adjudiquen para desarrollar dichas actividades.

SUBSECCIÓN 2

Exclusiones aplicables a todas las entidades adjudicadoras y a todos los tipos de contratos

Artículo 19

Contratos adjudicados a efectos de reventa o arrendamiento financiero a terceros

1. La presente Directiva no se aplicará a los contratos adjudicados a efectos de reventa o arrendamiento financiero a terceros, siempre y cuando la entidad adjudicadora no goce de derechos especiales o exclusivos de venta o arrendamiento financiero del objeto de dichos contratos y existan otras entidades que puedan venderlos o arrendarlos libremente en las mismas condiciones que la entidad adjudicadora.

2. Las entidades adjudicadoras comunicarán a la Comisión, a petición de ésta, todas las categorías de productos y actividades que consideren excluidas en virtud del apartado 1. La Comisión podrá publicar periódicamente en el Diario Oficial de la Unión Europea, con carácter informativo, las listas de las categorías de productos y actividades que considere excluidas. A este respecto, la Comisión respetará el carácter comercial reservado que las entidades adjudicadoras indiquen cuando presenten esta información.

Artículo 20

Contratos adjudicados para fines distintos del desarrollo de las actividades contempladas o para el desarrollo de dichas actividades en terceros países

1. La presente Directiva no se aplicará a los contratos que las entidades adjudicadoras celebren para fines distintos del desarrollo de sus actividades mencionadas en los artículos 3 a 7, o para el desarrollo de dichas actividades en un tercer país, en circunstancias que no supongan la explotación física de una red o de una zona geográfica dentro de la Comunidad.

2. Las entidades adjudicadoras comunicarán a la Comisión, a petición de ésta, cualquier actividad que consideren excluida en virtud del apartado 1. La Comisión podrá publicar periódicamente en el Diario Oficial de la Unión Europea, con carácter informativo, las listas de las categorías de actividades que considere excluidas. A este respecto, la Comisión respetará el carácter comercial reservado que las entidades adjudicadoras indiquen cuando presenten esta información.

Artículo 21

Contratos secretos o que requieran medidas de seguridad especiales

La presente Directiva no se aplicará a los contratos que hayan sido declarados secretos por los Estados miembros o cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas vigentes en el Estado miembro de que se trate, o cuando así lo requiera la protección de los intereses esenciales de la seguridad de dicho Estado.

Artículo 22

Contratos adjudicados en virtud de normas internacionales

La presente Directiva no se aplicará a los contratos regulados por normas de procedimiento distintas y adjudicados:

a) en virtud de un acuerdo internacional celebrado de conformidad con el Tratado entre un Estado miembro y uno o varios terceros países, que cubra suministros, obras, servicios o concursos de proyectos destinados a la ejecución o explotación conjunta por los Estados signatarios de un proyecto; todos los acuerdos serán comunicados a la Comisión, que podrá consultar al Comité consultivo de contratos públicos mencionado en el artículo 68;

b) en virtud de un acuerdo internacional relativo al estacionamiento de tropas y que se refiera a las empresas de un Estado miembro o de un tercer país;

c) en virtud de un procedimiento específico de una organización internacional.

Artículo 23

Contratos adjudicados a una empresa asociada, a una empresa conjunta o a una entidad adjudicadora que forme parte de una empresa conjunta

1. A efectos del presente artículo, se entenderá por empresa asociada las empresas que, en virtud de lo dispuesto en la séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, basada en la letra g) del apartado 2 del artículo 44 del Tratado, relativa a las cuentas consolidadas(27)(28), presenten cuentas anuales consolidadas con las de la entidad adjudicadora o, si se trata de entidades que no están sujetas a dicha Directiva, las empresas sobre las cuales la entidad adjudicadora pueda ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante a efectos de la letra b) del apartado 1 del artículo 2, o que puedan ejercer una influencia dominante sobre la entidad adjudicadora, o que, al igual que la entidad adjudicadora, estén sometidas a la influencia dominante de otra empresa por razón de propiedad o participación financiera o en virtud de las normas que las rigen.

2. Siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en el apartado 3, la presente Directiva no se aplicará a los contratos adjudicados:

a) por una entidad adjudicadora a una empresa asociada;

b) por una empresa conjunta, constituida exclusivamente por varias entidades adjudicadoras con el fin de desarrollar las actividades contempladas en los artículos 3 a 7, a una empresa asociada a una de dichas entidades adjudicadoras.

3. El apartado 2 será de aplicación:

a) a los contratos de servicios, siempre que como mínimo el 80 % del promedio del volumen de negocios que la empresa asociada haya efectuado en los últimos tres años en materia de servicios provenga de la prestación de estos servicios a las empresas con las que esté asociada;

b) a los contratos de servicios, siempre que como mínimo el 80 % del promedio del volumen de negocios que la empresa asociada haya efectuado en los últimos tres años en materia de suministros provenga de la prestación de estos suministros a las empresas con las que esté asociada;

c) a los contratos de obras, siempre que como mínimo el 80 % del promedio del volumen de negocios que la empresa asociada haya efectuado en los últimos tres años en materia de obras provenga de la prestación de estas obras a las empresas con las que esté asociada.

Cuando no se disponga del volumen de negocios de los tres últimos años, debido a la fecha de creación o de inicio de las actividades de la empresa asociada, será suficiente que dicha empresa demuestre que la realización del volumen de negocios contemplado en las letras a), b) o c) sea verosímil, en especial mediante proyecciones de actividades.

Cuando más de una empresa asociada a la entidad adjudicadora preste servicios, suministros u obras idénticos o similares, los porcentajes mencionados se calcularán teniendo en cuenta el volumen de negocios total resultante respectivamente de la prestación de servicios, suministros u obras por dichas empresas asociadas.

4. La presente Directiva no se aplicará a los contratos adjudicados:

a) por una empresa conjunta, constituida exclusivamente por varias entidades adjudicadoras con el fin de desarrollar las actividades contempladas en los artículos 3 a 7, a una de dichas entidades adjudicadoras, o

b) por una entidad adjudicadora a una empresa conjunta de la que forme parte, siempre que la empresa conjunta se haya constituido para desarrollar la actividad de que se trate durante un período mínimo de tres años y que el instrumento por el que se haya constituido la empresa conjunta estipule que las entidades adjudicadoras que la constituyen serán parte de la misma al menos durante el mismo período.

5. Las entidades adjudicadoras comunicarán a la Comisión, a petición de ésta, las siguientes informaciones sobre la aplicación de las disposiciones de los apartados 2, 3 y 4:

a) el nombre de las empresas o empresas conjuntas de que se trate,

b) la naturaleza y el valor de los contratos de que se trate,

c) los elementos que la Comisión considere necesarios para probar que las relaciones entre la entidad adjudicadora y la empresa o la empresa conjunta a la que se adjudiquen los contratos cumplen los requisitos del presente artículo.

SUBSECCIÓN 3

Exclusiones aplicables a todas las entidades adjudicadoras pero sólo a los contratos de servicios

Artículo 24

Contratos relativos a determinados servicios excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva

La presente Directiva no se aplicará a los contratos de servicios:

a) cuyo objeto sea la adquisición o el arrendamiento, independientemente del sistema de financiación, de terrenos, edificios ya existentes u otros bienes inmuebles, o relativos a derechos sobre estos bienes; no obstante, los contratos de servicios financieros celebrados, bien al mismo tiempo, bien con anterioridad o posterioridad al contrato de adquisición o arrendamiento, en cualquiera de sus formas, se regularán por lo dispuesto en la presente Directiva;

b) cuyo objeto sean servicios de arbitraje y de conciliación;

c) referentes a servicios financieros relativos a la emisión, compra, venta y transferencia de títulos o de otros instrumentos financieros, en particular las transacciones de las entidades adjudicadoras para obtener dinero o capital;

d) relativos a los contratos de trabajo;

e) referentes a los servicios de investigación y de desarrollo distintos de aquellos cuyos beneficios pertenezcan exclusivamente a la entidad adjudicadora para su utilización en el ejercicio de su propia actividad, siempre que la entidad adjudicadora remunere totalmente la prestación del servicio.

Artículo 25

Contratos de servicios adjudicados en virtud de un derecho exclusivo

La presente Directiva no se aplicará a los contratos de servicios adjudicados a una entidad que sea, a su vez, un poder adjudicador a efectos de la letra a) del apartado 1 del artículo 2 o una asociación de poderes adjudicadores, con arreglo a un derecho exclusivo del que gocen en virtud de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas publicadas, siempre que dichas disposiciones sean compatibles con el Tratado.

SUBSECCIÓN 4

Exclusiones aplicables sólo a determinadas entidades adjudicadoras

Artículo 26

Contratos adjudicados por determinadas entidades adjudicadoras para la compra de agua y para el suministro de energía o de combustibles destinados a la generación de energía

La presente Directiva no se aplicará a:

a) los contratos para la compra de agua, siempre que sean adjudicados por entidades adjudicadoras que ejerzan alguna de las actividades contempladas en el apartado 1 del artículo 4;

b) los contratos para el suministro de energía o de combustibles destinados a la generación de energía, siempre que sean adjudicados por entidades adjudicadoras que ejerzan alguna de las actividades señaladas en los apartados 1 ó 3 del artículo 3 o en la letra a) del artículo 7.

SUBSECCIÓN 5

Contratos sometidos a un régimen especial, a disposiciones relativas a las centrales de compras y al procedimiento general para los casos de exposición directa a la competencia

Artículo 27

Contratos sometidos a un régimen especial

No obstante lo dispuesto en el artículo 30, el Reino de los Países Bajos, el Reino Unido, la República de Austria y la República Federal de Alemania garantizarán, mediante las condiciones de autorización u otras medidas adecuadas, que todas las entidades que operen en los sectores mencionados en las Decisiones 93/676/CE, 97/367/CE, 2002/205/CE y 2004/73/CE:

a) observen los principios de no discriminación y de apertura a la competencia para la adjudicación de los contratos de suministros, de obras y de servicios, en particular por lo que se refiere a la información que pongan a disposición de los operadores económicos en relación con sus intenciones de contratación;

b) comuniquen a la Comisión la información relativa a la adjudicación de los contratos, en las condiciones definidas en la Decisión 93/327/CEE de la Comisión, de 13 de mayo de 1993, por la que se establecen las condiciones en las que las entidades contratantes dedicadas a la explotación de zonas geográficas con fines de prospección o extracción de petróleo, gas, carbón u otros combustibles sólidos, han de comunicar a la Comisión las informaciones relativas a la adjudicación de contratos(29).

Artículo 28

Contratos reservados

Los Estados miembros podrán reservar la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos a talleres protegidos o prever su ejecución en el contexto de programas de empleo protegido cuando la mayoría de los trabajadores afectados sean personas discapacitadas que, debido a la índole o a la gravedad de sus discapacidades, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales.

En el anuncio utilizado para convocar la licitación deberá hacerse mención del presente artículo.

Artículo 29

Contratos y acuerdos marco celebrados con las centrales de compras

1. Los Estados miembros podrán prever la posibilidad de que las entidades adjudicadoras adquieran obras, suministros o servicios por medio de centrales de compras.

2. Se considerará que las entidades adjudicadoras que adquieran obras, suministros o servicios por medio de una central de compras, en los supuestos contemplados en el apartado 8 del artículo 1, han respetado las disposiciones de la presente Directiva siempre que la central de compras respete dichas disposiciones o, en su caso, lo dispuesto en la Directiva 2004/18/CE.

Artículo 30

Procedimiento para establecer si una determinada actividad está sometida directamente a la competencia

1. La presente Directiva no se aplicará a los contratos destinados a hacer posible la prestación de una actividad contemplada en los artículos 3 a 7, siempre que en el Estado miembro en que se efectúe dicha actividad ésta esté sometida directamente a la competencia en mercados cuyo acceso no esté limitado.

2. A efectos del apartado 1, para determinar si una actividad está sometida directamente a la competencia, se utilizarán criterios que sean conformes a las disposiciones del Tratado en materia de competencia, como las características de los bienes o servicios de que se trate, la existencia de bienes o servicios alternativos, los precios y la presencia real o potencial de más de un proveedor de los bienes o servicios de que se trate.

3. A efectos del apartado 1, se considerará que el acceso a un mercado no está limitado cuando el Estado miembro haya incorporado a su legislación nacional y aplicado las disposiciones de la legislación comunitaria mencionada en el anexo XI.

Cuando no pueda presumirse con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero el libre acceso a un mercado determinado, deberá demostrarse que el acceso al mercado en cuestión es libre de facto y de iure.

4. Cuando un Estado miembro estime que, en cumplimiento de los apartados 2 y 3, es de aplicación a una determinada actividad el apartado 1, deberá notificarlo a la Comisión, a quien informará de todas las circunstancias pertinentes, y en especial de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa o de cualquier acuerdo relativos a la conformidad con las condiciones mencionadas en el apartado 1, en su caso junto con la posición adoptada por una autoridad nacional independiente que sea competente en la actividad de que se trate.

Los contratos destinados a hacer posible el ejercicio de una determinada actividad no continuarán estando sujetos a la presente Directiva:

- si la Comisión ha adoptado una decisión por la que se establezca la aplicabilidad del apartado 1 de conformidad con el apartado 6 y dentro del plazo que el mismo prevé, o

- si la Comisión no ha adoptado una decisión relativa a dicha aplicabilidad dentro de dicho plazo.

Sin embargo, cuando sobre la base del párrafo primero del apartado 3 se suponga que el acceso a un mercado no está limitado, y cuando una autoridad nacional independiente que sea competente en la actividad de que se trate haya determinado la aplicabilidad del apartado 1, los contratos destinados a hacer posible el ejercicio de una determinada actividad dejarán de estar sujetos a las disposiciones de la presente Directiva si la Comisión no ha establecido la inaplicabilidad del apartado 1 mediante una decisión adoptada de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 dentro del plazo previsto en dicho apartado.

5. Cuando el Derecho del Estado miembro interesado lo contemple, las entidades adjudicadoras podrán solicitar a la Comisión que establezca la aplicabilidad del apartado 1 a una determinada actividad mediante una decisión de conformidad con el apartado 6. En tal caso, la Comisión informará inmediatamente al Estado miembro interesado.

El Estado miembro afectado informará a la Comisión, tomando en consideración los apartados 2 y 3, de todos los hechos pertinentes y, especialmente, de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa o de cualquier acuerdo relativos a la conformidad con las condiciones mencionadas en el apartado 1, en su caso junto con la posición adoptada por una autoridad nacional independiente que sea competente en la actividad de que se trate.

La Comisión podrá también decidir que se inicie de oficio el procedimiento para la adopción de una decisión por la que se establezca la aplicabilidad del apartado 1 a una determinada actividad. En este caso, la Comisión informará inmediatamente al Estado miembro interesado.

Si transcurrido el plazo previsto en el apartado 6 la Comisión no hubiese adoptado una decisión sobre la aplicabilidad del apartado 1 a una determinada actividad, se considerará que el apartado 1 es aplicable.

6. Para adoptar una decisión a efectos del presente artículo con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 68, la Comisión dispondrá de un plazo de tres meses a partir del primer día hábil siguiente a la fecha en que la notificación o la solicitud obre en su poder. Sin embargo, este plazo podrá prorrogarse como máximo tres meses en casos debidamente justificados, en particular cuando la información incluida en la notificación, en la solicitud o en los documentos anejos sea incompleta o inexacta, o cuando los hechos expuestos sufran modificaciones esenciales. Esta prórroga será sólo de un mes cuando una autoridad nacional independiente que sea competente en la actividad de que se trate haya determinado la aplicabilidad del apartado 1 en los casos previstos en el párrafo tercero del apartado 4.

Cuando una actividad en un Estado miembro determinado sea ya objeto de un procedimiento en virtud del presente artículo, las ulteriores solicitudes acerca de esa misma actividad en el mismo Estado miembro antes de que finalice el plazo abierto relativo a la primera solicitud no se considerarán como nuevas solicitudes y se tratarán en el marco de la primera solicitud.

La Comisión adoptará las modalidades de aplicación de los apartados 4, 5 y 6 con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 68.

Dichas modalidades incluirán como mínimo:

a) la publicación en el Diario Oficial, a título informativo, de la fecha en que comience el plazo de tres meses contemplado en el párrafo primero y, en caso de que se prorrogue dicho plazo, la fecha de la prórroga y el plazo por el que se ha prorrogado;

b) la publicación de una eventual aplicabilidad del apartado 1 de conformidad con el párrafo segundo o tercero del apartado 4 o de conformidad con el párrafo cuarto del apartado 5, y

c) las modalidades de transmisión de eventuales posiciones sobre cuestiones pertinentes a los efectos de los apartados 1 y 2 adoptadas por una autoridad independiente competente en la actividad de que se trate.

CAPÍTULO III

Contratos de servicios

Artículo 31

Contratos de servicios incluidos en el anexo XVII A

Los contratos que tengan por objeto servicios enumerados en el anexo XVII A se adjudicarán con arreglo a lo dispuesto en los artículos 34 a 59.

Artículo 32

Contratos de servicios incluidos en el anexo XVII B

La adjudicación de los contratos que tengan por objeto servicios enumerados en el anexo XVII B estará sometida únicamente a lo dispuesto en los artículos 34 y 43.

Artículo 33

Contratos mixtos de servicios incluidos en el anexo XVII A y en el anexo XVII B

Los contratos que tengan por objeto simultáneamente servicios incluidos en el anexo XVII A y en el anexo XVII B se adjudicarán con arreglo a lo dispuesto en los artículos 34 a 59 cuando el valor de los servicios del anexo XVII A sea superior al valor de los servicios del anexo XVII B. En los demás casos, se adjudicarán con arreglo a lo dispuesto en los artículos 34 y 43.

CAPÍTULO IV

Normas específicas relativas al pliego de condiciones y a los documentos del contrato

Artículo 34

Especificaciones técnicas

1. Las especificaciones técnicas definidas en el punto 1 del anexo XXI figurarán en la documentación del contrato, tal como los anuncios de licitación, el pliego de condiciones o los documentos complementarios. En la medida de lo posible, estas especificaciones técnicas deberían definirse teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad para personas con discapacidades o el diseño para todos los usuarios.

2. Las especificaciones técnicas nacionales deberán permitir a los licitadores el acceso en condiciones de igualdad y no tendrán por efecto la creación de obstáculos injustificados a la apertura de los contratos públicos a la competencia.

3. Sin perjuicio de las normas técnicas nacionales con fuerza legal, en la medida en que sean compatibles con la legislación comunitaria, las especificaciones técnicas deberán formularse:

a) bien por referencia a especificaciones técnicas definidas en el anexo XXI y, por orden de preferencia, a las normas nacionales por las que se adaptan las legislaciones nacionales a las normas europeas, a los documentos de idoneidad técnica europeos, a las especificaciones técnicas comunes, a las normas internacionales, a otros sistemas de referencias técnicas elaborados por los organismos europeos de normalización o, en su defecto, a las normas nacionales, a los documentos de idoneidad técnica nacionales o a las especificaciones técnicas nacionales en materia de proyecto, cálculo y ejecución de obras y de uso de productos. Cada referencia deberá ir acompañada de la mención "o equivalente";

b) bien en términos de rendimiento o exigencias funcionales, pudiendo esta última incluir características medioambientales. No obstante, estos parámetros deberán ser suficientemente precisos para permitir a los licitadores determinar el objeto del contrato y a las entidades adjudicadoras adjudicar el contrato;

c) bien en los términos de rendimiento o exigencias funcionales mencionados en la letra b), haciendo referencia, como medio de presunción de conformidad con estas exigencias de rendimiento o funcionales, a las especificaciones contempladas en la letra a);

d) bien mediante referencia a las especificaciones técnicas de la letra a) para ciertas características, y mediante referencia al rendimiento o exigencias funcionales de la letra b) para otras características.

4. Cuando las entidades adjudicadoras hagan uso de la opción de referirse a las especificaciones señaladas en la letra a) del apartado 3, no podrán rechazar una oferta basándose en que los productos y servicios ofrecidos no son conformes a las especificaciones a que se hayan referido, siempre que en su oferta el licitador pruebe, a satisfacción de la entidad adjudicadora y por cualquier medio adecuado, que las soluciones que propone cumplen de forma equivalente los requisitos definidos por las especificaciones técnicas.

Un expediente técnico del fabricante o un informe de pruebas de un organismo reconocido podrían constituir un medio adecuado.

5. Cuando las entidades adjudicadoras hagan uso de la opción prevista en el apartado 3 de especificar en términos de rendimiento o exigencias funcionales, no podrán rechazar una oferta de productos, de servicios o de obras que se ajusten a una norma nacional que incorpore una norma europea, a un documento de idoneidad técnica europeo, a una especificación técnica común, a una norma internacional o a un sistema de referencias técnicas elaborado por un organismo europeo de normalización, si tales especificaciones tienen por objeto los requisitos de rendimiento o exigencias funcionales exigidos por ellas.

En su oferta, el licitador deberá probar a satisfacción de la entidad adjudicadora, por cualquier medio adecuado, que el producto, servicio u obra conforme a la norma reúne los requisitos de rendimiento o exigencias funcionales establecidos por la entidad adjudicadora.

Un expediente técnico del fabricante o un informe de pruebas de un organismo reconocido podrían constituir un medio adecuado.

6. Cuando las entidades adjudicadoras prescriban características medioambientales en términos de rendimientos o de exigencias funcionales, tal como se contemplan en la letra b) del apartado 3, podrán utilizar las especificaciones detalladas o, si fuera necesario, partes de éstas, tal como se definen en las etiquetas ecológicas europeas o (pluri)nacionales, o en cualquier otra etiqueta ecológica siempre que:

- esas especificaciones sean adecuadas para definir las características de los suministros o servicios objeto del contrato,

- las exigencias de la etiqueta se desarrollen basándose en una información científica,

- las etiquetas ecológicas se adopten mediante un proceso en el que puedan participar todas las partes implicadas, como son los organismos gubernamentales, consumidores, fabricantes, distribuidores y organizaciones medioambientales, y

- sean accesibles a todas las partes interesadas.

Las entidades adjudicadoras podrán indicar que los productos o servicios provistos de la etiqueta ecológica se consideran acordes con las especificaciones técnicas definidas en el pliego de condiciones, y deberán aceptar cualquier otro medio de prueba adecuado, como un expediente técnico del fabricante o un informe de pruebas de un organismo reconocido.

7. A efectos del presente artículo se entenderá por organismos reconocidos los laboratorios de pruebas y de calibrado y los organismos de inspección y certificación conformes a las normas europeas aplicables.

Las entidades adjudicadoras aceptarán los certificados expedidos por organismos reconocidos establecidos en otros Estados miembros.

8. Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las especificaciones técnicas no podrán mencionar una fabricación o una procedencia determinada o un procedimiento concreto, ni hacer referencia a una marca, a una patente o a un tipo, a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productos. Tal mención o referencia se autorizará, con carácter excepcional, en el caso en que no sea posible hacer una descripción lo bastante precisa e inteligible del objeto del contrato con arreglo a los apartados 3 y 4, y deberá ir acompañada de la mención "o equivalente".

Artículo 35

Comunicación de las especificaciones técnicas

1. Las entidades adjudicadoras, previa petición en tal sentido, comunicarán a los operadores económicos interesados en obtener un contrato, las especificaciones técnicas mencionadas habitualmente en sus contratos de suministros, de obras o de servicios, o las especificaciones técnicas que tengan intención de aplicar a los contratos que sean objeto de anuncios periódicos indicativos en el sentido del apartado 1 del artículo 41.

2. Cuando dichas especificaciones técnicas se definan en la documentación que puedan obtener los operadores económicos interesados, será suficiente una referencia a la misma.

Artículo 36

Variantes

1. Cuando el criterio para la adjudicación del contrato sea la oferta económicamente más ventajosa, las entidades adjudicadoras podrán tomar en consideración variantes presentadas por un licitador siempre que cumplan los requisitos mínimos estipulados por dichas entidades adjudicadoras.

Las entidades adjudicadoras indicarán en el pliego de condiciones si autorizan o no las variantes y, en caso afirmativo, las condiciones mínimas que deben reunir las variantes, así como los requisitos para su presentación.

2. En los procedimientos de adjudicación de contratos de suministros o de servicios, las entidades adjudicadoras que, según lo dispuesto en el apartado 1, autoricen variantes, no podrán rechazar una de ellas por el solo motivo de que, de ser elegida, daría lugar bien a un contrato de servicios en vez de un contrato de suministros, bien a un contrato de suministros en lugar de un contrato de servicios.

Artículo 37

Subcontratación

En los documentos del contrato la entidad adjudicadora podrá pedir o podrá ser obligada por un Estado miembro a pedir al licitador que indique en su oferta la parte del contrato que tenga intención de subcontratar a terceros, así como los subcontratistas propuestos. Dicha indicación no prejuzgará la cuestión de la responsabilidad del operador económico principal.

Artículo 38

Condiciones de ejecución del contrato

Las entidades adjudicadoras podrán estipular condiciones especiales relativas a la ejecución del contrato siempre que sean compatibles con el Derecho comunitario y se indiquen en el anuncio utilizado como medio de convocatoria de licitación o en el pliego de condiciones. Las condiciones que regulen la ejecución de un contrato podrán referirse, en particular, a consideraciones de tipo social y medioambiental.

Artículo 39

Obligaciones relativas a las disposiciones en materia fiscal, de protección del medio ambiente, del empleo y de condiciones de trabajo

1. La entidad adjudicadora podrá señalar, o ser obligada por un Estado miembro a señalar, en los documentos del contrato, el organismo u organismos de los que los candidatos o los licitadores pueden obtener la información pertinente sobre obligaciones fiscales, de protección del medio ambiente, de protección y de condiciones de trabajo que estén vigentes en el Estado miembro, la región o la localidad en que vayan a realizarse las prestaciones y que serán aplicables a las obras realizadas o a los servicios prestados durante la ejecución del contrato.

2. La entidad adjudicadora que facilite la información a que se refiere el apartado 1 solicitará a los licitadores o candidatos a una licitación que indiquen que en la elaboración de su oferta han tenido en cuenta las obligaciones relativas a las disposiciones en materia de protección del empleo y a las condiciones de trabajo vigentes en el lugar donde se vaya a realizar la prestación.

Lo dispuesto en el párrafo primero no obstará para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 57.

CAPÍTULO V

Procedimientos

Artículo 40

Utilización de los procedimientos abiertos, restringidos y negociados

1. Para adjudicar contratos de suministros, de obras y de servicios, las entidades adjudicadoras aplicarán los procedimientos que se adapten a los fines de la presente Directiva.

2. Las entidades adjudicadoras podrán elegir cualquiera de los procedimientos definidos en las letras a), b) o c) del apartado 9 del artículo 1 siempre que, salvo lo dispuesto en el apartado 3, se haya efectuado una convocatoria de licitación con arreglo al artículo 42.

3. Las entidades adjudicadoras podrán utilizar un procedimiento sin convocatoria de licitación previa en los casos siguientes:

a) cuando, en respuesta a un procedimiento con convocatoria de licitación previa, no se haya presentado ninguna oferta o ninguna oferta adecuada o ninguna candidatura, siempre y cuando no se modifiquen sustancialmente las condiciones iniciales del contrato;

b) cuando la finalidad del contrato sea únicamente la investigación, experimentación, estudio o desarrollo y no obtener una rentabilidad o recuperar los costes de investigación y desarrollo, y siempre que la adjudicación de tal contrato se entienda sin perjuicio de la convocatoria de una licitación para los contratos subsiguientes que persigan en especial los mismos fines;

c) cuando, a causa de su especificidad técnica o artística, o por razones relacionadas con la protección de derechos exclusivos, tan sólo pueda ejecutar el contrato un determinado operador económico;

d) en la medida en que sea estrictamente necesario, cuando por motivos de extrema urgencia resultantes de hechos imprevisibles para las entidades adjudicadoras, no puedan cumplirse los plazos estipulados para los procedimientos abiertos o restringidos y en los procedimientos negociados con convocatoria de licitación;

e) en el caso de contratos de suministros para entregas adicionales por parte del proveedor inicial que consistan bien en una renovación parcial de suministros o de instalaciones de uso corriente, bien en la ampliación de suministros o de instalaciones existentes, si el cambio de proveedor obligara a la entidad adjudicadora a adquirir material con características técnicas distintas que implicaran alguna incompatibilidad o problemas técnicos desproporcionados de utilización y mantenimiento;

f) para las obras o servicios adicionales no incluidos en el proyecto inicialmente adjudicado ni en el primer contrato celebrado pero que, por circunstancias imprevistas, resulten necesarios para la ejecución de dicho contrato, siempre que la adjudicación se haga al contratista o prestador de servicios que ejecute el contrato inicial;

- cuando dichas obras o servicios adicionales no puedan separarse técnica o financieramente del contrato principal sin grave inconveniente para las entidades adjudicadoras o

- cuando dichas obras o servicios adicionales, aunque separables de la ejecución del contrato inicial, sean estrictamente necesarios para su perfeccionamiento;

g) en el caso de los contratos de obras, para obras nuevas que consistan en la repetición de otras similares confiadas al contratista titular de un primer contrato adjudicado por las mismas entidades adjudicadoras, siempre que tales obras se ajusten a un proyecto básico para el que se haya adjudicado un primer contrato tras la licitación correspondiente; en el anuncio de contrato del primer proyecto ya deberá indicarse la posibilidad de que se recurra a este procedimiento, y las entidades adjudicadoras, cuando apliquen lo dispuesto en los artículos 16 y 17, tendrán en cuenta el coste total previsto para la continuación de las obras;

h) cuando se trate de suministros cotizados y comprados en una bolsa de materias primas;

i) para los contratos que se adjudiquen en virtud de un acuerdo marco, siempre que se cumpla el requisito mencionado en el apartado 2 del artículo 14;

j) para las compras de ocasión, siempre que sea posible adquirir suministros, aprovechando oportunidades especialmente ventajosas que se presenten en un período de tiempo muy breve y cuyo precio de compra sea considerablemente más bajo que el habitual del mercado;

k) para la compra de suministros en condiciones especialmente ventajosas, bien a un proveedor que cese definitivamente su actividad comercial, bien a administradores o síndicos de una quiebra, o en virtud de un concordato judicial o de un procedimiento similar vigente en las normas legales o reglamentarias nacionales;

l) cuando el contrato de servicios en cuestión resulte de un concurso de proyectos organizado de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva y, con arreglo a las normas aplicables, deba adjudicarse al ganador o a uno de los ganadores del concurso; en este último caso, todos los ganadores del concurso deberán ser invitados a participar en las negociaciones.

CAPÍTULO VI

Publicidad y transparencia

Sección 1

Publicación de los anuncios

Artículo 41

Anuncios periódicos indicativos y anuncios sobre la existencia de un sistema de clasificación

1. Las entidades adjudicadoras darán a conocer, al menos una vez al año, mediante un anuncio periódico indicativo contemplado en el anexo XV A, publicado por la Comisión o por las propias entidades, en su "perfil de comprador" tal como se contempla en la letra b) del punto 2 del anexo XX:

a) para los suministros, el valor total estimado de los contratos o de los acuerdos marco, por grupos de productos, que se propongan adjudicar durante los doce meses siguientes cuando, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 16 y 17, sea igual o superior a 750000 euros.

Las entidades adjudicadoras determinarán los grupos de productos haciendo referencia a la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos Públicos;

b) para los servicios, el valor total estimado de los contratos o los acuerdos marco para cada una de las categorías de servicios enumeradas en el anexo XVII A que se propongan adjudicar durante los doce meses siguientes cuando, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 16 y 17, sea igual o superior a 750000 euros;

c) para las obras, las características esenciales de los contratos de obras o de los acuerdos marco que se propongan adjudicar durante los doce meses siguientes y cuyo valor estimado sea igual o superior al umbral indicado en el artículo 16, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 17.

Los anuncios previstos en las letras a) y b) se enviarán a la Comisión o se publicarán en el perfil de comprador lo antes posible una vez iniciado el ejercicio presupuestario.

El anuncio contemplado en la letra c) se enviará a la Comisión o se publicará en el perfil de comprador lo antes posible una vez tomada la decisión de autorizar el programa en el que se enmarcan los contratos de obras o los acuerdos marco que las entidades adjudicadoras se propongan adjudicar.

Las entidades adjudicadoras que publiquen el anuncio periódico indicativo en su perfil de comprador, enviarán a la Comisión, por medios electrónicos y con arreglo al formato y a las modalidades de transmisión electrónica mencionadas en el punto 3 del anexo XX, un anuncio en el que se mencione la publicación de un anuncio periódico indicativo sobre un perfil de comprador.

La publicación de los anuncios contemplados en las letras a), b) y c) será obligatoria sólo cuando las entidades adjudicadoras opten por reducir los plazos para la recepción de ofertas tal como se establece en el apartado 4 del artículo 45.

El presente apartado no será de aplicación a los procedimientos sin licitación previa.

2. Las entidades adjudicadoras podrán, en particular, publicar o pedir que la Comisión publique anuncios periódicos indicativos referentes a proyectos importantes, sin repetir la información que ya se haya incluido en un anuncio periódico indicativo, siempre que se mencione claramente que dichos anuncios constituyen anuncios adicionales.

3. Cuando las entidades adjudicadoras decidan establecer un sistema de clasificación con arreglo al artículo 53, dicho sistema deberá ser objeto de un anuncio, contemplado en el anexo XIV, que indique el objetivo del sistema de clasificación y las formas de acceso a las normas que lo rigen. Cuando el sistema tenga una duración superior a tres años, el anuncio deberá publicarse anualmente. Cuando el sistema tenga una duración inferior, bastará con un anuncio inicial.

Artículo 42

Anuncios que se utilizan como medio de convocatoria de licitación

1. En los contratos de suministros, obras o servicios, la convocatoria de licitación podrá efectuarse:

a) por medio de un anuncio periódico indicativo contemplado en el anexo XV A, o

b) por medio de un anuncio sobre la existencia de un sistema de clasificación contemplado en el anexo XIV, o

c) por medio de un anuncio de licitación contemplado en las partes A, B o C del anexo XIII.

2. En el caso de los sistemas dinámicos de adquisición, la convocatoria de licitación del sistema se efectuará mediante un anuncio de licitación contemplado en la letra c) del apartado 1, mientras que la convocatoria de licitación de los contratos basados en tales sistemas se efectuará mediante un anuncio de licitación simplificado contemplado en la parte D del anexo XIII.

3. Cuando se efectúe una convocatoria de licitación por medio de un anuncio periódico indicativo, dicho anuncio deberá:

a) hacer referencia específicamente a los suministros, las obras o los servicios que sean objeto del contrato que vaya a adjudicarse;

b) mencionar que el contrato se adjudicará por procedimiento restringido o negociado sin ulterior publicación de un anuncio de convocatoria de licitación e instará a los operadores económicos interesados a que manifiesten su interés por escrito; y

c) haberse publicado de conformidad con el anexo XX, un máximo de doce meses antes de la fecha de envío de la invitación contemplada en el apartado 5 del artículo 47. La entidad adjudicadora habrá de respetar, además, los plazos previstos en el artículo 45.

Artículo 43

Anuncios de contratos adjudicados

1. Las entidades adjudicadoras que hayan celebrado un contrato o un acuerdo marco enviarán, en un plazo de dos meses a partir de la adjudicación de dicho contrato o acuerdo marco, un anuncio relativo al contrato adjudicado, según se especifica en el anexo XVI, con arreglo a las condiciones que deberá establecer la Comisión, de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 68.

En el caso de contratos adjudicados con arreglo a un acuerdo marco conforme al apartado 2 del artículo 14, las entidades adjudicadoras quedarán eximidas de enviar un anuncio sobre los resultados del procedimiento de adjudicación de cada contrato basado en el acuerdo marco.

Las entidades adjudicadoras anunciarán el resultado de la adjudicación de los contratos basados en un sistema dinámico de adquisición a más tardar dos meses después de la adjudicación de cada contrato. No obstante, podrán agrupar estos anuncios trimestralmente. En ese caso, enviarán los anuncios agrupados a más tardar en los dos meses siguientes al trimestre vencido.

2. La información suministrada con arreglo al anexo XVI y destinada a ser publicada lo será de conformidad con el anexo XX. A este respecto, la Comisión respetará el carácter comercial reservado que las entidades adjudicadoras indiquen cuando presenten dichas informaciones, respecto al número de ofertas recibidas, la identidad de los operadores económicos y los precios.

3. Cuando las entidades adjudicadoras adjudiquen un contrato de servicios de investigación y desarrollo mediante un procedimiento sin convocatoria de licitación de conformidad con la letra b) del apartado 3 del artículo 40, podrán limitar la información que deban proporcionar con arreglo al anexo XVI relativa a la índole y la cantidad de los servicios suministrados a la mención "servicios de investigación y desarrollo".

Cuando las entidades adjudicadoras adjudiquen un contrato de servicios de investigación y desarrollo que no pueda efectuarse mediante un procedimiento sin convocatoria de licitación de conformidad con la letra b) del apartado 3 del artículo 40, podrán limitar la información que deban proporcionar con arreglo al anexo XVI relativa a la índole y la cantidad de los servicios suministrados por motivos de secreto comercial.

En tales casos, la entidad adjudicadora velará por que la información publicada con arreglo al presente apartado sea al menos tan detallada como la contenida en la convocatoria de licitación publicada de conformidad con el apartado 1 del artículo 42.

En caso de que utilicen un sistema de clasificación, las entidades adjudicadoras deberán velar por que dicha información sea al menos tan detallada como la categoría señalada en la relación de los prestadores de servicios clasificados, establecida con arreglo al apartado 7 del artículo 53.

4. En los casos de contratos adjudicados para la prestación de los servicios enumerados en el anexo XVII B, las entidades adjudicadoras deberán indicar en el anuncio si aceptan la publicación de los mismos.

5. La información suministrada de conformidad con el anexo XVI y señalada como no destinada a la publicación sólo se publicará de forma simplificada y con arreglo al anexo XX a efectos estadísticos.

Artículo 44

Redacción y modalidades de publicación de los anuncios

1. Los anuncios incluirán la información indicada en los anexos XIII, XIV, XV A, XV B y XVI y, cuando proceda, cualquier otra información que la entidad adjudicadora considere útil según el formato de los formularios normalizados adoptados por la Comisión con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 68.

2. Los anuncios que las entidades adjudicadoras envíen a la Comisión serán transmitidos, bien por medios electrónicos con arreglo al formato y a las modalidades de transmisión previstas en el punto 3 del anexo XX, bien por otros medios.

Los anuncios contemplados en los artículos 41, 42 y 43 se publicarán conforme a las características técnicas de publicación mencionadas en las letras a) y b) del punto 1 del anexo XX.

3. Los anuncios preparados y enviados por medios electrónicos con arreglo al formato y a las modalidades de transmisión mencionadas en el punto 3 del anexo XX se publicarán en un plazo máximo de cinco días después de su envío.

Los anuncios que no se envíen por medios electrónicos con arreglo al formato y a las modalidades de transmisión mencionadas en el punto 3 del anexo XX se publicarán en un plazo máximo de doce días a partir de su envío. No obstante, en casos excepcionales y en respuesta a una solicitud de la entidad adjudicadora, los anuncios de contratos mencionados en la letra c) del apartado 1 del artículo 42 se publicarán en un plazo de cinco días, siempre que el anuncio se haya enviado por fax.

4. Los anuncios de licitaciones se publicarán in extenso en una de las lenguas oficiales de la Comunidad, que elegirá la entidad adjudicadora. El texto publicado en esa lengua original será el único auténtico. En las demás lenguas oficiales se publicará un resumen de los puntos importantes de cada anuncio.

Los gastos de publicación de los anuncios por parte de la Comisión correrán a cargo de la Comunidad.

5. Los anuncios y su contenido no se podrán publicar a nivel nacional antes de la fecha en que se envíen a la Comisión.

Los anuncios publicados a nivel nacional no incluirán información distinta de la que figure en los anuncios enviados a la Comisión o de la que se haya publicado en un perfil de comprador de conformidad con el párrafo primero del apartado 1 del artículo 41, y deberán mencionar la fecha de envío del anuncio a la Comisión o de la publicación en el perfil de comprador.

Los anuncios periódicos indicativos no podrán publicarse en un perfil de comprador antes de que se envíe a la Comisión el anuncio de su publicación en la citada forma y deberán mencionar la fecha de dicho envío.

6. Las entidades adjudicadoras deberán poder demostrar la fecha de envío de los anuncios.

7. La Comisión entregará a la entidad adjudicadora una confirmación de la publicación de la información enviada, en la que se mencionará la fecha de dicha publicación. Esta confirmación constituirá prueba de la publicación.

8. Las entidades adjudicadoras podrán publicar, con arreglo a los apartados 1 a 7, anuncios de licitaciones que no estén sometidos a la publicación obligatoria prevista en la presente Directiva.

Sección 2

Plazos

Artículo 45

Plazos de recepción de las solicitudes de participación y de las ofertas

1. Al fijar los plazos de recepción de las ofertas y de las solicitudes de participación las entidades adjudicadoras tendrán especialmente en cuenta la complejidad del contrato y el tiempo necesario para preparar las ofertas, sin perjuicio de los plazos mínimos que establece el presente artículo.

2. En los procedimientos abiertos, el plazo mínimo de recepción de las ofertas será de 52 días a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación.

3. En los procedimientos restringidos y en los procedimientos negociados con convocatoria de licitación previa se aplicarán las disposiciones siguientes:

a) el plazo de recepción de las solicitudes de participación, como respuesta a un anuncio publicado con arreglo a la letra c) del apartado 1 del artículo 42, o a una invitación de las entidades adjudicadoras con arreglo al apartado 5 del artículo 47, será, en general, como mínimo de 37 días a partir de la fecha de envío del anuncio o de la invitación, y en ningún caso será inferior a 22 días si el anuncio se envía para su publicación por medios distintos de los electrónicos o el fax, ni inferior a 15 días si el anuncio se envía por tales medios;

b) la entidad adjudicadora y los candidatos que hayan sido seleccionados podrán fijar de mutuo acuerdo el plazo para la recepción de las ofertas, siempre que todos los candidatos dispongan de un plazo idéntico para preparar y presentar sus ofertas;

c) cuando no sea posible llegar a un acuerdo sobre el plazo de recepción de ofertas, la entidad adjudicadora fijará un plazo que, en general, será como mínimo de 24 días y en ningún caso inferior a diez días a partir de la fecha de la invitación a presentar ofertas.

4. En el caso en que las entidades adjudicadoras hayan publicado un anuncio periódico indicativo mencionado en el apartado 1 del artículo 41 de conformidad con el anexo XX, el plazo mínimo para la recepción de ofertas en los procedimientos abiertos será, por norma general, de 36 días, y en ningún caso podrá ser inferior a 22 días a partir de la fecha de envío del anuncio.

Estos plazos reducidos se admitirán siempre y cuando el anuncio periódico indicativo, además de la información exigida en la parte I del anexo XV A, haya incluido toda la información exigida en la parte II del anexo XV A, siempre que se disponga de esta última información en el momento de publicación del anuncio y que el anuncio haya sido enviado para su publicación entre un mínimo de 52 días y un máximo de 12 meses antes de la fecha de envío del anuncio de licitación previsto en la letra c) del apartado 1 del artículo 42.

5. Cuando los anuncios se preparen y envíen por medios electrónicos con arreglo al formato y a las modalidades de transmisión mencionadas en el punto 3 del anexo XX, los plazos de recepción de las solicitudes de participación en los procedimientos restringidos y en los procedimientos negociados y los plazos de recepción de las ofertas en los procedimientos abiertos podrán acortarse en siete días.

6. Salvo en el caso de un plazo fijado de común acuerdo conforme a la letra b) del apartado 3, será posible una reducción adicional de cinco días de los plazos para la recepción de ofertas en los procedimientos abiertos, restringidos y negociados cuando la entidad adjudicadora dé acceso libre, directo y completo por vía electrónica a los documentos del contrato y a toda documentación adicional, desde la fecha de publicación del anuncio que se utilice como medio de convocatoria de licitación, con arreglo al anexo XX. Este anuncio deberá indicar la dirección de Internet en que puedan consultarse dichos documentos.

7. En los procedimientos abiertos, el efecto acumulado de las reducciones previstas en los apartados 4, 5 y 6 no podrá en ningún caso dar lugar a un plazo para la recepción de ofertas inferior a 15 días a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación.

No obstante, cuando el anuncio de licitación no se envíe por fax o por medios electrónicos, el efecto acumulado de las reducciones previstas en los apartados 4, 5 y 6 no podrá en ningún caso dar lugar a un plazo para la recepción de ofertas en un procedimiento abierto inferior a 22 días a partir de la fecha de envío del anuncio de contrato.

8. El efecto acumulado de las reducciones previstas en los apartados 4, 5 y 6 no podrá en ningún caso dar lugar a un plazo para la recepción de la solicitud de participación, en respuesta a un anuncio publicado en virtud de la letra c) del apartado 1 del artículo 42, o en respuesta a una invitación de las entidades adjudicadoras en virtud del apartado 5 del artículo 47, inferior a 15 días a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación o de la invitación.

En los procedimientos restringidos y negociados, el efecto acumulado de las reducciones previstas en los apartados 4, 5 y 6 no podrá en ningún caso, salvo cuando exista un plazo fijado de común acuerdo con arreglo a la letra b) del apartado 3, dar lugar a un plazo para la recepción de ofertas inferior a diez días a partir de la fecha de envío de la invitación a presentar ofertas.

9. Cuando, por algún motivo, los documentos del contrato y la documentación o la información adicional, a pesar de haberse solicitado con la debida antelación, no se hayan proporcionado en los plazos fijados en los artículos 46 y 47, o cuando las ofertas sólo puedan realizarse después de visitar los lugares o previa consulta in situ de la documentación que se adjunte a los documentos del contrato, el plazo para la recepción de ofertas se prorrogará en consecuencia, de forma que todos los operadores económicos tengan conocimiento de toda la información necesaria para formular las ofertas, salvo cuando exista un plazo fijado de común acuerdo de conformidad con la letra b) del apartado 3.

10. En el anexo XXII figura un cuadro resumido de los plazos fijados en el presente artículo.

Artículo 46

Procedimientos abiertos: pliegos de condiciones, documentos e información adicional

1. En los procedimientos abiertos, cuando las entidades adjudicadoras no den, por vía electrónica conforme a lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 45, acceso libre, directo y completo al pliego de condiciones y a toda la documentación adicional, éstos se enviarán a los operadores económicos en los seis días siguientes a la recepción de la solicitud, siempre y cuando dicha solicitud se haya realizado a su debido tiempo antes de la fecha de presentación de las ofertas.

2. Siempre que se le haya solicitado a su debido tiempo, las entidades adjudicadoras o los servicios competentes proporcionarán información adicional sobre los pliegos de condiciones, a más tardar seis días antes de la fecha límite fijada para la recepción de las ofertas.

Artículo 47

Invitación a presentar ofertas o a negociar

1. En los procedimientos restringidos y en los procedimientos negociados, las entidades adjudicadoras invitarán simultáneamente y por escrito a los candidatos seleccionados a presentar sus ofertas o a negociar. La invitación a los candidatos incluirá:

- bien un ejemplar del pliego de condiciones y de cualquier documentación adicional;

- o bien la indicación del acceso al pliego de condiciones y a los documentos indicados en el primer guión cuando se hayan puesto directamente a su disposición por medios electrónicos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 45.

2. Cuando una entidad distinta de la entidad adjudicadora responsable del procedimiento de adjudicación disponga del pliego de condiciones o de documentación adicional, la invitación precisará la dirección del servicio al que puedan solicitarse y, en su caso, la fecha límite para realizar dicha solicitud, así como el importe y las modalidades de pago de la cantidad que haya que abonar para obtener la documentación. Los servicios competentes remitirán dicha documentación sin demora a los operadores económicos tras la recepción de su solicitud.

3. Las entidades adjudicadoras o los servicios competentes deberán enviar la información complementaria sobre los pliegos de condiciones o la documentación adicional a más tardar seis días antes de la fecha límite fijada para la recepción de las ofertas, siempre que la hayan solicitado con la debida antelación.

4. Además, la invitación incluirá, al menos:

a) si procede, la fecha límite para solicitar la documentación adicional, así como la cuantía y forma del pago que en su caso deba efectuarse por dicha documentación;

b) la fecha límite para la recepción de ofertas, la dirección a que deban enviarse y la lengua o lenguas en que deban estar redactadas;

c) la referencia a cualquier anuncio de licitación publicado;

d) la indicación de los documentos que hayan de adjuntarse, si procede;

e) los criterios de adjudicación del contrato, cuando no figuren en el anuncio sobre la existencia de un sistema de clasificación que se utilice como medio de convocatoria de licitación;

f) la ponderación relativa de los criterios de adjudicación del contrato, o bien el orden de importancia de dichos criterios, en caso de que esta información no figure en el anuncio de licitación, el anuncio sobre la existencia de un sistema de clasificación o el pliego de condiciones.

5. Cuando se efectúe una convocatoria de licitación por medio de un anuncio periódico indicativo, las entidades adjudicadoras invitarán posteriormente a todos los candidatos a que confirmen su interés con arreglo a la información detallada relativa al contrato de que se trate, antes de comenzar la selección de licitadores o de participantes en una negociación.

La invitación incluirá como mínimo los siguientes datos:

a) naturaleza y cantidad, incluidas todas las opciones relativas a los contratos adicionales y, si fuera posible, plazo estimado para el desarrollo de dichas opciones; cuando se trate de contratos renovables, naturaleza y cantidad y, si fuera posible, plazo estimado de publicación de los posteriores anuncios de licitación para los suministros, obras o servicios que vayan a ser objeto de licitación;

b) carácter del procedimiento: restringido o negociado;

c) en su caso, fecha de comienzo o de finalización de la entrega de suministros o de la ejecución de obras o servicios;

d) dirección y fecha límite de presentación de solicitudes de los documentos relativos a la licitación, así como lengua o lenguas en que esté autorizada su presentación;

e) dirección postal de la entidad que adjudicará el contrato y suministrará la información necesaria para la obtención del pliego de condiciones y demás documentos;

f) condiciones de carácter económico y técnico, garantías financieras e información exigida a los operadores económicos;

g) importe y modalidades de pago de cualquier cantidad adeudada por la obtención de la documentación relativa al procedimiento de adjudicación del contrato;

h) naturaleza del contrato que constituye el objeto de la invitación a presentar ofertas: compra, arrendamiento financiero, arrendamiento o alquiler con opción de compra, o varias de estas formas; y

i) los criterios de adjudicación y su ponderación o, cuando corresponda, el orden de importancia de dichos criterios, en caso de que esta información no figure en el anuncio indicativo o en el pliego de condiciones o en la invitación a presentar ofertas o a negociar.

Sección 3

Comunicaciones e información

Artículo 48

Comunicaciones

1. Todas las comunicaciones e intercambios de información mencionados en el presente título podrán hacerse, según elijan las entidades adjudicadoras, por correo, por fax, por medio electrónicos de conformidad con los apartados 4 y 5, por teléfono en los casos y circunstancias a que se refiere el apartado 6, o combinando dichos medios.

2. Los medios de comunicación elegidos deberán estar disponibles de forma general y, por tanto, no deberán restringir el acceso de los operadores económicos al procedimiento de adjudicación.

3. Las comunicaciones, los intercambios y el almacenamiento de información se realizarán de modo que se garantice la protección de la integridad de los datos y la confidencialidad de las ofertas y de las solicitudes de participación y de forma que las entidades adjudicadoras no conozcan el contenido de las ofertas y de las solicitudes de participación hasta que expire el plazo previsto para su presentación.

4. El equipo que deberá utilizarse para la comunicación por medios electrónicos, así como sus características técnicas, deberán ser no discriminatorios, generalmente disponibles e interoperables con los productos de las tecnologías de la información y la comunicación de uso general.

5. Para los dispositivos de transmisión y recepción electrónica de las ofertas y los dispositivos de recepción electrónica de las solicitudes de participación se aplicarán las normas siguientes:

a) la información relativa a las especificaciones necesarias para la presentación electrónica de las ofertas y solicitudes de participación, incluido el cifrado, deberá estar a disposición de todas las partes interesadas. Además, los dispositivos de recepción electrónica de las ofertas y de las solicitudes de participación deberán ser conformes con los requisitos del anexo XXIV;

b) con arreglo al artículo 5 de la Directiva 1999/93/CE, los Estados miembros podrán exigir que las ofertas transmitidas por vía electrónica vayan acompañadas de una firma electrónica avanzada de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 de dicho artículo;

c) los Estados miembros podrán crear o mantener regímenes voluntarios de acreditación encaminados a mejorar el nivel del servicio de certificación de dichos dispositivos;

d) los licitadores o los candidatos se comprometerán a presentar los documentos, certificados, justificantes y declaraciones mencionados en los apartados 2 y 3 del artículo 52 y en los artículos 53 y 54, en caso de que no estén disponibles en forma electrónica, antes de que expire el plazo previsto para la presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

6. Se aplicarán las normas siguientes al envío de las solicitudes de participación

a) las solicitudes de participación en los procedimientos de adjudicación de contratos podrán hacerse por escrito o por teléfono;

b) cuando las solicitudes de participación se hagan por teléfono, deberá remitirse una confirmación por escrito antes de que expire el plazo fijado para su recepción;

c) las entidades adjudicadoras podrán exigir que las solicitudes de participación enviadas por fax sean confirmadas por carta o por medios electrónicos cuando ello sea necesario como medio de prueba a efectos legales. En este caso, las entidades adjudicadoras indicarán el requisito y el plazo en el que debe satisfacerse en el anuncio que se utilice como medio de convocatoria de licitación o en la invitación contemplada en el apartado 5 del artículo 47.

Artículo 49

Información a los solicitantes de clasificación, los candidatos y los licitadores

1. Las entidades adjudicadoras informarán a los operadores económicos participantes en el menor plazo posible de las decisiones tomadas en relación con la celebración de un acuerdo marco, con la adjudicación del contrato o con la admisión a un sistema dinámico de adquisición, incluidos los motivos por los que hayan decidido no celebrar un acuerdo marco, no adjudicar un contrato para el que se hayan efectuado una convocatoria de licitación o volver a iniciar el procedimiento, o no aplicar un sistema dinámico de adquisición; esta información se facilitará por escrito en caso de que así se solicite a las entidades adjudicadoras.

2. A petición de la parte interesada, la entidad adjudicadora comunicará cuanto antes:

- a todos los candidatos descartados, las razones por las que se haya desestimado su candidatura;

- a todos los licitadores descartados, las razones por las que se haya desestimado su oferta, incluidos, en los casos contemplados en los apartados 4 y 5 del artículo 34, los motivos de su decisión de no equivalencia o de su decisión de que las obras, suministros o servicios no se ajustan a las prescripciones de rendimiento o a las exigencias funcionales requeridas;

- a todo licitador que haya hecho una oferta admisible, las características y ventajas relativas de la oferta seleccionada, así como el nombre del adjudicatario o las partes en el acuerdo marco.

El plazo para llevar a cabo esta comunicación no podrá en ningún caso sobrepasar los quince días a partir de la recepción de una solicitud escrita.

No obstante, las entidades adjudicadoras podrán decidir no dar a conocer determinada información relativa a la adjudicación del contrato, la celebración del acuerdo marco o la admisión a un sistema dinámico de adquisición de los mencionados en el apartado 1, cuando su divulgación dificulte la aplicación de la ley, sea contraria al interés público, perjudique los intereses comerciales legítimos de determinados operadores económicos, públicos o privados, incluidos los intereses del operador económico al que se haya adjudicado el contrato, o pueda perjudicar la competencia leal entre operadores económicos.

3. Las entidades contratantes que establezcan y administren un sistema de clasificación deberán informar a los solicitantes de la decisión tomada sobre su clasificación en un plazo máximo de seis meses.

Si la decisión de clasificación requiere más de cuatro meses a partir de la presentación de la solicitud de clasificación, la entidad adjudicadora deberá informar al solicitante, en los dos meses siguientes a dicha presentación, de los motivos que justifican la prolongación del plazo y de la fecha en que se aceptará o rechazará su solicitud.

4. A los solicitantes cuya clasificación haya sido rechazada se les deberá informar en el menor plazo posible, sin sobrepasar en ningún caso un plazo de quince días, desde la fecha de la decisión sobre dicha decisión y las razones del rechazo. Dichas razones deberán basarse en los criterios de clasificación definidos en el apartado 2 del artículo 53.

5. Las entidades adjudicadoras que establezcan y administren un sistema de clasificación sólo podrán anular la clasificación de un operador económico por motivos basados en los criterios mencionados en el apartado 2 del artículo 53. Se deberá notificar previamente por escrito al operador económico la intención de anular la clasificación como mínimo quince días antes a la fecha prevista para poner fin a la clasificación, indicando la razón o razones que la justifiquen.

Artículo 50

Información que ha de conservarse sobre los contratos adjudicados

1. Las entidades adjudicadoras conservarán la información adecuada sobre cada contrato que les permita justificar posteriormente las decisiones relativas a:

a) la clasificación y la selección de los operadores económicos y la adjudicación de los contratos;

b) la utilización de procedimientos sin convocatoria de licitación previa de conformidad con el apartado 3 del artículo 40;

c) la no aplicación de las disposiciones de los capítulos III a VI del presente título en virtud de las excepciones previstas en el capítulo II del título I y en el capítulo II del presente título.

Las entidades adjudicadoras adoptarán las medidas apropiadas para dar a conocer el desarrollo de los procedimientos de adjudicación llevados a cabo por medios electrónicos.

2. La información deberá conservarse al menos durante un período de cuatro años a partir de la fecha de adjudicación del contrato, a fin de que, durante dicho período, la entidad adjudicadora pueda facilitar la información necesaria a la Comisión, a petición de esta última.

CAPÍTULO VII

Tramitación

Artículo 51

Disposiciones generales

1. Las entidades adjudicadoras, a efectos de la selección de participantes en los procedimientos de adjudicación:

a) excluirán, en caso de haber establecido normas y criterios para la exclusión de licitadores o candidatos con arreglo a los apartados 1, 2 o 4 del artículo 54, a los operadores económicos que respondan a dichos criterios y cumplan dichas normas;

b) seleccionarán a los licitadores y candidatos de conformidad con las normas y criterios objetivos establecidos en virtud del artículo 54;

c) en los procedimientos restringidos y en los procedimientos negociados con convocatoria de licitación, reducirán, cuando proceda, de conformidad con el artículo 54, el número de candidatos seleccionados con arreglo a las letras a) y b).

2. Cuando la convocatoria de licitación se efectúe por medio de un anuncio sobre la existencia de un sistema de clasificación, y a efectos de la selección de participantes en procedimientos de adjudicación de los contratos específicos objeto de la convocatoria de licitación, las entidades adjudicadoras:

a) clasificarán a los operadores económicos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53;

b) aplicarán a esos operadores económicos clasificados las disposiciones del apartado 1 que correspondan a los procedimientos restringidos o negociados.

3. Las entidades adjudicadoras comprobarán que las ofertas presentadas por los licitadores seleccionados se ajusten a las normas y requisitos aplicables a dichas ofertas y adjudicarán el contrato basándose en los criterios previstos en los artículos 55 y 57.

Sección 1

Clasificación y selección cualitativa

Artículo 52

Reconocimiento mutuo en cuanto a condiciones administrativas, técnicas o financieras y en cuanto a certificados, pruebas y justificantes

1. A la hora de seleccionar a los participantes en un procedimiento restringido o negociado, al decidir sobre la clasificación o al actualizar los criterios y normas, las entidades adjudicadoras deberán abstenerse de:

a) imponer a determinados operadores económicos condiciones administrativas, técnicas o financieras que no hayan sido impuestas a otros;

b) exigir pruebas o justificantes que constituyan una repetición de pruebas objetivas ya disponibles.

2. Cuando exijan la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el operador económico cumple determinadas normas de garantía de calidad, las entidades adjudicadoras harán referencia a los sistemas de garantía de calidad basados en las series de normas europeas en la materia, certificadas por organismos conformes a las series de normas europeas relativas a la certificación.

Las entidades adjudicadoras reconocerán certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en otros Estados miembros. También aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de calidad que presenten los operadores económicos.

3. Para los contratos de obras y de servicios y únicamente en los casos adecuados, las entidades adjudicadoras podrán exigir, a fin de comprobar la capacidad técnica del operador económico, que se indiquen las medidas de gestión medioambiental que el operador económico podrá aplicar al ejecutar el contrato. En estos casos, cuando los poderes adjudicadores exijan la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el operador económico cumple determinadas normas de gestión medioambiental, deberán hacer referencia al EMAS o a las normas de gestión medioambiental basadas en las normas internacionales o europeas en la materia y certificadas por organismos conformes a la legislación comunitaria o a las normas internacionales o europeas en la materia relativas a la certificación.

Las entidades adjudicadoras reconocerán certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en otros Estados miembros y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de gestión medioambiental que presenten los operadores económicos.

Artículo 53

Sistemas de clasificación

1. Las entidades adjudicadoras podrán, si lo desean, establecer y gestionar un sistema de clasificación de operadores económicos.

Las entidades que establezcan o gestionen un sistema de clasificación velarán por que los operadores económicos puedan solicitar su clasificación en cualquier momento.

2. El sistema previsto en el apartado 1 podrá incluir varias fases de clasificación.

Deberá gestionarse con arreglo a criterios y normas objetivos definidos por la entidad adjudicadora.

Cuando tales criterios y normas comporten especificaciones técnicas, serán aplicables las disposiciones del artículo 34. Dichos criterios y normas podrán actualizarse en caso necesario.

3. Los criterios y normas de clasificación contemplados en el apartado 2 podrán incluir los criterios de exclusión enumerados en el artículo 45 de la Directiva 2004/18/CE en las condiciones que en él se estipulan.

Cuando la entidad adjudicadora sea un poder adjudicador en el sentido de la letra a) del apartado 1 del artículo 2, estos criterios y normas incluirán los criterios de exclusión enumerados en el apartado 1 del artículo 45 de la Directiva 2004/18/CE.

4. Cuando los criterios y normas de clasificación contemplados en el apartado 2 incluyan requisitos relativos a la capacidad económica y financiera del operador económico, éste podrá, si lo desea, basarse en las capacidades de otras entidades, independientemente del carácter jurídico de los vínculos que tenga con ellas. En tal caso, deberá demostrar ante la entidad adjudicadora que dispondrá de estos medios durante la totalidad del período de validez del sistema de clasificación, por ejemplo mediante la presentación del compromiso de dichas entidades a tal efecto.

En las mismas condiciones, las agrupaciones de operadores económicos a que hace referencia el artículo 11 podrán basarse en las capacidades de los participantes en las agrupaciones o de otras entidades.

5. Cuando los criterios y normas de clasificación contemplados en el apartado 2 incluyan requisitos relativos a las capacidades técnicas y profesionales del operador económico, éste podrá, si lo desea, basarse en las capacidades de otras entidades, independientemente del carácter jurídico de los vínculos que tenga con ellas. En tal caso, deberá demostrar ante la entidad adjudicadora que dispondrá de estos medios durante la totalidad del período de validez del sistema de clasificación, por ejemplo mediante la presentación del compromiso de dichas entidades de poner a disposición del operador económico los medios necesarios.

En las mismas condiciones, las agrupaciones de operadores económicos a que hace referencia el artículo 11 podrán basarse en las capacidades de los participantes en las agrupaciones o de otras entidades.

6. Los criterios y normas de clasificación contemplados en el apartado 2 se facilitarán a los operadores económicos interesados que lo soliciten. Se comunicará a los operadores económicos interesados la actualización de dichos criterios y normas.

Las entidades adjudicadoras comunicarán a los operadores económicos interesados los nombres de las entidades u organismos terceros cuyo sistema de clasificación consideren que responde a sus requisitos.

7. Se conservará una relación escrita de los operadores económicos clasificados, la cual podrá dividirse en categorías según el tipo de contratos para cuya ejecución sea válida la clasificación.

8. Al establecer y gestionar un sistema de clasificación, las entidades adjudicadoras observarán, en particular, lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 41 en lo que se refiere a los anuncios de un sistema de clasificación, los apartados 3, 4 y 5 del artículo 49 en lo que se refiere a la información que debe facilitarse a los operadores económicos que hayan solicitado la clasificación, en el apartado 2 del artículo 51 en lo que se refiere a la selección de participantes cuando se haya convocado una convocatoria de licitación mediante un anuncio sobre la existencia de un sistema de clasificación, y lo dispuesto en el artículo 52 sobre las condiciones de reconocimiento mutuo de condiciones, certificados, pruebas y justificantes administrativos, técnicos o financieros.

9. Cuando se lleve a cabo una convocatoria de licitación por medio de un anuncio sobre la existencia de un sistema de clasificación, se seleccionará a los licitadores en un procedimiento restringido o a los participantes en un procedimiento negociado entre los candidatos clasificados con arreglo a tal sistema.

Artículo 54

Criterios de selección cualitativa

1. Las entidades adjudicadoras que fijen criterios de selección en un procedimiento abierto deberán hacerlo según normas y criterios objetivos que estarán a disposición de los operadores económicos interesados.

2. Las entidades adjudicadoras que seleccionen a los candidatos para un procedimiento restringido o negociado deberán hacerlo de acuerdo con las normas y criterios objetivos que hayan definido y que estén a disposición de los operadores económicos interesados.

3. En el caso de los procedimientos restringidos o negociados, los criterios podrán basarse en la necesidad objetiva, para la entidad adjudicadora, de reducir el número de candidatos hasta un nivel justificado por la necesidad de equilibrio entre las características específicas del procedimiento de adjudicación de contratos y los medios necesarios para su realización. No obstante, el número de candidatos seleccionados deberá tener en cuenta la necesidad de garantizar una competencia suficiente.

4. Los criterios contemplados en los apartados 1 y 2 podrán incluir los criterios de exclusión enumerados en el artículo 45 de la Directiva 2004/18/CE en las condiciones que en él se estipulan.

Cuando la entidad adjudicadora sea un poder adjudicador según lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 2, los criterios y las normas contemplados en los apartados 1 y 2 del presente artículo incluirán los criterios de exclusión enumerados en el apartado 1 del artículo 45 de la Directiva 2004/18/CE.

5. Cuando los criterios contemplados en los apartados 1 y 2 incluyan requisitos relativos a la capacidad económica y financiera del operador económico, éste podrá, si lo desea y para un contrato determinado, basarse en las capacidades de otras entidades, independientemente del carácter jurídico de los vínculos que tenga con ellas. En tal caso, deberá demostrar ante la entidad adjudicadora que dispondrá de los medios necesarios, por ejemplo mediante la presentación de un compromiso de dichas entidades a tal efecto.

En las mismas condiciones, las agrupaciones de operadores económicos a que hace referencia el artículo 11 podrán basarse en las capacidades de los participantes en las agrupaciones o de otras entidades.

6. Cuando los criterios contemplados en los apartados 1 y 2 incluyan requisitos relativos a las capacidades técnicas y profesionales del operador económico, éste podrá, si lo desea y para un contrato determinado, basarse en las capacidades de otras entidades, independientemente del carácter jurídico de los vínculos que tenga con ellas. En tal caso, deberá demostrar ante la entidad adjudicadora que dispondrá de los medios necesarios para la ejecución del contrato, por ejemplo mediante la presentación de un compromiso de dichas entidades de poner a disposición del operador económico los medios necesarios.

En las mismas condiciones, las agrupaciones de operadores económicos a que hace referencia el artículo 11 podrán basarse en las capacidades de los participantes en las agrupaciones o de otras entidades.

Sección 2

Adjudicación de los contratos

Artículo 55

Criterios de adjudicación del contrato

1. Sin perjuicio de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales relativas a la remuneración de determinados servicios, los criterios en que se basarán las entidades adjudicadoras para adjudicar los contratos serán los siguientes:

a) cuando la adjudicación se haga a la oferta económicamente más ventajosa desde el punto de vista de la entidad adjudicadora, diversos criterios, relacionados con el objeto del contrato de que se trate: por ejemplo, fecha de entrega o de ejecución, coste de utilización, rentabilidad, calidad, características estéticas y funcionales, características medioambientales, calidad técnica, servicio posventa y asistencia técnica, compromiso en materia de piezas de recambio, seguridad en el suministro y el precio;

b) o bien solamente el precio más bajo.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el tercer párrafo, en el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1, la entidad adjudicadora precisará la ponderación relativa que atribuya a cada uno de los criterios elegidos para determinar la oferta económicamente más ventajosa.

Esta ponderación podrá expresarse fijando una banda de valores que deberá tener una amplitud máxima adecuada.

Cuando, a juicio de la entidad adjudicadora, la ponderación no sea posible debido a motivos demostrables, las entidades adjudicadoras indicarán el orden decreciente de importancia atribuido a los criterios.

La ponderación relativa o el orden de importancia se indicarán, según corresponda, en el anuncio utilizado como medio de convocatoria de la licitación, en la invitación a confirmar el interés prevista en el apartado 5 del artículo 47, en la invitación a presentar una oferta o a negociar o en el pliego de condiciones.

Artículo 56

Utilización de subastas electrónicas

1. Los Estados miembros podrán prever la posibilidad de que las entidades adjudicadoras apliquen subastas electrónicas.

2. En los procedimientos abiertos, restringidos o negociados sin convocatoria de licitación previa, las entidades adjudicadoras podrán decidir que se efectúe una subasta electrónica previa a la adjudicación de un contrato cuando el pliego de condiciones de dicho contrato pueda establecerse de manera precisa.

En las mismas condiciones, podrá utilizarse la subasta electrónica cuando se convoque a una licitación en el marco de un sistema dinámico de adquisición contemplado en el artículo 15.

La subasta electrónica se basará:

a) o bien únicamente en los precios, cuando el contrato se adjudique al precio más bajo;

b) o bien en los precios o en los nuevos valores de los elementos de las ofertas indicados en el pliego de condiciones o en ambos, cuando el contrato se adjudique a la oferta económicamente más ventajosa desde el punto de vista económico.

3. Las entidades adjudicadoras que decidan recurrir a una subasta electrónica harán mención de ello en el anuncio utilizado como medio de convocatoria de licitación.

El pliego de condiciones incluirá en particular la información siguiente:

a) los elementos a cuyos valores se refiere la subasta electrónica, siempre que sean cuantificables y puedan ser expresados en cifras o porcentajes;

b) en su caso, los límites de los valores que podrán presentarse, tal como resultan de las especificaciones relativas al objeto del contrato;

c) la información que se pondrá a disposición de los licitadores durante la subasta electrónica y en qué momento dispondrán, llegado el caso, de dicha información;

d) la información pertinente sobre el desarrollo de la subasta electrónica;

e) las condiciones en las que los licitadores podrán pujar, y en particular las diferencias mínimas que se exigirán, en su caso, para pujar;

f) la información pertinente sobre el dispositivo electrónico utilizado y sobre las modalidades y especificaciones técnicas de conexión.

4. Antes de proceder a la subasta electrónica, las entidades adjudicadoras procederán a una primera evaluación completa de las ofertas de acuerdo con el (los) criterio(s) de adjudicación establecidos y a su ponderación.

Se invitará simultáneamente por medios electrónicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a que presenten nuevos precios y/o nuevos valores; la invitación incluirá toda la información pertinente para la conexión individual al dispositivo electrónico utilizado y precisará la fecha y la hora de comienzo de la subasta electrónica. La subasta electrónica podrá desarrollarse en varias fases sucesivas. La subasta electrónica sólo podrá comenzar como mínimo transcurridos dos días hábiles a contar desde la fecha de envío de las invitaciones.

5. Cuando el contrato vaya a adjudicarse a la oferta económicamente más ventajosa, la invitación irá acompañada del resultado de la evaluación completa de la oferta del destinatario, efectuada con arreglo a la ponderación contemplada en el párrafo primero del apartado 2 del artículo 55.

La invitación indicará asimismo la fórmula matemática en virtud de la cual se establecerán durante la subasta electrónica las reclasificaciones automáticas en función de los nuevos precios y/o de los nuevos valores presentados. Dicha fórmula incorporará la ponderación de todos los criterios establecidos para determinar la oferta económicamente más ventajosa, tal como se haya indicado en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones; para ello, las eventuales bandas de valores deberán expresarse previamente mediante un valor determinado.

En caso de que se autoricen variantes, deberán proporcionarse fórmulas distintas para cada variante.

6. A lo largo de cada una de las fases de la subasta electrónica, las entidades adjudicadoras comunicarán a todos los licitadores, de forma instantánea, como mínimo la información que les permita conocer en todo momento su respectiva clasificación. También podrán comunicar otros datos relativos a otros precios o valores presentados, siempre que ello esté contemplado en el pliego de condiciones. Podrán asimismo anunciar en todo momento el número de las partes que participan en la fase en que se halle la subasta; no obstante, en ningún caso podrán divulgar la identidad de los licitadores durante el desarrollo de la subasta electrónica.

7. Las entidades adjudicadoras cerrarán la subasta electrónica de conformidad con una o varias de las siguientes modalidades:

a) indicando la fecha y la hora fijadas previamente en la invitación a participar en la subasta;

b) cuando no reciban nuevos precios o nuevos valores que respondan a los requisitos relativos a las diferencias mínimas. En tal caso, las entidades adjudicadoras especificarán en la invitación a participar en la subasta el plazo que respetarán a partir de la recepción de la última presentación antes de dar por concluida la subasta electrónica;

c) cuando concluya el número de fases de la subasta establecido en la invitación a participar en la subasta.

Cuando las entidades adjudicadoras decidan que el cierre de la subasta electrónica vaya a producirse con arreglo a la letra c), en su caso conjuntamente con las modalidades previstas en la letra b), la invitación a participar en la subasta indicará los calendarios de cada fase de la subasta.

8. Una vez concluida la subasta electrónica, las entidades adjudicadoras adjudicarán el contrato de conformidad con el artículo 55, en función de los resultados obtenidos durante la subasta electrónica.

9. Las entidades adjudicadoras no podrán recurrir a las subastas electrónicas de manera abusiva o de manera que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada o que se vea modificado el objeto del contrato tal como se ha definido en el anuncio utilizado como medio de convocatoria de licitación y en el pliego de condiciones.

Artículo 57

Ofertas anormalmente bajas

1. Si en un determinado contrato las ofertas resultasen anormalmente bajas en relación con la prestación, la entidad adjudicadora pedirá por escrito, antes de poder rechazar dichas ofertas, las precisiones que juzgue oportunas sobre los elementos constitutivos de la oferta correspondiente.

Esas precisiones podrán referirse en particular a:

a) el ahorro que permita el procedimiento de fabricación de los productos, la prestación de servicios o el procedimiento de construcción;

b) las soluciones técnicas adoptadas y/o las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga el licitador para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras;

c) la originalidad de los suministros, servicios u obras propuestos por el licitador;

d) el respeto de las disposiciones vigentes relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo en el lugar en que se vaya a llevar a cabo la obra, el servicio o el suministro;

e) la posible obtención de una ayuda estatal por parte del licitador.

2. La entidad adjudicadora comprobará estos elementos constitutivos consultando al licitador, teniendo en cuenta las pruebas que le sean facilitadas.

3. Cuando la entidad adjudicadora compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda estatal, sólo podrá rechazar dicha oferta por esa única razón si consulta al licitador y éste no puede demostrar, en un plazo suficiente fijado por la entidad adjudicadora, que tal ayuda fue concedida de forma legal. Cuando en estas circunstancias la entidad adjudicadora rechace una oferta, informará de ello a la Comisión.

Sección 3

Ofertas que contengan productos originarios de terceros países y relaciones con éstos

Artículo 58

Ofertas que contengan productos originarios de terceros países

1. El presente artículo se aplicará a las ofertas que contengan productos originarios de terceros países con los que la Comunidad no haya celebrado, en un marco multilateral o bilateral, un acuerdo que garantice un acceso comparable y efectivo de las empresas de la Comunidad a los mercados de dichos países, y se entenderá sin perjuicio de las obligaciones de la Comunidad o de sus Estados miembros respecto a los terceros países.

2. Cualquier oferta presentada para la adjudicación de un contrato de suministro podrá rechazarse cuando la parte de los productos originarios de terceros países, determinados de conformidad con el Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario(30), sea superior al 50 % del valor total de los productos que componen dicha oferta. A efectos del presente artículo, los soportes lógicos utilizados en los equipos de redes de telecomunicación serán considerados productos.

3. A reserva de lo dispuesto en el párrafo segundo, cuando dos o más ofertas sean equivalentes a la vista de los criterios de adjudicación definidos en el artículo 55, se dará preferencia a aquella que no pueda ser rechazada en aplicación del apartado 2. El importe de las ofertas será considerado equivalente, a efectos del presente artículo, cuando su diferencia no exceda del 3%.

No obstante, no se dará preferencia a una oferta en aplicación del párrafo primero cuando la aceptación de dicha oferta obligue a la entidad adjudicadora a adquirir material con características técnicas diferentes de las del material existente y ello dé lugar a incompatibilidades o dificultades técnicas de funcionamiento o de mantenimiento o suponga costes desproporcionados.

4. A efectos del presente artículo, para determinar la parte de los productos originarios de terceros países prevista en el apartado 2, no serán tomados en consideración los terceros países a los que se haya extendido el beneficio de las disposiciones de la presente Directiva mediante una decisión del Consejo de conformidad con el apartado 1.

5. La Comisión presentará un informe anual al Consejo, el primero de ellos durante el segundo semestre del primer año posterior a la entrada en vigor de la presente Directiva, sobre los progresos realizados en las negociaciones multilaterales o bilaterales relativas al acceso de las empresas de la Comunidad a los mercados de terceros países en los ámbitos cubiertos por la presente Directiva, sobre cualquier resultado que dichas negociaciones hayan permitido obtener, así como sobre la aplicación efectiva de todos los acuerdos que se hayan celebrado.

El Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, podrá modificar las disposiciones del presente artículo, teniendo presente el desarrollo de los progresos citados.

Artículo 59

Relaciones con terceros países en materia de contratos de obras, suministro y servicios

1. Los Estados miembros informarán a la Comisión de cualquier dificultad de orden general, de facto o de jure, que sus empresas le comuniquen haber encontrado para adjudicarse contratos de servicios en terceros países.

2. La Comisión informará al Consejo, antes del 31 de diciembre de 2005 y posteriormente de manera periódica, sobre la apertura de los contratos de servicios en los terceros países, así como sobre el desarrollo de las negociaciones celebradas al respecto con esos países, en particular en el marco de la OMC.

3. La Comisión se esforzará, interviniendo ante el tercer país de que se trate, por remediar una situación en la que compruebe, sobre la base de los informes contemplados en el apartado 2 o de otras informaciones, que un tercer país, en la adjudicación de contratos de servicios:

a) no concede a las empresas de la Comunidad un acceso efectivo comparable al que ésta otorga a las empresas de dicho país;

b) no concede a las empresas de la Comunidad el beneficio de trato nacional o las mismas posibilidades de competencia concedidas a las empresas nacionales, o

c) concede a las empresas de otros terceros países un trato más favorable que a las de la Comunidad.

4. Los Estados miembros informarán a la Comisión de cualquier dificultad de orden general, de facto o de jure, que sus empresas le comuniquen haber encontrado para adjudicarse contratos en terceros países y que se deban al incumplimiento de las disposiciones de derecho internacional del trabajo enumeradas en el anexo XXIII.

5. En las condiciones a que se refieren los apartados 3 y 4, la Comisión podrá, en todo momento, proponer al Consejo que este decida suspender o restringir, durante un periodo de tiempo que se determinará en la decisión, la adjudicación de contratos de servicios a:

a) las empresas sujetas a la legislación del tercer país de que se trate;

b) las empresas vinculadas a las empresas a que se refiere la letra a) cuyo domicilio social se halle en la Comunidad, pero que no tengan una relación directa y efectiva con la economía de un Estado miembro;

c) las empresas que presenten ofertas cuyo objeto sean servicios que tengan su origen en el tercer país de que se trate.

El Consejo se pronunciará, cuanto antes, por mayoría cualificada.

La Comisión podrá proponer dichas medidas por su propia iniciativa o a petición de un Estado miembro.

6. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de las obligaciones de la Comunidad respecto de terceros países derivadas de acuerdos internacionales en materia de contratos públicos, en particular en el marco de la OMC.

TÍTULO III

CONCURSOS DE PROYECTOS EN EL SECTOR DE SERVICIOS

Artículo 60

Disposición general

1. Las normas relativas a la organización de un concurso de proyectos se establecerán de conformidad con el apartado 2 del presente artículo y con los artículos 61 y 63 a 66 y se pondrán a disposición de cuantos estén interesados en participar en el concurso.

2. El acceso a la participación en los concursos de proyectos no podrá limitarse:

a) al territorio o a una parte del territorio de un Estado miembro;

b) por el hecho de que los participantes, en virtud de la legislación del Estado miembro que organice el concurso, tengan que ser, bien personas físicas, bien personas jurídicas.

Artículo 61

Umbrales

1. Lo dispuesto en el presente título se aplicará a los concursos de proyectos organizados en el marco de un procedimiento de adjudicación de contratos de servicios cuyo valor estimado, excluido el IVA, sea igual o superior a 499000 euros. A efectos del presente apartado, se entenderá por "umbral" el valor estimado, sin IVA, del contrato de servicios, incluidos los eventuales premios o pagos a los participantes.

2. Lo dispuesto en el presente título se aplicará a todos los casos de concursos de proyectos cuando el importe total de los premios y pagos a los participantes sea igual o superior a 499000 euros.

A efectos del presente apartado, se entenderá por umbral el importe total de los premios y pagos, incluido el valor estimado, sin IVA, del contrato de servicios que pudiera adjudicarse ulteriormente con arreglo al apartado 3 del artículo 40, si la entidad adjudicadora no excluyese dicha adjudicación en el anuncio de concurso.

Artículo 62

Concursos de proyectos excluidos

Lo dispuesto en el presente título no se aplicará:

1) a los concursos de proyectos que se organicen en iguales casos que los contemplados en los artículos 20, 21 y 22 para los contratos de servicios;

2) a los concursos de proyectos organizados para el desarrollo, en el Estado miembro de que se trate, de una actividad para la que la aplicabilidad del apartado 1 del artículo 30 haya sido establecida por una decisión de la Comisión o se haya considerado aplicable en virtud del párrafo segundo o tercero de su apartado 4, o del párrafo cuarto de su apartado 5.

Artículo 63

Publicidad y transparencia

1. Las entidades adjudicadoras que deseen organizar un concurso de proyectos convocarán la licitación mediante un anuncio de concurso. Las entidades adjudicadoras que hayan organizado un concurso de proyectos darán a conocer los resultados en un anuncio. Dicha convocatoria de licitación incluirá la información mencionada en el anexo XVIII y el anuncio sobre el resultado de un concurso de proyectos incluirá la información mencionada en el anexo XIX con arreglo al formulario normalizado de anuncios adoptado por la Comisión conforme al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 68.

El anuncio sobre el resultado de un concurso de proyectos se transmitirá a la Comisión en un plazo de dos meses después de la conclusión del concurso y de acuerdo con las condiciones que deberá decidir la Comisión de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 68. A este respecto, la Comisión respetará todos los aspectos comerciales sensibles que las entidades adjudicadoras puedan señalar al enviar dicha información en relación con el número de proyectos o planes recibidos, la identidad de los operadores económicos y los precios ofertados.

2. Los apartados 2 a 8 del artículo 44 serán asimismo aplicables a los anuncios relativos a concursos de proyectos.

Artículo 64

Medios de comunicación

1. Los apartados 1, 2 y 4 del artículo 48 serán aplicables a todas las comunicaciones relativas a los concursos de proyectos.

2. Las comunicaciones, los intercambios y el almacenamiento de información se realizarán de modo que se garantice la protección de la integridad y la confidencialidad de cualquier información transmitida por los participantes en el concurso y de forma que el jurado no conozca el contenido de los planos y proyectos hasta que expire el plazo previsto para su presentación.

3. Para la recepción electrónica de los planos y proyectos se aplicarán las siguientes normas:

a) la información relativa a las características necesarias para la presentación electrónica de los planos y proyectos, incluido el cifrado, deberá estar a disposición de todas las partes concernidas. Además, los dispositivos de recepción electrónica de los planos y proyectos deberán ser conformes con los requisitos del anexo XXVI;

b) los Estados miembros podrán crear o mantener regímenes voluntarios de acreditación encaminados a mejorar el nivel del servicio de certificación de dichos dispositivos.

Artículo 65

Organización de los concursos de proyectos, selección de los participantes y jurado

1. Para organizar concursos de proyectos, las entidades adjudicadoras aplicarán los procedimientos que se adapten a las disposiciones de la presente Directiva.

2. Cuando los concursos de proyectos reúnan un número limitado de participantes, las entidades adjudicadoras establecerán criterios de selección claros y no discriminatorios. En todos los casos, el número de candidatos invitados a participar deberá ser suficiente para garantizar una verdadera competencia.

3. El jurado estará compuesto exclusivamente por personas físicas independientes de los participantes en el concurso. Cuando se exija una cualificación profesional específica para participar en un concurso, al menos un tercio de los miembros deberá poseer las mismas cualificaciones u otras equivalentes.

Artículo 66

Decisiones del jurado

1. El jurado tendrá autonomía de decisión o de dictamen.

2. El jurado estudiará los planos y proyectos presentados por los candidatos de forma anónima y atendiendo únicamente a los criterios indicados en el anuncio de concurso.

3. El jurado hará constar en un informe, firmado por sus miembros, su clasificación de los proyectos, teniendo en cuenta los méritos de cada proyecto, junto con sus observaciones y cualesquiera aspectos que requieran aclaración.

4. Deberá respetarse el anonimato hasta que el jurado emita su dictamen o decisión.

5. De ser necesario, podrá invitarse a los candidatos a que respondan a preguntas que el jurado haya incluido en el acta para aclarar cualquier aspecto de los proyectos.

6. Se redactará un acta completa del diálogo entre los miembros del jurado y los candidatos.

TÍTULO IV

OBLIGACIONES ESTADÍSTICAS, COMPETENCIAS DE EJECUCIÓN Y DISPOSICIONES FINALES

Artículo 67

Obligaciones estadísticas

1. Los Estados miembros velarán por que la Comisión reciba cada año, según las modalidades que se establezcan con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 68, un informe estadístico sobre el valor del total, desglosado por Estado miembro y por categoría de actividad a que se refieren los anexos I a X, de los contratos adjudicados que sean inferiores a los umbrales definidos en el artículo 16 pero que, sin tener en cuenta los umbrales, quedarían cubiertos por las disposiciones de la presente Directiva.

2. En lo que respecta a las actividades a que se refieren los anexos II, III, V, IX y X, los Estados miembros velarán por que la Comisión reciba, según las modalidades que se establezcan con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 68, un informe estadístico relativo a los contratos adjudicados a más tardar el 31 de octubre de 2004 para el año precedente y, con posterioridad, antes del 31 de octubre de cada año. Dicho informe incluirá la información necesaria para verificar la correcta aplicación del Acuerdo.

La información contemplada en párrafo primero no incluirá los datos relativos a contratos cuyo objeto sean los servicios de investigación y desarrollo de la categoría 8 del anexo XVII A, los servicios de telecomunicaciones de la categoría 5 del anexo XVII A cuyas partidas en el CPV sean el equivalente de los números de referencia 7524, 7525 y 7526 del CPC, o los servicios que figuran en el anexo XVII B.

3. Las disposiciones de aplicación previstas en los apartados 1 y 2 se establecerán de forma que se garantice que:

a) en aras de la simplificación administrativa, puedan excluirse los contratos de menos importancia, siempre que no se ponga en tela de juicio la utilidad de las estadísticas;

b) se respete el carácter confidencial de la información transmitida.

Artículo 68

Procedimiento de comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité consultivo para los contratos públicos, previsto en el artículo 1 de la Decisión 71/306/CEE del Consejo(31), denominado en lo sucesivo Comité.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

3. El Comité aprobará su Reglamento interno.

Artículo 69

Revisión de los umbrales

1. La Comisión comprobará los umbrales fijados en el artículo 16 cada dos años a partir del 30 de abril de 2004 y, si fuere necesario en vista de lo dispuesto en el apartado 2, los revisará con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 68.

El cálculo del valor de dichos umbrales se basará en el valor diario medio del euro expresado en derechos especiales de giro durante el período de veinticuatro meses que concluya el último día del mes de agosto que preceda a la revisión que surta efecto el 1 de enero. El valor de los umbrales así revisado se redondeará, en caso necesario, al millar de euros inferior a la cifra resultante de dicho cálculo, para garantizar que se respeten los umbrales vigentes contemplados en el Acuerdo, expresados en derechos especiales de giro (DEG).

2. Con ocasión de la revisión prevista en el apartado 1, la Comisión, con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 68, ajustará los umbrales previstos en el artículo 61 (concursos de proyectos) al umbral revisado aplicable a los contratos de servicios.

Los contravalores de los umbrales fijados con arreglo al apartado 1 en las monedas nacionales de los Estados miembros que no participen en la Unión monetaria se revisarán, en principio, cada dos años a partir del 1 de enero de 2004. El cálculo de estos contravalores se basará en los valores diarios medios de dichas monedas en euros durante el período de veinticuatro meses que concluya el último día del mes de agosto inmediatamente anterior a la revisión del 1 de enero.

3. Los umbrales revisados contemplados en el apartado 1, su contravalor en las monedas nacionales, y los umbrales ajustados contemplados en el apartado 2 serán publicados por la Comisión en el Diario Oficial de la Unión Europea a principios del mes de noviembre siguiente a su revisión.

Artículo 70

Modificaciones

1. La Comisión podrá modificar, de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 68:

a) las listas de las entidades adjudicadoras de los anexos I a X, a fin de que respondan a los criterios expuestos en los artículos 2 a 7;

b) las modalidades de redacción, envío, recepción, traducción, recopilación y distribución de los anuncios mencionados en los artículos 41, 42, 43 y 63;

c) las modalidades para las referencias especiales a las posiciones particulares de la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos Públicos en los anuncios;

d) los números de referencia en la nomenclatura contemplada en el anexo XVII, siempre que con ello no se modifique el ámbito de aplicación material de la Directiva, y las modalidades de referencia en los anuncios a posiciones particulares de dicha nomenclatura dentro de las categorías de servicios enumeradas en el citado anexo;

e) los números de referencia en la nomenclatura contemplada en el anexo XII, siempre que con ello no se modifique el ámbito de aplicación material de la Directiva y las modalidades de la referencia a posiciones particulares de dicha nomenclatura en los anuncios;

f) el anexo XI;

g) las modalidades de envío y de publicación de los datos contempladas en el anexo XX, con motivo del progreso técnico o por razones administrativas;

h) las modalidades y características técnicas de los dispositivos de recepción electrónica contempladas en las letras a), f) y g) del anexo XXVI;

i) con objeto de realizar una simplificación administrativa, conforme al apartado 3 del artículo 67, de las modalidades de elaboración, redacción, envío, recepción, traducción, recopilación y distribución de los informes estadísticos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 67;

j) las modalidades técnicas de los métodos de cálculo contemplados en el párrafo segundo del apartado 2 y el apartado 1 del artículo 69.

Artículo 71

Aplicación

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 31 de enero de 2006. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Los Estados miembros podrán dotarse de un plazo adicional de hasta 35 meses tras el vencimiento del plazo previsto en el párrafo primero para la aplicación de las disposiciones necesarias para cumplir el artículo 6 de la presente Directiva.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de tal referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Lo dispuesto en el artículo 30 será de aplicación a partir del 30 de abril de 2004.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 72

Mecanismos de control

De conformidad con la Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones(32), los Estados miembros asegurarán la aplicación de la presente Directiva mediante mecanismos eficaces, accesibles y transparentes.

A tal fin podrán designar o establecer, entre otras cosas, una agencia independiente.

Artículo 73

Derogaciones

Queda derogada la Directiva 93/38/CEE, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en lo que se refiere a los plazos de incorporación al Derecho nacional y de aplicación que figuran en el anexo XXV.

Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo XXVI.

Artículo 74

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 75

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Estrasburgo, el 31 de marzo de 2004

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

P. Cox

Por el Consejo

El Presidente

D. Roche

(1) DO C 29 E de 30.1.2001, p. 112 y DO C 203 E de 27.8.2002, p. 183.

(2) DO C 193 de 10.7.2001, p. 1.

(3) DO C 144 de 16.5.2001, p. 23.

(4) Dictamen del Parlamento Europeo de 17 de enero de 2002 (DO C 271 E de 7.11.2002, p. 293), Posición Común del Consejo de 20 de marzo de 2003 (DO C 147 E de 24.6.2003, p. 137) y Posición del Parlamento Europeo de 2 de julio de 2003 (no publicada aún en el Diario Oficial). Resolución legislativa del Parlamento Europeo de 29 de enero de 2004 y Decisión del Consejo de 2 de febrero de 2004.

(5) DO L 199 de 9.8.1993, p. 84. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/78/CE de la Comisión (DO L 285 de 29.10.2001, p. 1).

(6) DO L 374 de 31.12.1987, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 1/2003 (DO L 1 de 4.1.2003, p. 1).

(7) DO L 374 de 31.12.1987, p. 9. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 1/2003.

(8) DO L 156 de 3.6.1999, p. 3.

(9) DO L 297 de 29.10.1990, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 164 de 30.6.1994, p. 3).

(10) DO L 336 de 23.12.1994, p. 1.

(11) Véase la página 114 del presente Diario Oficial.

(12) DO L 15 de 21.1.1998, p. 14. Directiva cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 1882/2003 (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).

(13) DO L 164 de 30.6.1994, p. 3.

(14) DO L 316 de 17.12.1993, p. 41.

(15) DO L 156 de 13.6.1997, p. 55.

(16) DO L 68 de 12.3.2002, p. 31.

(17) DO L 16 de 23.1.2004, p. 57.

(18) DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.

(19) DO L 13 de 19.1.2000, p. 12.

(20) DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

(21) Reglamento (CE) n° 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) (DO L 114 de 24.4.2001, p. 1).

(22) Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303 de 2.12.2000, p. 16).

(23) Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (DO L 39 de 14.2.1976, p. 40). Directiva modificada por la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 269 de 5.10.2002, p. 15).

(24) DO L 124 de 8.6.1971, p. 1.

(25) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

(26) DO L 340 de 16.12.2002, p. 1.

(27) DO L 193 de 18.7.1983, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 283, de 27.10.2001, p. 28).

(28) N.B. El título de la Directiva ha sido adaptado a fin de tener en cuenta la renumeración de los artículos del Tratado llevada a cabo en el artículo 12 del Tratado de Amsterdam; la referencia originaria era a la letra g) del apartado 3 del artículo 54.

(29) DO L 129 de 27.5.1993, p. 25.

(30) DO L 302 de 19.10.1992, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2700/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 311 de 12.12.2000, p. 17).

(31) DO L 185 de 16.8.1971, p. 15. Decisión modificada por la Decisión 77/63/CEE (DO L 13 de 15.1.1997, p. 15).

(32) DO L 76 de 23.3.1992, p. 14. Directiva modificada por el Acta de adhesión de 1994.

ANEXO I

ENTIDADES ADJUDICADORAS EN LOS SECTORES DE TRANSPORTE O DISTRIBUCIÓN DE GAS O CALEFACCIÓN

Bélgica

- DistrigazDistrigaz/NV Distrigaz./NV Distrigaz

- municipios y consorcios, para esta parte de sus actividades.

Dinamarca

- Actividades de suministro de gas o calor conforme a licencia otorgada en virtud del artículo 4 de la lov om varmeforsyning, sin perjuicio del decreto de aplicación n° 772 de 24 de julio de 2000.

- Actividades de transporte de gas natural autorizadas por el artículo 10 de la lov nr. 449 om naturgasforsyning de 31 de mayo de 2000 relativa al suministro de gas natural.

- Actividades de transporte de gas conforme a autorización basada en el bekendtgørelse nr. 141 af 13. marts 1974 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter.

Alemania

- Entidades locales, instituciones de derecho público o sus consorcios o empresas de control estatal que suministran gas o calor a otras o explotan una red de suministro general con arreglo al apartado 3 del artículo 2 de la Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) de 24 de abril de 1998, modificada por última vez el 10 de noviembre de 2001.

Grecia

- Η "ΔΗΜΌΣΙΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΑΕΡΊΟΥ (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.", que transporta y distribuye gas conforme a la ley 2364/95, modificada por las leyes 2528/97, 2593/98 y 2773/99.

España

- Enagas, S.A.

- Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

- Gasoducto Al Andalus, S.A.

- Gasoducto de Extremadura, S.A.

- Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

- Regasificadora del Noroeste, S.A.

- Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.

- Transportista Regional de Gas, S.A.

- Unión Fenosa de Gas, S.A.

- Bilbogas, S.A.

- Compañía Española de Gas, S.A.

- Distribución y Comercialización de Gas de Extremadura, S.A.

- Distribuidora Regional de Gas, S.A.

- Donostigas, S.A.

- Gas Alicante, S.A.

- Gas Andalucía, S.A.

- Gas Aragón, S.A.

- Gas Asturias, S.A.

- Gas Castilla - La Mancha, S.A.

- Gas Directo, S.A.

- Gas Figueres, S.A.

- Gas Galicia SDG, S.A.

- Gas Hernani, S.A.

- Gas Natural de Cantabria, S.A.

- Gas Natural de Castilla y León, S.A.

- Gas Natural SDG, S.A.

- Gas Natural de Alava, S.A.

- Gas Natural de La Coruña, S.A.

- Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

- Gas Navarra, S.A.

- Gas Pasaia, S.A.

- Gas Rioja, S.A.

- Gas y Servicios Mérida, S.L.

- Gesa Gas, S.A.

- Meridional de Gas, S.A.U.

- Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

- Tolosa Gas, S.A.

Francia

- Société nationale des gaz du Sud-Ouest, encargada del transporte de gas.

- Gaz de France, creada y explotada en virtud de la loi n° 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz de 8 de abril de 1946 modificada.

- Entidades encargadas de la distribución de electricidad mencionadas en el artículo 23 de la loi n° 46 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz de 8 de abril de 1946 modificada.

- Compagnie française du méthane, encargada del transporte de gas.

- Entidades locales o sus consorcios para la distribución de energía térmica.

Irlanda

- Bord Gáis Éireann

- Otras entidades autorizadas a realizar la actividad de distribución o transmisión de gas natural por la Commission for Energy Regulation con arreglo a lo dispuesto en los Gas Acts de 1976 a 2002.

- Entidades autorizadas con arreglo al Electricity Regulation Act 1999 que realizan actividades de distribución de calor como explotadoras de plantas de cogeneración ("Combined Heat and Power Plants").

Italia

- SNAM Rete Gas s.p.a., S.G.M. y EDISON T. e S. para el transporte de gas.

- Entidades de distribución de gas reguladas por el testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 y por el D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.

- Entidades de distribución pública de energía térmica reguladas por el artículo 10 de la legge 29 maggio 1982, n. 308 - Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

- Entidades locales y sus consorcios para el suministro público de energía eléctrica.

Luxemburgo

- Société de transport de gaz SOTEG S.A.

- Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

- Service industriel de la Ville de Dudelange.

- Service industriel de la Ville de Luxembourg.

- Entidades locales y sus consorcios para el suministro público de energía térmica.

Países Bajos

- Servicios que operan en el sector del transporte o la distribución de gas con arreglo a una licencia concedida por las autoridades municipales con arreglo a la Gemeentewet.

- Autoridades municipales o provinciales que producen o distribuyen gas con arreglo a la Gemeentewet o la Provinciewet.

- Autoridades locales o agrupaciones de las mismas que producen o distribuyen calefacción.

Austria

- Entidades encargadas del transporte o la distribución de gas conforme a la Energiewirtschaftsgesetz dRGBl I S 1451/1935 o a la Gaswirtschaftsgesetz, BGBl. I Nr. 121/2000, en sus correspondientes versiones.

- Entidades encargadas del transporte o la distribución de energía térmica conforme a la Gewerbeordnung, BGBl. I Nr. 121/2000, en su versión correspondiente.

Portugal

- Entidades que transportan o distribuyen gas con base en lo dispuesto en el art. 1 del Decreto-Lei n° 8/2000, de 8 de febrero, con excepción de los párrafos ii) y iii) y de la letra b) del apartado 3 de este artículo.

Finlandia

- Entidades públicas y de otra índole encargadas de la red de transporte de gas natural o del transporte o distribución de gas natural conforme a autorización expedida en virtud del apartado 1 del artículo 3 o del apartado 1 del artículo 6 de la maakaasumarkkinalakimaakaasumarkkinalaki/ naturgasmarknadslagen/naturgasmarknadslagen (508/2000) así como las entidades locales o empresas públicas responsables de los sistemas de producción, transporte o distribución de energía térmica o que proporcionen energía térmica a redes.

Suecia

- Entidades que transportan o distribuyen gas o calefacción en virtud de una concesión otorgada con arreglo a la lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

Reino Unido

- Transportistas públicos de gas tal como se definen en la sección 7(1) del Gas Act 1986.

- Personas declaradas como empresarios de suministro de gas conforme al artículo 8 de la Gas (Northern Ireland) Order 1996.

- Autoridades locales que facilitan o explotan una red fija que presta o prestará un servicio al público en relación con la producción, transporte o distribución de calefacción.

- Personas autorizadas con arreglo a la letra a) del apartado 1 del artículo 6 del Electricity Act 1989 cuya licencia incluya las disposiciones contempladas en el apartado 3 del artículo 10 de dicha norma.

- The Northern Ireland Housing Executive.

ANEXO II

ENTIDADES ADJUDICADORAS EN LOS SECTORES DE PRODUCCIÓN, TRANSPORTE O DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD

Bélgica

- SA Electrabel//NV Electrabel

- municipios y consorcios, para esta parte de sus actividades.

- SA Société de Production d'Electricité/./NV Elektriciteitsproductie Maatschappij.

Dinamarca

- Actividades de producción eléctrica conforme a licencia otorgada en virtud del artículo 10 de la lov om elforsyning, sin perjuicio del decreto de aplicación n° 767 de 28 de agosto de 2001.

- Actividades de transporte de electricidad conforme a licencia otorgada en virtud del artículo 19 de la lov om elforsyning, sin perjuicio del decreto de aplicación n° 767 de 28 de agosto de 2001.

- ctividades de gestión de red conforme a licencia otorgada en virtud del artículo 27 de la lov om elforsyning, sin perjuicio del decreto de aplicación n° 767 de 28 de agosto de 2001.

Alemania

- Entidades locales, instituciones de derecho público o sus consorcios o empresas de control estatal que suministran electricidad a otras o explotan una red de suministro general con arreglo al apartado 3 del artículo 2 de la Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) de 24 de abril de 1998, modificada por última vez el 10 de noviembre de 2001.

Grecia

- Η "ΔΗΜΌΣΙΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΎ Α.Ε.", creada por la ley 1468/1950 y que funciona con arreglo a la ley 2773/1999 y al Decreto Presidencial 333/1999.

- La sociedad "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε." conocida como "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ o ΔΕΣΜΗΕ", constituida en virtud del artículo 14 de la ley 2773/1999 del Decreto Presidencial 328/2000 (Diario Oficial 268).

España

- Red Eléctrica de España, S.A.

- Endesa, S.A.

- Iberdrola, S.A.

- Unión Fenosa, S.A.

- Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

- Electra del Viesgo, S.A.

- Otras entidades encargadas de la producción, transporte y distribución de electricidad en virtud de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico y su normativa de desarrollo.

Francia

- Électricité de France, creada y explotada en virtud de la loi n° 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz de 8 de abril de 1946.

- Entidades encargadas de la distribución de electricidad mencionadas en el artículo 23 de la loi n° 46 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz de 8 de abril de 1946 modificada.

- Compagnie nationale du Rhône.

Irlanda

- The Electricity Supply Board

- ESB Independent Energy [ESBIE - suministro de electricidad]

- Synergen Ltd. [producción de electricidad]

- Viridian Energy Supply Ltd. [suministro de electricidad]

- Huntstown Power Ltd. [producción de electricidad]

- Bord Gáis Éireann [suministro de electricidad]

- Proveedores y productores de electricidad autorizados en virtud del Electricity Regulation Act 1999.

Italia

- Sociedades del Gruppo Enel encargadas de actividades de producción, transmisión y distribución de electricidad, con arreglo al decreto legislativo de 16 de marzo de 1999, n° 79 y sus modificaciones y añadidos sucesivos.

- Otras empresas que operan con arreglo a concesiones en virtud del decreto legislativo de 16 de marzo de 1999, n° 79.

Luxemburgo

- Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), que produce o distribuye electricidad en virtud de la convention du 11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg, aprobada por la ley du 4 janvier 1928.

- Las entidades locales encargadas del transporte o la distribución de electricidad.

- Société électrique de l'Our (SEO).

- Syndicat de communes SIDOR.

Países Bajos

- Entidades que distribuyen electricidad en virtud de una licencia (vergunning) otorgada por las autoridades provinciales con arreglo a la Provinciewet.

Austria

- Entidades que explotan una red de transporte o distribución conforme a la Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I Nr. 143/1998 en su versión correspondiente, o a las Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetzen de los nueve Länder.

Portugal

- TEXTOS JURÍDICOS DE BASE

- ELECTRICIDADE DE PORTUGAL (EDP), creada con arreglo al Decreto-Lei n° 182/95, de 27 de julio, desarrollado por el Decreto-Lei n° 56/97, de 14 de marzo.

- EMPRESA ELÉCTRICA DOS AÇORES (EDA), que operan con arreglo al Decreto-Legislativo Regional n° 15/96/A, de 1 de agosto.

- EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA (EEM), que opera con arreglo al Decreto-Lei n° 99/91 y al Decreto-Lei n° 100/91, ambos de 2 de marzo.

- PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

- Entidades productoras de electricidad con arreglo al Decreto-Lei n° 183/95, de 27 de julio, desarrollado por el Decreto-Lei n° 56/97, de 14 de marzo, modificado por el Decreto-Lei n° 198/2000, de 24 de agosto.

- Productores independientes de energía eléctrica, con arreglo al Decreto-Lei n° 189/88, de 27 de mayo, desarrollado por los Decretos-Lei n° 168/99, de 18 de mayo, n° 313/95, de 24 de noviembre, n° 312/2001, de 10 de diciembre y n° 339-C/2001, de 29 de diciembre.

- TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

- Entidades que transportan electricidad con arreglo al Decreto-Lei n° 185/95, de 27 de julio, desarrollado por el Decreto-Lei n° 56/97, de 14 de marzo.

- DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

- Entidades que distribuyen electricidad con arreglo al Decreto-Lei n° 184/95, de 27 de julio, desarrollado por los Decretos-Lei n° 56/97, de 14 de marzo, n° 344-B/82 de 1 de septiembre, n° 297/86 de 19 de septiembre y n° 341/90, de 30 de octubre.

Finlandia

- Entidades locales y empresas públicas encargadas de la producción eléctrica y entidades encargadas del mantenimiento de la red de transporte y distribución así como del transporte de electricidad y de la red eléctrica en virtud de los artículos 4 o 16 de la sähkömarkkinalaki//elmarknadslagen (386/1995).

Suecia

- Entidades que transportan o distribuyen electricidad en virtud de una concesión con arreglo a ellagen (1997:857).

Reino Unido

- Personas autorizadas con arreglo a la sección 6 del Electricity Act 1989.

- Personas autorizadas con arreglo al apartado 1 del artículo 10 del Electricity (Northern Ireland) Order 1992.

ANEXO III

ENTIDADES ADJUDICADORAS EN LOS SECTORES DE PRODUCCIÓN, TRANSPORTE O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

Bélgica

- Aquinter

- municipios y consorcios, para esta parte de sus actividades.

- Société wallonne des Eaux

- Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening.

Dinamarca

- Sistema de suministro de agua definido en el apartado 3 del artículo 3 de la lovbekendtgørelse nr. 130 om vandforsyning de 26 de febrero de 1999.

Alemania

- Entidades que producen o distribuyen agua con arreglo a las Eigenbetriebsverordnungen o -gesetzen de los Länder (Kommunale Eigenbetriebe).

- Entidades que producen o distribuyen agua con arreglo a las Gesetzen über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit der Länder.

- Entidades que producen agua con arreglo a la Gesetz über Wasser- und Bodenverbände de 12 de febrero de 1991, modificada por última vez el 15 de mayo de 2002.

- Empresas de propiedad pública que producen o distribuyen agua con arreglo a las Kommunalgesetze, y en particular a las Gemeindeverordnungen der Länder.

- Empresas constituidas con arreglo a la Aktiengesetz de 6 de septiembre de 1965, modificada por última vez el 19 de julio de 2002 o a la GmbH-Gesetz de 20 de abril de 1892, modificada por última vez el 19 de julio de 2002 o con el estatuto de Kommanditgesellschaft, que produce o distribuye agua con arreglo a un contrato específico con las autoridades regionales o locales.

Grecia

- La "Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε." ("Ε.Υ.Δ.Α.Π." o "Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε."). Su estatuto jurídico deriva de las disposiciones del κ.ν.2190/1920, la ley 2414/1996 y, complementariamente, de las disposiciones de la ley 1068/80 y de la ley 2744/1999.

- La "Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε." ("Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.") constituida con base en las disposiciones de la ley 2937/2001 (Diario Oficial 169 Α') y de la ley 2651/1998 (Diario Oficial 248 Α').

- La "Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου" ("ΔΕΥΑΜΒ"), que se rige por la ley 890/1979.

- Las "Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης", que producen o distribuyen agua en virtud de la ley 1069/80 de 23 de agosto de 1980.

- Los "Σύνδεσμοι Ύδρευσης", que se rigen por el Decreto Presidencial 410/1995, en aplicación del Código de los municipios y comunidades.

- Los "Δήμοι και Κοινότητες", que se rigen por el Decreto Presidencial 410/1995, en aplicación del Código de los municipios y comunidades.

España

- Mancomunidad de Canales de Taibilla.

- Otras entidades públicas integradas o dependientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales que actúan en el ámbito de la distribución de agua potable.

- Otras entidades privadas que tienen concedidos derechos especiales o exclusivos por las Corporaciones locales en el ámbito de la distribución de agua potable.

Francia

- Entidades territoriales y empresas públicas locales que desarrollan una actividad de producción o distribución de agua potable.

Irlanda

- Entidades que producen o distribuyen agua con arreglo al Local Government Act 1878 to 1964 [Servicios sanitarios].

Italia

- Sujetos encargados de la gestión de las distintas fases del servicio de suministro de agua con arreglo al testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province aprobado por regio decreto de 15 de octubre de 1925, n. 2578, al D.P.R. de 4 de octubre de 1986, n. 902 así como al decreto legislativo de 18 de agosto de 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, y en particular a sus artículos 112 a 116.

- Ente autonomo acquedotto pugliese creado por R.D.L. 19 ottobre 1919, n. 2060.

- Ente acquedotti siciliani creado por las leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81.

- Ente sardo acquedotti e fognature creado por la legge 5 luglio 1963, n. 9.

Luxemburgo

- Services des autorités locales chargés de la distribution d'eau.

- Mancomunidades de municipios encargadas de la producción o la distribución de agua creadas en virtud de la loi de 23 de febrero de 2001 concernant la création des syndicats de communes modificada y completada por la loi de 23 de diciembre de 1958 y por la loi de 29 de julio de 1981 y en virtud de la loi de 31 de julio de 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre.

Países Bajos

- Entidades que producen o distribuyen agua en virtud de la Waterleidingwet.

Austria

- Municipios y mancomunidades que producen, transportan o distribuyen con arreglo a las Wasserversorgungsgesetzen de los nueve Länder.

Portugal

- SISTEMAS MULTIMUNICIPALES - Empresas que asocian al Estado u otras entidades públicas, en posición mayoritaria dentro del capital social, con empresas privadas, con arreglo al Decreto-Lei n° 379/93, de 5 de noviembre. Se autoriza la administración estatal directa.

- SISTEMAS MUNICIPALES - Municipios, asociaciones de municipios, servicios municipalizados, empresas con capital total o mayoritariamente público o empresas privadas, con arreglo al Decreto-Lei n° 379/93, de 5 de noviembre y a la Lei n° 58/98, de 18 de agosto.

Finlandia

- Servicios de suministro de agua establecidos con arreglo al artículo 3 de la Vesihuoltolaki//lagen om vattentjänster (119/2001)

Suecia

- Autoridades locales o empresas municipales que producen, transportan o distribuyen agua potable en virtud de la lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Reino Unido

- Empresas designadas como responsables del suministro de agua o de la gestión de aguas residuales en virtud del Water Industry Act 1991.

- La Autoridad responsable del suministro de agua y de la gestión de aguas residuales creada por la sección 62 del Local Government etc (Scotland) Act 1994.

- The Department for Regional Development (Northern Ireland).

ANEXO IV

ENTIDADES ADJUDICADORAS EN EL SECTOR DE LOS SERVICIOS DE FERROCARRILES

Bélgica

- Société nationale des Chemins de fer belges//Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

Dinamarca

- Danske Statsbaner

- Actividades que se rigen por la lov nr. 1317 de 20 de diciembre de 2000 om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne.

- Ørestadsselskabet I/S.

Alemania

- Deutsche Bahn AG.

- Otras empresas que prestan servicios de transporte ferroviario al público con arreglo al apartado 1 del artículo 2 de la Allgemeinen Eisenbahngesetz de 27 de diciembre de 1993, modificada por última vez el 21 de junio de 2002.

Grecia

- El "Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε." ("Ο.Σ.Ε. Α.Ε."), creado en virtud de la ley 2671/98.

- "ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε." creado en virtud de la ley 2366/95.

España

- Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF).

- Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).

- Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

- Eusko Trenbideak (Bilbao).

- Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. (FGV).

- Ferrocarriles de Mallorca.

Francia

- Société nationale des chemins de fer français et demás redes ferroviarias abiertas al público mencionadas en el capítulo 1 del título II de la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 de 30 de diciembre de 1982.

- Réseau ferré de France, empresa pública creada por la loi n° 97-135 de 13 de febrero de 1997.

Irlanda

- Iarnród Éireann [/Ferrocarriles Irlandeses]

- Railway Procurement Agency.

Italia

- Ferrovie dello Stato S. p. A.

- Trenitalia S. p. A.

- Entidades, sociedades y empresas que prestan servicios ferroviarios con base en una concesión expedida con arreglo al artículo 10 del regio decreto n. 1447 de 9 de mayo de 1912, por el que se aprueba el testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

- Entidades, sociedades y empresas que prestan servicios ferroviarios con base en una concesión expedida con arreglo al art. 4 de la legge n. 410 de 14 de junio de 1949 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

- Entidades, sociedades y empresas que prestan servicios ferroviarios con base en una concesión expedida con arreglo art. 14 de la legge n. 1221 de 2 de agosto de 1952 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

- Entidades, sociedades y empresas que prestan servicios ferroviarios con base en una concesión expedida con arreglo a los artículos 8 y 9 del decreto legislativo n° 422 de 19 de noviembre de 1997 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 - modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dall'art. 45 della legge 1o agosto 2002, n. 166.

Luxemburgo

- Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

Países Bajos

- Entidades contratantes en el sector de los servicios de ferrocarriles.

Austria

- Österreichische Bundesbahnen.

- Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH.

- Entidades autorizadas a prestar servicios de transporte con arreglo a la Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957, en su versión correspondiente.

Portugal

- CP - Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., con arreglo al Decreto-Lei n° 109/77, de 23 de marzo;

- REFER, E.P., con arreglo al Decreto-Lei n° 104/97, de 29 de abril;

- RAVE, S.A, con arreglo al Decreto-Lei n° 323-H/2000, de 19 de diciembre;

- Fertagus, S.A, con arreglo al Decreto-Lei n° 189-B/99, de 2 de junio;

- Metro do Porto, S.A, con arreglo al Decreto-Lei n° 394-A/98, de 15 de diciembre, modificado por el Decreto-Lei n° 261/2001, de 26 de septiembre;

- Normetro, S.A, con arreglo al Decreto-Lei n° 394-A/98, de 15 de diciembre, alterado pelo Decreto-Lei n° 261/2001, de 26 de septiembre;

- Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A, con arreglo al Decreto-Lei n° 15/95, de 8 de febrero;

- Metro do Mondego, S.A, con arreglo al Decreto-Lei n° 10/2002, de 24 de enero;

- Metro Transportes do Sul, S.A, con arreglo al Decreto-Lei n° 337/99, de 24 de agosto;

- Ayuntamientos y empresas municipales que preste servicios de transporte con arreglo a la Lei n° 159/99, de 14 de septiembre;

- Autoridades Públicas y empresas públicas que presten servicios de transporte ferroviario con arreglo a la Lei n° 10/90, de 17 de marzo;

- Empresas privadas que prestan servicios de transporte ferroviario con arreglo a la Lei n° 10/90, de 17 de marzo, cuando tengan derechos especiales o exclusivos.

Finlandia

- VR Osakeyhtiö//VR Aktiebolag.

Suecia

- Entidades públicas que prestan servicios de transporte por ferrocarril en virtud de förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar y lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

- Entidades públicas regionales y locales que prestan servicios de transporte por ferrocarril regionales o locales en virtud de lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.

- Entidades privadas que prestan servicios de transporte por ferrocarril en virtud de una autorización concedida con arreglo a förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, cuando dichas autorizaciones son conformes al apartado 3 del artículo 2 de la Directiva.

Reino Unido

- Railtrack plc

- Eurotunnel plc

- Northern Ireland Transport Holding company

- Northern Ireland Railways Company Limited.

ANEXO V

ENTIDADES ADJUDICADORAS EN EL SECTOR DE LOS SERVICIOS DE FERROCARRILES URBANOS, TRANVÍAS, TROLEBUSES O AUTOBUSES

Bélgica

- Société des Transports intercommunaux de Bruxelles//Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

- Société régionale wallonne du Transport y sus sociedades de explotación (TEC Liège-Verviers, TEC Namur-Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

- Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

- sociedades de derecho privado con derechos especiales o exclusivos

Dinamarca

- Danske Statsbaner

- Actividades de transporte por autobús (almindelige rutekørsel) con arreglo a licencia expedida en virtud de la lovbekendtgørelse nr. 738 om buskørsel de 22 de diciembre de 1999

- Ørestadsselskabet I/S.

Alemania

- Empresas que prestan servicios de transporte bajo licencia en el ámbito del transporte público de personas con arreglo a la Personenbeförderungsgesetz de 21 de marzo de 1961, modificada por última vez el 21 de agosto de 2002.

Grecia

- Los "Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Α.Ε." ("Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε."), empresa cuya creación y funcionamiento se rigen por las leyes 768/1970 (Α'273), 588/1977 (Α'148) y 2669/1998 (Α'283).

- Los "Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς" ("Η.Σ.Α.Π. Α.Ε."), empresa cuya creación y funcionamiento se rigen por las leyes 352/1976 (Α' 147) y 2669/1998 (Α'283).

- El "Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε." ("Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε."), empresa cuya creación y funcionamiento se rigen por las leyes 2175/1993 (Α'211) y 2669/1998 (Α'283)

- La "Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε." ("Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε."), empresa cuya creación y funcionamiento se rigen por las leyes 2175/1993 (Α'211) y 2669/1998 (Α'283)

- La empresa "Αττικό Μετρό Α.Ε.", empresa cuya creación y funcionamiento se rigen por la ley 1955/1991

- El "Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης" ("Ο.Α.Σ.Θ."), empresa cuya creación y funcionamiento se rigen por el decreto 3721/1957, el decreto-ley 716/1970 así como por las leyes 866/79 y 2898/2001 (Α'71).

- El "Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων" ("Κ.Τ.Ε.Λ."), empresa cuya creación y funcionamiento se rigen por la ley 2963/2001 (Α'268)

- Las "Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω", conocidas respectivamente como "ΡΟΔΑ" y "ΔΕΑΣ ΚΩ", que se rigen por la ley 2963/2001 (Α'268)

España

- Entidades que prestan servicios públicos de transporte urbano con arreglo a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y correspondiente legislación autonómica en su caso.

- Entidades que prestan servicios públicos de autobuses con arreglo a la disposición transitoria tercera de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Francia

- Entidades adjudicadoras que prestan servicios de transporte público en virtud del artículo 7-II de la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 de 30 de diciembre de 1982

- Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français y demás entidades que prestan servicios de transporte con base en una autorización expedida por el Syndicat des transports d'Ile-de-France en virtud de la ordonnance n° 59-151 de 7 de enero de 1959 modificada y sus decretos de aplicación relativos a la organización del transporte de viajeros en la región de Ile-de-France

- Réseau ferré de France, empresa publica creada por la loi n° 97-135 de 13 de febrero de 1997

Irlanda

- Iarnród Éireann [/Ferrocarriles Irlandeses]

- Railway Procurement Agency

- Luas [/Ferrocarril ligero subterráneo de Dublín]

- Bus Éireann [/Autobuses Irlandeses]

- Bus Átha Cliath [/Autobuses de Dublín]

- Entidades que prestan servicios de transporte público con arreglo al Road Transport Act 1932 modificado.

Italia

- Entidades, sociedades y empresas que prestan servicios de transporte público por ferrocarril, sistemas automáticos, tranvía, funicular y autobús o que gestionan las infraestructuras correspondientes a niveles nacional, regional y local.

Se trata, en particular, de:

- Entidades, sociedades y empresas que prestan servicios de transporte público con base en una concesión expedida con arreglo a la legge n. 1822 de 28 de septiembre de 1939 - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) - art. 1, modificada por el art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 771 de 28 de junio de 1955.

- Entidades, sociedades y empresas que prestan servicios de transporte público con base en una concesión expedida con arreglo al los apartados 1 o 15, del regio decreto n. 2578 de 15 de octubre de 1925 - Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

- Entidades, sociedades y empresas que prestan servicios de transporte público con base en una concesión expedida con arreglo al decreto legislativo n. 422 de 19 de noviembre de 1997 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 -modificado por el decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dall'art. 45 della legge 1º agosto 2002, n. 166.

- Entidades, sociedades y empresas que prestan servicios de transporte público con base en una concesión expedida con arreglo al art. 113 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con legge 18 agosto 2000 n. 267 - modificato dall'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

- Entidades, sociedades y empresas que prestan servicios de transporte público con base en una concesión expedida con arreglo a los art. 242 o 256 del regio decreto n. 1447 de 9 de mayo de 1912, por el que se aprueba el testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

- Entidades, sociedades y empresas así como autoridades locales que operan con base en una concesión expedida con arreglo al art. 4 de la legge n. 410 de 14 de junio de 1949 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

- Entidades, sociedades y empresas que prestan servicios de transporte público con base en una concesión expedida con arreglo al art. 14 de la legge n. 1221 de 2 de agosto de 1952 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

Luxemburgo

- Chemins de fer du Luxembourg (CFL).

- Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.

- Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE).

- Los empresarios de autobuses que operan de conformidad con el règlement grand-ducal de 3 de febrero de 1978 concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées.

Países Bajos

- Entidades que prestan servicios de transporte público con arreglo al capítulo II (Openbaar Vervoer) de la Wet Personenvervoer

Austria

- Entidades autorizadas a realizar servicios de transporte con arreglo a la Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957, en su versión correspondiente, o la Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I Nr. 203/1999, en su versión correspondiente.

Portugal

- Metropolitano de Lisboa, E.P., con arreglo al Decreto-Lei 439/78, de 30 de diciembre;

- Ayuntamientos, servicio municipalizados y empresas municipales, contempladas en la Lei n° 58/98, de 18 de agosto, que presten servicios de transporte con arreglo a la Lei 159/99, de 14 de septiembre;

- Autoridades Públicas y empresas públicas que presten servicios de transporte ferroviario con arreglo a la Lei 10/90, de 17 de marzo;

- Empresas privadas que presten servicios de transporte ferroviario con arreglo a la Lei 10/90, de 17 de marzo, que posean derechos especiales o exclusivos;

- Entidades que prestan servicios de transporte al público, con arreglo al artículo 98 del Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto n° 37272, de 31 de diciembre de 1948);

- Entidades que prestan servicios de transporte al público, con arreglo a la Lei n° 688/73, de 21 de diciembre;

- Entidades que prestan servicios de transporte al público, con arreglo al Decreto-Lei n° 38144, de 31 de diciembre de 1950.

Finlandia

- Entidades que, con base en derechos especiales o exclusivos prestan servicios de transporte por autobús con base en la luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun laki//lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991) así como las redes municipales de transporte y las empresas públicas que prestan servicios de transporte público mediante autobuses, ferrocarril o metro o mantienen la red necesaria para la prestación del servicio de transporte

Suecia

- Entidades que prestan servicios de ferrocarriles urbanos y de tranvía en virtud de la lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik y lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

- Entidades públicas o privadas que prestan servicios de troblebús o de autobús en virtud de la lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik y yrkestrafiklagen (1998:490).

Reino Unido

- London Regional Transport

- London Underground Limited

- Transport for London

- Sucursales de Transport for London con arreglo a la section 424(1) del Greater London Authority Act 1999

- Strathclyde Passenger Transport Executive

- Greater Manchester Passenger Transport Executive

- Tyne and Wear Passenger Transport Executive

- Brighton Borough Council

- South Yorkshire Passenger Transport Executive

- South Yorkshire Supertram Limited

- Blackpool Transport Services Limited

- Conwy County Borough Council

- Personas que presten servicios locales en Londres con arreglo a la section 179(1) del Greater London Authority Act 1999 (servicio de autobús) en aplicación de un acuerdo concluido por Transport for London en virtud de la 156(2) de dicho texto o de un acuerdo subsidiario de transporte conforme a la section 169 del texto

- Northern Ireland Transport Holding Company

- Personas con una licencia de transporte por carretera conforme a la section 4(1) del Transport Act (Northern Ireland) 1967 que la autoriza a prestar servicios regulares en los términos estipulados en la licencia.

ANEXO VI

ENTIDADES ADJUDICADORAS EN EL SECTOR DE LOS SERVICIOS POSTALES

BÉLGICA

De Post//La Poste

DINAMARCA

Post Danmark, jf. Lov nr. 569 om Post Danmark A/S af 6. juni 2002.

ALEMANIA

-

GRECIA

Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛ.ΤΑ cuya creación y funcionamiento se rigen por el decreto ley 496/70 y la ley 2668/98 (ELTA)

ESPAÑA

Correos y Telégrafos, S.A.

FRANCIA

La Poste

IRLANDA

An Post plc

ITALIA

Poste Italiane s.p.a.

LUXEMBURGO

Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg

PAÍSES BAJOS

-

AUSTRIA

Österreichische Post AG

PORTUGAL

CTT - Correios de Portugal

FINLANDIA

-

SUECIA

Posten Sverige AB

Posten Logistik AB

BLSI-I AB

DPD Nordic AB,

DPD Sverige AB

Falcon Air AB

Hultbergs Inrikes Transporter AB (HIT)

Posten Express AB

Posten Logistik AB

Poståkeriet Sverige AB

SwedeGiro AB

TAB

-

REINO UNIDO

-

ANEXO VII

ENTIDADES ADJUDICADORAS EN LOS SECTORES DE PROSPECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO O GAS

Bélgica

-

Dinamarca

Entidades que se rigen por las siguientes normas:

- Lov om Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 11. juni 2002.

- Lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 1. maj 1979.

Alemania

- Empresas que se rigen por la Bundesberggesetz vom 13. August 1980

Grecia

- "Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.", creada por la ley 2593/98 relativa a la reorganización de Δ.Ε.Π. Α.Ε. y sus empresas filiales así como al estatuto de esta empresa y otras disposiciones.

España

- BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

- Cambria Europe, Inc.

- CNWL oil (España), S.A.

- Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

- Conoco limited.

- Eastern España, S.A.

- Enagas, S.A.

- España Canadá resources Inc.

- Fugro - Geoteam, S.A.

- Galioil, S.A.

- Hope petróleos, S.A.

- Locs oil compay of Spain, S.A.

- Medusa oil Ltd.

- Muphy Spain oil company

- Onempm España, S.A.

- Petroleum oil & gas España, S.A.

- Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

- Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

- Taurus petroleum, AN.

- Teredo oil limited

- Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

- Wintersahll, AG

- YCI España, L.C.

- Otras entidades que operan en virtud de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos y su normativa de desarrollo.

Francia

- Entidades encargadas de la prospección y extracción de petróleo o de gas en virtud del código de minas y sus normas de desarrollo, en particular el décret n° 95-427 de 19 de abril de 1995.

Irlanda

- Entidades dotadas de authorisation, license, permit o concession la prospección y extracción de petróleo o de gas con arreglo a las normas siguientes:

- Continental Shelf Act 1968

- Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

- Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

- Petroleum (Producción) Act (NI) 1964.

Italia

- Entidades titulares de autorizzazione, permesso, licenza o concessione para la prospección o extracción de petróleo y de gas o para el almacenamiento subterráneo de gas natural conforme a las siguientes normas:

- legge 10 febbraio 1953, n. 136;

- legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613;

- legge 9 gennaio 1991, n. 9;

- decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;

- legge 26 aprile 1974, n. 170, modificata dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Luxemburgo

-

Países Bajos

- Entidades que se rigen por la Mijnbouwwet (per 1 januari 2003)

Austria

- Entidades dotadas de autorización para la prospección o la extracción de petróleo o gas con arreglo a la Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, en su versión correspondiente.

Portugal

Entidades que se rigen por las siguientes normas:

- Decreto-Lei n° 109/94, de 26 de abril e Portaria n° 790/94, de 5 de septiembre;

- Decreto-Lei n° 82/94, de 24 de agosto e Despacho n° A-87/94, de 17 de enero.

Finlandia

-

Suecia

- Entidades que gozan de una concesión para la prospección o la extracción de petróleo o de gas en virtud de la minerallagen (1991:45) o que han recibido una autorización con arreglo a la lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Reino Unido

- Personas que actúen bajo licencia concedida con arreglo al Petroleum Act 1998 o de efecto equivalente.

- Personas autorizadas en virtud del Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964.

ANEXO VIII

ENTIDADES ADJUDICADORAS EN LOS SECTORES DE PROSPECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CARBÓN Y DE OTROS COMBUSTIBLES SÓLIDOS

Bélgica

-

Dinamarca

- Actividades de prospección o extracción de carbón u otros carburantes sólidos con arreglo a la lovbekendtgørelse nr. 569 de 30 de junio de 1997.

Alemania

- Empresas de prospección o extracción de carbón u otros carburantes sólidos con arreglo a la Bundesberggesetz de 13 de agosto de 1980

Grecia

- La "Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού", que realiza actividades de prospección o extracción de carbón u otros carburantes sólidos con arreglo al Código de Minas de 1973 modificado por la ley de 27 de abril de 1976.

España

- Alto Bierzo, S.A.

- Antracitas de Arlanza, S.A.

- Antracitas de Gillon, S.A.

- Antracitas de La Granja, S.A.

- Antracitas de Tineo, S.A.

- Campomanes Hermanos, S.A.

- Carbones de Arlanza, S.A.

- Carbones de Linares, S.A.

- Carbones de Pedraforca, S.A.

- Carbones del Puerto, S.A.

- Carbones el Túnel, S.L.

- Carbones San Isidro y María, S.A.

- Carbonifera del Narcea, S.A.

- Compañia Minera Jove, S.A.

- Compañía General Minera de Teruel, S.A.

- Coto minero del Narcea, S.A.

- Coto minero del Sil, S.A.

- Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

- Endesa, S.A.

- González y Díez, S.A.

- Hijos de Baldomero García, S.A.

- Hullas del Coto Cortés, S.A.

- Hullera Vasco-leonesa, S.A.

- Hulleras del Norte, S.A.

- Industrial y Comercial Minera, S.A.

- La Carbonífera del Ebro, S.A.

- Lignitos de Meirama, S.A.

- Malaba, S.A.

- Mina Adelina, S.A.

- Mina Escobal, S.A.

- Mina La Camocha, S.A.

- Mina La Sierra, S.A.

- Mina Los Compadres, S.A.

- Minas de Navaleo, S.A.

- Minas del Principado, S.A.

- Minas de Valdeloso, S.A.

- Minas Escucha, S.A.

- Mina Mora primera bis, S.A.

- Minas y explotaciones industriales, S.A.

- Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

- Minera del Bajo Segre, S.A.

- Minera Martín Aznar, S.A.

- Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

- Muñoz Sole hermanos, S.A.

- Promotora de Minas de carbón, S.A.

- Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa.

- Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

- Unión Minera del Norte, S.A.

- Unión Minera Ebro Segre, S.A.

- Viloria Hermanos, S.A.

- Virgilio Riesco, S.A.

- Otras entidades que operan en virtud de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y su normativa de desarrollo.

Francia

- Entidades encargadas de la prospección o extracción de carbón u otros carburantes sólidos con arreglo al code minier y sus normas de desarrollo, en particular el décret n° 95-427 de 19 de abril de 1995

Irlanda

- Bord na Mona plc. creado y regido por el Turf Development Act 1946 to 1998.

Italia

- Carbosulcis S.p.A.

Luxemburgo

-

Países Bajos

-

Austria

- Entidades autorizadas para la prospección o extracción de carbón u otros carburantes sólidos con arreglo a la Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, en su versión correspondiente.

Portugal

- Empresa Nacional de Urânio.

Finlandia

- Entidades dotadas de derechos especiales para la prospección y extracción de carburantes sólidos con arreglo a laoikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta laki//lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet 973/2002.

Suecia

- Entidades que gozan de una concesión para la prospección o la extracción de carbón u otros combustibles sólidos en virtud de minerallagen (1991:45) o lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, o que han recibido una autorización con arreglo a la lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Reino Unido

- Operadores autorizados (con arreglo al Coal Industry Act 1994)

- The Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)

- Personas que operan en virtud de una licencia de prospección, autorización de actividad minera, licencia de minería o permiso para actividades mineras tal como se definen en la section 57(1) del Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969

ANEXO IX

ENTIDADES ADJUDICADORAS EN EL SECTOR DE LOS PUERTOS MARÍTIMOS O FLUVIALES U OTRAS TERMINALES

Bélgica

- Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

- Havenbedrijf van Gent

- Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

- Port autonome de Charleroi

- Port autonome de Namur

- Port autonome de Liège

- Port autonome du Centre et de l'Ouest

- Société régionale du Port de Bruxelles//Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

- Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

Dinamarca

- Puertos, tal como se definen en el artículo 1 de la lov nr. 326 om havne de 28 de mayo de 1999.

Alemania

- Puertos que dependen total o parcialmente de las autoridades territoriales (Länder, Kreise, Gemeinden).

- Puertos interiores dependientes de los Länder con arreglo a la Hafenordnung establecida en virtud de las Wassergesetzen.

Grecia

- El "Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Π. Α.Ε."), con arreglo a la ley 2688/99

- El "Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Aνώνυμη Εταιρία" ("Ο.Λ.Θ. Α.Ε."), con arreglo a la ley 2688/99

- El "Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Α. Α.Ε.") con arreglo a la ley 2932/01

- El "Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Β. Α.Ε.") con arreglo a la ley 2932/01

- El "Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Ε. Α.Ε.") con arreglo a la ley 2932/01

- El "Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε."), con arreglo a la ley 2932/01

- El "Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Η. Α.Ε."), con arreglo a la ley 2932/01

- El "Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Κ. Α.Ε."), con arreglo a la ley 2932/01

- El "Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε."), con arreglo a la ley 2932/01

- El "Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Λ. Α.Ε."), δυνάμει του ν.2932/01

- Ο "Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε."), con arreglo a la ley 2932/01

- El "Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Ρ. Α.Ε."), con arreglo a la ley 2932/01

- Demás puertos, regidos por el decreto presidencial 649/1977. (Εποπτεία, οργάνωση, λειτουργία και διοικητικός έλεγχος λιμένων)

España

- Ente público Puertos del Estado

- Autoridad Portuaria de Alicante

- Autoridad Portuaria de Almería - Motril

- Autoridad Portuaria de Avilés

- Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

- Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

- Autoridad Portuaria de Baleares

- Autoridad Portuaria de Barcelona

- Autoridad Portuaria de Bilbao

- Autoridad Portuaria de Cartagena

- Autoridad Portuaria de Castellón

- Autoridad Portuaria de Ceuta

- Autoridad Portuaria de Ferrol - San Cibrao

- Autoridad Portuaria de Gijón

- Autoridad Portuaria de Huelva

- Autoridad Portuaria de Las Palmas

- Autoridad Portuaria de Málaga

- Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

- Autoridad Portuaria de Melilla

- Autoridad Portuaria de Pasajes

- Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

- Autoridad Portuaria de Santander

- Autoridad Portuaria de Sevilla

- Autoridad Portuaria de Tarragona

- Autoridad Portuaria de Valencia

- Autoridad Portuaria de Vigo

- Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

- Otras entidades Portuarias de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia.

Francia

- Port autonome de Paris creado en virtud de la loi n° 68-917 relative au port autonome de Paris de 24 de octubre de 1968

- Port autonome de Strasbourg creado en virtud de la convention du 20 mai 1923 entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, aprobada por la ley de 26 de abril de 1924

- Puertos autónomos explotados con arreglo a los artículos L. 111-1 y siguientes del code des ports maritimes

- Puertos no autónomos explotados con arreglo a los artículos R. 121-1 y siguientes del code des ports maritimes

- Puertos gestionados por las autoridades regionales o departamentales o explotados en virtud de una concesión realizada por las autoridades regionales o departamentales con arreglo al artículo 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'État

- Voies navigables de France, empresa pública sometida a las disposiciones del artículo 124 de la ley 90-1168 de 29 de diciembre de 1990 modificada.

Irlanda

- Puertos que operan con arreglo al Harbours Acts 1946 to 2000

- Puerto de Rosslare Harbour que opera con arreglo los Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts 1899.

Italia

- Puertos estatales y otros puertos gestionados por las Capitanerie di Porto con arreglo al Codice della navigazione, regio decreto n. 327 de 30 de marzo de 1942

- Puertos autónomos (entidades portuarias) instituidos mediante leyes especiales con arreglo al art. 19 del Codice della navigazione, regio decreto n. 327 de 30 de marzo de 1942

Luxemburgo

- Port de Mertert, creado y explotado en virtud de la loi relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle de 22 de julio de 1963 modificada

Países Bajos

- Entidades contratantes del sector de los puertos marítimos o fluviales y otras terminales

Austria

- Puertos interiores que son en su totalidad o en parte propiedad de los Länder o los municipios.

Portugal

- APDL - Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A, con arreglo al Decreto-Lei n° 335/98, de 3 de noviembre de 1998;

- APL - Administração do Porto de Lisboa, S.A, con arreglo al Decreto-Lei n° 336/98, de 3 de noviembre de 1998;

- APS - Administração do Porto de Sines, S.A, con arreglo al Decreto-Lei n° 337/98, de 3 de noviembre de 1998;

- APSS - Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A, con arreglo al Decreto-Lei n° 338/98, de 3 de noviembre de 1998;

- APA - Administração do Porto de Aveiro, S.A, con arreglo al Decreto-Lei n° 339/98, de 3 de noviembre de 1998;

- IPN - Instituto Portuário do Norte, con arreglo al Decreto-Lei n° 242/99, de 28 de junio de 1999;

- ICP - Instituto Portuário do Centro, con arreglo al Decreto-Lei n° 243/99, de 28 de junio de 1999;

- IPS - Instituto Portuário do Sul, con arreglo al Decreto-Lei n° 244/99, de 28 de junio de 1999;

- IDN - Instituto da Navegabilidade do Douro, con arreglo al Decreto-Lei n° 138-A/97, de 3 de junio.

Finlandia

- Puertos que operan con arreglo a la kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annetun laki//lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/76) y puertos creados en virtud de autorización concedida con arreglo al artículo 3 de la /yksityisistä yleisistä satamista annetun laki//lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994)

- Saimaan kanavan hoitokunta//Förvaltningsnämnden för Saima kanal

Suecia

- Puertos y terminales de conformidad con lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn y förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

Reino Unido

- Autoridades locales que explotan una zona geográfica a fin de facilitar instalaciones portuarias marítimas o interiores u otras instalaciones propias de un terminal a transportistas por vía marítima o por rutas de navegación interior

- Autoridades portuarias con arreglo a la section 57 del Harbours Act 1964

- British Waterways Board

- Autoridades portuarias tal como se definen en la section 38(1) del Harbours Act (Northern Ireland) 1970

ANEXO X

ENTIDADES ADJUDICADORAS EN EL SECTOR DE LAS INSTALACIONES DE AEROPUERTOS

Bélgica

- Belgocontrol

- Brussels International Airport Company

- Luchthaven van Deurne

- Luchthaven van Oostende

- SA Brussels South Charleroi Airport

- SA Société de Développement et de Promotion de l'Aéroport de Bierset

Dinamarca

- Aeropuertos que operan con arreglo a licencia expedida en virtud del apartado 1 del artículo 55 de la lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 de 13 de junio de 2001.

Alemania

- Aeropuertos definidos con arreglo al primer párrafo del apartado 2 del artículo 38 de la Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung de 19 de junio de 1964, modificada por última vez el 21 de agosto de 2002.

Grecia

- La "Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας" ("ΥΠΑ") que opera con arreglo al decreto ley 714/70, modificado por la ley 1340/83, cuya organización de define en el decreto presidencial 56/89, y sus sucesivas modificaciones.

- La sociedad "Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών" de Spata que, opera en virtud de la ley 2338/95 Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, "ίδρυση της εταιρείας" Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. "έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις".

- Los "Φορείς Διαχείρισης" con arreglo al decreto presidencial 158/02 "Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΦΕΚ Α 137)

España

- Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

Francia

- Aeródromos explotados por empresas públicas en virtud de los artículos L. 251-1, L. 260-1 y L. 270-1 del code de l'aviation civile

- Aeródromos explotados en el marco de una concesión realizada por el Estado en virtud del artículo R.223-2 del code de l'aviation civile

- Aérodromes exploités en vertu d'un arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire

- Aeródromos explotados creados por una colectividad pública, objeto del convenio previsto en el artículo L. 221-1 del code de l'aviation civile

Irlanda

- Aeropuertos de Dublín, Cork y Shannon gestionados por Aer Rianta - /Irish Airports.

- Aeropuertos que operan bajo licencia pública concedida con arreglo al Irish Aviation Authority Act 1993 modificada por el Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, en los que los servicios aéreos regulares se llevan a cabo por aeronaves destinadas a transporte público de pasajeros, correo y flete

Italia

- AAAVTAG.

- Entidades gestoras regidas por leyes especiales.

- Entidades que gestionan instalaciones aeroportuarias con base en una concesión realizada con arreglo al art. 694 del c.n., R.D. n. 327 de 30 de marzo de 1942.

- R.A.I. Registro Aeronautico Italiano.

Luxemburgo

- Aéroport du Findel.

Países Bajos

- Aeropuertos civiles que operan con arreglo a los artículos 18 y siguientes de la Luchtvaartwet

Austria

- Entidades autorizadas a prestar servicios aeroportuarios conforme a la Luftfahrgesetz, BGBl. Nr. 253/1957, en su versión correspondiente.

Portugal

- ANA - Aeroportos de Portugal, S.A., creada con arreglo al Decreto-Lei n° 404/98, de 18 de diciembre.

- NAV - Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., creada por el Decreto-Lei n° 404/98, de 18 de diciembre.

- ANAM - Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., creada con arreglo al Decreto-Lei n° 453/91, de 11 de diciembre.

Finlandia

- Aeródromos gestionados por Ilmailulaitos//Luftfartsverket, empresas municipales o empresas públicas conforme a la/ilmailulaki/ /luftfartslagen (281/1995)

Suecia

- Aeropuertos públicos gestionados con arreglo a luftfartslagen (1957:297).

- Aeropuertos privados que operan con arreglo a una licencia otorgada en virtud de dicha ley, cuando la licencia sea conforme a los criterios del apartado 3 del artículo 2 de la Directiva.

Reino Unido

- Autoridades locales que explotan una zona geográfica a fin de facilitar instalaciones aeroportuarias u otras instalaciones propias de un terminal a los transportistas aéreos.

- Gestores de aeropuertos con arreglo al Airports Act 1986 que gestionan un aeropuerto sujeto a regulación económica con arreglo a la Part IV de dicho texto.

- Highland and Islands Airports Limited

- Gestores de aeropuertos con arreglo al Airports (Northern Ireland) Order 1994

ANEXO XI

LISTA DE LA LEGISLACIÓN COMUNITARIA CONTEMPLADA EN EL APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 30

A. TRANSPORTE O DISTRIBUCIÓN DE GAS O DE COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN

Directiva 98/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural(1)

B. PRODUCCIÓN, TRANSPORTE O DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD

Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad(2)

C. PRODUCCIÓN, TRANSPORTE O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

-

D. ENTIDADES ADJUDICADORAS DEL SECTOR DE LOS SERVICIOS DE FERROCARRILES

-

E. ENTIDADES ADJUDICADORAS DEL SECTOR DE LOS SERVICIOS DE FERROCARRILES URBANOS, TRANVÍAS, TROLEBUSES O AUTOBUSES

-

F. ENTIDADES ADJUDICADORAS DEL SECTOR DE LOS SERVICIOS POSTALES

Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio(3)

G. PROSPECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO O GAS

Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos(4)

H. PROSPECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CARBÓN U OTROS COMBUSTIBLES SÓLIDOS

-

I. ENTIDADES ADJUDICADORAS DEL SECTOR DE LOS PUERTOS MARÍTIMOS O FLUVIALES U OTRAS TERMINALES

-

J. ENTIDADES ADJUDICADORAS DEL SECTOR DE LAS INSTALACIONES DE AEROPUERTOS

-

(1) DO L 204 de 21.7.1998, p. 1.

(2) DO L 27 de 30.1.1997, p. 20.

(3) DO L 15 de 21.1.1998, p. 14. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2002/39/CE (DO L 176 de 5.7.2002, p. 21).

(4) DO L 164 de 30.6.1994, p. 3.

ANEXO XII

LISTA DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA LETRA b) DEL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 1(1)

>SITIO PARA UN CUADRO>

(1) En caso de diferentes interpretaciones entre CPV y NACE, se aplicará la nomenclatura NACE.

ANEXO XIII

INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS DE LICITACIONES

A. PROCEDIMIENTOS ABIERTOS

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica, dirección electrónica, números de teléfono, télex y fax de la entidad adjudicadora.

2. Si procede, deberá indicarse si el contrato está reservado para talleres protegidos, o si su ejecución está reservada para programas de empleo protegidos.

3. Naturaleza del contrato (suministro, obras o servicios; indíquese, en su caso, si se trata de un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición).

Categoría del servicio a efectos del anexo XVII A o XVII B y descripción del mismo (número(s) de referencia en la nomenclatura).

Deberá indicarse, cuando proceda, si la oferta se refiere a compra, venta a plazos, arrendamiento, arrendamiento financiero o a una combinación de los mismos.

4. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación.

5. Para suministros y obras:

a) Características y cantidad de los productos solicitados (número(s) de referencia en la nomenclatura). Indicar las opciones para licitaciones complementarias y, cuando sea posible, el plazo estimado previsto para ejercer dichas opciones, así como el número de prórrogas posibles. En el caso de una serie de contratos renovables también se precisará, de ser posible, el calendario provisional de las convocatorias de licitación posteriores para los productos que se vayan a suministrar o la naturaleza y el alcance de las prestaciones, y las características generales de la obra (número(s) de referencia en la nomenclatura).

b) Deberá indicarse si los proveedores pueden licitar por partes de los suministros solicitados o por su totalidad.

En caso de que, para los contratos de obras, la obra o el contrato esté dividido en varios lotes, magnitud de los distintos lotes y posibilidad de licitar por uno, varios o todos ellos.

c) Para los contratos de obras: indicaciones sobre el objetivo de la obra o del contrato, cuando en este último se incluya también la elaboración de proyectos.

6. Para servicios:

a) Características y cantidad de los productos solicitados. Indicar las opciones para licitaciones complementarias y, cuando sea posible, el plazo estimado previsto para ejercer dichas opciones, así como el número de prórrogas posibles. En el caso de una serie de contratos renovables también se precisará, de ser posible, el calendario provisional de las convocatorias de licitación posteriores para los servicios que se vayan a prestar.

b) Posibilidad de que, con arreglo a disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, se reserve la prestación del servicio a una determinada profesión.

c) Referencia a dicha norma legal, reglamentaria o administrativa.

d) Deberá indicarse si las personas jurídicas deben citar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal responsable de la ejecución del servicio.

e) Deberá indicarse si los prestadores de servicios pueden licitar por una parte de los servicios de que se trate.

7. Si se supiera, indíquese si está autorizada o no la presentación de variantes.

8. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato de servicios y, en la medida de lo posible, la fecha de inicio.

9. a) Nombre y dirección del departamento al que pueden solicitarse los documentos del contrato y la documentación adicional.

b) Si procede, importe y forma de pago de la suma que deba abonarse para obtener dichos documentos.

10. a) Fecha límite de recepción de las ofertas o de las ofertas indicativas cuando se trate de la aplicación de un sistema dinámico de adquisición.

b) Dirección a la que deben transmitirse.

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse.

11. a) Si procede, personas admitidas a asistir a la apertura de las plicas.

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura.

12. En su caso, depósitos y garantías exigidos.

13. Modalidades básicas de financiación y de pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes.

14. En su caso, forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato.

15. Condiciones mínimas de carácter económico y técnico a las que deberá ajustarse el operador económico adjudicatario del contrato.

16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta.

17. En su caso, condiciones particulares a las que está sometida la ejecución del contrato.

18. Criterios previstos en el artículo 55 que se utilizarán para la adjudicación del contrato: "el precio más bajo" u "oferta económicamente más ventajosa". Se mencionarán asimismo los criterios que constituyan la oferta económicamente más ventajosa así como su ponderación, o en su caso, el orden de importancia de los mismos cuando no figuren en el pliego de condiciones.

19. Si procede, la referencia de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del anuncio periódico o del anuncio de la publicación del presente anuncio sobre el perfil de comprador al que se refiere el contrato.

20. Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de recurso y, en su caso, de mediación. Indicación del plazo de presentación de recursos, o, en caso necesario, el nombre, la dirección, los números de teléfono y de fax y la dirección electrónica del departamento del que pueda obtenerse dicha información.

21. Fecha de envío del anuncio por la entidad adjudicadora.

22. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (deberá señalarla dicha Oficina).

23. Cualquier otra información de interés.

B. PROCEDIMIENTOS RESTRINGIDOS

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica, dirección electrónica, números de teléfono, télex y fax de la entidad adjudicadora.

2. Si procede, deberá indicarse si el contrato está reservado para talleres protegidos, o si su ejecución está reservada para programas de empleo protegidos.

3. Naturaleza del contrato (suministro, obras o servicios; indíquese, en su caso, si se trata de un acuerdo marco).

Categoría del servicio a efectos del anexo XVII A o XVII B y descripción del mismo (número(s) de referencia en la nomenclatura).

Deberá indicarse, cuando corresponda, si la oferta se refiere a compra, venta a plazos, arrendamiento, arrendamiento financiero o a una combinación de los mismos.

4. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación.

5. Para suministros y obras:

a) Características y cantidad de los productos solicitados (número(s) de referencia en la nomenclatura). Indicar las opciones para licitaciones complementarias y, cuando sea posible, el plazo estimado para ejercer dichas opciones, así como el número de prórrogas posibles. En el caso de una serie de contratos renovables también se precisará, de ser posible, el calendario provisional de las convocatorias de licitación posteriores para los productos que se vayan a suministrar o la naturaleza y el alcance de las prestaciones, y las características generales de la obra (número(s) de referencia en la nomenclatura).

b) Deberá indicarse si los proveedores pueden licitar por partes de los suministros solicitados o por su totalidad.

En caso de que, para los contratos de obras, la obra o el contrato esté dividido en varios lotes, magnitud de los distintos lotes y posibilidad de licitar por uno, varios o todos ellos.

c) Para los contratos de obras: indicaciones sobre el objetivo de la obra o del contrato, cuando en este último se incluya también la elaboración de proyectos.

6. Para servicios:

a) Características y cantidad de los productos solicitados. Indicar las opciones para licitaciones complementarias y, cuando sea posible, el plazo estimado previsto para ejercer dichas opciones, así como el número de prórrogas posibles. En el caso de una serie de contratos renovables también se precisará, de ser posible, el calendario provisional de las convocatorias de licitación posteriores para los servicios que se vayan a prestar.

b) Posibilidad de que, con arreglo a disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, se reserve la prestación del servicio a una determinada profesión.

c) Referencia a dicha norma legal, reglamentaria o administrativa.

d) Se señalará si las personas jurídicas deben indicar los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de la ejecución del servicio.

e) Posibilidad de que los prestadores de servicios liciten por una parte de los servicios de que se trate.

7. Si se supiera, indíquese si está autorizada o no la presentación de variantes.

8. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato de servicios y, en la medida de lo posible, la fecha de inicio.

9. En su caso, forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato.

10. a) Fecha límite de recepción de las solicitudes de participación.

b) Dirección a la que deben transmitirse.

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse.

11. Fecha límite de envío de las invitaciones a licitar.

12. En su caso, depósitos y garantías exigidos.

13. Modalidades básicas de financiación y de pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes.

14. Datos referentes a la situación del operador económico y condiciones mínimas de carácter económico y técnico a las que deberá ajustarse.

15. Criterios previstos en el artículo 55 que se utilizarán para la adjudicación del contrato: "el precio más bajo" u "oferta económicamente más ventajosa". Se mencionarán asimismo los criterios que constituyan la oferta económicamente más ventajosa así como su ponderación, o en su caso, el orden de importancia de los mismos cuando no figuren en el pliego de condiciones o no vayan a aparecer en la invitación a presentar ofertas.

16. Si procede, condiciones particulares a las que está sometida la ejecución del contrato.

17. Si procede, la referencia de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del anuncio periódico o del anuncio de la publicación del presente anuncio sobre el perfil de comprador al que se refiere el contrato.

18. Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de recurso y, en su caso, de mediación. Indicación del plazo de presentación de recursos, o, en caso necesario, el nombre, la dirección, los números de teléfono y de fax y la dirección electrónica del servicio de que pueda obtenerse dicha información.

19. Fecha de envío del anuncio por la entidad adjudicadora.

20. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (deberá señalarla dicha Oficina).

21. Cualquier otra información de interés.

C. PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica, dirección electrónica, números de teléfono, télex y fax de la entidad adjudicadora.

2. Si procede, deberá indicarse si el contrato está reservado para talleres protegidos, o si su ejecución está reservada para programas de empleo protegidos.

3. Naturaleza del contrato (suministro, obras o servicios; indíquese, en su caso, si se trata de un acuerdo marco).

Categoría del servicio a efectos del anexo XVII A o XVII B y descripción del mismo (número(s) de referencia en la nomenclatura).

Deberá indicarse, cuando proceda, si la oferta se refiere a compra, venta a plazos, arrendamiento, arrendamiento financiero o a una combinación de los mismos.

4. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación.

5. Para suministros y obras:

a) Características y cantidad de los productos solicitados (número(s) de referencia en la nomenclatura). Indicar las opciones para licitaciones complementarias y, cuando sea posible, el plazo estimado previsto para ejercer dichas opciones, así como el número de prórrogas posibles. En el caso de una serie de contratos renovables también se precisará, de ser posible, el calendario provisional de las convocatorias de licitación posteriores para los productos que se vayan a suministrar o la naturaleza y el alcance de las prestaciones, y las características generales de la obra (número(s) de referencia en la nomenclatura).

b) Deberá indicarse si los proveedores pueden licitar por partes de los suministros solicitados o por su totalidad.

En caso de que, para los contratos de obras, la obra o el contrato esté dividido en varios lotes, magnitud de los distintos lotes y posibilidad de licitar por uno, varios o todos ellos.

c) Para los contratos de obras: indicaciones sobre el objetivo de la obra o del contrato, cuando en este último se incluya también la elaboración de proyectos.

6. Para servicios:

a) Características y cantidad de los productos solicitados. Indicar las opciones para licitaciones complementarias y, cuando sea posible, el plazo estimado previsto para ejercer dichas opciones, así como el número de prórrogas posibles. En el caso de una serie de contratos renovables también se precisará, de ser posible, el calendario provisional de las convocatorias de licitación posteriores para los servicios que se vayan a prestar.

b) Posibilidad de que, con arreglo a disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, se reserve la prestación del servicio a una determinada profesión.

c) Referencia a dicha norma legal, reglamentaria o administrativa.

d) Deberá indicarse si las personas jurídicas deben citar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal responsable de la ejecución del servicio.

e) Posibilidad de que los prestadores de servicios liciten por una parte de los servicios.

7. Si se supiera, indíquese si está autorizada o no la presentación de variantes.

8. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato de servicios y, en la medida de lo posible, la fecha de inicio.

9. En su caso, forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato.

10. a) Fecha límite de recepción de las solicitudes de participación.

b) Dirección a la que deben transmitirse.

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse.

11. En su caso, depósitos y garantías exigidos.

12. Modalidades básicas de financiación y de pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes.

13. Datos referentes a la situación del operador económico y condiciones mínimas de carácter económico y técnico a las que deberá ajustarse.

14. Criterios previstos en el artículo 55 que se utilizarán para la adjudicación del contrato: "el precio más bajo" u "oferta económicamente más ventajosa". Se mencionarán asimismo los criterios que constituyan la oferta económicamente más ventajosa así como su ponderación, o en su caso, el orden de importancia de los mismos cuando no figuren en el pliego de condiciones o no vayan a aparecer en la invitación a negociar.

15. Si procede, nombres y direcciones de los operadores económicos ya seleccionados por la entidad adjudicadora.

16. En su caso, fecha(s) de las publicaciones anteriores en el Diario Oficial de la Unión Europea.

17. En su caso, condiciones particulares a las que está sometida la ejecución del contrato.

18. Si procede, la referencia de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del anuncio periódico o del anuncio de la publicación del presente anuncio sobre el perfil de comprador al que se refiere el contrato.

19. Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de recurso y, en su caso, de mediación. Indicación del plazo de presentación de recursos, o en caso necesario el nombre, la dirección, los números de teléfono y de fax y la dirección electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha información.

20. Fecha de envío del anuncio por la entidad adjudicadora.

21. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (deberá señalarla dicha Oficina).

22. Cualquier otra información de interés.

D. ANUNCIO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADO EN EL MARCO DE UN SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN(1)

1. País de la entidad adjudicadora.

2. Nombre y dirección electrónica de la entidad adjudicadora.

3. Recordatorio de la publicación del anuncio de licitación relativo al sistema dinámico de adquisición.

4. Dirección electrónica en la que se encuentran disponibles los documentos del contrato y la documentación adicional relativos al sistema dinámico de adquisición.

5. Objeto del contrato: descripción por número(s) de referencia de la nomenclatura CPV y cantidad o alcance del contrato que deberá adjudicarse.

6. Plazo de presentación de las ofertas indicativas.

(1) Con vistas a determinar la admisión en el sistema, para poder participar posteriormente en la licitación del contrato específico.

ANEXO XIV

INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS SOBRE LA EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica, dirección electrónica, números de teléfono, télex y fax de la entidad adjudicadora.

2. Si procede, deberá indicarse si el contrato está reservado para talleres protegidos, o si su ejecución está reservada para programas de empleo protegidos.

3. Objeto del sistema de clasificación (descripción de los productos, servicios u obras o categorías de los mismos que deban contratarse a través del sistema - número(s) de referencia en la nomenclatura).

4. Condiciones que deberán cumplir los operadores económicos con vistas a su clasificación con arreglo al sistema y métodos de verificación de las mismas. Cuando la descripción de estas condiciones y de los métodos de verificación sea voluminosa y se base en documentos a disposición de los operadores económicos interesados, bastará un resumen de las condiciones y los métodos más importantes y una referencia a dichos documentos.

5. Período de validez del sistema de clasificación y trámites para su renovación.

6. Mención de que el anuncio sirve de convocatoria de licitación.

7. Dirección en la que se puede obtener información adicional y la documentación relativa al sistema de clasificación (cuando dicha dirección sea diferente de las indicadas en el punto 1).

8. Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de recurso y, en su caso, de mediación. Indicación del plazo de presentación de recursos, o en caso necesario el nombre, la dirección, los números de teléfono y de fax y la dirección electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha información.

9. Si se supiera, los criterios contemplados en el artículo 55 que se utilizarán para la adjudicación del contrato: "el precio más bajo" o "oferta económicamente más ventajosa". Se mencionarán asimismo los criterios que constituyan la oferta económicamente más ventajosa así como su ponderación, o en su caso, el orden de importancia de los mismos cuando no figuren en el pliego de condiciones o no vayan a aparecer en la invitación a presentar ofertas o a negociar.

10. Si procede, otras informaciones.

ANEXO XV A

INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS PERIÓDICOS INDICATIVOS

I. RÚBRICAS QUE DEBERÁN RELLENARSE EN TODOS LOS CASOS

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica, dirección electrónica, números de teléfono, télex y fax de la entidad adjudicadora o del departamento del que pueda obtenerse información adicional.

2. a) Para los contratos de suministros: naturaleza y cantidad o valor de las prestaciones o de los productos que se deben suministrar (número(s) de referencia de la nomenclatura).

b) Para los contratos de obras: naturaleza y amplitud de las prestaciones, características generales de la obra o de los lotes relacionados con la obra (número(s) de referencia de la nomenclatura).

c) Para los contratos de servicios: importe total de las compras contempladas en cada una de las categorías de servicios que figuran en el anexo XVII A (número(s) de referencia de la nomenclatura).

3. Fecha de envío del anuncio o del envío del anuncio relativo a la publicación del presente anuncio sobre el perfil de comprador.

4. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (deberá señalarla dicha Oficina).

5. Si procede, otras informaciones.

II. INFORMACIÓN QUE DEBERÍA FACILITARSE SI EL ANUNCIO SIRVE DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN O PERMITE UNA REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS DE RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS

6. Mención de que los proveedores interesados deben comunicar a la entidad su interés por el o los contratos.

7. Si procede, deberá indicarse si el contrato está reservado para talleres protegidos, o si su ejecución está reservada para programas de empleo protegidos.

8. Fecha límite de recepción de las solicitudes que tengan por objeto obtener una invitación a presentar ofertas o a negociar.

9. Características y cantidad de los productos solicitados o características generales de la obra o categoría del servicio con arreglo al anexo XVII A y su descripción, precisando si se prevé uno o varios acuerdos marco. Indicar las opciones para licitaciones complementarias y el plazo estimado previsto para ejercer dichas opciones, así como el número de prórrogas posibles. En el caso de una serie de contratos renovables, deberá precisarse también el calendario provisional de las convocatorias de licitación posteriores.

10. Deberá indicarse si se trata de compra, venta a plazos, arrendamiento, arrendamiento financiero, o de una combinación de los mismos.

11. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato y, en la medida de lo posible, fecha de inicio.

12. Dirección a la que las empresas interesadas deben enviar su manifestación de interés por escrito.

Fecha límite de recepción de manifestaciones de interés.

Lengua o lenguas autorizadas para la presentación de candidaturas o de ofertas.

13. Condiciones de carácter económico y técnico, garantías financieras y técnicas exigidas a los proveedores.

14. a) Fecha estimada, si se conoce, del inicio de los procedimientos de adjudicación del o de los contratos.

b) Tipo de procedimiento de adjudicación (restringido o negociado).

c) Importe y forma de pago de la suma que deba abonarse para obtener la documentación relativa a la consulta.

15. En su caso, condiciones particulares a las que está sometida la ejecución del contrato o los contratos.

16. Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de recurso y, en su caso, de mediación. Indicación del plazo de presentación de recursos, o en caso necesario el nombre, la dirección, los números de teléfono y de fax y la dirección electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha información.

17. Si se supiera, los criterios contemplados en el artículo 55 que se utilizarán para la adjudicación del contrato: "el precio más bajo" o "oferta económicamente más ventajosa". Se mencionarán asimismo los criterios que constituyan la oferta económicamente más ventajosa así como su ponderación, o en su caso el orden de importancia de los mismos cuando no figuren en el pliego de condiciones o no figuren en la invitación a confirmar el interés a que se refiere el apartado 5 del artículo 47 ni en la invitación a presentar ofertas o a negociar.

ANEXO XV B

INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS DE LA PUBLICACIÓN SOBRE UN PERFIL DE COMPRADOR DE UN ANUNCIO PERIÓDICO INDICATIVO QUE NO SIRVA DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN

1. País de la entidad adjudicadora

2. Nombre de la entidad adjudicadora

3. Dirección de Internet del "perfil de comprador" (URL)

4. Número(s) de referencia de la nomenclatura del CPV.

ANEXO XVI

INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS SOBRE CONTRATOS ADJUDICADOS

I. Información que se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea(1)

1. Nombre y dirección de la entidad adjudicadora.

2. Naturaleza del contrato (suministros, obras o servicios y número(s) de referencia en la nomenclatura; indíquese, en su caso, si se trata de un acuerdo marco).

3. Al menos, un resumen de las características y la cantidad de los productos, obras o servicios suministrados.

4. a) Forma de la convocatoria de licitación (anuncio sobre la existencia de un sistema de clasificación, anuncio periódico, solicitud pública de ofertas).

b) Referencia de la publicación del anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

c) En el caso de contratos adjudicados sin convocatoria de licitación previa, se indicará la disposición pertinente del apartado 3 del artículo 40 o el artículo 32.

5. Procedimiento de adjudicación del contrato (procedimiento abierto, restringido o negociado).

6. Número de ofertas recibidas.

7. Fecha de adjudicación del contrato.

8. Precio pagado por las compras de ocasión realizadas en virtud de la letra j) del apartado 3 del artículo 40.

9. Nombre y dirección de los operadores económicos.

10. Indicar, en su caso, si el contrato se ha subcontratado o puede subcontratarse.

11. Precio pagado o precio de la oferta más elevada y de la más baja que se hayan tenido en cuenta en la adjudicación del contrato.

12. Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de recurso y, en su caso, de mediación. Indicación del plazo de presentación de recursos, o en caso necesario el nombre, la dirección, los números de teléfono y de fax y la dirección electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha información.

13. Información facultativa:

- porcentaje del contrato que se haya subcontratado o pueda subcontratarse a terceros e importe del mismo,

- criterios de adjudicación del contrato.

II. Información no destinada a la publicación

14. Número de contratos adjudicados (cuando se haya dividido el contrato entre más de un proveedor).

15. Valor de cada contrato adjudicado.

16. País de origen del producto o del servicio (origen comunitario o no comunitario, desglosado, en este último caso, por terceros países).

17. Indicar los criterios de adjudicación empleados (oferta económicamente más ventajosa, precio más bajo).

18. Indicar si se ha adjudicado el contrato a un licitador que, en virtud del apartado 1 del artículo 36, ofrecía una variante.

19. Indicar si han existido ofertas que no se han aceptado por ser anormalmente bajas, de conformidad con el artículo 57.

20. Fecha de envío del anuncio por la entidad adjudicadora.

21. Respecto de los contratos que tengan por objeto servicios que figuran en el anexo XVI B, conformidad de la entidad adjudicadora para la publicación del anuncio (apartado 4 del artículo 43).

(1) La información de los puntos 6, 9 y 11 se considerará información no destinada a ser publicada si la entidad adjudicadora considera que su publicación puede perjudicar un interés comercial sensible.

ANEXO XVII A(1)

SERVICIOS A LOS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 31

>SITIO PARA UN CUADRO>

(1) En caso de diferentes interpretaciones entre CPV y CCP, se aplicará la nomenclatura CCP.

ANEXO XVII B

SERVICIOS A LOS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 32

>SITIO PARA UN CUADRO>

ANEXO XVIII

INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS DE CONCURSOS DE PROYECTOS

1. Nombre, dirección, dirección electrónica, números de teléfono, telégrafo, télex y fax de los poderes adjudicadores y del departamento del que pueda obtenerse la documentación adicional.

2. Descripción del proyecto (número(s) de referencia en la nomenclatura).

3. Tipo de concurso: abierto o restringido.

4. Cuando se trate de concursos abiertos: fecha límite de presentación de los proyectos.

5. Cuando se trate de concursos restringidos:

a) número previsto o número mínimo y máximo de participantes;

b) en su caso, nombre de los participantes ya seleccionados;

c) criterios de selección de los participantes;

d) fecha límite de recepción de las solicitudes de participación.

6. En su caso, indicar si la participación está reservada a una determinada profesión.

7. Criterios que se aplicarán para valorar los proyectos.

8. En su caso, nombre de los miembros del jurado que hayan sido seleccionados.

9. Posibilidad de que la decisión del jurado sea obligatoria para el poder adjudicador.

10. En su caso, número e importe de los premios.

11. En su caso, posibles pagos a todos los participantes.

12. Posibilidad de que se adjudiquen contratos complementarios a los ganadores de premios.

13. Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de recurso y, en su caso, de mediación. Indicación del plazo de presentación de recursos, o en caso necesario el nombre, la dirección, los números de teléfono y de fax y la dirección electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha información.

14. Fecha de envío del anuncio.

15. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

16. Cualquier otra información de interés.

ANEXO XIX

INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS CONCURSOS DE PROYECTOS

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica, números de teléfono, telégrafo, télex y fax de los poderes adjudicadores.

2. Descripción del proyecto (número(s) de referencia en la nomenclatura).

3. Número total de participantes.

4. Número de participantes extranjeros.

5. Ganador(es) del concurso.

6. En su caso, premio(s).

7. Otra información.

8. Referencia al anuncio de concurso.

9. Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de recurso y, en su caso, de mediación. Indicación del plazo de presentación de recursos, o en caso necesario el nombre, la dirección, los números de teléfono y de fax y la dirección electrónica del servicio del que pueda obtenerse dicha información.

10. Fecha de envío del anuncio.

11. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

ANEXO XX

ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LA PUBLICACIÓN

1. Publicación de los anuncios

a) Los anuncios mencionados en los artículos 41, 42, 43 y 63 serán enviados por las entidades adjudicadoras a la Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas en el formato exigido en la Directiva 2001/78/CE de la Comisión, de 13 de septiembre de 2001, por la que se modifica el anexo IV de la Directiva 93/36/CEE del Consejo, los anexos IV, V y VI de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, los anexos III y IV de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, con las modificaciones introducidas por la Directiva 97/52/CE, así como los anexos XII a XV, XVII y XVIII de la Directiva 93/38/CEE del Consejo, modificada por la Directiva 98/4/CE (Directiva sobre la utilización de formularios normalizados en la publicación de los anuncios de contratos públicos)(1). Los anuncios periódicos indicativos contemplados en el párrafo primero del apartado 1 del artículo 41 que se publiquen sobre un perfil de comprador tal como se define en la letra b) del apartado 2 respetarán asimismo este formato, al igual que el anuncio en que se informe de dicha publicación.

b) Los anuncios contemplados en los artículos 41, 42, 43 y 63 los publicará la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas o las entidades adjudicadoras en el caso de los anuncios periódicos indicativos publicados sobre un perfil de comprador de conformidad con el apartado 1 del artículo 41.

Las entidades adjudicadoras podrán, además, publicar esta información a través de Internet en un "perfil de comprador", tal como se define en la letra b) del punto 2.

c) La Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas entregará a la entidad adjudicadora la confirmación de publicación contemplada en el apartado 7 del artículo 44.

2. Publicación de información complementaria o adicional

a) Se alentará a las entidades adjudicadoras a que publiquen en Internet la totalidad del pliego de condiciones y de la documentación complementaria.

b) El perfil de comprador puede incluir anuncios periódicos indicativos, contemplados en el apartado 1 del artículo 41, información sobre las convocatorias en curso, las compras programadas, los contratos adjudicados, los procedimientos anulados y cualquier otra información útil de tipo general como, por ejemplo, puntos de contacto, números de teléfono y de fax, dirección postal y dirección electrónica.

3. Formato y modalidades para la transmisión de los anuncios por medios electrónicos

El formato y las modalidades para la transmisión de los anuncios por medios electrónicos están disponibles en la dirección de Internet "http://simap.eu.int".

(1) DO L 285 de 29.10.2001, p. 1.

ANEXO XXI

DEFINICIÓN DE DETERMINADAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A efectos de la presente Directiva se entenderá por:

1. a) "Especificación técnica": cuando se trate de contratos de servicios o de suministro: aquella especificación que figure en un documento en el que se definen las características exigidas de un producto o de un servicio, como, por ejemplo, los niveles de calidad, los niveles de actuación sobre el medio ambiente, el diseño para todas las necesidades (incluyendo la accesibilidad de los discapacitados) y evaluación de la conformidad, rendimiento, utilización del producto, su seguridad, o sus dimensiones; asimismo las prescripciones aplicables al producto en lo referente a la denominación de venta, la terminología, los símbolos, las pruebas y métodos de prueba, el envasado, marcado y etiquetado, las instrucciones para el usuario, los procedimientos y métodos de producción, así como los procedimientos de evaluación de la conformidad;

b) "Especificación técnica": cuando se trate de contratos de obras: el conjunto de las prescripciones técnicas contenidas principalmente en los pliegos de condiciones, en las que se definan las características requeridas de un material, producto o suministro, y que permitan caracterizarlos de manera que respondan a la utilización a que los destine la entidad adjudicadora. Estas características incluyen los niveles de actuación sobre el medio ambiente, el diseño para todas las necesidades (incluyendo la accesibilidad de los discapacitados) y evaluación de la conformidad, el rendimiento, la seguridad, o las dimensiones; asimismo los procedimientos que garanticen la calidad, la terminología, los símbolos, las pruebas y métodos de prueba, el envasado, marcado y etiquetado, las instrucciones de uso y los procesos y métodos de producción. Incluyen asimismo las reglas de elaboración del proyecto y cálculo de las obras, las condiciones de prueba, control y recepción de las obras, así como las técnicas o métodos de construcción y todas las demás condiciones de carácter técnico que la entidad adjudicadora pueda prescribir, por vía de reglamentación general o específica, en lo referente a obras acabadas y a los materiales o elementos que las constituyan.

2. "Norma": una especificación técnica aprobada por un organismo de normalización reconocido para una aplicación repetida o continuada cuyo cumplimiento no sea obligatorio y que esté incluida en una de las categorías siguientes:

- "norma internacional": norma adoptada por una organización internacional de normalización y puesta a disposición del público;

- "norma europea": norma adoptada por un organismo europeo de normalización y puesta a disposición del público;

- "norma nacional": norma adoptada por un organismo nacional de normalización y puesta a disposición del público.

3. "Documento de idoneidad técnica europeo": la evaluación técnica favorable de la idoneidad de un producto para el uso asignado, basada en el cumplimiento de los requisitos básicos para la construcción, de acuerdo con las características intrínsecas del producto y las condiciones de aplicación y utilización establecidas. El documento de idoneidad técnica europeo será expedido por un organismo autorizado para ello por el Estado miembro.

4. "Especificaciones técnicas comunes": las especificaciones técnicas elaboradas según un procedimiento reconocido por los Estados miembros que hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea.

5. "Referencia técnica": cualquier producto elaborado por los organismos europeos de normalización, distinto de las normas oficiales, con arreglo a procedimientos adaptados a la evolución de las necesidades del mercado.

ANEXO XXII

CUADRO RECAPITULATIVO DE LOS PLAZOS FIJADOS EN EL ARTÍCULO 45

Procedimientos abiertos

>SITIO PARA UN CUADRO>

Procedimientos restringidos y negociados

>SITIO PARA UN CUADRO>

ANEXO XXIII

DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN EL SENTIDO DEL APARTADO 4 DEL ARTÍCULO 59

- Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación;

- Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva;

- Convenio 29 sobre el trabajo forzoso;

- Convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso;

- Convenio 138 sobre la edad mínima;

- Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación);

- Convenio 100 sobre igualdad de remuneración;

- Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil.

ANEXO XXIV

REQUISITOS RELATIVOS A LOS DISPOSITIVOS DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE LAS OFERTAS, DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN, DE LAS SOLICITUDES DE CLASIFICACIÓN O DE LOS PLANOS Y PROYECTOS EN LOS CONCURSOS

Los dispositivos de recepción electrónica de las ofertas, de las solicitudes de participación, de las solicitudes de clasificación y de los planos y proyectos en los concursos deberán garantizar, como mínimo y por los medios técnicos y procedimientos adecuados, que:

a) las firmas electrónicas relativas a las ofertas, a las solicitudes de participación, a las solicitudes de clasificación y a los envíos de planos y proyectos se ajusten a las disposiciones nacionales en aplicación de la Directiva 1999/93/CE(1);

b) pueda determinarse con precisión la hora y la fecha exactas de la recepción de las ofertas, de las solicitudes de participación, de las solicitudes de clasificación y del envío de los planos y proyectos;

c) pueda garantizarse razonablemente que nadie tenga acceso a los datos transmitidos a tenor de los presentes requisitos antes de que finalicen los plazos especificados;

d) en caso de violación de esa prohibición de acceso, pueda garantizarse razonablemente que la violación pueda detectarse con claridad;

e) únicamente las personas autorizadas puedan fijar o modificar las fechas de apertura de los datos presentados;

f) en las diferentes fases del proceso de clasificación, del procedimiento de adjudicación de contrato o del concurso, sólo la acción simultánea de las personas autorizadas pueda permitir el acceso a la totalidad o a parte de los datos presentados;

g) la acción simultánea de las personas autorizadas sólo pueda dar acceso después de la fecha especificada a los datos transmitidos;

h) los datos recibidos y abiertos en aplicación de los presentes requisitos sólo sean accesibles a las personas autorizadas a tener conocimiento de los mismos.

(1) Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica (DO L 13 de 19.1.2000, p. 12).

ANEXO XXV

FECHA LÍMITE DE TRANSPOSICIÓN Y DE APLICACIÓN

>SITIO PARA UN CUADRO>

ANEXO XXVI

TABLA DE CORRESPONDENCIAS(1)

>SITIO PARA UN CUADRO>

(1) "Adaptado" indica que el texto ha sido reformulado sin cambiar el contenido de la directiva sustituida. Los cambios de contenido de las disposiciones de la directiva derogada se señalan con la mención "modificado".

 

 

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 2 de su artículo 47 y sus artículos 55 y 95,

Vista la propuesta de la Comisión(1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(2),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones(3),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(4), a la vista del texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación el 9 de diciembre de 2003,

Considerando lo siguiente:

(1) Con ocasión de nuevas modificaciones de las Directivas 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios(5), 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro(6), y 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras(7), necesarias para responder a las exigencias de simplificación y modernización formuladas tanto por los poderes adjudicadores como por los operadores económicos en el marco de las respuestas al Libro Verde adoptado por la Comisión el 27 de noviembre de 1996, es conveniente, por motivos de claridad, proceder a su refundición en un único texto. La presente Directiva está basada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular la relativa a los criterios de adjudicación, que clarifica las posibilidades con que cuentan los poderes adjudicadores para atender las necesidades de los ciudadanos afectados, sin excluir el ámbito medioambiental o social, siempre y cuando dichos criterios estén vinculados al objeto del contrato, no otorguen al poder adjudicador una libertad de elección ilimitada, estén expresamente mencionados y se atengan a los principios fundamentales enumerados en el considerando 2.

(2) La adjudicación de contratos celebrados en los Estados miembros por cuenta de autoridades estatales, regionales o locales y otros organismos de derecho público está supeditada al acatamiento de los principios del Tratado y, en particular, los principios de la libre circulación de mercancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, así como de los principios que de estas libertades se derivan, como son el principio de igualdad de trato, el principio de no discriminación, el principio de reconocimiento mutuo, el principio de proporcionalidad y el principio de transparencia. No obstante, para la adjudicación de contratos públicos por importes superiores a una determinada cantidad, es conveniente elaborar a escala comunitaria disposiciones de coordinación de los procedimientos nacionales de adjudicación que estén basadas en dichos principios, de forma que queden garantizados sus efectos, y abrir a la competencia la contratación pública. Por consiguiente, dichas disposiciones de coordinación deben interpretarse con arreglo a las normas y principios antes mencionados y a las demás normas del Tratado.

(3) Dichas disposiciones de coordinación deben respetar, en la medida de lo posible, los procedimientos y prácticas vigentes en cada uno de los Estados miembros.

(4) Los Estados miembros deben velar por que la participación en un procedimiento de adjudicación de contrato público de un licitador que sea un organismo de derecho público no cause distorsión de la competencia con respecto a licitadores privados.

(5) Según lo dispuesto en el artículo 6 del Tratado, las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Comunidad a que se refiere el artículo 3 del Tratado, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible. La presente Directiva clarifica pues de qué modo pueden contribuir los poderes adjudicadores a la protección del medio ambiente y al fomento del desarrollo sostenible al tiempo que se garantiza que los poderes adjudicadores puedan obtener para sus contratos la mejor relación calidad/precio.

(6) Ninguna disposición de la presente Directiva debe prohibir que se impongan o apliquen las medidas que sean necesarias para proteger el orden, la moralidad y la seguridad públicos o la salud y la vida humana y animal o la preservación de los vegetales, en particular teniendo en cuenta el desarrollo sostenible, siempre que estas medidas sean conformes con el Tratado.

(7) En la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994)(8) se aprobó en particular el Acuerdo de la OMC sobre contratación pública, denominado en lo sucesivo el "Acuerdo", que tiene por objetivo establecer un marco multilateral de derechos y obligaciones equilibrados en materia de contratos públicos con miras a realizar la liberalización y la expansión del comercio mundial.

Habida cuenta de los derechos y compromisos internacionales resultantes para la Comunidad de la aceptación del Acuerdo, el régimen aplicable a los licitadores y a los productos de los terceros países signatarios es el que se determina en aquél. El Acuerdo no tiene efectos directos. Es preciso, pues, que los poderes adjudicadores mencionados en el Acuerdo que cumplan la presente Directiva y apliquen ésta a los operadores económicos de los terceros países signatarios del Acuerdo, respeten así dicho Acuerdo. Conviene asimismo que dichas disposiciones de coordinación garanticen a los operadores económicos de la Comunidad condiciones de participación en los contratos públicos tan favorables como las que se aplican a los operadores económicos de los terceros países signatarios del Acuerdo.

(8) Antes del lanzamiento de un procedimiento de adjudicación de un contrato, los poderes adjudicadores pueden mediante un "diálogo técnico" solicitar o aceptar asesoramiento que podrá utilizarse para determinar el pliego de condiciones, siempre que dicho asesoramiento no tenga como efecto impedir la competencia.

(9) Habida cuenta de la diversidad que presentan los contratos públicos de obras, es conveniente que los poderes adjudicadores puedan prever tanto la adjudicación por separado como la adjudicación conjunta de los contratos para el proyecto y la ejecución de las obras. La presente Directiva no pretende imponer una adjudicación separada o conjunta. La decisión relativa a una adjudicación separada o conjunta debe basarse en criterios cualitativos y económicos que podrían definirse en las legislaciones nacionales.

(10) Un contrato debe considerarse un contrato público de obras sólo si su objeto abarca específicamente la ejecución de alguna de las actividades que se detallan en el anexo I, si bien el contrato puede conllevar la prestación de otros servicios necesarios para la realización de dichas actividades. Los contratos públicos de servicios, en particular los relativos al ámbito de los servicios de gestión de propiedades, podrán incluir obras en determinadas circunstancias. No obstante, cuando dichas obras sean accesorias al objeto principal del contrato y sean, por tanto, consecuencia o complemento del mismo, el contrato no podrá considerarse como un contrato público de obras.

(11) Procede establecer una definición comunitaria de los acuerdos marco así como normas específicas aplicables a los acuerdos marco adjudicados en relación con los contratos sometidos a la presente Directiva. Con arreglo a dichas normas, cuando un poder adjudicador celebre, de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva, un acuerdo marco relativo, en particular, a la publicidad, los plazos y las condiciones para la presentación de ofertas, podrá suscribir contratos basados en dicho acuerdo marco durante la vigencia del mismo bien aplicando las condiciones establecidas en el acuerdo marco, bien, si no se han fijado todas las condiciones por anticipado en dicho acuerdo marco, volviendo a convocar una licitación entre las partes en el acuerdo marco sobre las condiciones no fijadas. La nueva licitación debe cumplir determinadas normas destinadas a garantizar la necesaria flexibilidad y el respeto de los principios generales, incluido el principio de igualdad de trato. Por estos mismos motivos, debe limitarse la duración máxima de los acuerdos marco que no podrá ser superior a cuatro años, salvo en casos debidamente justificados por los poderes adjudicadores.

(12) Se están desarrollando constantemente nuevas técnicas electrónicas de compra. Dichas técnicas permiten ampliar la competencia y mejorar la eficacia del sistema público de pedidos, en particular mediante el ahorro de tiempo y dinero que entraña la utilización de las mismas. Los poderes adjudicadores pueden utilizar técnicas electrónicas de compra, siempre que su utilización se realice dentro del respeto de las normas establecidas en la presente Directiva y de los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia. En la medida en que así ocurra, la presentación de una oferta por un licitador, en particular en caso de una nueva licitación para la aplicación de un acuerdo marco o para poner en práctica un sistema dinámico de adquisición, podrá adoptar la forma del catálogo electrónico de dicho licitador, siempre que éste utilice los medios de comunicación elegidos por el poder adjudicador de conformidad con el artículo 42.

(13) Habida cuenta de la rápida expansión de los sistemas electrónicos de compra, conviene fijar desde este momento normas adecuadas que permitan a los poderes adjudicadores sacar el máximo provecho de las posibilidades que estos sistemas ofrecen. En ese sentido, conviene definir un sistema dinámico de adquisición totalmente electrónico para las compras corrientes, y establecer normas específicas para llevar a la práctica y regular el funcionamiento de dicho sistema, a fin de garantizar que todo operador económico que desee participar en el mismo reciba un trato equitativo. Cualquier operador económico debe poder integrarse en un sistema de este tipo si presenta una oferta indicativa conforme con el pliego de condiciones y cumple los criterios de selección. Esta técnica de adquisición permitirá, mediante la creación de una lista de licitadores ya aceptados y la posibilidad ofrecida a nuevos licitadores de integrarse en ella, que los poderes adjudicadores dispongan de una gama especialmente amplia de ofertas -gracias a los medios electrónicos utilizados-, garantizando así una utilización óptima de los fondos públicos mediante una amplia competencia.

(14) Dado que las subastas electrónicas constituyen una técnica en expansión, conviene dar una definición comunitaria de estas subastas y delimitarlas mediante normas específicas a fin de garantizar que se desarrollan dentro del pleno respeto de los principios de igualdad de trato, de no discriminación y de transparencia. A tal fin, es conveniente prever que las subastas electrónicas sólo afecten a contratos de obras, de suministro o de servicios para los que las especificaciones puedan establecerse de manera precisa. Tal puede ser el caso, en particular, de los contratos recurrentes de suministros, obras y servicios. Con la misma finalidad, conviene prever también que la clasificación respectiva de los licitadores pueda establecerse en cada momento de la subasta electrónica. El recurso a las subastas electrónicas permite a los poderes adjudicadores pedir a los licitadores que presenten nuevos precios, revisados a la baja, y cuando el contrato se adjudique a la oferta económicamente más ventajosa, mejorar asimismo elementos de la oferta distintos del precio. Para garantizar el respeto del principio de transparencia, conviene que sólo sean objeto de subasta electrónica los elementos que puedan ser sometidos a una evaluación automática por medios electrónicos, sin intervención ni evaluación del poder adjudicador, es decir, sólo los elementos que sean cuantificables, de modo que puedan expresarse en cifras o en porcentajes. En cambio, aquellos aspectos de las licitaciones que impliquen la valoración de elementos no cuantificables no deben ser objeto de subastas electrónicas. Por consiguiente, no deben ser objeto de subastas electrónicas determinados contratos de obras y determinados contratos de servicios cuyo contenido implique el desempeño de funciones de carácter intelectual, como la elaboración de proyectos de obras.

(15) Se han desarrollado en algunos Estados miembros determinadas técnicas de centralización de adquisiciones. Varios poderes adjudicadores se encargan de efectuar adquisiciones o adjudicar contratos públicos/acuerdos marco destinados a otros poderes adjudicadores. Estas técnicas contribuyen, debido a la importancia de las cantidades adquiridas, a ampliar la competencia y racionalizar el sistema público de pedidos. Por consiguiente, conviene establecer una definición comunitaria de las centrales de compras al servicio de los poderes adjudicadores. Deben igualmente definirse las condiciones en las que, dentro del respeto de los principios de no discriminación e igualdad de trato, puede considerarse que los poderes adjudicadores que adquieran obras, suministros y/o servicios por medio de una central de compras han respetado la presente Directiva.

(16) Para tener en cuenta las diversidades existentes en los Estados miembros, conviene dejar a estos últimos la opción de prever la posibilidad de que los poderes adjudicadores recurran a acuerdos marco, a centrales de compras, a sistemas dinámicos de adquisición, a subastas electrónicas y al diálogo competitivo, según quedan definidos y regulados por la presente Directiva.

(17) Una multiplicidad de umbrales de aplicación de las disposiciones de coordinación es una fuente de complicaciones para los poderes adjudicadores. Además, habida cuenta de la unión monetaria, procede fijar umbrales expresados en euros. Por consiguiente, conviene fijar umbrales, en euros, de modo que se simplifique la aplicación de dichas disposiciones al tiempo que se garantiza el respeto de los umbrales previstos en el Acuerdo que se expresan en derechos especiales de giro. En este sentido, conviene asimismo prever la revisión periódica de los umbrales expresados en euros a fin de adaptarlos, si fuere necesario, en función de las posibles variaciones del valor del euro en relación con el derecho especial de giro.

(18) A efectos de la aplicación de las normas previstas en la presente Directiva y con vistas a la vigilancia de esta aplicación, la mejor definición del área cubierta por los servicios consiste en subdividirlos en categorías que correspondan a determinadas partidas de una nomenclatura común y reunirlos en dos anexos, II A y II B, según el régimen a que estén sometidos. Por lo que se refiere a los servicios contemplados en el anexo II B, las disposiciones pertinentes de la presente Directiva deben entenderse sin perjuicio de que se apliquen las normas comunitarias específicas de dichos servicios.

(19) En lo que respecta a los contratos públicos de servicios, la aplicación íntegra de la presente Directiva debe limitarse durante un período transitorio a los contratos en los que sus disposiciones permitan realizar todas las posibilidades de crecimiento de los intercambios fuera de las fronteras. Deben vigilarse durante el período transitorio los contratos de los demás servicios, antes de que se adopte una decisión sobre la aplicación íntegra de la presente Directiva. A este respecto, es conveniente determinar el mecanismo de esa vigilancia. Dicho mecanismo debe permitir al mismo tiempo que los interesados tengan acceso a la información en la materia.

(20) Los contratos públicos adjudicados por los poderes adjudicadores que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y que entran en el marco de dichas actividades están regulados por la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales(9). No obstante, los contratos adjudicados por poderes adjudicadores en el marco de sus actividades de explotación de servicios de transporte marítimo, costero o fluvial deben entrar en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

(21) Habida cuenta de la situación de competencia efectiva de los mercados en el sector de las telecomunicaciones a raíz de la aplicación de la normativa comunitaria destinada a liberalizar este sector, conviene excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva los contratos públicos en este ámbito en la medida en que tengan por objeto principalmente permitir a los poderes adjudicadores ejercer determinadas actividades en el sector de las telecomunicaciones. Dichas actividades se definen con arreglo a las definiciones utilizadas en los artículos 1, 2 y 8 de la Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones(10), de manera que la presente Directiva no se aplica a los contratos que han quedado excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 93/38/CEE en virtud de su artículo 8.

(22) Es importante prever casos en los que las medidas de coordinación de los procedimientos pueden no aplicarse por motivos relacionados con la seguridad o los secretos de Estado, o a causa de la aplicabilidad de normas específicas de adjudicación de contratos, derivadas de acuerdos internacionales, referentes al estacionamiento de tropas o que son propias de las organizaciones internacionales.

(23) En virtud del artículo 163 del Tratado, el fomento de la investigación y del desarrollo tecnológico constituye uno de los medios para reforzar las bases científicas y tecnológicas de la industria de la Comunidad, y la apertura de la contratación pública de servicios coadyuvará a la realización de este objetivo. La cofinanciación de programas de investigación no debe ser regulada por la presente Directiva; por lo tanto, se excluyen los contratos de servicios de investigación y desarrollo distintos de aquéllos cuyos resultados corresponden exclusivamente al poder adjudicador para ser usados en el ejercicio de su propia actividad, siempre que éste remunere íntegramente la prestación de servicios.

(24) En el marco de los servicios, los contratos relativos a la adquisición o alquiler de bienes inmuebles o a derechos sobre dichos bienes presentan características especiales debido a las cuales no resulta adecuada la aplicación de las normas de adjudicación de los contratos públicos.

(25) En la adjudicación de contratos públicos para determinados servicios audiovisuales en el ámbito de la radiodifusión deben poder tenerse en cuenta consideraciones de importancia cultural y social, debido a las cuales no resulta adecuada la aplicación de las normas de adjudicación de contratos. Por esto, conviene establecer una excepción para los contratos públicos de servicios destinados a la compra, el desarrollo, la producción o la coproducción de programas listos para su uso y de otros servicios preparatorios, como los relativos a los guiones o a las actuaciones artísticas necesarios para la realización del programa, así como los contratos que se refieren al tiempo de radiodifusión. Sin embargo, esta exclusión no debe aplicarse al suministro del material técnico necesario para la producción, coproducción y radiodifusión de esos programas. Se debe entender por radiodifusión la transmisión o difusión por cualquier red electrónica.

(26) Los servicios de arbitraje y conciliación son prestados normalmente por organismos o personas nombrados o seleccionados mediante un procedimiento que no puede regirse por las normas de adjudicación de los contratos públicos.

(27) De conformidad con el Acuerdo, los servicios financieros a los que se refiere la presente Directiva no incluyen los instrumentos de la política monetaria, tipo de cambio, deuda pública, gestión de reservas y demás políticas que entrañan operaciones con valores u otros instrumentos financieros, en particular las operaciones destinadas a la obtención de fondos o capital por los poderes adjudicadores. Por lo tanto, los contratos relacionados con la emisión, compra, venta o transferencia de valores o de otros instrumentos financieros no están incluidos. Los servicios prestados por los bancos centrales están asimismo excluidos.

(28) El empleo y la ocupación son elementos clave para garantizar la igualdad de oportunidades en beneficio de todos y contribuyen a la inserción en la sociedad. En este contexto, los programas de talleres y empleos protegidos contribuyen eficazmente a la inserción o reinserción de personas con discapacidad en el mercado laboral. Sin embargo, en condiciones normales de competencia, estos talleres pueden tener dificultades para obtener contratos. Conviene, por tanto, disponer que los Estados miembros puedan reservar a este tipo de talleres el derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos o reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido.

(29) Las especificaciones técnicas establecidas por los compradores públicos deben permitir la apertura de los contratos públicos a la competencia. A tal efecto, debe ser posible presentar ofertas que reflejen la diversidad de las soluciones técnicas. Para lograrlo, por una parte debe ser posible establecer las especificaciones técnicas en términos de rendimiento y exigencias funcionales y, por otra, en caso de referencia a la norma europea -o, en su defecto, a la nacional- los poderes adjudicadores deben tener en cuenta las ofertas basadas en soluciones equivalentes. Los licitadores deben poder utilizar cualquier medio de prueba para demostrar la equivalencia. Los poderes adjudicadores deben estar en condiciones de motivar sus decisiones cuando resuelvan que no existe equivalencia en un caso determinado. Los poderes adjudicadores que deseen introducir necesidades medioambientales en las especificaciones técnicas de un contrato determinado podrán prescribir las características medioambientales, tales como un método de producción dado, y/o los efectos medioambientales específicos de grupos de productos o servicios. Podrán utilizar, aunque no están obligados a hacerlo, las especificaciones adecuadas definidas por las etiquetas ecológicas, como la etiqueta ecológica europea, la etiqueta ecológica (pluri)nacional o cualquier otra etiqueta ecológica, si las exigencias de la etiqueta se desarrollan y adoptan basándose en una información científica mediante un proceso en el que puedan participar todas las partes implicadas, como son los organismos gubernamentales, consumidores, fabricantes, distribuidores y organizaciones medioambientales, y si la etiqueta es accesible y está a disposición de todas las partes interesadas. En la medida de lo posible, los poderes adjudicadores deben establecer especificaciones técnicas con el fin de tener en cuenta los criterios de accesibilidad para personas con discapacidades o el diseño para todos los usuarios. Dichas especificaciones técnicas deben indicarse claramente, de modo que todos los licitadores sepan qué abarcan los requisitos establecidos por el poder adjudicador.

(30) La información adicional sobre los contratos debe figurar, como es habitual en los Estados miembros, en el pliego de condiciones relativo a cada contrato o en cualquier documento equivalente.

(31) A los poderes adjudicadores que ejecuten proyectos particularmente complejos puede resultarles objetivamente imposible, sin que por ello se los pueda criticar, definir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades o evaluar las soluciones técnicas, financieras y jurídicas que pueda ofrecer el mercado. Esta situación puede presentarse, en particular, en la ejecución de importantes infraestructuras de transporte integrado, de redes informáticas de gran tamaño o de proyectos que requieran financiación compleja y estructurada, cuyo montaje financiero y jurídico no es posible definir con antelación. En la medida en que la utilización de procedimientos abiertos o restringidos no permita la adjudicación de dichos contratos, es conveniente pues prever un procedimiento flexible que salvaguarde tanto la competencia entre los operadores económicos como la necesidad de los poderes adjudicadores de debatir con cada candidato todos los aspectos del contrato. No obstante, no se debe recurrir a este procedimiento de manera que se restrinja o falsee la competencia, especialmente mediante modificaciones de elementos fundamentales de las ofertas o imponiendo nuevos elementos sustanciales al licitador seleccionado, o implicando a un licitador distinto del que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa.

(32) Con el fin de favorecer el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los contratos públicos, conviene prever disposiciones en materia de subcontratación.

(33) Las condiciones de ejecución de un contrato serán compatibles con la presente Directiva siempre y cuando no sean directa o indirectamente discriminatorias y se señalen en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones. En particular, pueden tener por objeto favorecer la formación profesional en el lugar de trabajo, el empleo de personas que tengan especiales dificultades de inserción, combatir el paro o proteger el medio ambiente. Como ejemplo se pueden citar, entre otras, las obligaciones -aplicables a la ejecución del contrato- de contratar a desempleados de larga duración o de organizar acciones de formación para los desempleados o los jóvenes, de respetar en lo sustancial las disposiciones de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el supuesto de que éstos no se hubieran aplicado en el Derecho nacional, de contratar a un número de personas discapacitadas superior al que exige la legislación nacional.

(34) Las leyes, reglamentaciones y convenios colectivos, tanto nacionales como comunitarios, vigentes en materia de condiciones de trabajo y de seguridad del trabajo, se aplicarán durante la ejecución de un contrato público, siempre que dichas normas, así como su aplicación, se ajusten al Derecho comunitario. Para las situaciones transfronterizas, en las que los trabajadores de un Estado miembro prestan sus servicios en otro Estado miembro para la realización de un contrato público, la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios(11), enuncia las condiciones mínimas que han de respetarse en el país de acogida en relación con dichos trabajadores desplazados. Si el Derecho nacional contemplare disposiciones a tal efecto, el incumplimiento de dichas obligaciones se podrá considerar una falta grave o un delito que afecta a la moralidad profesional del operador económico, pudiendo acarrearle su exclusión del procedimiento de adjudicación de un contrato público.

(35) Habida cuenta de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y de las simplificaciones que pueden implicar para la publicidad de los contratos y en términos de eficacia y transparencia de los procedimientos de adjudicación, conviene que los medios electrónicos estén en pie de igualdad con los medios clásicos de comunicación e intercambio de información. En la medida de lo posible, el medio y la tecnología elegidos deben ser compatibles con las tecnologías utilizadas en los demás Estados miembros.

(36) El desarrollo de una competencia efectiva en el ámbito de los contratos públicos necesita una publicidad comunitaria de los anuncios de licitación establecidos por los poderes adjudicadores de los Estados miembros. La información contenida en dichos anuncios debe permitir que los operadores económicos de la Comunidad evalúen si les interesan los contratos propuestos. A tal fin, conviene proporcionarles una información suficiente del objeto del contrato y las condiciones del mismo. Por consiguiente, es importante dar mayor relieve a los anuncios publicados por medio de instrumentos adecuados, como los formularios normalizados del anuncio de licitación y el Vocabulario Común de los Contratos Públicos (Common Procurement Vocabulary, CPV), contenido en el Reglamento (CE) n° 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo(12) como nomenclatura de referencia para los contratos públicos. En los procedimientos restringidos, la publicidad debe tener como finalidad más especialmente el permitir a los operadores económicos de los Estados miembros que manifiesten su interés por los contratos solicitando a los poderes adjudicadores una invitación para presentar una oferta en las condiciones requeridas.

(37) La Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica(13) y la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico)(14), deben aplicarse a las transmisiones de información por medios electrónicos en el marco de la presente Directiva. Los procedimientos de adjudicación de contratos públicos y las normas aplicables a los concursos de proyectos exigen un nivel de seguridad y confidencialidad superior al requerido por dichas Directivas. Por consiguiente, los instrumentos para la recepción electrónica de ofertas, solicitudes de participación, así como planes y proyectos, deben cumplir unos requisitos adicionales específicos. A estos efectos, debe fomentarse, en la medida de lo posible, el uso de firmas electrónicas, en especial las firmas electrónicas avanzadas. Por otra parte, la existencia de regímenes voluntarios de acreditación puede constituir un marco favorable para mejorar el nivel del servicio de certificación que se otorgue a dichos instrumentos.

(38) La utilización de medios electrónicos permite ahorrar tiempo. Por consiguiente, deben establecerse reducciones de los plazos mínimos en caso de utilización de esos medios electrónicos, a condición, no obstante, de que sean compatibles con las modalidades específicas de transmisión previstas a escala comunitaria.

(39) La verificación de la aptitud de los licitadores, en los procedimientos abiertos, y de los candidatos, en los procedimientos restringidos y negociados con publicación de un anuncio de licitación así como en el diálogo competitivo, y su selección deben realizarse en condiciones de transparencia. A tal fin, conviene indicar los criterios no discriminatorios que pueden utilizar los poderes adjudicadores para seleccionar a los competidores y los medios que pueden utilizar los operadores económicos para probar que cumplen dichos criterios. Siguiendo dicho objetivo de transparencia, el poder adjudicador ha de estar obligado a indicar, desde el momento en que se convoque la licitación, los criterios que utilizará para la selección así como el nivel de capacidades específicas que en su caso exija de los operadores económicos para admitirlos en el procedimiento de adjudicación del contrato.

(40) Un poder adjudicador podrá limitar el número de candidatos en los procedimientos restringidos y negociados con publicación de un anuncio de licitación; también podrá hacerlo en el diálogo competitivo. Esta reducción del número de candidatos debe efectuarse en función de criterios objetivos indicados en el anuncio de licitación. Dichos criterios objetivos no supondrán necesariamente una ponderación. Para los criterios relativos a la situación personal de los operadores económicos, podrá bastar una referencia general en el anuncio de licitación a los supuestos indicados en el artículo 45.

(41) En el diálogo competitivo y en los procedimientos negociados con publicación de un anuncio de licitación, habida cuenta de la flexibilidad que puede resultar necesaria y de los excesivos costes vinculados a dichos métodos de adjudicación de contratos, conviene permitir a los poderes adjudicadores que prevean un desarrollo del procedimiento en fases sucesivas, de forma que se reduzca progresivamente, de acuerdo con criterios de adjudicación previamente indicados, el número de ofertas que seguirán discutiendo o negociando. Dicha reducción debe garantizar una competencia real, siempre que lo permita el número de soluciones o de candidatos adecuados.

(42) Son de aplicación las normas comunitarias en materia de reconocimiento mutuo de títulos, certificados y demás pruebas de calificación formal cuando sea necesario presentar pruebas de una calificación determinada para poder participar en un procedimiento de adjudicación de contratos o en un concurso.

(43) Debe evitarse la adjudicación de contratos públicos a operadores económicos que hayan participado en una organización delictiva o que hayan sido declarados culpables por corrupción o fraude contra los intereses financieros de las Comunidades Europeas o por blanqueo de capitales. Los poderes adjudicadores deben pedir, en su caso, a los candidatos/licitadores los documentos pertinentes y, cuando alberguen dudas sobre la situación personal de dichos candidatos/licitadores, pueden solicitar la cooperación de las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate. Debe procederse a la exclusión de dichos operadores económicos cuando el poder adjudicador tenga conocimiento de una sentencia firme sobre tales delitos dictada de conformidad con el Derecho nacional, que les confiera carácter de cosa juzgada. Si el Derecho nacional contemplare disposiciones a tal efecto, el incumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente o de la normativa sobre acuerdos ilícitos en materia de contratos públicos que haya sido objeto de una sentencia firme o de una resolución de efectos equivalentes se podrá considerar un delito que afecta a la moralidad profesional del operador económico de que se trate o una falta grave.

La inobservancia de disposiciones nacionales de aplicación de las Directivas 2000/78/CE(15) y 76/207/CEE(16) del Consejo relativas a la igualdad de trato de los trabajadores que haya sido objeto de una sentencia firme o de una resolución de efectos equivalentes se podrá considerar un delito que afecta a la moralidad profesional del operador económico de que se trate o una falta grave.

(44) En los casos oportunos en que la naturaleza de las obras y/o de los servicios justifique la aplicación de medidas o sistemas de gestión medioambiental en el momento de la ejecución del contrato público, podrá exigirse la aplicación de este tipo de medidas o sistemas. Los sistemas de gestión medioambiental, independientemente de su registro con arreglo a los instrumentos comunitarios, como el Reglamento (CE) nº 761/2001 (EMAS)(17), podrán demostrar la capacidad técnica del operador económico para ejecutar el contrato. Por otra parte, debe aceptarse como medio de prueba alternativo a los sistemas de gestión medioambientales registrados una descripción de las medidas aplicadas por el operador económico para garantizar el mismo nivel de protección del medio ambiente.

(45) La presente Directiva contempla la posibilidad de que los Estados miembros establezcan listas oficiales de contratistas, proveedores o prestadores de servicios o una certificación realizada por organismos públicos o privados, así como los efectos de este tipo de inscripción o certificación en el marco de un procedimiento de adjudicación de contratos públicos en otro Estado miembro. Por lo que se refiere a las listas oficiales de operadores económicos autorizados, es importante tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los casos en que un operador económico que forme parte de un grupo utilice la capacidad económica, financiera o técnica de otras sociedades del grupo en apoyo de su solicitud de inscripción. Corresponde en este caso al operador económico probar que dispondrá efectivamente de estos medios durante toda la duración de validez de la inscripción. A efectos de esta inscripción, un Estado miembro puede por lo tanto determinar los niveles de exigencia que deban alcanzarse, y en particular, por ejemplo, cuando dicho operador se valga de la capacidad financiera de otra sociedad del grupo, el compromiso, si es necesario solidario, de esta última sociedad.

(46) La adjudicación del contrato debe efectuarse basándose en criterios objetivos que garanticen el respeto de los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato, así como la evaluación de las ofertas en condiciones de competencia efectiva. Por consiguiente, conviene admitir únicamente la aplicación de dos criterios de adjudicación, a saber, el del precio más bajo y el de la oferta económicamente más ventajosa.

A fin de garantizar la observancia del principio de igualdad de trato en la adjudicación de los contratos, conviene establecer la obligación -consagrada por la jurisprudencia- de asegurar la transparencia necesaria para que cualquier licitador pueda informarse razonablemente de los criterios y modalidades que se aplicarán para determinar la oferta económicamente más ventajosa. Corresponde pues a los poderes adjudicadores indicar los criterios de adjudicación, así como la ponderación relativa atribuida a cada uno de dichos criterios, e indicarlo con antelación suficiente a fin de que los licitadores tengan conocimiento de ello para realizar sus ofertas. Los poderes adjudicadores podrán prescindir de indicar la ponderación de los criterios de adjudicación en casos debidamente justificados, que deben poder motivar, cuando esa ponderación no pueda establecerse previamente, debido, en particular, a la complejidad del contrato. En esos casos deben indicar los criterios por orden de importancia decreciente.

Cuando los poderes adjudicadores opten por adjudicar el contrato a la oferta económicamente más ventajosa, deben evaluar las ofertas con vistas a determinar cuál de ellas presenta la mejor relación calidad/precio. Para ello definirán criterios económicos y cualitativos que en su conjunto deben permitir determinar la oferta económicamente más ventajosa para el poder adjudicador. La determinación de esos criterios dependerá del objeto del contrato, de modo que los mismos permitan evaluar el nivel de rendimiento de cada oferta respecto del objeto del contrato tal como se define en las especificaciones técnicas, así como evaluar la relación calidad/precio de cada oferta.

A fin de garantizar la igualdad de trato, los criterios de adjudicación deben permitir comparar las ofertas y evaluarlas de manera objetiva. Si se reúnen estas condiciones, determinados criterios de adjudicación económicos y cualitativos, como los que se refieren al cumplimiento de las exigencias medioambientales, podrán permitir que el poder adjudicador satisfaga las necesidades del público afectado, tal como se definieron en las especificaciones del contrato. En estas mismas condiciones, el poder adjudicador podrá regirse por criterios destinados a satisfacer exigencias sociales que, en particular, respondan a necesidades -definidas en las especificaciones del contrato- propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los beneficiarios/usuarios de las obras, suministros y servicios que son objeto del contrato.

(47) En el marco de los contratos públicos de servicios, los criterios de adjudicación no deben afectar a la aplicación de las disposiciones nacionales relativas a la remuneración de determinados servicios, como, por ejemplo, los de los arquitectos, ingenieros o abogados, y, en el caso de los contratos públicos de suministro, de las que establecen un precio fijo para los libros escolares.

(48) Determinadas condiciones técnicas, y en particular las relativas a los anuncios, informes estadísticos, nomenclatura utilizada y condiciones de referencia a dicha nomenclatura, requieren adoptarse y modificarse en función de la evolución de las necesidades técnicas. Deben asimismo actualizarse las listas de poderes adjudicadores que figuran en los Anexos. A tal fin, resulta conveniente establecer un procedimiento de adopción flexible y rápido.

(49) Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva deben aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión(18).

(50) Es conveniente que el Reglamento (CEE, Euratom) n° 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos(19) se aplique al cálculo de los plazos establecidos en la presente Directiva.

(51) La presente Directiva se debe entender sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros referentes a los plazos de incorporación al Derecho nacional y aplicación de las Directivas 92/50/CEE, 93/36/CEE y 93/37/CEE, mencionados en el anexo XI,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

ÍNDICE

>SITIO PARA UN CUADRO>

TÍTULO I

DEFINICIONES Y PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1

Definiciones

1. A efectos de la presente Directiva, serán de aplicación las definiciones que figuran en los apartados 2 a 15.

2. a) Son "contratos públicos" los contratos onerosos y celebrados por escrito entre uno o varios operadores económicos y uno o varios poderes adjudicadores, cuyo objeto sea la ejecución de obras, el suministro de productos o la prestación de servicios en el sentido de la presente Directiva.

b) Son "contratos públicos de obras" los contratos públicos cuyo objeto sea bien la ejecución, o bien conjuntamente el proyecto y la ejecución de obras relativas a una de las actividades mencionadas en el anexo I o de una obra, bien la realización, por cualquier medio, de una obra que responda a las necesidades especificadas por el poder adjudicador. Una "obra" es el resultado de un conjunto de obras de construcción o de ingeniería civil destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica.

c) Son "contratos públicos de suministro" los contratos públicos distintos de los contemplados en la letra b) cuyo objeto sea la compra de productos, su arrendamiento financiero, su arrendamiento o su venta a plazos, con o sin opción de compra.

Un contrato público cuyo objeto sea el suministro de productos y, de forma accesoria, obras de colocación e instalación se considerará un "contrato público de suministro".

d) Son "contratos públicos de servicios" los contratos públicos distintos de los contratos públicos de obras o de suministro cuyo objeto sea la prestación de los servicios a los que se refiere el anexo II.

Un contrato público que tenga por objeto al mismo tiempo productos y servicios de los contemplados en el anexo II se considerará un "contrato público de servicios" cuando el valor de los servicios en cuestión sea superior al de los productos incluidos en el contrato.

Un contrato público que tenga por objeto servicios de los contemplados en el anexo II e incluya actividades mencionadas en el anexo I únicamente de forma accesoria en relación con el objeto principal del contrato se considerará un contrato público de servicios.

3. La "concesión de obras públicas" es un contrato que presente las mismas características que el contrato público de obras, con la salvedad de que la contrapartida de las obras consista, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado de un precio.

4. La "concesión de servicios" es un contrato que presente las mismas características que el contrato público de servicios, con la salvedad de que la contrapartida de la prestación de servicios consista, o bien únicamente en el derecho a explotar el servicio, o bien en dicho derecho acompañado de un precio.

5. Un "acuerdo marco" es un acuerdo entre uno o varios poderes adjudicadores y uno o varios operadores económicos, cuyo objeto consiste en establecer las condiciones que rijan los contratos que se vayan a adjudicar durante un período determinado, en particular las relativas a los precios y, en su caso, a las cantidades previstas.

6. Un "sistema dinámico de adquisición" es un proceso de adquisición enteramente electrónico para compras de uso corriente, cuyas características generalmente disponibles en el mercado satisfacen las necesidades del poder adjudicador, limitado en el tiempo y abierto durante toda su duración a cualquier operador económico que cumpla los criterios de selección y haya presentado una oferta indicativa que se ajuste al pliego de condiciones.

7. Una "subasta electrónica" es un proceso repetitivo basado en un dispositivo electrónico de presentación de nuevos precios, revisados a la baja, o de nuevos valores relativos a determinados elementos de las ofertas que tiene lugar tras una primera evaluación completa de las ofertas y que permite proceder a su clasificación mediante métodos de evaluaciones automáticos.

Por consiguiente, no podrán ser objeto de subastas electrónicas determinados contratos de servicios y determinados contratos de obras cuyo contenido implique el desempeño de funciones de carácter intelectual, como la elaboración de proyectos de obras.

8. Los términos "contratista", "proveedor" y "prestador de servicios" designan a toda persona física o jurídica, entidad pública o agrupación de dichas personas u organismos que ofrezca, respectivamente, la realización de obras o de una obra concreta, productos o servicios en el mercado.

El término "operador económico" designa tanto al "contratista" como al "proveedor" o al "prestador de servicios". Se utiliza únicamente para simplificar el texto.

El operador económico que haya presentado una oferta se designa con el término de "licitador". El que haya solicitado una invitación a participar en un procedimiento restringido o negociado o en un diálogo competitivo se designa con el nombre de "candidato".

9. Son considerados "poderes adjudicadores": el Estado, los entes territoriales, los organismos de Derecho público y las asociaciones constituidas por uno o más de dichos entes o de dichos organismos de Derecho público.

Es considerado "organismo de Derecho público" cualquier organismo:

a) creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil,

b) dotado de personalidad jurídica y

c) cuya actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público, o bien cuya gestión se halle sometida a un control por parte de estos últimos, o bien cuyo órgano de administración, de dirección o de vigilancia esté compuesto por miembros de los cuales más de la mitad sean nombrados por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público.

En el anexo III figuran las listas no exhaustivas de los organismos y de las categorías de organismos de Derecho público que cumplen los criterios enumerados en las letras a), b) y c) del párrafo segundo. Los Estados miembros notificarán periódicamente a la Comisión las modificaciones que se hayan producido en sus listas.

10. Una "central de compras" es un poder adjudicador que:

- adquiere suministros y/o servicios destinados a poderes adjudicadores, o

- adjudica contratos públicos o celebra acuerdos marco de obras, suministro o servicios destinados a poderes adjudicadores.

11. a) "Procedimientos abiertos" son los procedimientos en los que cualquier operador económico interesado pueda presentar ofertas.

b) "Procedimientos restringidos" son los procedimientos en los que todo operador económico puede solicitar su participación y en los que únicamente los operadores económicos invitados por los poderes adjudicadores pueden presentar ofertas.

c) El "diálogo competitivo" es un procedimiento en el que todo operador económico puede solicitar su participación y en el que el poder adjudicador dirige un diálogo con los candidatos admitidos a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades, soluciones que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta.

A efectos del recurso al procedimiento mencionado en el párrafo primero, un contrato público se considerará "particularmente complejo" cuando el poder adjudicador

- no se encuentre objetivamente capacitado para definir los medios técnicos, con arreglo a las letras b), c) o d) del apartado 3 del artículo 23, aptos para satisfacer sus necesidades u objetivos y/o

- no se encuentre objetivamente capacitado para determinar la cobertura jurídica o financiera de un proyecto.

d) "Procedimientos negociados" son los procedimientos en los que los poderes adjudicadores consultan con los operadores económicos de su elección y negocian las condiciones del contrato con uno o varios de ellos.

e) "Concursos de proyectos" son los procedimientos que tienen por objeto permitir al poder adjudicador adquirir planos o proyectos, principalmente en los campos de la ordenación territorial, el urbanismo, la arquitectura y la ingeniería o el proceso de datos. Dichos planos y proyectos serán seleccionados por un jurado después de haber sido convocada una licitación con o sin asignación de primas.

12. Los términos "escrito" o "por escrito" designan todo conjunto de palabras o de cifras que pueda leerse, reproducirse y después comunicarse. Este conjunto podrá incluir informaciones transmitidas y almacenadas por medios electrónicos.

13. Un "medio electrónico" es un medio que utilice equipos electrónicos de tratamiento (incluida la compresión digital) y almacenamiento de datos y que se sirva de la difusión, el envío y la recepción alámbricos, por radio, por medios ópticos o por otros medios electromagnéticos.

14. El "Vocabulario Común de los Contratos Públicos", denominado en lo sucesivo CPV (Common Procurement Vocabulary), designa la nomenclatura de referencia aplicable a los contratos públicos adoptada por el Reglamento (CE) nº 2195/2002, que garantiza al mismo tiempo la correspondencia con las demás nomenclaturas existentes.

En caso de diferencias de interpretación sobre el ámbito de aplicación de la presente Directiva, a causa de posibles divergencias entre la nomenclatura CPV y la nomenclatura NACE mencionada en el anexo I o entre la nomenclatura CPV y la nomenclatura CPC (versión provisional) mencionada en el anexo II, la nomenclatura NACE y la nomenclatura CPC prevalecerán, respectivamente.

15. A efectos del artículo 13, de la letra a) del artículo 57 y de la letra b) del artículo 68, se entenderá por:

a) "red pública de telecomunicaciones", la infraestructura pública de telecomunicaciones que permita el transporte de señales entre puntos de terminación determinados de la red mediante cables, haces hertzianos, medios ópticos u otros medios electromagnéticos;

b) "punto de terminación de la red", el conjunto de conexiones físicas y de especificaciones técnicas de acceso que forman parte de la red pública de telecomunicaciones y son necesarias para tener acceso a dicha red pública y comunicar eficazmente mediante la misma;

c) "servicios públicos de telecomunicaciones", los servicios de telecomunicaciones cuya oferta haya sido confiada específicamente por los Estados miembros a una o varias entidades de telecomunicaciones;

d) "servicios de telecomunicaciones", los servicios que consistan, total o parcialmente, en la transmisión y envío de señales en la red pública de telecomunicaciones mediante procedimientos de telecomunicación, a excepción de la radiodifusión y de la televisión.

Artículo 2

Principios de adjudicación de contratos

Los poderes adjudicadores darán a los operadores económicos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y obrarán con transparencia.

Artículo 3

Concesión de derechos especiales o exclusivos: cláusula de no discriminación

Cuando un poder adjudicador otorgue derechos especiales o exclusivos para el ejercicio de una actividad de servicio público a una entidad distinta de dicho poder adjudicador, el acto por el que se otorgue dicho derecho impondrá a la entidad en cuestión, en los contratos de suministro que adjudique a terceros en el marco de esa actividad, la obligación de respetar el principio de no discriminación por razones de nacionalidad.

TÍTULO II

NORMAS APLICABLES A LOS CONTRATOS PÚBLICOS

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 4

Operadores económicos

1. No podrá rechazarse a candidatos o licitadores que, con arreglo a la legislación del Estado miembro en que estén establecidos, estén habilitados para realizar la prestación de que se trate, por el mero hecho de que, con arreglo a la legislación del Estado miembro donde se adjudique el contrato, deban ser personas físicas o personas jurídicas.

No obstante, en el caso de los contratos públicos de servicios y de obras, así como de los contratos públicos de suministro que tengan por objeto además servicios y/o trabajos de colocación e instalación, también podrá exigirse a las personas jurídicas que indiquen, en la oferta o en la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación.

2. Estarán autorizadas a licitar o presentarse como candidatos las agrupaciones de operadores económicos. Para la presentación de una oferta o de una solicitud de participación, los poderes adjudicadores no podrán exigir que las agrupaciones de operadores económicos tengan una forma jurídica determinada, pero la agrupación seleccionada podrá ser obligada a asumir una forma jurídica determinada cuando se le haya adjudicado el contrato, en la medida en que dicha transformación sea necesaria para la correcta ejecución del mismo.

Artículo 5

Condiciones relativas a los acuerdos celebrados en el seno de la Organización Mundial del Comercio

En la adjudicación de contratos públicos por parte de los poderes adjudicadores, los Estados miembros aplicarán en sus relaciones condiciones tan favorables como las que concedan a los operadores económicos de terceros países en aplicación del Acuerdo sobre contratación pública celebrado en el marco de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (denominado en lo sucesivo el "Acuerdo"). A tal fin, los Estados miembros se consultarán sobre las medidas que deban adoptarse en aplicación del Acuerdo, en el seno del Comité consultivo para los contratos públicos contemplado en el artículo 77.

Artículo 6

Confidencialidad

Sin perjuicio de las disposiciones de la presente Directiva, en particular las relativas a las obligaciones en materia de publicidad de los contratos adjudicados y de información a los candidatos y a los licitadores establecidas en el apartado 4 del artículo 35 y en el artículo 41, y de conformidad con la legislación nacional por la que se rija el poder adjudicador, éste no divulgará la información facilitada por los operadores económicos que éstos hayan designado como confidencial. Dicha información incluye, en particular, los secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales de las ofertas.

CAPÍTULO II

Ámbito de aplicación

Sección 1

Umbrales

Artículo 7

Importes de los umbrales de los contratos públicos

La presente Directiva se aplicará a los contratos públicos que no estén excluidos en virtud de las excepciones previstas en los artículos 10 y 11 y en los artículos 12 a 18 y cuyo valor estimado, sin incluir el impuesto sobre el valor añadido (IVA), sea igual o superior a los umbrales siguientes:

a) 162000 EUR, respecto de los contratos públicos de suministro y de servicios distintos de los contemplados en el tercer guión de la letra b) adjudicados por los poderes adjudicadores que sean una de las autoridades gubernamentales centrales que figuran en el anexo IV; por lo que se refiere a los contratos públicos de suministro adjudicados por dichos poderes adjudicadores que operen en el sector de la defensa, la presente disposición sólo se aplicará a los contratos relativos a los productos contemplados en el anexo V;

b) 249000 EUR

- respecto de los contratos públicos de suministro y de servicios adjudicados por poderes adjudicadores distintos de los contemplados en el anexo IV;

- respecto de los contratos públicos de suministro adjudicados por los poderes adjudicadores mencionados en el anexo IV y que operen en el sector de la defensa, cuando dichos contratos tengan por objeto productos distintos de los contemplados en el anexo V;

- respecto de los contratos públicos de servicios adjudicados por un poder adjudicador y que tengan por objeto servicios de la categoría 8 del anexo II A, servicios de telecomunicaciones de la categoría 5 cuyas posiciones en el CPV sean equivalentes a los números de referencia CPC 7524, 7525 y 7526 y/o servicios que figuren en el anexo II B.

c) 6242000 EUR, respecto de los contratos públicos de obras.

Artículo 8

Contratos subvencionados en más de un 50% por los poderes adjudicadores

La presente Directiva se aplicará a la adjudicación:

a) de contratos de obras subvencionados directamente en más de un 50% por poderes adjudicadores y cuyo valor estimado sin incluir el IVA sea igual o superior a 6242000 EUR,

- cuando dichos contratos tengan por objeto las actividades de ingeniería civil con arreglo al anexo I;

- cuando dichos contratos tengan por objeto obras de construcción de hospitales, centros deportivos, recreativos y de ocio, edificios escolares y universitarios y edificios de uso administrativo;

b) de contratos de servicios subvencionados directamente en más de un 50% por poderes adjudicadores y cuyo valor estimado sin incluir el IVA sea igual o superior a 249000 EUR cuando dichos contratos estén vinculados a un contrato de obras en el sentido indicado en la letra a).

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que los poderes adjudicadores que conceden dichas subvenciones hagan cumplir la presente Directiva cuando dicho contrato sea adjudicado por una o varias entidades distintas de sí mismos o cumplan la presente Directiva cuando el contrato sea adjudicado por ellos mismos en nombre y por cuenta de esas otras entidades.

Artículo 9

Método para calcular el valor estimado de los contratos públicos, de los acuerdos marco y de los sistemas dinámicos de adquisición

1. El cálculo del valor estimado de un contrato público deberá basarse en el importe total, sin incluir el IVA, pagadero según las estimaciones del poder adjudicador. En este cálculo se tendrá en cuenta el importe total estimado, incluida cualquier forma de opción eventual, y las eventuales prórrogas del contrato.

Cuando el poder adjudicador haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores, tendrá en cuanta la cuantía de los mismos en el cálculo del valor estimado del contrato.

2. Esta estimación deberá tener validez en el momento del envío del anuncio de licitación, tal como se prevé en el apartado 2 del artículo 35, o, en caso de que no se requiera un anuncio de este tipo, en el momento en que el poder adjudicador inicie el procedimiento de adjudicación del contrato.

3. No podrá fraccionarse ningún proyecto de obra ni ningún proyecto de compra tendente a obtener una determinada cantidad de suministros y/o de servicios con vistas a sustraerlo a la aplicación de la presente Directiva.

4. Respecto de los contratos públicos de obras, el cálculo del valor estimado debe tener en cuenta el importe de las obras, así como el valor total estimado de los suministros necesarios para la ejecución de las obras puestos a disposición del contratista por los poderes adjudicadores.

5. a) Cuando una obra prevista o un proyecto de compra de servicios pueda dar lugar a la adjudicación simultánea de contratos por lotes separados, se deberá tener en cuenta el valor global estimado de la totalidad de dichos lotes.

Cuando el valor acumulado de los lotes iguale o supere el umbral establecido en el artículo 7, la presente Directiva se aplicará a la adjudicación de cada lote.

No obstante, los poderes adjudicadores podrán establecer excepciones a esta aplicación respecto de lotes cuyo valor estimado sin incluir el IVA sea inferior a 80000 EUR en el caso de los servicios y a un millón EUR en el caso de las obras, siempre que el importe acumulado de dichos lotes no sobrepase el 20% del valor acumulado de la totalidad de los lotes.

b) Cuando un proyecto tendente a obtener suministros homogéneos pueda dar lugar a la adjudicación simultánea de contratos por lotes separados, se deberá tener en cuenta el valor estimado de la totalidad de dichos lotes para la aplicación de las letras a) y b) del artículo 7.

Cuando el valor acumulado de los lotes iguale o supere el umbral establecido en el artículo 7, la presente Directiva se aplicará a la adjudicación de cada lote.

No obstante, los poderes adjudicadores podrán establecer excepciones a esta aplicación respecto de lotes cuyo valor estimado sin incluir el IVA sea inferior a 80000 EUR, siempre que el importe acumulado de dichos lotes no sobrepase el 20% del valor acumulado de la totalidad de los lotes.

6. Respecto de los contratos públicos de suministro que tengan por objeto el arrendamiento financiero, el arrendamiento o la venta a plazos de productos, el valor que se tomará como base para calcular el valor estimado del contrato será el siguiente:

a) en el caso de contratos públicos de duración determinada, cuando su duración sea igual o inferior a doce meses, el valor total estimado para la duración del contrato, o, cuando su duración sea superior a doce meses, su valor total incluido el importe estimado del valor residual;

b) en el caso de contratos públicos de duración indeterminada, o en caso en que no pueda determinarse la duración del contrato, el valor mensual multiplicado por 48.

7. En el caso de contratos públicos de suministro o de servicios que tengan un carácter de periodicidad, o de contratos que se deban renovar en un período de tiempo determinado, se tomará como base para el cálculo del valor estimado del contrato:

a) bien el valor real total de los contratos sucesivos similares adjudicados durante el ejercicio precedente o durante los doce meses previos, ajustado, cuando sea posible, en función de los cambios de cantidad o valor previstos para los doce meses posteriores al contrato inicial;

b) bien el valor estimado total de los contratos sucesivos adjudicados durante los doce meses siguientes a la primera entrega o en el transcurso del ejercicio, si éste fuera superior a doce meses.

La elección del método para calcular el valor estimado de un contrato público no podrá efectuarse con la intención de sustraer éste a la aplicación de la presente Directiva.

8. Respecto de los contratos públicos de servicios, a los efectos del cálculo del importe estimado de los contratos, se tomará como base, en su caso, el siguiente importe:

a) para los tipos de servicios que a continuación se indican:

i) servicios de seguros: la prima pagadera y otras formas de remuneración;

ii) servicios bancarios y otros servicios financieros: los honorarios, las comisiones, los intereses y otras formas de remuneración;

iii) contratos relativos a un proyecto: los honorarios, las comisiones pagaderas y otras formas de remuneración.

b) para los contratos de servicios en que no se especifique un precio total:

i) en los contratos de duración determinada, cuando ésta sea igual o inferior a cuarenta y ocho meses, el valor total estimado correspondiente a toda su duración;

ii) en los contratos de duración indeterminada o superior a cuarenta y ocho meses, el valor mensual multiplicado por 48.

9. Para los acuerdos marco y para los sistemas dinámicos de adquisición el valor que se tendrá en cuenta es el valor máximo estimado excluido el IVA del conjunto de contratos contemplados durante la duración total del acuerdo marco o del sistema dinámico de adquisición.

Sección 2

Situaciones específicas

Artículo 10

Contratos en el sector de la defensa

La presente Directiva se aplicará a los contratos públicos adjudicados por los poderes adjudicadores en el sector de la defensa, a reserva del artículo 296 del Tratado.

Artículo 11

Contratos públicos y acuerdos marco adjudicados por las centrales de compras

1. Los Estados miembros podrán establecer que los poderes adjudicadores adquieran obras, suministros y/o servicios por medio de centrales de compras.

2. Se considerará que los poderes adjudicadores que adquieran obras, suministros y/o servicios por medio de una central de compras en los supuestos contemplados en el apartado 10 del artículo 1 han respetado las disposiciones de la presente Directiva, siempre que la central de compras respete dichas disposiciones.

Sección 3

Contratos excluidos

Artículo 12

Contratos adjudicados en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales

La presente Directiva no se aplicará a los contratos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/17/CE, adjudicados por poderes adjudicadores que ejerzan una o varias de las actividades contempladas en los artículos 3 a 7 de dicha Directiva y se adjudiquen para desarrollar dichas actividades, ni a los contratos públicos excluidos del ámbito de aplicación de dicha Directiva a tenor de lo dispuesto en el apartado 2 de su artículo 5 y en sus artículos 19, 26 y 30.

No obstante, la presente Directiva seguirá aplicándose a los contratos públicos adjudicados por poderes adjudicadores que ejerzan una o varias actividades consideradas en el artículo 6 de la Directiva 2003/17/CE y que se adjudiquen para desarrollar estas actividades durante el tiempo en el que el Estado miembro de que se trate recurra a la facultad mencionada en el párrafo segundo del artículo 71 de la mencionada Directiva para aplazar su aplicación.

Artículo 13

Exclusiones específicas en el ámbito de las telecomunicaciones

La presente Directiva no se aplicará a los contratos públicos cuyo objeto principal sea permitir a los poderes adjudicadores la puesta a disposición o la explotación de redes públicas de telecomunicaciones o el suministro al público de uno o más servicios de telecomunicaciones.

Artículo 14

Contratos secretos o que requieran medidas especiales de seguridad

La presente Directiva no se aplicará a los contratos públicos cuando sean declarados secretos o cuando su ejecución deba ir acompañada de medidas especiales de seguridad de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas vigentes en el Estado miembro de que se trate, o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de dicho Estado miembro.

Artículo 15

Contratos adjudicados en virtud de normas internacionales

La presente Directiva no se aplicará a los contratos públicos regulados por normas de procedimiento distintas y adjudicados en virtud de:

a) un acuerdo internacional, celebrado de conformidad con el Tratado, entre un Estado miembro y uno o varios terceros países, relativo a suministros u obras destinados a la realización o explotación conjunta de una obra por parte de los Estados signatarios o relativo a servicios destinados a la realización o explotación conjunta de un proyecto por parte de los Estados signatarios; todo acuerdo se comunicará a la Comisión, que podrá proceder a una consulta en el seno del Comité consultivo para los contratos públicos contemplado en el artículo 77;

b) un acuerdo internacional celebrado en relación con el estacionamiento de tropas y que se refiera a empresas de un Estado miembro o de un tercer país;

c) un procedimiento específico de una organización internacional.

Artículo 16

Exclusiones específicas

La presente Directiva no se aplicará a aquellos contratos públicos de servicios:

a) cuyo objeto sea la adquisición o el arrendamiento, independientemente del sistema de financiación, de terrenos, edificios ya existentes u otros bienes inmuebles, o relativos a derechos sobre estos bienes; no obstante, los contratos de servicios financieros celebrados al mismo tiempo, con anterioridad o con posterioridad al contrato de adquisición o de arrendamiento, en cualquiera de sus formas, se regularán por lo dispuesto en la presente Directiva;

b) cuyo objeto sea la compra, el desarrollo, la producción o la coproducción de programas destinados a la radiodifusión, por parte de los organismos de radiodifusión y los contratos relativos al tiempo de radiodifusión;

c) cuyo objeto sean servicios de arbitraje y de conciliación;

d) relativos a servicios financieros relacionados con la emisión, compra, venta y transferencia de valores o de otros instrumentos financieros, en particular las operaciones destinadas a la obtención de fondos o capital por los poderes adjudicadores, así como los servicios prestados por los bancos centrales;

e) relativos a los contratos de trabajo;

f) relativos a servicios de investigación y de desarrollo distintos de aquellos cuyos beneficios pertenezcan exclusivamente al poder adjudicador para su utilización en el ejercicio de su propia actividad, siempre que el poder adjudicador remunere totalmente la prestación del servicio.

Artículo 17

Concesiones de servicios

Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones previstas en el artículo 3, la presente Directiva no será aplicable a las concesiones de servicios definidas en el apartado 4 del artículo 1.

Artículo 18

Contratos de servicios adjudicados en virtud de un derecho exclusivo

La presente Directiva no se aplicará a los contratos públicos de servicios adjudicados por un poder adjudicador a otro poder adjudicador o a una agrupación de poderes adjudicadores sobre la base de un derecho exclusivo del que gocen éstos en virtud de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas publicadas, siempre que dichas disposiciones sean compatibles con el Tratado.

Sección 4

Régimen especial

Artículo 19

Contratos reservados

Los Estados miembros podrán reservar la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos a talleres protegidos o reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido, cuando la mayoría de los trabajadores afectados sean personas discapacitadas que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales.

La presente disposición deberá mencionarse en el anuncio de licitación.

CAPÍTULO III

Regímenes aplicables a los contratos públicos de servicios

Artículo 20

Contratos de servicios que figuran en el anexo II A

Los contratos que tengan por objeto servicios que figuren en el anexo II A se adjudicarán con arreglo a los artículos 23 a 55.

Artículo 21

Contratos de servicios que figuran en el anexo II B

La adjudicación de contratos que tengan por objeto servicios que figuren en el anexo II B sólo estará sujeta al artículo 23 y al apartado 4 del artículo 35.

Artículo 22

Contratos mixtos de servicios que figuran en el anexo II A y de servicios que figuran en el anexo II B

Los contratos que tengan por objeto servicios que figuren en el anexo II A y servicios que figuren en el anexo II B se adjudicarán con arreglo a los artículos 23 a 55 cuando el valor de los servicios del anexo II A sea superior al valor de los servicios del anexo II B. En los demás casos, el contrato se adjudicará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23 y en el apartado 4 del artículo 35.

CAPÍTULO IV

Normas específicas relativas al pliego de condiciones y los documentos del contrato

Artículo 23

Especificaciones técnicas

1. Las especificaciones técnicas definidas en el punto 1 del anexo VI figurarán en la documentación del contrato, como los anuncios de licitación, el pliego de condiciones o los documentos complementarios. En la medida de lo posible, estas especificaciones técnicas deberían definirse teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad para personas con discapacidades o el diseño para todos los usuarios.

2. Las especificaciones técnicas deberán permitir el acceso en condiciones de igualdad de los licitadores y no tener por efecto la creación de obstáculos injustificados a la apertura de los contratos públicos a la competencia.

3. Sin perjuicio de las normas técnicas nacionales obligatorias, en la medida en que sean compatibles con el Derecho comunitario, las especificaciones técnicas deberán formularse:

a) bien por referencia a especificaciones técnicas definidas en el anexo VI y, por orden de preferencia, a las normas nacionales que incorporan las normas europeas, a los documentos de idoneidad técnica europeos, a las especificaciones técnicas comunes, a las normas internacionales, a otros sistemas de referencias técnicas elaborados por los organismos europeos de normalización o, en su defecto, a las normas nacionales, a los documentos de idoneidad técnica nacionales o a las especificaciones técnicas nacionales en materia de proyecto, cálculo y realización de obras y de puesta en funcionamiento de productos. Cada referencia deberá ir acompañada de la mención "o equivalente";

b) bien en términos de rendimiento o de exigencias funcionales; éstas podrán incluir características medioambientales. Éstas deberán, no obstante, ser suficientemente precisas para permitir a los licitadores determinar el objeto del contrato y a los poderes adjudicadores adjudicar el contrato;

c) bien en los términos de rendimiento o de exigencias funcionales mencionados en la letra b), haciendo referencia, como medio de presunción de conformidad con estos rendimientos o exigencias funcionales, a las especificaciones citadas en la letra a);

d) bien mediante referencia a las especificaciones técnicas mencionadas en la letra a) para ciertas características y mediante referencia al rendimiento o exigencias funcionales mencionados en la letra b) para otras características.

4. Cuando los poderes adjudicadores hagan uso de la posibilidad de referirse a las especificaciones contempladas en la letra a) del apartado 3 no podrán rechazar una oferta basándose en que los productos y servicios ofrecidos no se ajustan a las especificaciones a las que han hecho referencia, siempre que en su oferta el licitador pruebe, a satisfacción de los poderes adjudicadores, por cualquier medio adecuado, que las soluciones que propone cumplen de forma equivalente los requisitos definidos por las especificaciones técnicas.

Un expediente técnico del fabricante o un informe de pruebas de un organismo reconocido podrán constituir un medio adecuado.

5. Cuando los poderes adjudicadores hagan uso de la posibilidad prevista en el apartado 3 de establecer prescripciones en términos de rendimiento o de exigencias funcionales, no podrán rechazar una oferta de obras, de productos o de servicios que se ajusten a una norma nacional que incorpore una norma europea, a un documento de idoneidad técnica europeo, a una especificación técnica común, a una norma internacional o al sistema de referencias técnicas elaborado por un organismo europeo de normalización, si tales especificaciones tienen por objeto los rendimientos o las exigencias funcionales exigidos por ellos.

En su oferta, el licitador debe probar a satisfacción de los poderes adjudicadores, por cualquier medio adecuado, que las obras, productos o servicios conformes a la norma reúnen los requisitos de rendimiento o exigencias funcionales establecidos por los poderes adjudicadores.

Un expediente técnico del fabricante o un informe de pruebas de un organismo reconocido podrán constituir un medio adecuado.

6. Cuando los poderes adjudicadores prescriban características medioambientales en términos de rendimientos o de exigencias funcionales, como las contempladas en la letra b) del apartado 3, podrán utilizar especificaciones detalladas o, en su caso, partes de éstas, tal como se definen en las etiquetas ecológicas europeas, (pluri)nacionales, o en cualquier otra etiqueta ecológica, siempre que:

- sean apropiadas para definir las características de los suministros o de las prestaciones que sean objeto del contrato,

- las exigencias de la etiqueta se desarrollen basándose en una información científica,

- las etiquetas ecológicas se adopten mediante un proceso en el que puedan participar todas las partes implicadas, como son los organismos gubernamentales, consumidores, fabricantes, distribuidores y organizaciones medioambientales,

- y sean accesibles a todas las partes interesadas.

Los poderes adjudicadores podrán indicar que los productos o servicios provistos de la etiqueta ecológica se consideran acordes con las especificaciones técnicas definidas en el pliego de condiciones, y deberán aceptar cualquier otro medio de prueba adecuado, como un expediente técnico del fabricante o un informe de pruebas de un organismo reconocido.

7. A efectos del presente artículo, "organismos reconocidos" serán los laboratorios de pruebas, de calibrado, los organismos de inspección y certificación, conformes a las normas europeas aplicables.

Los poderes adjudicadores aceptarán los certificados expedidos por organismos reconocidos en otros Estados miembros.

8. Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las especificaciones técnicas no podrán mencionar una fabricación o una procedencia determinada o un procedimiento concreto, ni hacer referencia a una marca, a una patente o a un tipo, a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productos. Tal mención o referencia se autorizará, con carácter excepcional, en el caso en que no sea posible hacer una descripción lo bastante precisa e inteligible del objeto del contrato en aplicación de los apartados 3 y 4; dicha mención o referencia deberá ir acompañada de la mención "o equivalente".

Artículo 24

Variantes

1. Cuando el criterio de adjudicación del contrato sea el de la oferta económicamente más ventajosa, los poderes adjudicadores podrán autorizar a los licitadores a presentar variantes.

2 Los poderes adjudicadores indicarán en el anuncio de licitación si autorizan o no autorizan las variantes; en caso de que falte dicha mención, las variantes no estarán autorizadas.

3. Los poderes adjudicadores que autoricen las variantes mencionarán en el pliego de condiciones los requisitos mínimos que deberán cumplir las variantes, así como las modalidades de su presentación.

4. Sólo se tomarán en consideración las variantes que cumplan los requisitos mínimos exigidos.

En los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro o de servicios, los poderes adjudicadores que hayan autorizado variantes no podrán rechazar una de ellas por el único motivo de que, de ser elegida, daría lugar a un contrato de servicios en vez de a un contrato público de suministro o a un contrato de suministro en vez de a un contrato público de servicios.

Artículo 25

Subcontratación

En el pliego de condiciones, el poder adjudicador podrá pedir o podrá ser obligado por un Estado miembro a pedir al licitador que mencione en la oferta la parte del contrato que se proponga subcontratar a terceros, así como los subcontratistas propuestos.

Dicha comunicación no prejuzgará la cuestión de la responsabilidad del operador económico principal.

Artículo 26

Condiciones de ejecución del contrato

Los poderes adjudicadores podrán exigir condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato siempre que éstas sean compatibles con el Derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones. Las condiciones en que se ejecute un contrato podrán referirse, en especial, a consideraciones de tipo social y medioambiental.

Artículo 27

Obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones de protección y a las condiciones de trabajo

1. El poder adjudicador podrá señalar, o ser obligado por un Estado miembro a señalar, en el pliego de condiciones, el organismo u organismos de los que los candidatos o licitadores puedan obtener la información pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones en materia de protección y a las condiciones de trabajo vigentes en el Estado miembro, la región o la localidad en que vayan a realizarse las prestaciones y que serán aplicables a los trabajos efectuados en la obra o a los servicios prestados durante la ejecución del contrato.

2. El poder adjudicador que facilite la información a la que se refiere el apartado 1 solicitará a los licitadores o a los candidatos en un procedimiento de adjudicación de contratos que manifiesten haber tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección y condiciones de trabajo en el lugar donde vayan a realizarse las prestaciones.

El párrafo primero no obstará para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 55 sobre verificación de las ofertas anormalmente bajas.

CAPÍTULO V

Procedimientos

Artículo 28

Utilización de los procedimientos abiertos, restringidos y negociados, así como del diálogo competitivo

Para adjudicar sus contratos públicos, los poderes adjudicadores aplicarán los procedimientos nacionales, adaptados a efectos de la presente Directiva.

Adjudicarán estos contratos públicos haciendo uso del procedimiento abierto o del procedimiento restringido. En las condiciones específicas previstas expresamente en el artículo 29, los poderes adjudicadores podrán adjudicar sus contratos públicos haciendo uso del diálogo competitivo. En los casos y circunstancias específicos previstos expresamente en los artículos 30 y 31, podrán recurrir a un procedimiento negociado, con o sin publicación del anuncio de licitación.

Artículo 29

Diálogo competitivo

1. En el caso de contratos particularmente complejos, los Estados miembros podrán estipular que cuando el poder adjudicador considere que el uso de los procedimientos abierto o restringido no permite la adjudicación del contrato, dicho poder adjudicador pueda hacer uso del diálogo competitivo de conformidad con el presente artículo.

Los contratos públicos se adjudicarán únicamente sobre la base de los criterios de adjudicación para la licitación que sea la oferta económicamente más ventajosa.

2. Los poderes adjudicadores publicarán un anuncio de licitación en el que darán a conocer sus necesidades y requisitos, que definirán en dicho anuncio o en un documento descriptivo.

3. Los poderes adjudicadores llevarán a cabo, con los candidatos seleccionados de conformidad con las disposiciones de los artículos 44 a 52, un diálogo cuyo objetivo será determinar y definir los medios adecuados para satisfacer lo mejor posible sus necesidades. En el transcurso de este diálogo, podrán debatir todos los aspectos del contrato con los candidatos seleccionados.

Durante el diálogo, los poderes adjudicadores darán un trato igual a todos los licitadores. En particular no facilitarán, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto al resto.

Los poderes adjudicadores no podrán revelar a los demás participantes las soluciones propuestas por un participante u otros datos confidenciales que éste les comunique sin previo acuerdo de éste.

4. Los poderes adjudicadores podrán establecer que el procedimiento se desarrolle en fases sucesivas a fin de reducir el número de soluciones que han de examinarse durante la fase del diálogo, aplicando los criterios de adjudicación indicados en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo. En el anuncio de licitación o en el documento descriptivo se indicará si se va a hacer uso de esta facultad.

5. El poder adjudicador proseguirá este diálogo hasta que esté en condiciones de determinar, después de compararlas si es preciso, las soluciones que puedan responder a sus necesidades.

6. Tras haber declarado cerrado el diálogo y haber informado de ello a todos los participantes, los poderes adjudicadores les invitarán a que presenten su oferta final, basada en la solución o soluciones presentadas y especificadas durante la fase de diálogo. Dichas ofertas deberán incluir todos los elementos requeridos y necesarios para la realización del proyecto.

A petición del poder adjudicador, dichas ofertas podrán aclararse, precisarse y ajustarse. No obstante, estas precisiones, aclaraciones, ajustes o información complementaria no podrán modificar los elementos fundamentales de la oferta o de la licitación, cuya variación pueda falsear la competencia o tener un efecto discriminatorio.

7. Los poderes adjudicadores evaluarán las ofertas presentadas por los licitadores en función de los criterios de adjudicación establecidos en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo y seleccionarán la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo con el artículo 53.

A petición del poder adjudicador, el licitador cuya oferta se considere económicamente más ventajosa podrá verse obligado a aclarar aspectos de su oferta o a confirmar los compromisos que en ella figuran, siempre que ello no modifique elementos sustanciales de la oferta o de la licitación ni falsee la competencia o tenga un efecto discriminatorio.

8. Los poderes adjudicadores podrán prever premios y pagos para los participantes en el diálogo.

Artículo 30

Casos que justifican el recurso al procedimiento negociado con publicación de un anuncio de licitación

1. Los poderes adjudicadores podrán adjudicar contratos públicos por procedimiento negociado, previa publicación de un anuncio de licitación, en los casos siguientes:

a) cuando se presenten ofertas irregulares o cuando las ofertas presentadas resulten inaceptables en relación con las disposiciones nacionales compatibles con lo dispuesto en los artículos 4, 24, 25 y 27 y en el capítulo VII en respuesta a un procedimiento abierto o restringido o a un diálogo competitivo, siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones iniciales del contrato;

Los poderes adjudicadores podrán no publicar un anuncio de licitación si incluyen en el procedimiento negociado a todos los licitadores, y sólo a ellos, que cumplan los criterios contemplados en los artículos 45 a 52 y que, con ocasión del procedimiento abierto o restringido o del diálogo competitivo anterior, hayan presentado ofertas conformes con los requisitos formales del procedimiento de adjudicación;

b) en casos excepcionales, cuando se trate de contratos de obras, de suministro o de servicios que, por sus características o por los riesgos que entrañen, no permitan fijar previa y globalmente los precios;

c) en el ámbito de los servicios, en particular en el sentido de la categoría 6 del anexo II A, y para las prestaciones intelectuales, como la elaboración del proyecto de una obra, en la medida en que las características de la prestación sean tales que no se puedan establecer las condiciones del contrato con la precisión necesaria para su adjudicación seleccionando la mejor oferta con arreglo a las normas que rigen los procedimientos abiertos o restringidos;

d) en el caso de los contratos públicos de obras, respecto de las obras que se realicen únicamente con fines de investigación, experimentación o perfeccionamiento y no con la finalidad de obtener una rentabilidad o de cubrir los costes de investigación y de desarrollo.

2. En los casos previstos en el apartado 1, los poderes adjudicadores negociarán con los licitadores las ofertas que éstos hayan presentado para adaptarlas a los requisitos indicados en el anuncio de licitación, en el pliego de condiciones y en los posibles documentos complementarios, con vistas a encontrar la mejor oferta de conformidad con el apartado 1 del artículo 53.

3. Durante la negociación, los poderes adjudicadores velarán por que todos los licitadores reciban igual trato. En particular no facilitarán, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto al resto.

4. Los poderes adjudicadores podrán establecer que el procedimiento negociado se desarrolle en fases sucesivas a fin de reducir el número de ofertas que haya que negociar aplicando los criterios de adjudicación indicados en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones. En el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones se indicará si se va a hacer uso de esta facultad.

Artículo 31

Casos que justifican el recurso al procedimiento negociado sin publicación de un anuncio de licitación

Los poderes adjudicadores podrán adjudicar contratos públicos por procedimiento negociado, sin publicación previa de un anuncio de licitación, en los casos siguientes:

1) respecto de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios:

a) cuando, tras haberse seguido un procedimiento abierto o restringido, no haya ninguna oferta, ninguna oferta adecuada o ninguna candidatura, siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente y se facilite a la Comisión un informe si ésta así lo solicita;

b) cuando, por razones técnicas o artísticas o por cualquier otra razón relacionada con la protección de derechos de exclusividad, el contrato sólo pueda encomendarse a un operador económico determinado;

c) en la medida en que sea absolutamente necesario, cuando la urgencia imperiosa, consecuencia de hechos imprevisibles para los poderes adjudicadores en cuestión, no es compatible con los plazos exigidos para los procedimientos abiertos, restringidos o negociados con publicación de un anuncio de licitación contemplados en el artículo 30. Las circunstancias alegadas para justificar la urgencia imperiosa no deberán en ningún caso ser imputables a los poderes adjudicadores;

2) respecto de los contratos públicos de suministro:

a) cuando los productos de que se trate se fabriquen exclusivamente para fines de investigación, experimentación, estudio o desarrollo; esta condición no se aplica a la producción en serie destinada a establecer la viabilidad comercial del producto o a recuperar los costes de investigación y desarrollo;

b) en el caso de entregas complementarias efectuadas por el proveedor inicial que constituyan bien una reposición parcial de suministros o instalaciones de uso corriente, bien una ampliación de los suministros o de instalaciones existentes, cuando un cambio de proveedor obligara al poder adjudicador a adquirir material con características técnicas diferentes, dando lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso y de mantenimiento desproporcionadas; la duración de tales contratos, así como la de los contratos renovables, no podrá, por regla general, ser superior a tres años;

c) cuando se trate de suministros cotizados y comprados en una bolsa de materias primas;

d) para la compra de suministros en condiciones especialmente ventajosas, ya sea a un proveedor que cese definitivamente en sus actividades comerciales, ya sea a síndicos o liquidadores tras una quiebra, un concordato judicial o un procedimiento de la misma naturaleza existente en las legislaciones o reglamentaciones nacionales;

3) respecto de los contratos públicos de servicios, cuando el contrato en cuestión sea la consecuencia de un concurso y, con arreglo a las normas aplicables, deba adjudicarse al ganador o a uno de los ganadores de dicho concurso; en este último supuesto, se deberá invitar a todos los ganadores del concurso a participar en las negociaciones;

4) respecto de los contratos públicos de obras y contratos públicos de servicios:

a) con relación a aquellas obras o servicios complementarios que no figuren en el proyecto contemplado inicialmente ni en el contrato inicial y que, debido a una circunstancia imprevista, pasen a ser necesarios para la ejecución de la obra o de los servicios tal y como estaban descritos, siempre que la adjudicación recaiga en el operador económico que ejecute dicha obra o dicho servicio:

- cuando esas obras o servicios complementarios no puedan separarse del contrato inicial técnica o económicamente sin ocasionar grandes inconvenientes a los poderes adjudicadores,

o bien

- cuando dichas obras o servicios, aunque se puedan separar de la ejecución del contrato inicial, sean estrictamente necesarios para su perfeccionamiento.

No obstante, el importe acumulado de los contratos adjudicados para las obras o servicios complementarios no podrá ser superior al 50% del importe del contrato inicial;

b) en el caso de nuevas obras o servicios que consistan en la repetición de obras o servicios similares encargados al operador económico titular de un contrato inicial adjudicado por los mismos poderes adjudicadores, con la condición de que dichas obras o dichos servicios se ajusten a un proyecto de base y que dicho proyecto haya sido objeto de un contrato inicial adjudicado según el procedimiento abierto o restringido.

La posibilidad de hacer uso de este procedimiento estará indicada desde el inicio de la convocatoria de licitación del primer contrato y los poderes adjudicadores tendrán en cuenta el importe total previsto para la continuación de las obras o de los servicios a efectos de la aplicación del artículo 7.

Únicamente se podrá utilizar este procedimiento durante un período de tres años a partir de la celebración del contrato inicial.

Artículo 32

Acuerdos marco

1. Los Estados miembros podrán prever la posibilidad de que los poderes adjudicadores celebren acuerdos marco.

2. Para la celebración de un acuerdo marco, los poderes adjudicadores seguirán las normas de procedimiento previstas en la presente Directiva en todas las fases hasta la adjudicación de los contratos basados en este acuerdo marco. La elección de las partes del acuerdo marco se llevará a cabo mediante la aplicación de los criterios de adjudicación establecidos de conformidad con el artículo 53.

Los contratos basados en un acuerdo marco se adjudicarán según los procedimientos previstos en los apartados 3 y 4. Estos procedimientos sólo serán aplicables entre poderes adjudicadores y operadores económicos que sean originariamente partes en el acuerdo marco.

En la adjudicación de contratos basados en el acuerdo marco, las partes no podrán en ningún caso introducir modificaciones sustanciales en los términos establecidos en el acuerdo marco, en particular en el caso mencionado en el apartado 3.

La duración de un acuerdo marco no podrá superar los cuatro años, salvo en casos excepcionales, debidamente justificados, en particular por el objeto del acuerdo marco.

Los poderes adjudicadores no podrán recurrir a los acuerdos marco de manera abusiva o de manera que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada.

3. Cuando se celebre un acuerdo marco con un único operador económico, los contratos basados en este acuerdo marco se adjudicarán con arreglo a los términos establecidos en el mismo.

En la adjudicación de estos contratos, los poderes adjudicadores podrán consultar por escrito al operador que sea parte del acuerdo marco, pidiéndole, si fuere necesario, que complete su oferta.

4. Cuando se celebre un acuerdo marco con varios operadores económicos, el número de éstos deberá ser de tres por lo menos, siempre que haya un número suficiente de operadores económicos que respondan a los criterios de selección o de ofertas admisibles que respondan a los criterios de adjudicación.

La adjudicación de contratos basados en acuerdos marco celebrados con varios operadores económicos podrá realizarse:

- o bien mediante la aplicación de los términos establecidos en el acuerdo marco, sin convocar a las partes a una nueva licitación;

- o bien, cuando no todos los términos estén establecidos en el acuerdo marco, una vez convocadas las partes a nueva licitación tomando como base los mismos términos, precisándolos si fuera necesario, y, si ha lugar, otros indicados en el pliego de condiciones del acuerdo marco, con arreglo al procedimiento siguiente:

a) por cada contrato que haya que adjudicar, los poderes adjudicadores consultarán por escrito a todos los operadores económicos que sean capaces de realizar el objeto del contrato;

b) los poderes adjudicadores fijarán un plazo suficiente para presentar las ofertas relativas a cada contrato específico teniendo en cuenta factores como la complejidad del objeto del contrato y el tiempo necesario para el envío de la oferta;

c) las ofertas se presentarán por escrito y su contenido deberá seguir siendo confidencial hasta que expire el plazo previsto para responder a la convocatoria;

d) los poderes adjudicadores adjudicarán cada contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta, basándose en los criterios de adjudicación detallados en el pliego de condiciones del acuerdo marco.

Artículo 33

Sistemas dinámicos de adquisición

1. Los Estados miembros podrán prever la posibilidad de que los poderes adjudicadores recurran a sistemas dinámicos de adquisición.

2. Para la puesta en práctica de un sistema dinámico de adquisición, los poderes adjudicadores seguirán las normas del procedimiento abierto en todas sus fases hasta la adjudicación del contrato en el marco de este sistema. Se admitirá en el sistema a todos los licitadores que cumplan los criterios de selección y que hayan presentado una oferta indicativa que se ajuste al pliego de condiciones y a los posibles documentos complementarios. Las ofertas indicativas podrán mejorarse en cualquier momento, siempre que sigan siendo conformes al pliego de condiciones. Para la aplicación del sistema y la adjudicación de los contratos en el marco de éste, los poderes adjudicadores sólo utilizarán medios electrónicos, de acuerdo con los apartados 2 a 5 del artículo 42.

3. A efectos de la aplicación del sistema dinámico de adquisición, los poderes adjudicadores:

a) publicarán un anuncio de licitación en el que se precisará que se trata de un sistema dinámico de adquisición;

b) en el pliego de condiciones precisarán, entre otras cosas, la naturaleza de las adquisiciones previstas que formen parte del sistema, así como toda la información necesaria relativa al sistema de adquisición, el equipo electrónico utilizado y los arreglos y especificaciones técnicas de conexión;

c) desde la publicación del anuncio hasta la expiración del sistema, ofrecerán por medios electrónicos el acceso sin restricción, directo y completo al pliego de condiciones y a todo documento complementario e indicarán en el anuncio la dirección de Internet en la que estos documentos pueden consultarse.

4. Los poderes adjudicadores ofrecerán, durante toda la duración del sistema dinámico de adquisición, la posibilidad a cualquier operador económico de presentar una oferta indicativa y de ser incluido en el sistema en las condiciones expuestas en el apartado 2. Concluirán la evaluación de la oferta indicativa en un plazo máximo de 15 días a partir de la presentación de la misma. No obstante, podrán prolongar el periodo de evaluación siempre que entretanto no se convoque una nueva licitación.

El poder adjudicador informará cuanto antes al licitador contemplado en el párrafo primero de su admisión en el sistema dinámico de adquisición, o del rechazo de su oferta indicativa.

5. Cada contrato específico será objeto de una licitación. Antes de proceder a la licitación, los poderes adjudicadores publicarán un anuncio de licitación simplificado en el que se invite a todos los operadores económicos interesados a presentar una oferta indicativa, con arreglo al apartado 4, en un plazo que no podrá ser inferior a 15 días a partir de la fecha de envío del anuncio simplificado. Los poderes adjudicadores no convocarán una nueva licitación hasta haber concluido la evaluación de todas las ofertas indicativas introducidas en el plazo citado.

6. Los poderes adjudicadores invitarán a todos los licitadores admitidos en el sistema a presentar una oferta para cada contrato específico que se vaya a celebrar en el marco del sistema. Con este fin, establecerán un plazo suficiente para la presentación de las ofertas.

Adjudicarán el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta, basándose en los criterios de adjudicación detallados en el anuncio de licitación para la puesta en práctica del sistema dinámico de adquisición. Estos criterios, llegado el caso, podrán precisarse en la invitación a la que se refiere el párrafo primero.

7. La duración de un sistema dinámico de adquisición no podrá ser superior a cuatro años, salvo en casos excepcionales debidamente justificados.

Los poderes adjudicadores no podrán recurrir a este sistema de manera que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada.

No se podrá cargar a los operadores económicos interesados o a las partes en el sistema ningún gasto.

Artículo 34

Contratos públicos de obras: normas particulares sobre construcción de viviendas sociales

En el caso de los contratos públicos relativos al proyecto y ejecución de obras para la construcción de un conjunto de viviendas sociales en los que, debido a la importancia, la complejidad y la duración estimada de las obras correspondientes, la planificación deba establecerse desde el principio por un equipo en el que colaboren estrechamente los delegados de los poderes adjudicadores, los expertos y el contratista que tenga a su cargo la ejecución de las obras, se podrá recurrir a un procedimiento especial de adjudicación destinado a elegir el contratista más adecuado para ser integrado en dicho equipo.

En particular, los poderes adjudicadores harán figurar en el anuncio de licitación una descripción de las obras tan exacta como sea posible que permita a los contratistas interesados apreciar debidamente el proyecto por ejecutar. Además, los poderes adjudicadores mencionarán en dicho anuncio de licitación las condiciones personales, técnicas, económicas y financieras que deberán cumplir los candidatos, de acuerdo con los criterios de selección cualitativa contemplados en los artículos 45 a 52.

Cuando hagan uso de este procedimiento, los poderes adjudicadores aplicarán los artículos 2, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 y 45 a 52.

CAPÍTULO VI

Normas de publicidad y de transparencia

Sección 1

Publicación de los anuncios

Artículo 35

Anuncios

1. Los poderes adjudicadores se servirán de un anuncio de información previa, publicado por la Comisión o por ellos mismos sobre su "perfil de comprador", tal como se define en la letra b) del punto 2 del anexo VIII, para dar a conocer:

a) en el caso de los suministros, el valor total estimado de los contratos o de los acuerdos marco, por grupos de productos, que tengan previsto adjudicar durante los doce meses siguientes, cuando el valor total estimado, teniendo en cuenta los artículos 7 y 9, sea igual o superior a 750000 EUR.

Los poderes adjudicadores determinarán los grupos de productos haciendo referencia a las partidas del CPV;

b) en el caso de los servicios, el valor total estimado de los contratos o de los acuerdos marco para cada una de las categorías de servicios enumeradas en el anexo II A que prevean adjudicar en los doce meses siguientes, cuando dicho valor total estimado, teniendo en cuenta los artículos 7 y 9, sea igual o superior a 750000 EUR;

c) en el caso de las obras, las características esenciales de los contratos o de los acuerdos marco que prevean adjudicar y cuyos valores estimados sean iguales o superiores al umbral indicado en el artículo 7, teniendo en cuenta el artículo 9.

Los anuncios a que se refieren las letras a) y b) se enviarán a la Comisión o se publicarán en el perfil de comprador lo antes posible una vez iniciado el ejercicio presupuestario.

El anuncio a que se refiere la letra c) se enviará a la Comisión o se publicará en el perfil de comprador lo antes posible una vez tomada la decisión por la que se autorice el programa en el que figuren los contratos de obras o los acuerdos marco que los poderes adjudicadores proyecten adjudicar.

Los poderes adjudicadores que publiquen el anuncio de información previa sobre su perfil de comprador enviarán a la Comisión, por medios electrónicos con arreglo al formato y a las modalidades de transmisión indicadas en el punto 3 del Anexo VIII, un aviso para comunicar la publicación de un anuncio de información previa sobre un perfil de comprador.

La publicación de los anuncios contemplados en las letras a), b) y c) sólo será obligatoria cuando los poderes adjudicadores recurran a la facultad de reducir los plazos de recepción de las ofertas de conformidad con el apartado 4 del artículo 38.

El presente apartado no se aplicará a los procedimientos negociados sin publicación previa de un anuncio de licitación.

2. Los poderes adjudicadores que deseen adjudicar un contrato público o un acuerdo marco mediante procedimiento abierto, restringido o, en las condiciones previstas en el artículo 30, negociado con publicación de un anuncio de licitación, o, en las condiciones previstas en el artículo 29, un diálogo competitivo, darán a conocer su intención por medio de un anuncio de licitación.

3. Los poderes adjudicadores que deseen aplicar un sistema dinámico de adquisición darán a conocer su intención por medio de un anuncio de licitación.

Los poderes adjudicadores que deseen adjudicar un contrato público basado en un sistema dinámico de adquisición darán a conocer su intención por medio de un anuncio de licitación simplificado.

4. Los poderes adjudicadores que hayan adjudicado un contrato público o celebrado un acuerdo marco enviarán un anuncio sobre los resultados del procedimiento de adjudicación en un plazo máximo de 48 días a partir de la adjudicación del contrato o de la celebración del acuerdo marco.

En el caso de acuerdos marco celebrados con arreglo al artículo 32, los poderes adjudicadores quedarán exentos de la obligación de enviar un anuncio con los resultados de la adjudicación de cada contrato basado en el acuerdo marco.

Los poderes adjudicadores anunciarán el resultado de la adjudicación de los contratos basados en un sistema dinámico de adquisición a más tardar 48 días después de la adjudicación de cada contrato. No obstante, podrán agrupar estos anuncios trimestralmente. En ese caso, enviarán los anuncios agrupados a más tardar 48 días después de acabado el trimestre.

En el caso de los contratos públicos de servicios enumerados en el anexo II B, los poderes adjudicadores indicarán en el anuncio si aceptan su publicación. Para dichos contratos de servicios, la Comisión determinará, con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 77, las normas que regulen la elaboración de informes estadísticos basados en dichos anuncios y la publicación de tales informes.

Determinada información relativa a la adjudicación del contrato o a la celebración del acuerdo marco podrá no ser publicada en el caso de que su divulgación constituya un obstáculo para aplicar la legislación, sea contraria al interés público o perjudique los intereses comerciales legítimos de operadores económicos públicos o privados, o pueda perjudicar la competencia leal entre ellos.

Artículo 36

Redacción y modalidades de publicación de los anuncios

1. Los anuncios contendrán la información mencionada en el anexo VII A y, en su caso, cualquier otra información que el poder adjudicador estime útil, según el formato de los formularios normalizados adoptados por la Comisión con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 77.

2. Los anuncios que los poderes adjudicadores envíen a la Comisión deberán transmitirse ya sea por medios electrónicos, con arreglo al formato y modalidades de transmisión mencionados en el punto 3 del anexo VIII, ya sea por otros medios. En el caso del procedimiento acelerado establecido en el apartado 8 del artículo 38, deberán enviarse los anuncios ya sea por telefax, ya sea por medios electrónicos, con arreglo al formato y modalidades de transmisión mencionados en el punto 3 del anexo VIII.

Los anuncios se publicarán con arreglo a las características técnicas de publicación indicadas en las letras a) y b) del punto 1 del anexo VIII.

3. Los anuncios preparados y enviados por medios electrónicos, con arreglo al formato y modalidades de transmisión que figuran en el punto 3 del anexo VIII, se publicarán en un plazo máximo de cinco días a partir de su envío.

Los anuncios no enviados por medios electrónicos, con arreglo al formato y modalidades de transmisión que figuran en el punto 3 del anexo VIII, se publicarán en un plazo máximo de doce días a partir de su envío o, en el caso del procedimiento acelerado previsto en el apartado 8 del artículo 38, en un plazo máximo de cinco días a partir de su envío.

4. Los anuncios de licitación se publicarán en toda su extensión en una lengua oficial de la Comunidad a elección del poder adjudicador, y ese texto publicado en dicha lengua original será el único auténtico. En las demás lenguas oficiales se publicará un resumen de los puntos importantes de cada anuncio.

Los gastos de publicación de dichos anuncios por parte de la Comisión correrán a cargo de la Comunidad.

5. Los anuncios y su contenido no podrán publicarse a nivel nacional antes de la fecha en que se envíen a la Comisión.

Los anuncios publicados a nivel nacional no incluirán información distinta de la que figure en los anuncios enviados a la Comisión o de la que se haya publicado sobre un perfil de comprador de conformidad con el párrafo primero del apartado 1 del artículo 35, y deberán mencionar la fecha de envío del anuncio a la Comisión o de la publicación sobre el perfil de comprador.

Los anuncios de información previa no podrán publicarse sobre un perfil de comprador antes de que se envíe a la Comisión el anuncio de su publicación en la citada forma, y deberán mencionar la fecha de dicho envío.

6. El contenido de los anuncios que no se envíen por medios electrónicos con arreglo a lo dispuesto en el formato y modalidades de transmisión previstas en el punto 3 del Anexo VIII se limitará a aproximadamente 650 palabras.

7. Los poderes adjudicadores deberán poder demostrar la fecha de envío de los anuncios.

8. La Comisión entregará al poder adjudicador una confirmación de la publicación de la información enviada, en la que se mencione la fecha de dicha publicación. Esta confirmación constituirá una prueba de publicación.

Artículo 37

Publicación no obligatoria

Los poderes adjudicadores podrán publicar, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 36, anuncios relativos a contratos públicos que no estén sometidos a una publicación obligatoria prevista en la presente Directiva.

Sección 2

Plazos

Artículo 38

Plazos de recepción de las solicitudes de participación y de las ofertas

1. Al fijar los plazos de recepción de las ofertas y solicitudes de participación, los poderes adjudicadores tendrán en cuenta, en particular, la complejidad del contrato y el tiempo necesario para preparar las ofertas, sin perjuicio de los plazos mínimos establecidos en el presente artículo.

2. En los procedimientos abiertos, el plazo mínimo de recepción de las ofertas será de 52 días a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación.

3. En los procedimientos restringidos y en los procedimientos negociados con publicación de anuncio de licitación contemplados en el artículo 30 y en caso de que se recurra al diálogo competitivo:

a) el plazo mínimo de recepción de las solicitudes de participación será de 37 días a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación;

b) en los procedimientos restringidos, el plazo mínimo de recepción de las ofertas será de 40 días a partir de la fecha de envío de la invitación.

4. En los casos en que los poderes adjudicadores hayan publicado un anuncio de información previa, el plazo mínimo para la recepción de las ofertas con arreglo al apartado 2 y a la letra b) del apartado 3 podrá acortarse, por regla general, a 36 días, pero en ningún caso podrá ser inferior a 22 días.

Dicho plazo contará a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación en los procedimientos abiertos y de la fecha de envío de la invitación a presentar una oferta en los procedimientos restringidos.

El plazo reducido contemplado en el párrafo primero se admitirá siempre y cuando el anuncio de información previa incluya toda la información exigida para el anuncio de licitación que figura en el anexo VII A, a condición de que dichas informaciones estén disponibles en el momento de la publicación del anuncio, y que este anuncio de información previa haya sido enviado para su publicación un mínimo de 52 días y un máximo de 12 meses antes de la fecha de envío del anuncio de licitación.

5. Cuando los anuncios se preparen y envíen por medios electrónicos con arreglo al formato y modalidades de envío indicados en el punto 3 del anexo VIII, se podrán reducir en siete días los plazos de recepción de las ofertas contemplados en los apartados 2 y 4, para los procedimientos abiertos, y el plazo de recepción de las solicitudes de participación contemplado en la letra a) del apartado 3 para los procedimientos restringidos y negociados y en caso de que se recurra al diálogo competitivo.

6. Será posible reducir en 5 días los plazos de recepción de las ofertas mencionados en el apartado 2 y en la letra b) del apartado 3 cuando el poder adjudicador ofrezca acceso sin restricción, directo y completo por medios electrónicos, a partir de la fecha de publicación del anuncio con arreglo lo dispuesto en el Anexo VIII, al pliego de condiciones y a cualquier documentación complementaria, especificando en el texto del anuncio la dirección de Internet en la que dicha documentación pueda consultarse.

Esta reducción se podrá sumar a la prevista en el apartado 5.

7. Cuando, por el motivo que sea, los pliegos de condiciones y la documentación o la información complementaria, a pesar de haberse solicitado a su debido tiempo, no se hayan proporcionado en los plazos fijados en los artículos 39 y 40 o cuando las ofertas solamente puedan realizarse después de una visita sobre el terreno o previa consulta in situ de la documentación que se adjunte al pliego de condiciones, los plazos para la recepción de ofertas se prorrogarán de forma que todos los operadores económicos afectados puedan tener conocimiento de toda la información necesaria para formular las ofertas.

8. En los procedimientos restringidos y en los negociados con publicación de anuncio de licitación contemplados en el artículo 30, cuando la urgencia haga impracticables los plazos mínimos previstos en el presente artículo, los poderes adjudicadores podrán fijar:

a) un plazo para la recepción de las solicitudes de participación que no podrá ser inferior a 15 días a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación o a 10 días si el anuncio se envía por medios electrónicos, con arreglo al formato y las modalidades de transmisión indicados en el punto 3 del anexo VIII;

b) y, en el caso de procedimientos restringidos, un plazo de recepción de las ofertas que no podrá ser inferior a 10 días a partir de la fecha de envío de la invitación a licitar.

Artículo 39

Procedimientos abiertos: pliegos de condiciones, documentos e información complementaria

1. En los procedimientos abiertos, cuando los poderes adjudicadores no den, por medios electrónicos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 38, acceso sin restricción, directo y completo al pliego de condiciones y a cualquier documentación complementaria, el pliego de condiciones y la documentación complementaria, se enviarán a los operadores económicos en un plazo de 6 días a partir de la recepción de la solicitud, siempre y cuando dicha solicitud se haya realizado a su debido tiempo antes de la fecha de presentación de las ofertas.

2. Los poderes adjudicadores o los servicios competentes deberán facilitar la información complementaria sobre los pliegos de condiciones y la documentación complementaria a más tardar 6 días antes de la fecha límite fijada para la recepción de ofertas, siempre que se haya solicitado con la debida antelación.

Sección 3

Contenido y medios para enviar la información

Artículo 40

Invitaciones a presentar ofertas, a participar en el diálogo o a negociar

1. En los procedimientos restringidos, en el diálogo competitivo y en los procedimientos negociados con publicación de anuncio de licitación a efectos del artículo 30, los poderes adjudicadores invitarán al mismo tiempo y por escrito a los candidatos seleccionados a presentar sus ofertas o a negociar o, en el diálogo competitivo, a participar en el diálogo.

2. La invitación a los candidatos incluirá:

- o bien un ejemplar del pliego de condiciones o del documento descriptivo y de cualquier documentación complementaria,

- o bien la indicación del acceso al pliego de condiciones y a los demás documentos indicados en el primer guión cuando se hayan puesto directamente a su disposición por medios electrónicos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 38.

3. Cuando una entidad distinta del poder adjudicador responsable del procedimiento de adjudicación disponga del pliego de condiciones, del documento descriptivo o de la documentación complementaria, la invitación precisará la dirección del servicio al que puedan solicitarse el pliego de condiciones, el documento descriptivo, la documentación y, en su caso, la fecha límite para realizar dicha solicitud, así como el importe y las modalidades de pago de la cantidad que haya que abonar para obtener la documentación. Los servicios competentes remitirán dicha documentación sin demora a los operadores económicos tras la recepción de su solicitud.

4. Los poderes adjudicadores o los servicios competentes deberán facilitar la información complementaria sobre los pliegos de condiciones, el documento descriptivo o la documentación complementaria a más tardar 6 días antes de la fecha límite fijada para la recepción de ofertas, siempre que se hayan solicitado con la debida antelación. En caso de procedimiento restringido o negociado acelerado, este plazo será de 4 días.

5. Por otra parte, la invitación a presentar una oferta, a participar en el diálogo o a negociar incluirá al menos los siguientes datos:

a) una referencia al anuncio de licitación publicado;

b) la fecha límite para la recepción de ofertas, la dirección a la que deban enviarse y la lengua o lenguas en que deban estar redactadas;

c) en el diálogo competitivo, la fecha fijada, la dirección para el inicio de la fase de consulta y la lengua o lenguas utilizadas;

d) la indicación de los documentos que, en su caso, se deban adjuntar, ya sea en apoyo de las declaraciones verificables hechas por el candidato con arreglo al artículo 44, ya sea como complemento a la información prevista en dicho artículo y en las mismas condiciones que las previstas en los artículos 47 y 48;

e) la ponderación relativa de los criterios de adjudicación del contrato o, en su caso, el orden decreciente de importancia de dichos criterios, si no figuran en el anuncio de licitación, en el pliego de condiciones o en el documento descriptivo.

Sin embargo, en el caso de los contratos adjudicados según las normas previstas en el artículo 29, las informaciones previstas en la letra b) del presente apartado no figurarán en la invitación a participar en el diálogo, sino que se indicarán en la invitación a presentar una oferta.

Artículo 41

Información a los candidatos y a los licitadores

1. Los poderes adjudicadores informarán cuanto antes a los candidatos y licitadores sobre las decisiones tomadas en relación con la celebración de un contrato marco, con la adjudicación del contrato o con la admisión a un sistema dinámico de adquisición, incluidos los motivos por los que hayan decidido renunciar a celebrar un acuerdo marco, a adjudicar un contrato para el que se haya efectuado una convocatoria de licitación y volver a iniciar el procedimiento, o a aplicar un sistema dinámico de adquisición; esta información se facilitará por escrito en caso de que así se solicite a los poderes adjudicadores.

2. A petición de la parte interesada, el poder adjudicador comunicará cuanto antes:

- a todos los candidatos descartados, las razones por las que se haya desestimado su candidatura;

- a todos los licitadores descartados, las razones por las que se haya desestimado su oferta, incluidos, en los casos contemplados en los apartados 4 y 5 del artículo 23, los motivos de su decisión de no equivalencia o de su decisión de que las obras, suministros o servicios no se ajustan a las prescripciones de rendimiento o a las exigencias funcionales requeridas;

- a todo licitador que haya hecho una oferta admisible, las características y ventajas relativas de la oferta seleccionada, así como el nombre del adjudicatario o las partes en el acuerdo marco.

El plazo para llevar a cabo esta comunicación no podrá en ningún caso sobrepasar los quince días a partir de la recepción de una solicitud escrita.

3. No obstante, los poderes adjudicadores podrán decidir no comunicar determinados datos sobre la adjudicación de los contratos, la celebración de los acuerdos marco o la admisión a un sistema dinámico de adquisición, mencionados en el apartado 1, cuando su difusión pudiera obstaculizar la aplicación de la ley, ser contraria al interés público o perjudicar los intereses comerciales legítimos de operadores económicos públicos o privados, o perjudicar la competencia leal entre ellos.

Sección 4

Comunicaciones

Artículo 42

Normas aplicables a las comunicaciones

1. Todas las comunicaciones y todos los intercambios de información a los que se refiere el presente Título podrán hacerse, a elección de los poderes adjudicadores, por carta, por telefax o por vía electrónica con arreglo a los apartados 4 y 5, por teléfono en los casos y condiciones contemplados en el apartado 6, o mediante una combinación de dichos medios.

2. Los medios de comunicación elegidos deberán estar disponibles de forma general y, por tanto, no deberán restringir el acceso de los operadores económicos al procedimiento de adjudicación.

3. Las comunicaciones, los intercambios y el almacenamiento de información se realizarán de modo que se garantice la protección de la integridad de los datos y la confidencialidad de las ofertas y de las solicitudes de participación y que los poderes adjudicadores no conocerán el contenido de las ofertas y de las solicitudes de participación hasta que expire el plazo previsto para su presentación.

4. Los instrumentos que deberán utilizarse para la comunicación por medios electrónicos, así como sus características técnicas, deberán ser no discriminatorios, estar a disposición del público y ser compatibles con las tecnologías de la información y la comunicación de uso general.

5. Para los dispositivos de transmisión y recepción electrónica de las ofertas y los dispositivos de recepción electrónica de las solicitudes de participación se aplicarán las normas siguientes:

a) la información relativa a las especificaciones necesarias para la presentación electrónica de las ofertas y solicitudes de participación, incluido el cifrado, deberá estar a disposición de todas las partes interesadas. Además, los dispositivos de recepción electrónica de las ofertas y de las solicitudes de participación deberán ser conformes con los requisitos del anexo X;

b) con arreglo al artículo 5 de la Directiva 1999/93/CE, los Estados miembros podrán exigir que las ofertas transmitidas por vía electrónica vayan acompañadas de una firma electrónica avanzada de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 de dicho artículo;

c) los Estados miembros podrán crear o mantener regímenes voluntarios de acreditación encaminados a mejorar el nivel del servicio de certificación de dichos dispositivos;

d) los licitadores o los candidatos se comprometerán a presentar los documentos, certificados, y declaraciones mencionados en los artículos 45 a 50 y en el artículo 52, en caso de que no estén disponibles en forma electrónica, antes de que expire el plazo previsto para la presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

6. Las normas siguientes serán de aplicación al envío de las solicitudes de participación:

a) las solicitudes de participación en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos podrán hacerse por escrito o por teléfono;

b) cuando las solicitudes de participación se hagan por teléfono, deberá remitirse una confirmación por escrito antes de que expire el plazo fijado para su recepción;

c) los poderes adjudicadores podrán exigir que las solicitudes de participación enviadas por telefax sean confirmadas por correo o por medios electrónicos cuando ello sea necesario para la prueba jurídica. Cualquier exigencia de ese tipo, así como el plazo para su cumplimiento, deberá ser indicada por los poderes adjudicadores en el anuncio de licitación.

Sección 5

Informes escritos

Artículo 43

Contenido de los informes escritos

Respecto de todo contrato, todo acuerdo marco y todo establecimiento de un sistema dinámico de adquisición, los poderes adjudicadores elaborarán un informe escrito, en el que se incluirá como mínimo la siguiente información:

a) nombre y dirección del poder adjudicador, objeto e importe del contrato, del acuerdo marco o del sistema dinámico de adquisición;

b) nombres de los candidatos o licitadores seleccionados y motivos que justifican su selección;

c) nombres de los candidatos o licitadores excluidos y motivos que justifican su exclusión;

d) motivos por los que se hayan rechazado ofertas que se consideren anormalmente bajas;

e) nombre del adjudicatario y motivos por los que se ha elegido su oferta, así como, si se conoce, la parte del contrato o del acuerdo marco que el adjudicatario tenga previsto subcontratar con terceros;

f) por lo que respecta a los procedimientos negociados, las circunstancias contempladas en los artículos 30 y 31 que justifiquen el recurso a dichos procedimientos;

g) por lo que respecta al diálogo competitivo, las circunstancias contempladas en el artículo 29 que justifiquen el recurso a dicho procedimiento;

h) en su caso, los motivos por los que el poder adjudicador haya renunciado a adjudicar un contrato, un acuerdo marco o a establecer un sistema dinámico de adquisición.

Los poderes adjudicadores tomarán las medidas adecuadas para documentar el desarrollo de los procedimientos de adjudicación realizados por medios electrónicos.

El informe escrito, o sus principales puntos, se comunicará a la Comisión cuando ésta así lo solicite.

CAPÍTULO VII

Desarrollo del procedimiento

Sección 1

Disposiciones generales

Artículo 44

Verificación de la aptitud y selección de los participantes, adjudicación de los contratos

1. La adjudicación de los contratos se realizará basándose en los criterios previstos en los artículos 53 y 55, habida cuenta del artículo 24, previa verificación de la aptitud de los operadores económicos que no hayan sido excluidos en virtud de los artículos 45 y 46. Dicha verificación se llevará a cabo por parte de los poderes adjudicadores de conformidad con los criterios de capacidad económica y financiera y de conocimientos o capacidades profesionales y técnicas contemplados en los artículos 47 a 52, y, en su caso, con las normas y criterios no discriminatorios mencionados en el apartado 3.

2. Los poderes adjudicadores podrán exigir los niveles mínimos de capacidades con arreglo a los artículos 47 y 48, que los candidatos y licitadores deben reunir.

El alcance de la información contemplada en los artículos 47 y 48 y los niveles mínimos de capacidad exigidos para un contrato determinado deberán estar vinculados y ser proporcionales al objeto del contrato.

Dichos niveles mínimos se indicarán en el anuncio de licitación.

3. En los procedimientos restringidos, los procedimientos negociados con publicación de anuncio de licitación y en el diálogo competitivo, los poderes adjudicadores podrán limitar el número de candidatos adecuados a los que se invitará a presentar ofertas, negociar o dialogar, siempre que haya un número suficiente de candidatos adecuados. Los poderes adjudicadores indicarán en el anuncio de licitación los criterios o normas objetivos y no discriminatorios que piensan utilizar, el número mínimo de candidatos que tienen intención de invitar y, en su caso, el número máximo.

En el procedimiento restringido, el número mínimo será de cinco. En el procedimiento negociado con publicación de anuncio de licitación y en el diálogo competitivo, el número mínimo será de tres. En cualquier caso, el número de candidatos invitados deberá ser suficiente para garantizar una competencia real.

Los poderes adjudicadores invitarán a un número de candidatos al menos igual al número mínimo de candidatos fijado previamente. Cuando el número de candidatos que cumplen los criterios de selección y los niveles mínimos sea inferior al número mínimo, el poder adjudicador podrá seguir adelante con el procedimiento invitando al candidato o candidatos que reúnan las capacidades exigidas. El poder adjudicador no podrá incluir en el mismo procedimiento a otros operadores económicos que no hayan solicitado participar en el mismo, o a otros candidatos que no posean las capacidades exigidas.

4. Cuando los poderes adjudicadores hagan uso de la facultad de restringir el número de soluciones que hayan de examinarse o de ofertas que haya que negociar, facultad prevista en el apartado 4 del artículo 29 y en el apartado 4 del artículo 30, lo harán aplicando los criterios de adjudicación indicados en el anuncio de licitación, en el pliego de condiciones o en el documento descriptivo. En la fase final, el número de soluciones deberá permitir que se garantice una competencia real, siempre que haya un número suficiente de soluciones o de candidatos adecuados.

Sección 2

Criterios de selección cualitativa

Artículo 45

Situación personal del candidato o del licitador

1. Quedará excluido de la participación en un contrato público cualquier candidato o licitador que haya sido condenado mediante sentencia firme, de la que tiene conocimiento el poder adjudicador, por uno o varios de los motivos que a continuación se enumeran:

a) participación en una organización delictiva, tal y como se define en el apartado 1 del artículo 2 de la Acción Común 98/773/JAI del Consejo(20);

b) corrupción, tal y como se define, respectivamente, en el artículo 3 del acto del Consejo de 26 de mayo de 1997(21) y en el apartado 1 del artículo 3 de la Acción Común 98/742/JAI del Consejo(22);

c) fraude, según el artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas(23);

d) blanqueo de capitales, tal y como se define en el artículo 1 de la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales(24).

Los Estados miembros precisarán, de conformidad con su Derecho nacional y respetando el Derecho comunitario, las condiciones de aplicación del presente apartado.

Podrán establecer una excepción respecto a la obligación contemplada en el párrafo primero por necesidades imperativas de interés general.

Para la aplicación del presente apartado, los poderes adjudicadores solicitarán, en su caso, a los candidatos o licitadores que presenten los documentos a que se refiere el apartado 3 y, cuando tengan dudas sobre la situación personal de éstos, podrán dirigirse a las autoridades competentes para obtener la información que consideren necesaria sobre la situación personal de dichos candidatos o licitadores. Cuando la información se refiera a un candidato o licitador establecido en un Estado distinto del Estado del poder adjudicador, éste podrá solicitar la cooperación de las autoridades competentes. Con arreglo a la legislación nacional del Estado miembro en el que estén establecidos los candidatos o licitadores, dichas solicitudes se referirán a personas jurídicas y físicas, incluidos, en su caso, los jefes de empresa o cualquier persona que ejerza poderes de representación, decisión o control en el seno de las empresas del candidato o licitador.

2. Podrá ser excluido de la participación en el contrato todo operador económico:

a) que se encuentre en estado de quiebra, de liquidación, de cese de actividades, de intervención judicial o de concurso de acreedores, o en cualquier situación análoga a resultas de un procedimiento de la misma naturaleza que exista en las normas legales y reglamentarias nacionales;

b) que sea objeto de un procedimiento de declaración de quiebra, de liquidación, de intervención judicial, de concurso de acreedores o de cualquier otro procedimiento de la misma naturaleza que exista en las normas legales y reglamentarias nacionales;

c) que haya sido condenado por sentencia con autoridad de cosa juzgada según las disposiciones legales del país y en la que se aprecie un delito que afecte a su moralidad profesional;

d) que haya cometido una falta grave en materia profesional, que pueda ser comprobada por cualquier medio que los poderes adjudicadores puedan justificar;

e) que no esté al corriente en sus obligaciones relativas al pago de las cotizaciones de la seguridad social, según las disposiciones legales del país en el que esté establecido o las del país del poder adjudicador;

f) que no haya cumplido sus obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones legales del país en el que esté establecido o las del país del poder adjudicador;

g) que se le considere gravemente culpable de hacer declaraciones falsas al proporcionar la información exigida en aplicación de la presente Sección o que no haya proporcionado dicha información.

Los Estados miembros precisarán, de conformidad con su Derecho nacional y respetando el Derecho comunitario, las condiciones de aplicación del presente apartado.

3. Los poderes adjudicadores aceptarán como prueba suficiente de que el operador económico no está incurso en los casos a los que se refieren el apartado 1 y las letras a), b), c), e) y f) del apartado 2:

a) respecto del apartado 1 y de las letras a), b) y c) del apartado 2, un certificado de antecedentes penales o, en su defecto, un documento equivalente expedido por una autoridad judicial o administrativa competente del país de origen o de procedencia que acredite que cumple los citados requisitos;

b) respecto de las letras e) ó f) del apartado 2, un certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro en cuestión.

Cuando el país de que se trate no expida el certificado o documento o cuando éstos no mencionen todos los casos contemplados en el apartado 1 y en las letras a), b) o c) del apartado 2, los certificados o documentos podrán ser sustituidos por una declaración jurada o, en los Estados miembros en los que no exista tal declaración, por una declaración solemne hecha por el interesado ante una autoridad judicial o administrativa competente, un notario o un organismo profesional competente del país de origen o de procedencia.

4. Los Estados miembros designarán a las autoridades y organismos competentes para expedir los documentos, certificados y declaraciones a que se refiere el apartado 3, e informarán de ello a la Comisión. Esta comunicación se entiende sin perjuicio del derecho aplicable en materia de protección de datos.

Artículo 46

Habilitación para ejercer la actividad profesional

A todo operador económico que desee participar en un contrato público podrá exigírsele que demuestre su inscripción en un registro profesional o mercantil o que presente una declaración jurada o un certificado, como los precisados en el anexo IX A para los contratos públicos de obra, en el anexo IX B para los contratos públicos de suministro y en el anexo IX C para los contratos públicos de servicios, y con arreglo a las condiciones previstas en el Estado miembro en que esté establecido.

En los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de servicios, cuando los candidatos o licitadores necesiten una autorización especial o pertenecer a una determinada organización para poder prestar en su país de origen el servicio de que se trate, el poder adjudicador podrá exigirles que demuestren estar en posesión de dicha autorización o que pertenecen a dicha organización.

Artículo 47

Capacidad económica y financiera

1. En general, la justificación de la capacidad económica y financiera del operador económico podrá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:

a) declaraciones apropiadas de bancos o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales;

b) la presentación de balances o de extractos de balances, en el supuesto de que la publicación de los mismos sea obligatoria en la legislación del país en el que el operador económico esté establecido;

c) una declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades de que es objeto el contrato, correspondiente como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del operador económico, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

2. En su caso, y para un contrato determinado, el operador económico podrá basarse en las capacidades de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas. En tal caso, deberá demostrar ante el poder adjudicador que dispondrá de los medios necesarios, por ejemplo, mediante la presentación del compromiso de dichas entidades a tal efecto.

3 En las mismas condiciones, las agrupaciones de operadores económicos a que hace referencia el artículo 4 podrán basarse en las capacidades de los participantes en las agrupaciones o de otras entidades.

4. Los poderes adjudicadores precisarán, en el anuncio de licitación o en la invitación a licitar, qué referencia o referencias de las contempladas en el apartado 1 han elegido, así como cualquier otra referencia probatoria que se deba presentar.

5. Si, por una razón justificada, el operador económico no está en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el poder adjudicador, se le autorizará a acreditar su capacidad económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado.

Artículo 48

Capacidad técnica y profesional

1. Las capacidades técnicas y profesionales de los operadores económicos se evaluarán y comprobarán de conformidad con los apartados 2 y 3.

2. Las capacidades técnicas de los operadores económicos podrán acreditarse por uno o más de los medios siguientes, según la naturaleza, la cantidad o envergadura y la utilización de las obras, de los suministros o de los servicios:

a) i) presentación de la lista de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al poder adjudicador por la autoridad competente;

ii) presentación de una relación de los principales suministros o de los principales servicios efectuados durante los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado. Los suministros y las prestaciones de servicios se demostrarán:

- cuando el destinatario sea un poder adjudicador, mediante los certificados expedidos o visados por la autoridad competente;

- cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado del comprador o, a falta de este certificado, simplemente mediante una declaración del operador económico;

b) indicación del personal técnico u organismos técnicos, ya estén integrados o no en la empresa del operador económico, y especialmente los responsables del control de la calidad y, cuando se trate de contratos públicos de obras, aquellos de los que disponga el empresario para la ejecución de la obra;

c) descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el proveedor o el prestador de servicios para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de su empresa;

d) cuando los productos o servicios que se vayan a suministrar sean complejos o si, excepcionalmente, deben responder a un fin particular, mediante un control realizado por el poder adjudicador o, en su nombre, por un organismo oficial competente del país en el que esté establecido el proveedor o el prestador de servicios, siempre que medie acuerdo de dicho organismo; este control versará sobre la capacidad de producción del proveedor o sobre la capacidad técnica del prestador de los servicios y, si fuere necesario, sobre los medios de estudio y de investigación con que cuenta, así como sobre las medidas que adopte para controlar la calidad;

e) indicación de los títulos de estudios y profesionales del prestador de servicios o del empresario o de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de la prestación de los servicios o de la ejecución de las obras;

f) para los contratos públicos de obras y de servicios indicando, únicamente en los casos adecuados, las medidas de gestión medioambiental que el operador económico podrá aplicar al ejecutar el contrato;

g) declaración que indique la plantilla media anual del prestador de servicios o del empresario y la importancia del personal directivo durante los tres últimos años;

h) declaración sobre la maquinaria, el material y el equipo técnico del que dispondrá el prestador de servicios o el empresario para ejecutar el contrato;

i) indicación de la parte del contrato que el prestador de servicios tiene eventualmente el propósito de subcontratar;

j) en lo referente a los productos que se deban suministrar:

i) adjuntando muestras, descripciones o fotografías de los mismos, cuya autenticidad pueda certificarse a solicitud del poder adjudicador;

ii) presentando certificados expedidos por institutos o servicios oficiales encargados del control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas.

3. En su caso, y para un contrato determinado, el operador económico podrá basarse en las capacidades de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas. En tal caso, deberá demostrar ante el poder adjudicador que dispondrá de los medios necesarios para la ejecución del contrato, por ejemplo, mediante la presentación del compromiso de dichas entidades de poner a disposición del operador económico los medios necesarios.

4. En las mismas condiciones, las agrupaciones de operadores económicos a que hace referencia el artículo 4 podrán basarse en las capacidades de los participantes en las agrupaciones o de otras entidades.

5. En los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro que requieran obras de colocación o instalación, la prestación de servicios y/o la ejecución de obras, la capacidad de los operadores económicos para prestar dichos servicios o ejecutar dicha instalación u obras podrá evaluarse teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.

6. El poder adjudicador deberá precisar en el anuncio o en la invitación a licitar cuáles de los medios mencionados en el apartado 2 pretende obtener.

Artículo 49

Normas de garantía de la calidad

Cuando los poderes adjudicadores exijan la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el operador económico cumple determinadas normas de garantía de la calidad, deberán hacer referencia a los sistemas de aseguramiento de la calidad basados en la serie de normas europeas en la materia, certificados por organismos conformes a las series de normas europeas relativas a la certificación. Los poderes adjudicadores reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en otros Estados miembros. También aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad que presenten los operadores económicos.

Artículo 50

Normas de gestión medioambiental

Cuando, en los casos contemplados en la letra f) del apartado 2 del artículo 48, los poderes adjudicadores exijan la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el operador económico cumple determinadas normas de gestión medioambiental, se remitirán al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) o a las normas de gestión medioambiental basadas en las normas europeas o internacionales en la materia y certificadas por organismos conformes a la legislación comunitaria o a las normas europeas o internacionales relativas a la certificación. Los poderes adjudicadores reconocerán certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en otros Estados miembros. También aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de gestión medioambiental que presenten los operadores económicos.

Artículo 51

Documentación e información complementaria

El poder adjudicador podrá invitar a los operadores económicos a que completen o hagan más explícitos los certificados y documentos presentados en aplicación de los artículos 45 a 50.

Artículo 52

Listas oficiales de operadores económicos autorizados y certificación por parte de organismos de Derecho público o privado

1. Los Estados miembros podrán establecer listas oficiales de empresarios, proveedores o prestadores de servicios autorizados o una certificación por parte de organismos de certificación públicos o privados.

Los Estados miembros adaptarán las condiciones de inscripción en dichas listas y las de expedición de certificados por parte de organismos de certificación al apartado 1 y a las letras a) a d) y g) del apartado 2 del artículo 45, al artículo 46, a los apartados 1, 4 y 5 del artículo 47 y a los apartados 1, 2, 5 y 6 del artículo 48 y al artículo 49 y, si procede, al artículo 50.

Los Estados miembros las adaptarán asimismo al apartado 2 del artículo 47 y al apartado 3 del artículo 48 en relación con las solicitudes de inscripción presentadas por los operadores económicos que formen parte de un grupo y utilicen los medios puestos a su disposición por las demás sociedades del grupo. Estos operadores deberán en este caso probar a la autoridad que establece la lista oficial que disponen de dichos medios durante toda la validez del certificado que acredite su inscripción en la lista oficial, y que dichas sociedades siguen cumpliendo durante ese mismo periodo los requisitos en materia de selección cualitativa, previstos en los artículos a los que se refiere el párrafo segundo, a que se acogen dichos operadores para su inscripción.

2. Los operadores económicos inscritos en listas oficiales o que cuenten con un certificado podrán presentar a los poderes adjudicadores, con ocasión de cada contrato, un certificado de inscripción expedido por la autoridad competente o el certificado expedido por el organismo de certificación competente. Dichos certificados mencionarán las referencias que hayan permitido su inscripción en la lista o la certificación, así como la clasificación obtenida.

3. La inscripción en las listas oficiales certificada por los organismos competentes o el certificado expedido por el organismo de certificación constituirá para los poderes adjudicadores de los demás Estados miembros una presunción de aptitud únicamente con respecto al apartado 1 y a las letras a) a d) y g) del apartado 2 del artículo 45, al artículo 46, a las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 47 y al inciso i) de la letra a) y a las letras b), e), g) y h) del apartado 2 del artículo 48 para los contratistas, al inciso ii) de la letra a) y a las letras b), c), d) y j) del apartado 2 del artículo 48 para los proveedores y al inciso ii) de la letra a) y a las letras c) a i) del apartado 2 del artículo 48 para los prestadores de servicios.

4. No podrá cuestionarse sin justificación la información deducible de la inscripción en las listas oficiales o de la certificación. Se podrá exigir una certificación suplementaria en lo que se refiere al pago de las cotizaciones a la seguridad social y al pago de los impuestos y gravámenes de cualquier operador económico inscrito, con ocasión de cada contrato.

Los poderes adjudicadores de los demás Estados miembros aplicarán el apartado 3 y el párrafo primero del presente apartado sólo a los operadores económicos establecidos en el Estado miembro que haya elaborado la lista oficial.

5. Para la inscripción de los operadores económicos de los demás Estados miembros en una lista oficial o para su certificación por parte de los organismos mencionados en el apartado 1, no se podrá exigir más pruebas o declaraciones que las solicitadas a los operadores económicos nacionales y, en todo caso, únicamente las previstas en los artículos 45 a 49 y, si procede, el artículo 50.

No obstante, una inscripción o certificación de este tipo no podrá imponerse a los operadores económicos de los demás Estados miembros con vistas a su participación en un contrato público. Los poderes adjudicadores reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en otros Estados miembros. Aceptarán asimismo otros medios de prueba equivalentes.

6. Los operadores económicos podrán solicitar en todo momento su inscripción en una lista oficial o la expedición del certificado. Deberán ser informados en un plazo razonablemente corto de la decisión de la autoridad que establezca la lista o del organismo de certificación competente.

7. Los organismos de certificación a que hace referencia el apartado 1 serán organismos que responden a las normas europeas en materia de certificación.

8. Los Estados miembros que tengan listas oficiales u organismos de certificación contemplados en el apartado 1 deberán comunicar a la Comisión y a los demás Estados miembros la dirección del organismo al que deban dirigirse las solicitudes de inscripción.

Sección 3

Adjudicación del contrato

Artículo 53

Criterios de adjudicación del contrato

1. Sin perjuicio de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales relativas a la remuneración de determinados servicios, los criterios en que se basarán los poderes adjudicadores para adjudicar los contratos públicos serán:

a) bien, cuando el contrato se adjudique a la oferta económicamente más ventajosa desde el punto de vista del poder adjudicador, distintos criterios vinculados al objeto del contrato público de que se trate: por ejemplo, la calidad, el precio, el valor técnico, las características estéticas y funcionales, las características medioambientales, el coste de funcionamiento, la rentabilidad, el servicio posventa y la asistencia técnica, la fecha de entrega y el plazo de entrega o de ejecución;

b) o bien solamente el precio más bajo.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tercero, en el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1, el poder adjudicador precisará en el anuncio de licitación, en el pliego de condiciones o, en el caso del diálogo competitivo, en el documento descriptivo, la ponderación relativa que atribuya a cada uno de los criterios elegidos para determinar la oferta económicamente más ventajosa.

Esta ponderación podrá expresarse fijando una banda de valores que deberá tener una amplitud máxima adecuada.

Cuando, en opinión del poder adjudicador, la ponderación no sea posible por razones demostrables, éste indicará en el anuncio de licitación, en el pliego de condiciones o, en el caso del diálogo competitivo, en el documento descriptivo, el orden decreciente de importancia de los criterios.

Artículo 54

Utilización de subastas electrónicas

1. Los Estados miembros podrán prever la posibilidad de que los poderes adjudicadores apliquen subastas electrónicas.

2. En los procedimientos abiertos, restringidos o negociados, en el caso contemplado en la letra a) del apartado 1 del artículo 30, los poderes adjudicadores podrán decidir que se efectúe una subasta electrónica previa a la adjudicación de un contrato público cuando las especificaciones de dicho contrato puedan establecerse de manera precisa.

En las mismas condiciones, podrá utilizarse la subasta electrónica cuando se convoque a una nueva licitación a las partes en un acuerdo marco con arreglo al segundo guión del párrafo segundo del apartado 4 del artículo 32, o a una licitación en el marco del sistema dinámico de adquisición contemplado en el artículo 33.

La subasta electrónica se basará:

- o bien únicamente en los precios, cuando el contrato se adjudique al precio más bajo;

- o bien en los precios y/o en los valores de los elementos de las ofertas indicados en el pliego de condiciones, cuando el contrato se adjudique a la oferta económicamente más ventajosa.

3. Los poderes adjudicadores que decidan recurrir a una subasta electrónica harán mención de ello en el anuncio de licitación.

El pliego de condiciones incluirá, entre otras, la siguiente información:

a) los elementos a cuyos valores se refiere la subasta electrónica, siempre que sean cuantificables y puedan ser expresados en cifras o porcentajes;

b) en su caso, los límites de los valores que podrán presentarse, tal como resultan de las especificaciones del objeto del contrato;

c) la información que se pondrá a disposición de los licitadores durante la subasta electrónica y el momento en que, en su caso, dispondrán de dicha información;

d) la información pertinente sobre el desarrollo de la subasta electrónica;

e) las condiciones en las que los licitadores podrán pujar, y en particular las diferencias mínimas que se exigirán, en su caso, para pujar;

f) la información pertinente sobre el dispositivo electrónico utilizado y sobre las modalidades y especificaciones técnicas de conexión.

4. Antes de proceder a la subasta electrónica, los poderes adjudicadores procederán a una primera evaluación completa de las ofertas de conformidad con el (los) criterio(s) de adjudicación y con su ponderación, tal como se hayan establecido.

Se invitará simultáneamente por medios electrónicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a que presenten nuevos precios y/o nuevos valores; la invitación incluirá toda la información pertinente para la conexión individual al dispositivo electrónico utilizado y precisará la fecha y la hora de comienzo de la subasta electrónica. La subasta electrónica podrá desarrollarse en varias fases sucesivas. La subasta electrónica sólo podrá comenzar como mínimo transcurridos dos días hábiles a contar desde la fecha de envío de las invitaciones.

5. Cuando el contrato vaya a adjudicarse a la oferta económicamente más ventajosa, la invitación irá acompañada del resultado de la evaluación completa de la oferta del licitador de que se trate, efectuada con arreglo a la ponderación contemplada en el párrafo primero del apartado 2 del artículo 53.

La invitación indicará asimismo la fórmula matemática en virtud de la cual se establecerán durante la subasta electrónica las reclasificaciones automáticas en función de los nuevos precios y/o de los nuevos valores presentados. Dicha fórmula incorporará la ponderación de todos los criterios fijados para determinar la oferta económicamente más ventajosa, tal como se haya indicado en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones; para ello, las eventuales bandas de valores deberán expresarse previamente con un valor determinado.

En caso de que se autoricen variantes, deberán proporcionarse fórmulas distintas para cada variante.

6. A lo largo de cada una de las fases de la subasta electrónica, los poderes adjudicadores comunicarán a todos los licitadores de forma continua e instantánea como mínimo la información que les permita conocer en todo momento su respectiva clasificación. Podrán comunicar también otros datos relativos a otros precios o valores presentados, siempre que ello esté contemplado en el pliego de condiciones. Podrán asimismo anunciar en todo momento el número de participantes en la fase en que se halle la subasta. No obstante, en ningún caso podrán divulgar la identidad de los licitadores durante el desarrollo de la subasta electrónica.

7. Los poderes adjudicadores cerrarán la subasta electrónica de conformidad con una o varias de las siguientes modalidades:

a) indicando la fecha y la hora fijadas previamente en la invitación a participar en la subasta;

b) cuando no reciban nuevos precios o nuevos valores que respondan a los requisitos relativos a las diferencias mínimas. En tal caso, los poderes adjudicadores especificarán, en la invitación a participar en la subasta, el plazo que respetarán a partir de la recepción de la última presentación antes de dar por concluida la subasta electrónica;

c) cuando concluya el número de fases de subasta establecido en la invitación a participar en la subasta.

Cuando los poderes adjudicadores decidan cerrar la subasta electrónica de conformidad con la letra c), en su caso conjuntamente con las modalidades previstas en la letra b), la invitación a participar en la subasta indicará los calendarios de cada fase de subasta.

8. Una vez concluida la subasta electrónica, los poderes adjudicadores adjudicarán el contrato de conformidad con el artículo 53, en función de los resultados de la subasta electrónica.

Los poderes adjudicadores no podrán recurrir a las subastas electrónicas de manera abusiva o de manera que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada o que se vea modificado el objeto del contrato tal como se ha sometido a licitación mediante la publicación del anuncio de licitación y definido en el pliego de condiciones.

Artículo 55

Ofertas anormalmente bajas

1. Si, respecto de un contrato determinado, alguna oferta se considera anormalmente baja con relación a la prestación, antes de rechazar dicha oferta, el poder adjudicador solicitará por escrito las precisiones que considere oportunas sobre la composición de la oferta.

Dichas precisiones podrán referirse a:

a) el ahorro que permita el procedimiento de construcción, el procedimiento de fabricación de los productos o la prestación de servicios;

b) las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga el licitador para ejecutar las obras, suministrar los productos o prestar los servicios;

c) la originalidad de las obras, los suministros o los servicios propuestos por el licitador;

d) el respeto de las disposiciones relativas a la protección y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación;

e) la posible obtención de una ayuda de Estado por parte del licitador.

2. El poder adjudicador consultará al licitador y verificará dicha composición teniendo en cuenta las justificaciones aportadas.

3. El poder adjudicador que compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado sólo podrá rechazar dicha oferta por esa única razón si consulta al licitador y éste no puede demostrar, en un plazo suficiente fijado por el poder adjudicador, que tal ayuda se ha concedido legalmente. El poder adjudicador que rechace una oferta por las razones expuestas deberá informar de ello a la Comisión.

TÍTULO III

NORMAS SOBRE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

CAPÍTULO I

Normas aplicables a las concesiones de obras públicas

Artículo 56

Ámbito de aplicación

El presente Capítulo se aplicará a todos los contratos de concesión de obras públicas celebrados por los poderes adjudicadores cuando el valor de dichos contratos sea igual o superior a 6242000 EUR.

Este valor se calculará según las normas aplicables a los contratos de obras públicas definidos en el artículo 9.

Artículo 57

Exclusiones del ámbito de aplicación

El presente Título no se aplicará a las concesiones de obras públicas:

a) que se adjudiquen para los contratos públicos de obras en los casos previstos en los artículos 13, 14 y 15 de la presente Directiva;

b) que sean adjudicadas por poderes adjudicadores que ejerzan una o varias de las actividades contempladas en los artículos 3 a 7 de la Directiva 2004/17/CE, cuando estas concesiones se adjudiquen para desarrollar dichas actividades.

No obstante, la presente Directiva seguirá aplicándose a las concesiones de obras públicas adjudicadas por poderes adjudicadores que ejerzan una o varias de las actividades contempladas en el artículo 6 de la Directiva 2004/17/CE y se adjudiquen para esas actividades, durante el tiempo en el que el Estado miembro de que se trate recurra a la facultad mencionada en el párrafo segundo del artículo 71 de la mencionada Directiva para aplazar su aplicación.

Artículo 58

Publicación del anuncio de concesión de obras públicas

1. Los poderes adjudicadores que deseen recurrir a la concesión de obras públicas darán a conocer su intención por medio de un anuncio.

2. Los anuncios de concesión de obras públicas se elaborarán con arreglo a los formularios normalizados adoptados por la Comisión con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 77 y en ellos se especificará la información contemplada en el anexo VII C y, en su caso, cualquier otra información que el poder adjudicador considere conveniente.

3. Los anuncios se publicarán de conformidad con los apartados 2 a 8 del artículo 36.

4 El artículo 37 relativo a la publicación de los anuncios será también de aplicación a las concesiones de obras públicas.

Artículo 59

Plazos

En el caso de que los poderes adjudicadores recurran a la concesión de obras públicas, el plazo de presentación de candidaturas para la concesión no será inferior a 52 días a partir de la fecha de envío del anuncio, salvo en los casos contemplados en el apartado 5 del artículo 38.

Será de aplicación el apartado 7 del artículo 38.

Artículo 60

Subcontratación

El poder adjudicador podrá:

a) bien imponer al concesionario de obras públicas que confíe a terceros un porcentaje de los contratos que represente como mínimo un 30% del valor global de las obras objeto de la concesión, previendo al mismo tiempo la facultad de que los candidatos incrementen dicho porcentaje; este porcentaje mínimo deberá constar en el contrato de concesión de obras;

b) bien invitar a los candidatos a la concesión a que indiquen en sus ofertas, si procede, el porcentaje del valor global de las obras objeto de la concesión que se proponen confiar a terceros.

Artículo 61

Adjudicación de obras complementarias al concesionario

La presente Directiva no será de aplicación a las obras complementarias que el poder adjudicador confíe al concesionario y que no figuren en el proyecto de concesión previsto inicialmente ni en el contrato inicial y que, debido a una circunstancia imprevista, pasen a ser necesarios para la ejecución de la obra tal y como estaba descrita, siempre que la adjudicación recaiga en el operador económico que ejecute dicha obra:

- cuando esas obras complementarias no puedan separarse del contrato inicial técnica o económicamente sin ocasionar grandes inconvenientes a los poderes adjudicadores, o

- cuando dichas obras, aunque se puedan separar de la ejecución del contrato inicial, sean estrictamente necesarias para su perfeccionamiento.

No obstante, el importe acumulado de los contratos adjudicados para las obras complementarias no podrá ser superior al 50% del importe de la obra inicial objeto de la concesión.

CAPÍTULO II

Normas aplicables a los contratos adjudicados por los concesionarios que sean poderes adjudicadores

Artículo 62

Normas aplicables

Cuando el concesionario sea un poder adjudicador con arreglo al apartado 9 del artículo 1, deberá respetar, en aquellas obras que hayan de ser ejecutadas por terceros, las disposiciones previstas en la presente Directiva para la adjudicación de los contratos públicos de obras.

CAPÍTULO III

Normas aplicables a los contratos adjudicados por los concesionarios que no sean poderes adjudicadores

Artículo 63

Normas de publicidad: umbral y excepciones

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que los concesionarios de obras públicas que no sean poderes adjudicadores apliquen las normas de publicidad definidas en el artículo 64 en la adjudicación de contratos de obras a terceros cuando el valor de estos contratos sea igual o superior a 6242000 EUR.

Sin embargo, no será necesaria la publicidad cuando un contrato de obras cumpla las condiciones de aplicación de los casos enumerados en el artículo 31.

El valor de los contratos se calculará según las normas aplicables a los contratos de obras públicas definidos en el artículo 9.

2. No tendrán la consideración de terceros aquellas empresas que se hayan agrupado para obtener la concesión ni las empresas vinculadas a ellas.

Se entenderá por "empresa vinculada" cualquier empresa en la que el concesionario pueda ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante, o cualquier empresa que pueda ejercer una influencia dominante en el concesionario o que, del mismo modo que el concesionario, esté sometida a la influencia dominante de otra empresa por razón de propiedad, participación financiera o normas que la regulan. Se presumirá que existe influencia dominante cuando una empresa, directa o indirectamente, se encuentre en una de las siguientes situaciones con respecto a otra empresa:

a) tenga en su poder la mayoría del capital suscrito de la empresa; o bien

b) disponga de la mayoría de los votos correspondientes a las participaciones emitidas por la empresa; o bien

c) pueda designar a más de la mitad de los miembros del órgano de administración, de dirección o de vigilancia de la empresa.

La lista exhaustiva de estas empresas se adjuntará a la candidatura para la concesión. Esta lista se actualizará en función de las modificaciones que se produzcan posteriormente en las relaciones entre las empresas.

Artículo 64

Publicación del anuncio

1. Los concesionarios de obras públicas, que no sean poderes adjudicadores, que deseen celebrar un contrato de obras con un tercero darán a conocer su intención por medio de un anuncio.

2. El anuncio se elaborará con arreglo a los formularios normalizados adoptados por la Comisión de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 77 y en ellos se especificará la información indicada en el anexo VII C y, en su caso, cualquier otra información que el concesionario de obras públicas considere conveniente.

3. El anuncio se publicará de conformidad con los apartados 2 a 8 del artículo 36.

4. El artículo 37 relativo a la publicación voluntaria de los anuncios será también de aplicación.

Artículo 65

Plazos para la recepción de las solicitudes de participación y la recepción de ofertas

En los contratos de obras adjudicados por los concesionarios de obras públicas que no sean poderes adjudicadores, el concesionario fijará el plazo de recepción de las solicitudes de participación, que no podrá ser inferior a 37 días a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación, y el plazo de recepción de las ofertas, que no podrá ser inferior a 40 días a partir de la fecha del envío del anuncio de licitación o de la invitación a presentar una oferta.

Se aplicarán los apartados 5, 6 y 7 del artículo 38.

TÍTULO IV

NORMAS APLICABLES A CONCURSOS DE PROYECTOS EN EL SECTOR DE SERVICIOS

Artículo 66

Disposiciones generales

1. Las normas relativas a la organización de los concursos de proyectos se establecerán con arreglo a lo dispuesto en los artículos 66 a 74 y se pondrán a disposición de quienes estén interesados en participar en el concurso.

2. El acceso a la participación en los concursos de proyectos no podrá limitarse:

a) al territorio o a una parte del territorio de un Estado miembro;

b) por el hecho de que los participantes, en virtud de la legislación del Estado miembro que organice el concurso, tengan que ser, bien personas físicas, bien personas jurídicas.

Artículo 67

Ámbito de aplicación

1. Los concursos serán organizados, con arreglo al presente Título:

a) por los poderes adjudicadores que sean una de las autoridades gubernamentales centrales que figuran en el anexo IV, a partir de un umbral igual o superior a 162000 EUR;

b) por los poderes adjudicadores distintos de los que figuran en el anexo IV, a partir de un umbral igual o superior a 249000 EUR;

c) por todos los poderes adjudicadores, a partir de un umbral igual o superior a 249000 EUR cuando los concursos de proyectos se refieran a servicios de la categoría 8 del anexo II A, a servicios de telecomunicaciones de la categoría 5 cuyas partidas en el CPV equivalgan a los números de referencia CPC 7524, 7525 y 7526 y/o a los servicios que figuran en el Anexo II B.

2. El presente Título se aplicará:

a) a los concursos de proyectos organizados en el marco de un procedimiento de adjudicación de un contrato público de servicios;

b) a los concursos de proyectos con primas de participación o pagos a los participantes.

En los supuestos contemplados en la letra a) se entenderá por "umbral" el valor estimado, sin IVA, del contrato público de servicios, incluidas las eventuales primas de participación y/o pagos a los participantes.

En los supuestos contemplados en la letra b) se entenderá por umbral el importe total de los pagos y primas, incluido el valor estimado, sin IVA, del contrato público de servicios que pudiera adjudicarse ulteriormente con arreglo al apartado 3 del artículo 31, si el poder adjudicador no excluyese dicha adjudicación en el anuncio de concurso.

Artículo 68

Exclusiones del ámbito de aplicación

El presente Título no se aplicará:

a) a los concursos de proyectos con arreglo a la Directiva 2004/17/CE, organizados por poderes adjudicadores que ejerzan una o varias de las actividades contempladas en los artículos 3 a 7 de dicha Directiva y que se organicen para desarrollar dichas actividades, ni a los concursos de proyectos excluidos del ámbito de aplicación de la citada Directiva.

No obstante, la presente Directiva seguirá aplicándose a los concursos de proyectos adjudicados por poderes adjudicadores que ejerzan una o varias de las actividades contempladas en el artículo 6 de la Directiva 2004/17/CE y se adjudiquen para esas actividades, durante el tiempo en el que el Estado miembro de que se trate recurra a la facultad mencionada en el párrafo segundo del artículo 71 de la mencionada Directiva para aplazar su aplicación.

b) a los concursos de proyectos organizados en los mismos casos que los previstos en los artículos 13, 14 y 15 de la presente Directiva para los contratos públicos de servicios.

Artículo 69

Anuncios

1. Los poderes adjudicadores que deseen organizar un concurso de proyectos darán a conocer su propósito por medio de un anuncio de concurso.

2. Los poderes adjudicadores que hayan organizado un concurso de proyectos enviarán un anuncio con los resultados del concurso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 36 y deberán poder demostrar la fecha de envío.

Existirá la posibilidad de no publicar la información relativa a la adjudicación del concurso de proyectos cuando su divulgación obstaculice la aplicación de la legislación vigente, sea contraria al interés público o perjudique a los intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas, o pueda falsear la competencia leal entre prestadores de servicios.

3. El artículo 37 referente a la publicación de los anuncios se aplicará también a los concursos.

Artículo 70

Redacción y modalidades de publicación de los anuncios de concursos de proyectos

1. Los anuncios contemplados en el artículo 69 se elaborarán con arreglo a los formularios normalizados adoptados por la Comisión de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 77 y en ellos se especificará la información a la que se refiere el anexo VII D.

2. Los anuncios se publicarán de conformidad con los apartados 2 a 8 del artículo 36.

Artículo 71

Medios de comunicación

1. Los apartados 1, 2 y 4 del artículo 42 se aplicarán a todas las comunicaciones relativas a los concursos de proyectos.

2. Las comunicaciones, los intercambios y el almacenamiento de información se realizarán de modo que se garantice la protección de la integridad y la confidencialidad de cualquier información transmitida por los participantes en el concurso y de forma que el jurado no conozca el contenido de los planos y proyectos hasta que expire el plazo previsto para su presentación.

3. Para la recepción electrónica de los planos y proyectos se aplicarán las siguientes normas:

a) la información relativa a las características técnicas necesarias para la presentación electrónica de los planos y proyectos, incluido el cifrado, deberá estar a disposición de todas las partes interesadas. Además, los dispositivos de recepción electrónica de los planos y los proyectos deberán ser conformes a los requisitos del anexo X;

b) los Estados miembros podrán crear o mantener regímenes voluntarios de acreditación encaminados a mejorar el nivel del servicio de certificación de dichos dispositivos.

Artículo 72

Selección de los competidores

Cuando los concursos de proyectos reúnan a un número limitado de participantes, los poderes adjudicadores establecerán criterios de selección claros y no discriminatorios. En todos los casos, al fijar el número de los candidatos invitados a participar en los concursos de proyectos se deberá tener en cuenta la necesidad de garantizar una competencia real.

Artículo 73

Composición del jurado

El jurado estará compuesto exclusivamente por personas físicas independientes de los participantes en el concurso de proyectos. Cuando se exija una cualificación profesional específica para participar en un concurso de proyectos, al menos un tercio de los miembros del jurado deberá poseer dicha cualificación u otra equivalente.

Artículo 74

Decisiones del jurado

1. El jurado tendrá autonomía de decisión o de dictamen.

2. El jurado estudiará los planes y proyectos presentados por los candidatos de forma anónima y atendiendo únicamente a los criterios indicados en el anuncio de concurso.

3. El jurado hará constar su clasificación de los proyectos en un informe, firmado por sus miembros y elaborado con arreglo a los méritos de cada proyecto, junto con sus observaciones y cualesquiera aspectos que requieran aclaración.

4. Deberá respetarse el anonimato hasta que el jurado emita su dictamen o decisión.

5. De ser necesario, podrá invitarse a los candidatos a que respondan a preguntas que el jurado haya incluido en el acta para aclarar cualquier aspecto de los proyectos.

6. Se redactará un acta completa del diálogo entre los miembros del jurado y los candidatos.

TÍTULO V

OBLIGACIONES ESTADÍSTICAS, COMPETENCIAS DE EJECUCIÓN Y DISPOSICIONES FINALES

Artículo 75

Obligaciones estadísticas

A fin de permitir la evaluación de los resultados de la aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros presentarán a la Comisión, a más tardar el 31 de octubre de cada año, un informe estadístico, elaborado según dispone el artículo 76, relativo, de forma separada, a los contratos públicos de suministros, de servicios y de obras, adjudicados por los poderes adjudicadores durante el año anterior.

Artículo 76

Contenido del informe estadístico

1. Por cada poder adjudicador que figure en el Anexo IV, el informe estadístico precisará como mínimo:

a) el número y el valor de los contratos adjudicados que entren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva;

b) el número y valor total de los contratos adjudicados en virtud de las excepciones del Acuerdo.

En la medida de lo posible, los datos contemplados en la letra a) del párrafo primero se desglosarán según los siguientes criterios:

a) procedimientos utilizados para la adjudicación de los contratos;

b) y, para cada uno de estos procedimientos, las obras reseñadas en el anexo I, los productos y los servicios reseñados en el anexo II e identificados por categoría de la nomenclatura CPV;

c) la nacionalidad del operador económico a quien se haya adjudicado el contrato.

Cuando los contratos se hayan adjudicado por procedimiento negociado, los datos contemplados en la letra a) del párrafo primero del presente apartado deberán desglosarse, además, según las circunstancias contempladas en los artículos 30 y 31 y precisarán el número y el valor de los contratos adjudicados por Estado miembro y país tercero al que pertenezcan los adjudicatarios.

2. Por cada categoría de poderes adjudicadores distintos de los que figuran en el anexo IV, el informe estadístico precisará como mínimo:

a) el número y el valor de los contratos adjudicados, desglosados con arreglo a lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 1;

b) el valor total de los contratos adjudicados en virtud de las excepciones del Acuerdo.

3. El informe estadístico precisará cualquier otra información estadística que se solicite con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo.

Las informaciones contempladas en el párrafo primero se determinarán con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 77.

Artículo 77

Comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité consultivo para los contratos públicos establecido en el artículo 1 de la Decisión 71/306/CEE del Consejo(25), denominado en lo sucesivo "Comité".

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 78

Revisión de los umbrales

1. La Comisión comprobará los umbrales fijados en el artículo 7 cada dos años a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva y, si fuere necesario, los revisará con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 77.

El cálculo del valor de dichos umbrales se basará en el valor diario medio del euro expresado en derechos especiales de giro (DEG) durante el período de veinticuatro meses que concluya el último día del mes de agosto que preceda a la revisión que surta efecto el 1 de enero. El valor de los umbrales así revisado se redondeará, en caso necesario, al millar de euros inferior a la cifra resultante de dicho cálculo, para garantizar que se respeten los umbrales vigentes contemplados en el Acuerdo, expresados en DEG.

2. Con ocasión de la revisión prevista en el apartado 1, la Comisión, con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 77, ajustará:

a) los umbrales previstos en la letra a) del párrafo primero del artículo 8, en el artículo 56 y en el párrafo primero del apartado 1 del artículo 63, al umbral revisado aplicable a los contratos públicos de obras;

b) los umbrales previstos en la letra b) del párrafo primero del artículo 8 y en la letra a) del apartado 1 del artículo 67, al umbral revisado aplicable a los contratos públicos de servicios adjudicados por los poderes adjudicadores contemplados en el anexo IV;

c) el umbral previsto en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 67, al umbral revisado aplicable a los contratos públicos de servicios adjudicados por los poderes adjudicadores que no se contemplan en el anexo IV.

3. Los contravalores de los umbrales fijados con arreglo al apartado 1 en las monedas nacionales de los Estados miembros que no participen en la Unión Monetaria se revisarán en principio cada dos años, a partir del 1 de enero de 2004. El cálculo de estos contravalores se basará en los valores diarios medios de dichas monedas, expresados en euros, durante el período de veinticuatro meses que concluya el último día del mes de agosto que preceda a la revisión que surta efecto el 1 de enero.

4. La Comisión publicará los umbrales revisados contemplados en el apartado 1 y su contravalor en las monedas nacionales contempladas en el apartado 3 en el Diario Oficial de la Unión Europea a principios del mes de noviembre siguiente a su revisión.

Artículo 79

Modificaciones

La Comisión podrá modificar, de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 77:

a) las modalidades técnicas de los métodos de cálculo contemplados en el párrafo segundo del apartado 1 y en el apartado 3 del artículo 78;

b) las modalidades de redacción, envío, recepción, traducción, recopilación y distribución de los anuncios contemplados en los artículos 35, 58, 64 y 69, así como las de los informes estadísticos previstos en el párrafo cuarto del apartado 4 del artículo 35 y en los artículos 75 y 76;

c) las modalidades de referencias especiales a partidas particulares de la nomenclatura CPV en los anuncios;

d) las listas de organismos y categorías de organismos de Derecho público contempladas en el anexo III, cuando a tenor de las notificaciones de los Estados miembros se revelen necesarias;

e) las listas de las autoridades gubernamentales centrales contempladas en el anexo IV, según las adaptaciones que son necesarias para cumplir el Acuerdo;

f) los números de referencia de la nomenclatura prevista en el anexo I, siempre que con ello no se modifique el ámbito de aplicación material de la presente Directiva, y las modalidades de la referencia en los anuncios a partidas particulares de dicha nomenclatura;

g) los números de referencia de la nomenclatura prevista en el anexo II, siempre que con ello no se modifique el ámbito de aplicación material de la presente Directiva, y las modalidades de referencia en los anuncios a posiciones particulares de dicha nomenclatura dentro de las categorías de servicios enumerados en dicho anexo;

h) las modalidades de transmisión y de publicación de los datos contempladas en el anexo VIII, por razones relacionadas con el progreso técnico o de orden administrativo;

i) las modalidades y características técnicas de los dispositivos de recepción electrónica contempladas en el anexo X, letras a), f) y g).

Artículo 80

Aplicación

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el 31 de enero de 2006. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 81

Mecanismos de control

De conformidad con la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras(26), los Estados miembros asegurarán la aplicación de la presente Directiva mediante mecanismos eficaces, accesibles y transparentes.

A tal fin podrán designar o establecer, entre otras cosas, una agencia independiente.

Artículo 82

Derogaciones

Quedan derogadas, con efectos a partir de la fecha prevista en el artículo 80, la Directiva 92/50/CEE, excepto su artículo 41, y las Directivas 93/36/CEE y 93/37/CEE, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en lo que se refiere a los plazos de incorporación a su legislación nacional y aplicación que figuran en el anexo XI.

Las referencias a las Directivas derogadas se entenderán hechas a la presente Directiva con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo XII.

Artículo 83

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 84

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Estrasburgo, el 31 de marzo de 2004.

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

P. Cox

Por el Consejo

El Presidente

D. Roche

(1) DO C 29 E de 30.1.2001, p. 11 y DO C 203 E de 27.8.2002, p. 210.

(2) DO C 193 de 10.7.2001, p. 7.

(3) DO C 144 de 16.5.2001, p. 23.

(4) Dictamen del Parlamento Europeo de 17 de enero de 2002 (DO C 271 E de 7.11.2002 p. 176), Posición Común del Consejo de 20 de marzo de 2003 (DO C 147 E de 24.6.2003, p. 1) y Posición del Parlamento Europeo de 2 de julio de 2003 (no publicada aún en el Diario Oficial). Resolución legislativa del Parlamento Europeo de 29 de enero de 2004 y Decisión del Consejo de 2 de febrero de 2004.

(5) DO L 209 de 24.7.1992, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/78/CE de la Comisión (DO L 285 de 29.10.2001, p. 1).

(6) DO L 199 de 9.8.1993, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/78/CE.

(7) DO L 199 de 9.8.1993, p. 54. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/78/CE.

(8) DO L 336 de 23.12.1994, p. 1.

(9) Véase la página 1 del presente Diario Oficial.

(10) DO L 199 de 9.8.1993, p. 84. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/78/CE.

(11) DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.

(12) DO L 340 de 16.12.2002, p. 1.

(13) DO L 13 de 19.1.2000, p. 12.

(14) DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

(15) Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303 de 2.12.2000 p. 16).

(16) Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (DO L 39 de 14.2.1976 p. 40). Directiva modificada por la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 269 de 5.10.2002, p. 15).

(17) Reglamento (CE) nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) (DO L 114 de 24.4.2001, p. 1).

(18) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

(19) DO L 124 de 8.6.1971, p. 1.

(20) DO L 351 de 29.1.1998, p. 1.

(21) DO C 195 de 25.6.1997, p. 1.

(22) DO L 358 de 31.12.1998, p. 2.

(23) DO C 316 de 27.11.1995, p. 48.

(24) DO L 166 de 28.6.1991, p. 77. Directiva modificada por la Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de diciembre de 2001 (DO L 344 de 28.12.2001, p. 76).

(25) DO L 185 de 16.8.1971, p. 15. Decisión modificada por la Decisión 77/63/CEE (DO L 13 de 15.1.1977, p. 15).

(26) DO L 395 de 30.12.1989, p. 33. Directiva modificada por la Directiva 92/50/CEE (DO L 209 de 24.7.1992, p. 1).

ANEXO I

LISTA DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA LETRA b) DEL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 1(1)

>SITIO PARA UN CUADRO>

(1) En caso de diferentes interpretaciones entre CPV y NACE, se aplicará la nomenclatura NACE.

ANEXO II

SERVICIOS CONTEMPLADOS EN LA LETRA d) DEL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 1

ANEXO II A(1)

>SITIO PARA UN CUADRO>

(1) En caso de diferentes interpretaciones entre CPV y CPC, se aplicará la nomenclatura CPC.

ANEXO II B

>SITIO PARA UN CUADRO>

ANEXO III

LISTA DE LOS ORGANISMOS Y DE LAS CATEGORÍAS DE ORGANISMOS DE DERECHO PÚBLICO CONTEMPLADOS EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL APARTADO 9 DEL ARTÍCULO 1

I - EN BÉLGICA

Organismos

A

- Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'Asile/Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers

- Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire/Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

- Agence fédérale de Contrôle nucléaire/Federaal Agentschap voor nucleaire Controle

- Agence wallonne à l'Exportation

- Agence wallonne des Télécommunications

- Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées

- Aquafin

- Arbeitsambt der Deutschsprachigen Gemeinschaft

- Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces/Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Astrid

B

- Banque nationale de Belgique/Nationale Bank van België

- Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft

- Berlaymont 2000

- Bibliothèque royale Albert Ier/Koninklijke Bilbliotheek Albert I

- Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la Propreté/Net-Brussel - Gewestelijke Agentschap voor Netheid

- Bureau d'Intervention et de Restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

- Bureau fédéral du Plan/Federaal Planbureau

C

- Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage/Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

- Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité/Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekeringen

- Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins/Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden

- Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges/Kas der geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

- Caisse nationale des Calamités/Nationale Kas voor Rampenschade

- Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Batellerie/Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart.

- Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations (appelée habituellement "Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes")/Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings - en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd "Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten")

- Centre d'Etude de l'Energie nucléaire/Studiecentrum voor Kernenergie

- Centre de recherches agronomiques de Gembloux

- Centre hospitalier de Mons

- Centre hospitalier de Tournai

- Centre hospitalier universitaire de Liège

- Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale/Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

- Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme/Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding

- Centre régional d'Aide aux Communes

- Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën

- Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent

- Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz/Controlecomité voor Elekticiteit en Gas

- Comité national de l'Energie/Nationaal Comité voor de Energie

- Commissariat général aux Relations internationales

- Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie

- Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique

- Conseil central de l'Economie/Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

- Conseil économique et social de la Région wallonne

- Conseil national du Travail/Nationale Arbeidsraad

- Conseil supérieur de la Justice/Hoge Raad voor de Justitie

- Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises/Hoge Raad voor Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen

- Conseil supérieur des Classes moyennes

- Coopération technique belge/Belgische technische Coöperatie

D

- Dienstelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung

- Dienst voor de Scheepvaart

- Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs

- Domus Flandria

E

- Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française

- Export Vlaanderen

F

- Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven

- Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector

- Fonds bijzondere Jeugdbijstand

- Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires

- Fonds culurele Infrastructuur

- Fonds de Participation

- Fonds de Vieillissement/Zilverfonds

- Fonds d'Aide médicale urgente/Fonds voor dringende geneeskundige Hulp

- Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française

- Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom/Pensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom

- Fonds des Accidents du Travail/Fonds voor Arbeidsongevallen

- Fonds des Maladies professionnelles/Fonds voor Beroepsziekten

- Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en Cas de Fermeture d'Entreprises/Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers

- Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale/Woningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest

- Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

- Fonds Film in Vlaanderen

- Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires/Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen

- Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers/Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnenschade

- Fonds piscicole de Wallonie

- Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangers/Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten

- Fonds pour la Rémunération des Mousses/Fonds voor Scheepsjongens

- Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales/Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën

- Fonds voor flankerend economisch Beleid

- Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d'Eau souterraine

G

- Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten

- Grindfonds

H

- Herplaatsingfonds

- Het Gemeenschapsonderwijs

- Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten

I

- Institut belge de Normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie

- Institut belge des Services postaux et des Télécommunications/Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

- Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle

- Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement/Brussels Instituut voor Milieubeheer

- Institut d'Aéronomie spatiale/Instituut voor Ruimte - aëronomie

- Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises

- Institut des Comptes nationaux/Instituut voor de nationale Rekeningen

- Institut d'Expertise vétérinaire/Instituut voor veterinaire Keuring

- Institut du Patrimoine wallon

- Institut für Aus-und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen

- Institut géographique nationale/Nationaal geografisch Instituut

- Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine/Instelling voor de Ontwikkeling van -ondergrondse Vergassing-

- Institution royale de Messine/Koninklijke Gesticht van Mesen

- Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande/Universitaire instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap

- Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française/Universitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap

- Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité/Rijksinstituut voor Ziekte - en Invaliditeitsverzekering

- Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants/Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

- Institut national des Industries extractives/Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven

- Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail/Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden

- Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre/Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers

- Institut national des Radioéléments/Nationaal Instituut voor Radio-Elementen

- Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie/Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

- Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail/Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden

- Institut royal belge des Sciences naturelles/Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

- Institut royal du Patrimoine culturel/Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

- Institut royal météorologique de Belgique/Koninklijk meteorologisch Instituut van België

- Institut scientifique de Service public en Région wallonne

- Institut scientifique de la Santé publique-Louis Pasteur/Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid-Louis Pasteur

- Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

- Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

- Instituut voor het archeologisch Patrimonium

- Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen

- Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant

J

- Jardin botanique national de Belgique/Nationale Plantentuin van België

K

- Kind en Gezin

- Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen

L

- Loterie nationale/Nationale Loterij

M

- Mémorial national du Fort de Breendonk/Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

- Musée royal de l'Afrique centrale/Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

- Musées royaux d'Art et d'Histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

- Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique/Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België

O

- Observatoire royal de Belgique/Koninklijke Sterrenwacht van België

- Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense/Centrale Dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie

- Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi

- Office de Contrôle des Assurances/Controledienst voor de Verzekeringen

- Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités/Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen

- Office de la Naissance et de l'Enfance

- Office de Promotion du Tourisme

- Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer/Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid

- Office for foreign Investors in Wallonie

- Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés/Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

- Office national de l'Emploi/Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

- Office national de Sécurité sociale/Rijksdienst voor sociale Zekerheid

- Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales/Rijksdienst voor sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten

- Office national des Pensions/Rijksdienst voor Pensioenen

- Office national des Vacances annuelles/Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie

- Office national du Ducroire/Nationale Delcrederedienst

- Office régional bruxellois de l'Emploi/Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

- Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture

- Office régional pour le Financement des Investissements communaux

- Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel

- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem

- Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest

- Orchestre national de Belgique/Nationaal Orkest van België

- Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles/Nationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen

P

- Palais des Beaux-Arts/Paleis voor schone Kunsten

- Participatiemaatschappij Vlaanderen

- Pool des Marins de la Marine marchande/Pool van de Zeelieden der Koopvaardij

R

- Radio et Télévision belge de la Communauté française

- Régie des Bâtiments/Regie der Gebouwen

- Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea

S

- Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale/Brusselse hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp

- Société belge d'Investissement pour les pays en développement/Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwinkkelingslanden

- Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon

- Société de Garantie régionale

- Sociaal economische Raad voor Vlaanderen

- Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées/Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

- Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg

- Société publique de Gestion de l'Eau

- Société wallonne du Logement et sociétés agréées

- Sofibail

- Sofibru

- Sofico

T

- Théâtre national

- Théâtre royal de la Monnaie/De Koninklijke Muntschouwburg

- Toerisme Vlaanderen

- Tunnel Liefkenshoek

U

- Universitair Ziekenhuis Gent

V

- Vlaams Commissariaat voor de Media

- Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

- Vlaams Egalisatie Rente Fonds

- Vlaamse Hogescholenraad

- Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

- Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek

- Vlaamse interuniversitaire Raad

- Vlaamse Landmaatschappij

- Vlaamse Milieuholding

- Vlaamse Milieumaatschappij

- Vlaamse Onderwijsraad

- Vlaamse Opera

- Vlaamse Radio- en Televisieomroep

- Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt

- Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde

- Vlaams Fonds voor de Lastendelging

- Vlaams Fonds voor de Letteren

- Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap

- Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw

- Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

- Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie

- Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie

- Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen

- Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

- Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing

- Vlaams Zorgfonds

- Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen

II - EN DINAMARCA

Organismos

Danmarks Radio

Det landsdækkende TV2

Danmarks Nationalbank

Sund og Bælt Holding A/S

A/S Storebælt

A/S Øresund

Øresundskonsortiet

Ørestadsselskabet I/S

Byfornyelsesselskabet København

Hovedstadsområdets Sygehusfællesskab

Statens og Kommunernes Indkøbsservice

Post Danmark

Arbejdsmarkedets Tillægspension

Arbejdsmarkedets Feriefond

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Naviair

Categorías

- De Almene Boligorganisationer/(organizaciones para la vivienda social)

- Lokale kirkelige myndigheder/(administraciones eclesiásticas locales)

- Andre forvaltningssubjekter/(otras entidades administrativas)

III - EN ALEMANIA

1. Categorías

Las colectividades, establecimientos y fundaciones de Derecho público creadas por el Estado federal, los "Estados federados" o las autoridades locales, en particular en los ámbitos siguientes:

1.1. Colectividades

- Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften/(establecimientos de enseñanza superior científica y asociaciones de estudiantes con estatutos)

- berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) [asociaciones profesionales/(colegios o cámaras de abogados y procuradores judiciales, notarios, asesores fiscales, contables, arquitectos, médicos y farmacéuticos)

- Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften)/[agrupaciones de carácter económico (cámaras agrarias, de oficio, de industria y comercio, organizaciones profesionales artesanales, cooperativas artesanales)]

- Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger)]/[seguros sociales (seguro de enfermedad, organismos de seguros contra accidentes y de seguros de pensiones)]

- kassenärztliche Vereinigungen/(asociaciones de médicos de seguro)

- Genossenschaften und Verbände/(sociedades cooperativas y federaciones).

1.2. Establecimientos y fundaciones

Las entidades, salvo las de carácter industrial o comercial, sujetas a control del Estado, y que actúan en aras del interés general, en particular en los ámbitos siguientes:

- Rechtsfähige Bundesanstalten/(oficinas federales con capacidad jurídica)

- Versorgungsanstalten und Studentenwerke/(instituciones de solidaridad nacional y obras universitarias y escolares)

- Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen/(fundaciones culturales, de beneficencia y de auxilio)

2. Personas jurídicas de derecho privado

Las entidades, salvo las de carácter industrial o comercial, sujetas a control del Estado, y que actúan en aras del interés general, incluidos los Kommunale Versorgungsunternehmen (servicios públicos municipales), en particular en los ámbitos siguientes:

- Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten)/[sanidad (hospitales, sanatorios, centros de investigación en medicina, laboratorios de análisis e instalaciones de descuartizamiento)]

- Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten)/[cultura (teatros públicos, orquestas, museos, bibliotecas, archivos, parques zoológicos y jardines botánicos)]

- Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhaeuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte)/[social (jardines de infancia, guarderías, residencias, hogares infantiles y casas de la juventud, centros de ocio, locales de barrio, hogares femeninos, asilos, refugios para personas sin techo)]

- Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen)/[deportes (piscinas, instalaciones y equipos deportivos)]

- Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste)/[seguridad (cuerpos de bomberos, servicios de socorro)]

- Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen)/[formación (centros de reconversión profesional, centros que imparten cursos de formación, perfeccionamiento y reciclaje, universidades populares)]

- Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung)/[ciencia, investigación y desarrollo (grandes centros de investigación, sociedades y asociaciones científicas, promoción de la ciencia)]

- Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung)/[saneamiento (limpieza urbana, eliminación de desechos y aguas residuales)]

- Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen, soweit im Allgemeininteresse tätig, Wohnraumvermittlung)/[construcción y vivienda (ordenación urbana, desarrollo urbano, empresas de vivienda siempre que actúen en aras del interés general, atribución de viviendas)]

- Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften)/[economía: sociedades de fomento de la economía)

- Friedhofs- und Bestattungswesen/(cementerios y servicios de inhumación)

- Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung)/[cooperación con los países en desarrollo (financiación, cooperación técnica, ayuda al desarrollo, formación)].

IV. EN GRECIA

Categorías

a) Las empresas públicas y las entidades públicas.

b) Las personas jurídicas de derecho privado, que pertenecen al Estado o que son subvencionadas periódicamente, según las disposiciones aplicables, con recursos del Estado al menos al 50% de su presupuesto anual, o de cuyo capital social posee el Estado al menos el 51%.

c) Las personas jurídicas de derecho privado pertenecientes a personas jurídicas de derecho público, a corporaciones locales de todos los niveles, incluida la Asociación Central de Corporaciones Locales griega (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), a asociaciones locales de los municipios, así como a las empresas y entidades públicas, y a las personas jurídicas mencionadas en la letra b) o a las que éstas subvencionan periódicamente al menos al 50% de su presupuesto anual, según las disposiciones aplicables o sus propios estatutos, o las personas jurídicas mencionadas más arriba que poseen al menos el 51% del capital social de dichas personas jurídicas de derecho público.

V. EN ESPAÑA

Categorías

- Los organismos y entidades de derecho público sujetos a la "Ley de Contratos de las Administraciones Públicas", salvo los que forman parte de la Administración General del Estado.

- Los organismos y entidades de derecho público sujetos a la "Ley de Contratos de las Administraciones Públicas", salvo los que forman parte de la Administración de las Comunidades Autónomas.

- Los organismos y entidades de derecho público sujetos a la "Ley de Contratos de las Administraciones Públicas", salvo los que forman parte de las Corporaciones Locales.

- Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social.

VI. EN FRANCIA

Organismos

- Collège de France

- Conservatoire national des arts et métiers

- Observatoire de Paris

- Institut national d'histoire de l'art (INHA)

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

- Institut national de la recherche agronomique (INRA)

- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

- Institut de recherche pour le développement (IRD)

- Agence nationale pour l'emploi (ANPE)

- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)

- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

- Compagnies et établissements consulaires: chambres de commerce et d'industrie (CCI), chambres des métiers et chambres d'agriculture

- Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC)

Categorías

1. Establecimientos públicos nacionales

- Agences de l'eau

- Écoles d'architecture

- Universités

- Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM)

2. Establecimientos públicos regionales, departamentales o locales con carácter administrativo

- collèges

- lycées

- établissements publics hospitaliers

- offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM)

3. Agrupaciones de corporaciones territoriales

- établissements publics de coopération intercommunale

- institutions interdépartementales et interrégionales

VII. EN IRLANDA

Organismos

Enterprise Ireland/[comercialización, tecnología y desarrollo empresarial]

Forfás/[política y asesoría para la empresa, el comercio, la ciencia, la tecnología y la innovación]

Industrial Development Authority

Enterprise Ireland

FÁS/[formación industrial y de empleo]

Health and Safety Authority

Bord Fáilte Éireann/[desarrollo del turismo]

CERT/[formación para los sectores de la hostelería y del turismo]

Irish Sports Council

National Roads Authority

Údarás na Gaeltachta/[autoridad para las regiones de lengua gaélica]

Teagasc/[investigación, formación y desarrollo agrarios]

An Bord Bia/[fomento de la industria alimentaria]

An Bord Glas/[fomento de la industria hortícola]

Irish Horseracing Authority

Bord na gCon/[apoyo y desarrollo de las carreras de galgos]

Marine Institute

Bord Iascaigh Mhara/[desarrollo pesquero]

Equality Authority

Legal Aid Board

Categorías

Regional Health Boards/(consejos hospitalarios regionales)

Hospitals and similar institutions of a public character/(hospitales e instituciones similares de carácter público)

Vocational Education Committees/(comisiones de enseñanza técnica y profesional)

Colleges and educational institutions of a public character/(universidades e instituciones de enseñanza de carácter público)

Central and Regional Fisheries Boards/(consejos pesqueros centrales y regionales)

Regional Tourism Organisations/(organismos regionales de turismo)

National Regulatory and Appeals bodies [such as in the telecommunications, energy, planning etc. areas]/(organismos nacionales de reglamentación y recurso, como en las telecomunicaciones, la energía, el urbanismo, etc.)

Agencies established to carry out particular functions or meet needs in various public sectors [e.g. Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority etc.]/(Organismos creados para cumplir funciones particulares o satisfacer las necesidades de varios sectores públicos, p. ej. Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority, etc.)

(Otros organismos públicos que corresponden a la definición de organismo de derecho público incluida en el apartado 7 del artículo 1 de la presente Directiva)

VIII. EN ITALIA

Organismos

Società "Stretto di Messina"

Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC

Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV

ANAS S.p.A

Categorías

- Enti portuali e aeroportuali/(entes portuarios y aeroportuarios)

- Consorzi per le opere idrauliche/(consorcios de obras hidráulicas)

- Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università/(universidades estatales, institutos universitarios estatales, consorcios para las obras de acondicionamiento de las universidades)

- Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza/(instituciones públicas de asistencia y de beneficencia)

- Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici/(institutos superiores científicos y culturales, observatorios astronómicos, astrofísicos, geofísicos o vulcanológicos)

- Enti di ricerca e sperimentazione/(entidades de investigación y experimentación)

- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza/(entidades que gestionan regímenes obligatorios de previsión social y asistencia)

- Consorzi di bonifica/(consorcios de saneamiento)

- Enti di sviluppo e di irrigazione/(entes de desarrollo e irrigación)

- Consorzi per le aree industriali/(consorcios para las zonas industriales)

- Comunità montane/(comunidades de montaña)

- Enti preposti a servizi di pubblico interesse/(entidades dedicadas a servicios de interés público)

- Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero/(entes públicos dedicados a actividades en materia de espectáculos, deportes, turismo y ocio)

- Enti culturali e di promozione artistica/(entidades culturales y de fomento de las artes).

IX. EN LUXEMBURGO

Categorías

- Establecimientos públicos del Estado bajo la supervisión de un miembro del Gobierno.

- Establecimientos públicos del Estado bajo la supervisión de los municipios.

"Syndicats de communes" creados en virtud de la Ley de 23 de febrero de 2001 sobre los "syndicats de communes".

X. EN LOS PAÍSES BAJOS

Organismos

Ministerio del Interior y de las Relaciones con los Territorios de Ultramar

- Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding/(Instituto neerlandés de los bomberos y la lucha contra las catástrofes)

- Nederlands Bureau Brandweer Examens/(Oficina neerlandesa para los exámenes de bomberos)

- Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie/(Instituto nacional de selección y formación de los policías)

- Cada una de las 25 regiones policiales

- Fundación ICTU

Ministerio de Economía

- Fundación Syntens

- Laboratorio Van Swinden

- Instituto de Metrología y Tecnología

- Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart/(Agencia neerlandesa de programas aeroespaciales)

- Stichting Toerisme Recreatie Nederland/(Junta de Turismo de los Países Bajos)

- Samenwerkingsverband Noord Nederland/(Órgano cooperativo de los gobiernos provinciales de los Países Bajos septentrionales)

- Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij/(Sociedad de fomento de Güeldres)

- Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij/(Sociedad de fomento de Overijssel)

- LIOF/(Sociedad de fomento de la inversión de Limburgo)

- Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij/(Sociedad de fomento de los Países Bajos septentrionales)

- Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij/(Sociedad de fomento de Brabante septentrional)

- Autoridad Independiente de Correos y Telecomunicaciones

Ministerio de Hacienda

- Banco Central de los Países Bajos

- Autoridad neerlandesa del Mercado de Valores

- Cámara de pensiones y seguros de los Países Bajos

Ministerio de Justicia

- Agencia neerlandesa de rehabilitación

- Stichting VEDIVO/(Asociación de directores de tutela familiar)

- Instituciones de tutela y de tutela familiar

- Stichting Halt Nederland/(Agencia de tutela alternativa)

- Internados privados

- Institución penal para delincuentes juveniles

- Fondo para las víctimas de delitos violentos

- Centraal orgaan Opvang Asielzoekers/(Agencia de acogida de solicitantes de asilo)

- Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen/(Agencia nacional de cobro de pensiones alimenticias)

- Organización nacional de indemnización a las víctimas

- Autoridad neerlandesa de protección de datos personales

- Stichting Studiecentrum Rechtspleging/(Centro de estudios de la administración de justicia)

- Raden voor de Rechtsbijstand/(Consejos de asistencia jurídica)

- Stichting Rechtsbijstand Asiel/(Centros de asistencia letrada a los solicitantes de asilo)

- Agencias de asistencia jurídica

- Landelijk Bureau Racisme bestrijding/(Oficina nacional de lucha contra el racismo)

- Instituto Clara Wichman

- Centros de interpretación

Ministerio de Agricultura, Gestión de los Recursos Naturales y Pesca

- Servicio de gestión de tierras agrarias

- Fondo de la Fauna

- Servicio Forestal Nacional

- Oficina neerlandesa de información en materia de alimentación

- Universidad de Wageningen

- Stichting DLO/(Departamento de investigación agraria)

- Juntas de productos básicos

Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia

A. Descripciones de carácter general

- de openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere scholen voor basisonderwijs in de zin van de Wet op het primair onderwijs

- de openbare o