Actualizaciones CSP


RTACRC 1070/2020. Oportunidad de subsanar los defectos formales de las proposiciones vs admisión ilimitada de subsanaciones: límite a la subsanación de la subsanación. No resulta admisible la posibilidad ilimitada de subsanaciones encadenadas por resultar contrario a la seguridad jurídica y al espíritu del plazo de subsanación. Descargar resumen download

TCP Canarias 276/2020. Problemas al establecimiento de límites al requisito de que el criterio de solvencia sea proporcional al objeto del contrato: es un concepto jurídicamente indeterminado, sin que en abstracto pueda establecerse un porcentaje o cuantía que pueda concretar tal proporcionalidad, al estar relacionada con la complejidad técnica del contrato y su dimensión económica u otras circunstancias semejantes. La condición de que el criterio de solvencia sea proporcional al objeto del contrato es un concepto jurídico indeterminado, por lo que, para conocer la admisibilidad del criterio concreto, es preciso examinar en cada caso si los parámetros establecidos en el pliego son objetivamente admisibles por guardar la debida proporcionalidad con el objeto del contrato, sin que en abstracto pueda establecerse un porcentaje o cuantía que pueda concretar tal proporcionalidad. La proporcionalidad viene dada por la relación entre lo que se exige como requisito de solvencia y la complejidad técnica del contrato y su dimensión económica, u otras circunstancias semejantes, dado que una exigencia desproporcionada afectaría a la concurrencia empresarial en condiciones de igualdad. Descargar resumen download

TACP Madrid 169/2020. La diferente naturaleza del desistimiento frente a la renuncia: el desistimiento no es un acto discrecional, sino un acto reglado fundado en causas de legalidad y no de oportunidad, siendo obligatorio para el órgano de contratación. El desistimiento debe producirse antes de la formalización del contrato y los incumplimientos de las normas de preparación del contrato, donde tienen cabida los vicios o infracciones que afecten al objeto del contrato, a su idoneidad y determinación, o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, deben suponer infracciones no subsanables. Constituye una facultad e incluso una obligación del órgano de contratación cuando concurran los requisitos para ello, con el fin de impedir la celebración de contratos afectados por graves vicios de nulidad en su tramitación. Por consiguiente, el desistimiento, a diferencia de la renuncia, no es un acto discrecional determinado por el cambio de voluntad de la Administración contratante, sino un acto reglado fundado en causas de legalidad y no de oportunidad. Descargar resumen download

Boletín del viernes, 9 de abril de 2021

RTACRC 1029/2020. Acumulación de solvencia entre empresas que concurren en uniones temporales: garantía del principio de concurrencia. La solvencia técnica, siendo exigible a todas y cada una de las empresas componentes de una unión temporal, puede ser acreditada de forma acumulativa a través de las capacidades de los licitadores que participan agrupados en la unión temporal. Si el recurso a medios externos es posible cuando estos pertenecen a terceros extraños a la licitación, con más razón ha de admitirse esta posibilidad cuando se trata de medios propios de las empresas de la unión temporal. Descargar resumen download

TCP Canarias 251/2020. Los procedimientos con negociación y las ventajas obtenidas del mismo: el proceso de negociación vs las ofertas variantes. En el procedimiento con negociación no nos encontramos ante la figura de las variantes reguladas en el artículo 142 de la LCSP, sino que se estará ante la propia negociación, donde la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras negociar las condiciones con uno o varios candidatos. Negociación que se realizará teniendo en cuenta los aspectos económicos y técnicos que, en su caso, harán de ser objeto de negociación, y que se establecen en el PCAP, garantizando en todo caso la debida transparencia, publicidad y no discriminación, como dispone el artículo 166 de la LCSP. En el expediente debe dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación y de las ventajas obtenidas de la negociación. Descargar resumen download

TACP Madrid 152/2020. Efecto de la ausencia de límites en las mejoras empleadas como criterios de adjudicación: puede dar lugar a ofertas inviables que ejercen una función de minusvaloración sobre aquellas lógicas y factibles. El órgano de contratación debe establecer límites a las mejoras que reflejen un umbral que permita maximizar la prestación, pues más allá de ese umbral resultaría irrelevante para el objeto del contrato, por lo que carece de sentido primarlas, en otro caso se desnaturalizarían los criterios de adjudicación que no tienen otro objetivo que seleccionar la mejor oferta en su relación calidad-precio. La ausencia de límite en la mejora hace que el criterio se aleje de su único fin, que es la determinación de la mejor oferta relación precio-calidad, encontrándonos con ofertas inviables, pero que sin embargo ejercen una función de minusvaloración sobre aquellas lógicas y factibles. Descargar resumen download

Boletín del lunes, 5 de abril de 2021

STJUE de fecha 3 de febrero de 2021. Las federaciones nacionales a efectos de su calificación como «organismo de Derecho público»: requisitos acumulativos (interés general que no tenga carácter mercantil o industrial + personalidad jurídica) y requisitos alternativos (financiación, supervisión o nombramiento de miembros). Con arreglo al artículo 2, apartado 1, punto 4, letras a) a c), de la Directiva 2014/24, un organismo debe ser calificado como «organismo de Derecho público» cuando (1) se haya creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil; (2) esté dotado de personalidad jurídica propia y (3) esté financiado mayoritariamente por el Estado, las autoridades regionales o locales, u otros organismos de Derecho público, o cuya gestión esté sujeta a la supervisión de dichas autoridades u organismos, o que tenga un órgano de administración, de dirección o de supervisión, en el que más de la mitad de los miembros sean nombrados por el Estado, las autoridades regionales o locales u otros organismos de Derecho público. Los tres requisitos que figuran en el artículo 2, apartado 1, punto 4, letras a) a c), de la Directiva 2014/24 son acumulativos, si bien los tres criterios mencionados en el tercer requisito revisten, por su parte, carácter alternativo. Descargar resumen download

RTACRC 1105/2020. Ámbito de aplicación de las obligaciones derivadas de los artículos 149 y 201 LCSP en las fases del procedimiento de contratación: fase de ejecución (201), fase de licitación (149). Mientras que el artículo 201 LCSP, relativo a la adopción de medidas para garantizar que los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, solo es aplicable a la fase de ejecución de los contratos, el procedimiento contradictorio que prevé el artículo 149 LCSP para que un licitador justifique que su oferta no está incursa en presunción de normalidad pertenece, sin embargo, a la fase previa de licitación. Descargar resumen download

TACP Madrid 162/2020. La condición de partner autorizado permite el uso de derechos de propiedad industrial exclusivos (SAP): ni requisito de legalidad, ni requisito de solvencia, sin que pueda integrarse con el recurso a otras entidades, ni subcontratarla. La condición de partner autorizado no es un requisito de legalidad que tiene por objeto evitar que el sector público contrate con quienes no ejercen la actividad en forma legal, pues no deviene de una norma dictada con carácter imperativo por los poderes públicos, sino antes bien, un negocio jurídico bilateral de naturaleza privada. Tampoco constituye la condición de partner autorizado un requisito de solvencia técnica pues es preciso que los requisitos de solvencia se encuentren entre los establecidos en la LCSP según el contrato de que se trate, y aquel no se encuentra entre los previstos. De la naturaleza del certificado SAP, que es una licencia para el mantenimiento de la propia aplicación expedida por el fabricante de la misma, resulta una condición personal que ha de concurrir en el propio licitador que se promueve para la misma, no cabiendo integrarla con el recurso de otras entidades ni subcontratarla. Descargar resumen download

Boletín del miércoles, 31 de marzo de 2021

RTACRC 1055/2020. Motivación in aliunde por remisión al informe técnico de valoración: siempre que obre en el expediente y sea accesible a los interesados + Origen de la presunción de veracidad del informe de asesores o expertos que presten asistencia a la mesa de contratación y discrecionalidad técnica: por las cualidades de imparcialidad, objetividad, experiencia y conocimiento + Ámbito de comprobación del Tribunal sobre las valoraciones de los criterios sometidos a juicio de valor: comprobación del procedimiento, competencia, errores materiales o formulaciones arbitrarias o discriminatorias.

I. Motivación in aliunde por remisión al informe técnico de valoración: siempre que obre en el expediente y sea accesible a los interesados. Es preciso reiterar la validez de la motivación in aliunde o por remisión a documentación obrante en el expediente y accesible a los interesados, pues permite el conocimiento por el receptor del acto de la justificación de lo decidido por la Administración encontrando su fundamento legal en artículo 88.6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Descargar resumen download

II. Origen de la presunción de veracidad del informe de asesores o expertos que presten asistencia a la mesa de contratación y discrecionalidad técnica: por las cualidades de imparcialidad, objetividad, experiencia y conocimiento. El fundamento de aquella presunción no radica en el carácter público del órgano evaluador sino en unas cualidades de imparcialidad y objetividad, que unida a su experiencia y conocimientos en la materia, obligan a otorgar cierta prevalencia a sus conclusiones hechas suyas por la mesa de contratación. Descargar resumen download

III. Ámbito de comprobación del Tribunal sobre las valoraciones de los criterios sometidos a juicio de valor: comprobación del procedimiento, competencia, errores materiales o formulaciones arbitrarias o discriminatorias. El Tribunal ha de limitarse a comprobar si se han seguido los trámites procedimentales y de competencia, analizar si se ha incurrido en error material y si se han aplicado formulaciones arbitrarias o discriminatorias. Sólo en aquellos casos en que la valoración deriva del error, la arbitrariedad o el defecto procedimental caber entrar, no tanto en su revisión, cuanto en su anulación -seguida de una orden de práctica de una nueva valoración de conformidad con los términos de la resolución que la acuerde. Descargar resumen download

Boletín del lunes, 29 de marzo de 2021

RTACRC 1017/2020. La justificación de las ofertas anormalmente desproporcionadas por los Centros Especiales de Empleo: bonificaciones en las cuotas a la seguridad social y subvenciones de la Orden de 16 de octubre de 1998. A fin de comprobar la viabilidad de la oferta, no es necesario acreditar documentalmente ser beneficiario de bonificaciones en cuotas de Seguridad Social y subvenciones por contrataciones de personas con discapacidad. Dada la naturaleza de los centros especiales de empleo y la casi automaticidad de las ayudas previstas para centros de esta naturaleza es del todo razonable suponer que se van a disponer de estas subvenciones. Descargar resumen download

TARCCYL 172/2020. Cláusulas de variación de precios en función del cumplimiento o incumplimiento de determinados objetivos: incidencia en la determinación del precio del contrato. El artículo 100.6 LCSP, permite cuando la naturaleza y objeto lo permitan, incluir cláusulas de variación de precios en función del cumplimiento o incumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, debiendo establecerse con precisión los supuestos en que se producirán estas variaciones y las reglas para su determinación, de manera que el precio sea determinable en todo caso. En el presente caso, dicha clausula de variación de precios se establece como condición especial de ejecución, de contenido medioambiental y está planteada en un sistema de determinación del precio a partir del segundo año y vinculado al cumplimiento de unos objetivos de eficiencia y medio ambientales. No puede considerarse revisión de precios, porque responde a elementos internos en la ejecución del contrato, (se reserva un 5% de la facturación anual condicionada a la mejora del ratio Kg recogidos / km recorridos con respecto al año anterior), en función del cumplimiento de determinados objetivos de rendimiento, a diferencia de una revisión de precios que responde a agentes externos, esencialmente a la evolución económica de los costes. Tampoco supone una indeterminación del precio, porque si bien no es fijo, resulta determinable al introducir los parámetros que permiten cuantificar su variación, por lo cual es determinable y por tanto, cierto. Descargar resumen download

JCCA Valencia Informe 5/2020. Naturaleza jurídica de las comunidades de regantes: poder adjudicador, administración pública o entidad privada. La Comunidad de Regantes Lucio del Hombre no tiene la consideración de Administración pública, pues no se trata de una entidad de las previstas en el artículo 3.2 de la LCSP. Pero como sostiene dicha Comunidad, tampoco puede tener la consideración de poder adjudicador, dado que no reúne los requisitos establecidos en el artículo 3.3.d) de la LCSP. Y ello porque, como figura en los estatutos de la Comunidad de Regantes Lucio del Hombre, no existe ningún sujeto que, teniendo legalmente la consideración de poder adjudicador, financie mayoritariamente su actividad; controle su gestión; o bien nombre a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. Descargar resumen download


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