Actualizaciones CSP


Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Disposición final séptima. Se modifican las letras d) y f) del artículo 159.4 LCSP. Ir a la Ley 3/2020

El Preámbulo de la Ley establece que “Con la disposición final séptima se introduce una mejora técnica en la modificación del artículo 159.4, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, aprobada por el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.”

La redacción dada por la Ley 3/2020 es identica a la que dió la disposición final 3 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, al referido artículo 159.4, apartados d) y f), motivo por el cual no se efectúa una nueva versión de la norma.

SAN de fecha 10 de junio de 2020. Legitimación del no licitador para la interposición de recurso frente a los pliegos: interés superior al mero de legalidad, valorándose en función de si se solicitaron medidas cautelares, la suspensión de la adjudicación, la retroacción del procedimiento o la ampliación del plazo para licitar. Si la recurrente no había solicitado medidas cautelares, ni había solicitado la suspensión de la adjudicación, ni había interesado la ampliación del plazo para presentar la solicitud de licitación, ni había solicitado la retroacción y se limitó a interesar la nulidad de la publicación, resulta que su recurso se basaba, exclusivamente, en un mero interés por la legalidad puesto que no era posible que la estimación del recurso tuviera un efecto beneficioso para sus derechos e intereses. Los obstáculos que la parte recurrente aprecia en la convocatoria ni tenían la condición de discriminatorios ni le impedían participar en la convocatoria ya que se referían al plazo de presentación de solicitudes y a la consideración de contratación armonizada. Descargar resumen download

RTACRC 555/2020. Valor estimado de los contratos mixtos a efectos del régimen jurídico y del umbral para la interposición de recurso especial: importancia relativa del valor de las prestaciones (régimen jurídico) y valor estimado (umbral para la interposición de recurso). Se plantea, en este caso, si sería susceptible de recurso especial un acto o decisión atinente a un contrato mixto de obra y suministro en el que la prestación principal es la de suministro, cuando el valor estimado total del contrato sea superior a los 100.000 euros establecidos en el art. 44 para los contratos de suministro y servicios, pero el valor estimado de la prestación de suministro, que confiere por su importancia relativa esa naturaleza al contrato, no alcanza ese umbral y queda por debajo de los 100.000 euros. La prestación principal, en este caso la de suministro, atendiendo a la respectiva importancia relativa del valor de las prestaciones que integran el contrato, es la que determina el régimen jurídico que seguirá el contrato. En este punto, sería correcta la invocación por el recurrente del límite de 100.000 euros para poder acceder al recurso especial. Descargar resumen download

TARC Andalucía 164/2020. Criterio de adjudicación que valora la “entrega urgente” de los suministros en el plazo comprendido entre 15 minutos y 1 hora -con 20 puntos- y entre 1 hora y 1 minuto hasta las 2 horas -con 15 puntos: valoración de arraigo territorial con una puntuación relevante, sin justificación, y que por tanto restringe la competencia. Para poder realizar las entregas en los plazos indicados en el criterio de adjudicación citado y así obtener una puntuación relevante, como son 20 o 15 puntos, que puede ser decisiva en la licitación, se debe tener a disposición unas instalaciones en un entorno próximo al del lugar de entrega, o un acuerdo con un proveedor local, debido al plazo tan reducido que se ha establecido, sin que haya una justificación previa de los suministros declarados urgentes, lo que sin duda supone una clara restricción a la competencia. Descargar resumen download

JCCA Cataluña 6/2020. Composición y valida constitución de las mesas de contratación en el sector público local: la participación de miembros electos. La validez de las actuaciones de las mesas de contratación en el ámbito local en función del quórum necesario para el desarrollo de las sesiones queda condicionada sólo a la asistencia efectiva de la mayoría absoluta de los miembros, de las personas que ejercen la presidencia y la secretaría y de las dos vocalías que ejercen las funciones de asesoramiento jurídico y de control económico, de manera que el número de miembros electos asistentes a las sesiones de las mesas que se hayan constituido correctamente, de conformidad con el apartado 7 de la Disposición adicional segunda LCSP, y específicamente, el porcentaje que suponen estos miembros respecto del total, no determina la conformidad jurídica de la actuación de estos órganos de asistencia técnica. Descargar resumen download

Boletín del viernes, 30 de octubre de 2020

RTACRC 534/2020. Cumplimiento del deber de información del artículo 130 LCSP. Transparencia en la información al objeto de facilitar a los licitadores todos los datos necesarios para el cálculo de la oferta: análisis del personal subrogable + Obligación de facilitar la información del artículo 130 LCSP: cuando concurra la apariencia de que puede existir obligación de subrogación + Responsabilidad de la veracidad de la información en caso de subrogación: responsabilidad del contratista.

I. Cumplimiento del deber de información del artículo 130 LCSP. Transparencia en la información al objeto de facilitar a los licitadores todos los datos necesarios para el cálculo de la oferta: análisis del personal subrogable. La publicación de la información facilitada por la empresa junto con la información en la que se excluyen a los trabajadores que, a juicio del órgano de contratación, no serán objeto de subrogación por entender que no están incluidos dentro del personal subrogable a la vista del convenio colectivo aplicable, no supone un incumplimiento del artículo 130 de la ley, sino, antes al contrario, una mayor transparencia con los licitadores que quieran concurrir a la licitación y ello en la medida en que estos potenciales licitadores conocerán, no sólo los datos relativos a los trabajadores subrogables a juicio del anterior adjudicatario, sino también que previsiblemente surgirá una controversia, que se resolverá en su momento, en relación con el derecho de subrogación de algunos de esos trabajadores. Al proceder así, el órgano de contratación no prejuzga si existe la mencionada obligación -cometido para el que carece de competencia-, sino que, simplemente, facilita a los licitadores todos los datos necesarios para que éstos puedan efectuar un cálculo de la oferta que estimen adecuada. Descargar resumen download

II. Obligación de facilitar la información del artículo 130 LCSP: cuando concurra la apariencia de que puede existir obligación de subrogación. Siempre que exista, al menos, la apariencia de que puede existir dicha obligación de subrogación, el órgano de contratación debe requerir, con arreglo al artículo 130 de la LCSP, de la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato que se licita y que tuviera la condición de empleadora de los trabajadores afectados, la información sobre las condiciones de los contratos de tales trabajadores, así como a hacer constar dicha información en el Pliego o en la documentación complementaria. Descargar resumen download

III. Responsabilidad de la veracidad de la información en caso de subrogación: responsabilidad del contratista. Respecto a la veracidad de la información publicada, si la información facilitada contuviese algún error, ello no sería responsabilidad del OC, sino del contratista. Descargar resumen download

Boletín del miércoles, 28 de octubre de 2020

RTACRC 545/2020. Presentación de la oferta en tiempo y forma en dos fases: la huella electrónica y la presentación de la oferta en 24 horas en el lugar que indiquen los PCAP. La presentación de la oferta en dos fases, primero mediante el envío de la huella electrónica y, después, mediante la presentación de la oferta, requerirá que se realice en el plazo de 24 horas, en un formato que garantice la integridad de los datos y en los términos y lugar que se indiquen en el PCAP, ya que de otro modo procedería la exclusión del licitador por retirada de la oferta. Descargar resumen download

TARC Andalucía 84/2020. Exigibilidad de las obligaciones sociales o laborales del contratista cuyo cumplimiento viene impuesto por normas legales de índole no contractual: imposibilidad de establecerlas como condición especial de ejecución al amparo del art. 202 de la LCSP. Las obligaciones sociales o laborales del contratista -cuyo cumplimiento viene impuesto por normas legales de índole no contractual- y las condiciones especiales de ejecución dirigidas a favorecer o garantizar el respecto a los derechos laborales son cosas distintas, pese a la íntima relación que pueda existir entre ambas. Las primeras están ya recogidas o reguladas en textos legales y tienen un régimen jurídico propio preestablecido fuera del marco contractual, siendo exigibles a todo empresario sea o no contratista del sector público; mientras que las segundas son impensables fuera de este marco contractual al ir dirigidas específicamente a promover o garantizar el respeto de derechos o consideraciones de índole social o laboral durante la vida del contrato, y su contenido se concreta en cada licitación sin más condicionamiento legal que el de la finalidad que satisfacen conforme a lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP. Descargar resumen download

OARC Euskadi 79/2020. Huelga general, efectos sobre la presentación de ofertas: ofertas presentadas fuera de plazo. La circunstancia invocada, la coincidencia en la fecha final de presentación de ofertas con la celebración de una huelga general, carece de las notas de imprevisibilidad y extraordinariedad alegadas por el recurrente. Téngase en cuenta que la convocatoria de una huelga general, que es un derecho fundamental regulado en el artículo 28.3 de la Constitución Española, se hace con la antelación y publicidad suficiente como para que todos los sectores económicos y sociales afectados tengan conocimiento de ella y la administración garantice la prestación de los servicios mínimos esenciales. Consecuentemente, siendo la recurrente un operador económico cualificado y teniendo conocimiento de dicha circunstancia, debió tomar las medidas necesarias para que la huelga no fuera un impedimento para tomar parte en el procedimiento de adjudicación del contrato. Descargar resumen download

JCCAMEH Informe 10/2020. Los supuestos de tramitación anticipada de contratos en las entidades locales: los financiados con recursos ordinarios (117 LCSP) y los financiados con cargo a préstamos o subvenciones solicitadas y pendientes (DA 3ª LCSP). La tramitación anticipada de los contratos públicos en el ámbito local solo implicará necesariamente su ejecución en el ejercicio siguiente cuando se financien con cargo a recursos ordinarios de naturaleza presupuestaria. Si, por el contrario, el contrato se financiase con subvenciones o préstamos cuya efectividad no pueda tenerse por cierta en el momento de la tramitación del expediente, carecería de sentido posponer obligatoriamente su ejecución al ejercicio siguiente pues, por un lado, es posible que la ejecución de la prestación se pueda ultimar en el mismo ejercicio presupuestario y, por otro lado, lo relevante en este tipo de supuestos es la efectiva consolidación de los recursos comprometidos, que no tienen por qué guardar vinculación con el ejercicio presupuestario. Por lo tanto, cabe entender que sería posible la ejecución material del contrato tan pronto como se cuente con los medios económicos necesarios. Descargar resumen download

Boletín del lunes, 26 de octubre de 2020

STSJ de Aragón de fecha 4 de junio de 2020. Determinación del convenio colectivo aplicable a los trabajadores de un contrato público: competencia de la jurisdicción social, que debe ser asumida por la jurisdicción contenciosa. La determinación de cuál ha de ser el convenio aplicable, aun cuando pueda, y deba, hacerse con un carácter orientativo o provisional en los PCAP, no puede imponerse por los trabajadores indicados, ni por los sindicatos, entre otras cosas porque es irrelevante, pues lo determinante es lo que resuelva la Jurisdicción laboral. Desde el punto de vista formal tiene razón, al decir que aquí se impugna el pliego, pero materialmente no, pues realmente lo que se pretende es que se ventile en Jurisdicción contenciosa qué convenio es el aplicable. Y, de hecho, al final, en la sentencia, se ve obligada la sentencia a asumir, como no puede ser de otro modo, lo resuelto en la Jurisdicción Social. Descargar resumen download

RTACRC 513/2020. Contratos no configurados con un precio único global y ofertas de precio cero en alguna prestación: el cero como “no precio” y la exigencia de un precio real. Cuando en los pliegos el aspecto económico no consiste en un precio único global, sino en precios distintos, uno por cada prestación, lo que implica onerosidades distintas, la forma de satisfacer la onerosidad propia de la prestación a través de otras prestaciones, solo obedece a un fin en fraude de ley, que es manipular la fórmula de valoración del criterio a su favor y en perjuicio de los otros licitadores que ofertan un precio real y existente, que consigue sobre la apariencia de una presunta omisión del pliego consistente en que no prohibiría el precio cero. Simplemente, cero no es un precio, es un no precio, y el pliego y la fórmula de su valoración exigen un precio real, que no se ha ofertado. Descargar resumen download

TARC Andalucía 161/2020. Indebida justificación de una oferta en baja temeraria: imputación a coste cero del personal propio de la empresa. No es posible admitir el argumento de que la funciones realizadas en el contrato por el personal de la empresa, o del grupo de empresas, son a coste cero o sin costes, como si este personal estuviera carente de costes salariales y de seguridad social, entre otros, ya que sea personal de plantilla o de nueva incorporación, de forma parcial o en exclusividad, puesto que toda persona trabajadora tiene un coste, bien directo por la dedicación a esta actividad, bien indirecto por pérdida de oportunidad al dedicarse a esta actividad en lugar de otra. Descargar resumen download

TARC Andalucía 231/2020. La viabilidad de un criterio que valora las horas ofertadas sin coste, en el que no se establece un número máximo de horas a ofertar: control de la proporcionalidad y viabilidad de la oferta mediante el establecimiento de parámetros objetivos para valorar la presunción de anormalidad o desproporción. No puede admitirse que solo la fijación de un tope máximo al número de horas por servicios extraordinarios permita dar cumplimiento a la normativa, ya que el pliego establece algún medio que permita controlar la proporcionalidad y viabilidad de la bolsa de horas gratuitas ofertada, y, desde esta perspectiva, el límite existe en el PCAP, aunque no opere según la fórmula clásica de su inclusión en la propia definición del criterio de adjudicación, sino a través de los parámetros objetivos para considerar incursa la oferta en presunción de anormalidad o desproporción, tal y como sucede con la oferta económica en cuanto a su límite de proporción o normalidad en la bajada. Descargar resumen download

Boletín del viernes, 23 de octubre de 2020

RTACRC 509/2020. La delimitación del objeto del contrato y la obligación de subrogación: libertad del órgano de contratación para delimitar el objeto del contrato conforme a sus necesidades. Improcedencia de revisión de precios por la modificación de las condiciones aplicables al contrato relativas a la negociación colectiva. La obligación de subrogación de los trabajadores es una cuestión ajena al órgano de contratación, respecto de la cual se debe ofrecer información en los pliegos, pero en modo alguno limita la libertad del órgano de contratación para delimitar el objeto del contrato conforme a sus necesidades. Además, el órgano de contratación no debe adoptar ninguna medida en el pliego por la posible modificación de las condiciones aplicables al contrato relativas a la negociación colectiva, aun en el supuesto en que se encuentre planteado el convenio colectivo, por lo que no procede la revisión de precios por este motivo. Descargar resumen download

TARC Andalucía 135/2020. Contrato en el que ha finalizado su plazo de ejecución previsto antes de la adjudicación: renuncia vs fin al procedimiento amparándose en la imposibilidad material de continuarlo prevista en la ley de procedimiento. La decisión de no adjudicar regulada en el artículo 152.3 de la LCSP presupone un contrato susceptible de ser adjudicado y formalizado que no lo va a ser por razones de interés público; es decir, siendo posible la adjudicación, el órgano de contratación decide no hacerlo motivadamente. En cambio, la causa de terminación del procedimiento por imposibilidad material (artículo 84.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) supone la existencia de un impedimento objetivo para continuarlo. En el supuesto examinado, no es que el órgano de contratación decida no adjudicar por razones de interés público, sino que no puede ya hacerlo porque ha finalizado el plazo de vigencia del contrato, por lo que es de aplicación el artículo 84.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (Disposición Final 4 LCSP). Descargar resumen download

JCCAMEH Informe 4/2020. Aplicación del art. 122 LCSP sobre tratamiento de datos personales por el contratista (ubicación de los servidores): momento de la declaración y formalización del contrato, efectos de la falta de aportación y régimen de subsanación. La declaración sobre ubicación de los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos debe aportarse antes de la formalización del contrato. Los contratos no sujetos al recurso especial deberán ponerse a disposición del adjudicatario para su firma electrónica en el momento en que se aporte la declaración sobre ubicación de los servidores. Si antes de la formalización del contrato la empresa adjudicataria no aporta la declaración sobre la ubicación de los servidores, se entenderá que el contrato no puede formalizarse por una causa que le es imputable, aplicándose lo previsto en el apartado 4 del artículo 153. La posibilidad de subsanación de defectos u omisiones en la declaración sobre localización de los servidores será necesariamente distinta según éstos sean formales (subsanables) o sustanciales (no subsanables). Descargar resumen download


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