Actualizaciones CSP


RTACRC 768/2020. Motivación de la discrecionalidad técnica de la Administración para determinar el objeto del contrato y su división en lotes + Revisión por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, de los códigos CPV asignados por el órgano de contratación.

I. Motivación de la discrecionalidad técnica de la Administración para determinar el objeto del contrato y su división en lotes: números apertus de los motivos del artículo 99.3.a) y b). No siendo obligatoria la división en lotes, la Administración goza de amplio margen de discrecionalidad para justificar la existencia de un solo lote sin que los motivos contemplados en el artículo 99.3.a) y b) LCSP constituyan un númerus clausus. En ocasiones, tratándose de contratos de escasa cuantía la división en lotes puede aparecer como una práctica perniciosa. Descargar resumen download

II. Revisión por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, de los códigos CPV asignados por el órgano de contratación: posibilidad limitada a los supuestos en que dé lugar a un perjuicio concreto en el recurrente. La mención inadecuada de la clasificación CPV podría dar lugar a perjuicios para el licitador cuando ello afecte a la forma de acreditación de la solvencia quedando sujeta a revisión por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Descargar resumen download

OARC Euskadi 138/2020. La posible subsanación de los defectos en la documentación requerida al adjudicatario propuesto + El régimen de subsanación aplicable a copias simples, omisión de declaraciones e incompatibilidades entre documentos.

I. La posible subsanación de los defectos en la documentación requerida al propuesto adjudicatario: aplicación del artículo 56.3 Directiva 2014/24/UE. Si bien el artículo 141.2 de la LCSP permite la subsanación de defectos de la documentación recogida en el artículo 140 de la LCSP, no hay una norma que recoja expresamente el mismo trámite para los documentos del artículo 150.2 de la LCSP. Los defectos de la documentación aportada por el adjudicatario que haya presentado la mejor oferta (artículo 150.2 de la LCSP) son, en general, susceptibles de subsanación en los términos recogidos en el artículo 56.3 de la Directiva 2014/24/UE. Descargar resumen download

II. El régimen de subsanación aplicable a casos concretos: copias simples, omisión de declaraciones e incompatibilidades entre documentos. Los defectos de la documentación aportada por el adjudicatario que haya presentado la mejor oferta (artículo 150.2 de la LCSP) son, en general, susceptibles de subsanación en los términos recogidos en el artículo 56.3 de la Directiva 2014/24. La presentación de copias simples, debe entenderse que se trata de un defecto subsanable; la aportación, tras el correspondiente requerimiento, de copias auténticas o de los originales para su cotejo no supone la reelaboración de la proposición o del alcance material de los documentos inicialmente presentados. Las declaraciones responsables relativas a los requisitos de aptitud deben cumplirse en el momento de finalización del plazo de presentación de ofertas (artículo 140.4 de la LCSP), no se infringe el principio de igualdad de trato por solicitar la subsanación de la falta de la citada declaración, la cual no supone un plazo adicional para la obtención de dichos requisitos. No cabe subsanar las carencias probatorias de documentos formalmente correctos; dicho de otra forma, no puede subsanarse la incompatibilidad entre el contenido de un documento y los términos exigidos en los pliegos, ya que no se trata de un defecto del documento que le impide acreditar suficientemente un requisito, sino, por el contrario, de la acreditación de que dicho requisito no se satisface. Descargar resumen download

TACP Madrid 1/2020. Defectos y omisiones en la presentación de documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos para contratar: posibilidad de subsanar incluso la falta de presentación. Es criterio unánime, en las resoluciones e informes de Tribunales y de Juntas Consultivas, la subsanación de defectos en la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos para contratar presentada por los licitadores, determinando que la calificación de la documentación mira a excluir las proposiciones de los empresarios que no cumplan con los requisitos esenciales e indispensables previstos en la ley y los incluidos en el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, exclusión que en todo caso, debe responder a criterios objetivos y no a un rigorismo formalista. Además, incluso en el supuesto en el que no se hubiera presentado ningún documento a efectos de justificar la solvencia técnica en los términos previstos en el pliego, cabría igualmente la subsanación, ya que se trataría de una omisión subsanable. Descargar resumen download

Boletín del viernes, 15 de enero de 2021

RTACRC 764/2020. Supuestos habilitantes para la presentación en dos fases de la oferta (huella electrónica): garantía para el licitador frente a dificultades técnicas vs facultad discrecional de la que el licitador puede hacer libre uso. Si bien la norma permite la posibilidad de presentación de la oferta en dos fases, no la generaliza, como tampoco la configura como un derecho subjetivo del licitador, que puede ser ejercido discrecional y libremente a la hora de presentar su oferta por medios electrónicos, como pretende la recurrente. El precepto efectivamente establece una garantía para el licitador, pero esa garantía se vincula a la dificultades técnicas en la presentación telemática de las ofertas, de modo que, si por causas técnicas no imputables a la voluntad del licitador, aquel no ha podido presentar completamente su oferta, quede constancia del intento de presentación mediante huella digital, con sello de tiempo, y pueda completar la presentación, durante el plazo de 24 horas posterior a la incidencia, incluso aunque haya vencido el termino de presentación de oferta. Descargar resumen download

RTACRC 785/2020. Problemas en la presentación ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público: principio de igualdad y no discriminación vs posibilidad de ampliación de plazo o admisión de ofertas por medios distintos de los electrónicos. Para que resulte procedente la ampliación del plazo o la admisión de ofertas por vías distintas, es imprescindible que, por la empresa afectada, resulte acreditado que en el momento de presentar su oferta resultó imposible su presentación a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público y que los problemas técnicos no son imputables al propio licitador. Descargar resumen download

TARC Andalucía 351/2020. Efectos de la firma de la propuesta en la Plataforma de Contratos del Sector Público con un certificado electrónico caducado: exclusión de la oferta. El apartado 1.2.2.3 de la «Guía de Servicios de Licitación Electrónica: Preparación y Presentación de ofertas» - “Certificados electrónicos”, se recomienda expresamente que antes de realizar la firma de los documentos y sobres, se verifique que dispone de un certificado válido. Si el certificado electrónico está caducado y no se advierte esta circunstancia, cuando intente firmar en la Herramienta obtiene un mensaje de error. Si a pesar de las advertencias, firma electrónicamente con un certificado caducado, se arriesga a que el órgano de contratación no admita su oferta, quedando excluido de manera definitiva del procedimiento de contratación. Descargar resumen download

Boletín del miércoles, 13 de enero de 2021

RTACRC 787/2020. La rectificación de los pliegos y los principios de economía procedimental y celeridad frente al principio de inalterabilidad de los pliegos: la rectificación de errores y los problemas interpretativos de los pliegos. La rectificación como tal, en principio, solo es posible cuando se trata de corregir errores materiales, aritméticos o de hecho, debiendo en esos casos ampliarse el plazo de presentación de ofertas cuando se produzca una “modificación significativa”; mientras que cuando la modificación de los pliegos vaya más allá, será necesario retrotraer las actuaciones. Sin embargo, es también doctrina de este Tribunal que, en determinados supuestos y en aras del principio de economía procedimental, por excepción a lo anterior, es admisible una rectificación de los pliegos que vaya más allá del mero error material ampliando el plazo de presentación de ofertas, pero sin retroacción. La rectificación de errores no es el medio idóneo, apto y natural para eliminar un supuesto problema interpretativo de los pliegos, pues la sola apreciación del supuesto dilema en la interpretación y su intento de corrección ya supondría la aplicación de un juicio valorativo y una calificación jurídica que sobrepasarían el ámbito propio de la simple rectificación de un error. Descargar resumen download

TARC Andalucía 372/2020. La doctrina sobre la inatacabilidad de los pliegos y los vicios de nulidad: condición de licitador informado, que entienda los pliegos y que pudo tener conocimiento de ellos. La doctrina sobre la inatacabilidad de los pliegos es aplicable aunque el vicio del que adolezca sea de nulidad de pleno derecho pues, en caso contrario, se estaría dejando al albur de las entidades licitadoras la elección del momento procedimental en que resultaría posible denunciar los vicios de nulidad de los pliegos, pudiéndose dar la circunstancia de que una licitadora impugne los mismos, una vez concluida la licitación, por la única razón de no haber resultado adjudicataria. Si una licitadora razonablemente informada y con normal diligencia puede entender las condiciones de la licitación en el momento en que se anuncia la misma y tiene o pudo tener conocimiento del contenido de los pliegos, debe impugnar dichas condiciones, si las considera ilegales, en el plazo legalmente establecido para recurrirlos, transcurrido el cual estos devienen inatacables. Descargar resumen download

TCP Canarias 193/2020. Límites a los certificados de calidad medioambientales y sociales exigidos como criterios de adjudicación: principio de igualdad y vinculación al objeto del contrato. El cambio normativo en la materia producido por la LCSP que incorporó los imperativos de las Directivas europeas supone también una revisión de la doctrina de los Tribunales respecto a la no admisión de los certificados de calidad medioambientales y sociales como criterios de adjudicación, admitiéndose solamente como condiciones de solvencia técnica o profesional de las empresas. Así, en virtud de lo dispuesto en los preceptos de la LCSP artículos 1.3 y 145 básicamente, sí pueden contemplarse como criterios de adjudicación, y ello siempre que se respeten los límites que la propia LCSP impone: el principio de igualdad, y que el criterio de adjudicación esté relacionado con el objeto del contrato. Descargar resumen download

Boletín del lunes, 11 de enero de 2021

RTACRC 716/2020. El control de la discrecionalidad técnica de la Administración en la definición del objeto del contrato y la determinación de los criterios de adjudicación: desviación de poder, arbitrariedad, ausencia de toda justificación o patente error, debidamente acreditado. El contrato debe ajustarse a los objetivos que la Administración contratante persigue para la consecución de sus fines, y a la que corresponde apreciar las necesidades a satisfacer con el contrato, siendo la determinación del objeto del contrato una facultad discrecional de la misma, sometida a la justificación de la necesidad de la contratación y a las limitaciones de los artículos 22 y 86 del TRLCSP. Se reconoce la discrecionalidad técnica de los órganos de la Administración como instrumento técnico de integración de los elementos subjetivos de los criterios de adjudicación de las proposiciones de los licitadores que solo se puede desvirtuar por desviación de poder, arbitrariedad, ausencia de toda justificación o patente error, debidamente acreditado por la parte que lo alega o vulneración del procedimiento. Descargar resumen download

TARC Andalucía 321/2020. Finalidad de la motivación del acto de adjudicación cuando existen criterios valorables por juicio de valor: evitar la arbitrariedad y permitir conocer los argumentos para impugnar la adjudicación, evitando indefensión. La motivación de la decisión de adjudicación de un contrato constituye un elemento esencial para evitar la arbitrariedad, al tiempo que permite a los demás interesados conocer los argumentos utilizados por el órgano de contratación para, en su caso, impugnar la adjudicación. La motivación es una garantía que, en caso de ser contravenida, generaría indefensión. En el expediente existe una ausencia de justificación técnica en las puntuaciones dadas, que supera el límite de la discrecionalidad técnica. No se trata de una mera motivación insuficiente que, por la vía de anular la adjudicación, permitiera al órgano evaluador completar sus argumentos sin alterar la esencia de los mismos, ni las puntuaciones asignadas; en el supuesto enjuiciado, no se encuentra motivación alguna de los aspectos evaluables en el criterio y sin que resulte posible ahora construir ex novo, partiendo de unas puntuaciones preexistentes, el criterio técnico del órgano evaluador en la generalidad de los parámetros de evaluación del criterio. Descargar resumen download

TCP Canarias 187/2020. Efectos de la ausencia de justificación de los criterios de adjudicación: no es un requisito formal, sino que conlleva la infracción de la norma determinando su anulación. La justificación de los criterios de adjudicación no es un mero requisito formal, cuyo desconocimiento carece de relevancia, sino que el cumplimiento de la exigencia de la adecuada justificación de los distintos extremos que establece el artículo 116.4 LCSP es fundamental, constituyendo una contrapartida a la libertad de configuración del contrato de la que dispone el órgano de contratación. La ausencia de justificación conlleva la infracción de la norma, determinando la anulación de los criterios de adjudicación impugnados, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la LCSP. Descargar resumen download

DGT Consulta V1648-2020. Naturaleza del importe a satisfacer derivado del desistimiento o la suspensión del contrato a efectos de IVA: reparación de daños y perjuicios vs acto de consumo o contraprestación. La normativa relativa al desistimiento una vez iniciada la ejecución o para los casos de acuerdo de la suspensión del contrato por la Administración, indican que, para el cálculo de la cantidad a satisfacer al contratista, se computará en un porcentaje de las obras, servicios o suministros dejados de realizar. En este sentido, la indemnización trata de satisfacer el perjuicio ocasionado por no dar cumplimiento al contrato y tiene en cuenta precisamente la parte del objeto del contrato que no se ha llegado a ejecutar; es decir, que no supone la contraprestación de una operación sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido. No existe obligación de expedir factura en aquellos supuestos en los que no exista operación a efectos de IVA, como es el caso particular de la percepción de indemnizaciones, sin perjuicio de expedir cualquier otro tipo de documento para justificar a otros efectos la percepción de aquélla. Descargar resumen download

Boletín del viernes, 8 de enero de 2021

TACRC 815/2020. Justificación de la viabilidad de las proposiciones incursas en valores anormales o desproporcionados: subvenciones + convicción de que se ejecutará plena y satisfactoriamente el contrato.

I. Justificación de la viabilidad de las proposiciones incursas en valores anormales o desproporcionados: posibilidad de motivarla en la percepción de subvenciones. La justificación de la viabilidad de la oferta en la presumible obtención de subvenciones, aun no estando garantizada su obtención por depender de la convocatoria y consignación presupuestaria anual, resulta suficiente para que la mesa de contratación considere viable la oferta. Descargar resumen download

II. Justificación de viabilidad de las ofertas desproporcionada: prueba exhaustiva vs acreditación que permita llegar a la convicción de que se ejecutará plena y satisfactoriamente el contrato. Siendo la regla general la adjudicación del contrato a favor de la oferta económicamente más ventajosa, no es preciso justificar exhaustivamente la oferta desproporcionada, sino que se trata de dar explicaciones que justifiquen de forma satisfactoria el bajo nivel de precios o de costes propuestos y, por tanto, despejen la presunción inicial de anormalidad de la baja ofertada, de forma que permitan al órgano de contratación llegar a la convicción de que se puede cumplir normalmente la oferta en sus propios términos. Descargar resumen download

TCP Canarias 167/2020. Justificación por el licitador de la oferta en presunción de anormalidad: acreditación de la realidad económica a la fecha de elaborar su oferta vs justificación de la realidad de la ejecución propuesta para el caso de resultar adjudicataria. El momento procedimental en el que la licitadora cuya oferta se encuentre incursa en presunción de anormalidad, ha de aportar la justificación que demuestre la seriedad de la misma es el del trámite de audiencia que a tal fin se sustancie por la Administración contratante. No puede exigirse que la documentación o justificaciones que la licitadora presente en la cumplimentación de dicho trámite de audiencia, haya de corresponderse fielmente con la realidad económica de la empresa a la fecha de elaborar su oferta, antes bien, la indicada justificación ha de responder a la realidad de la ejecución de la propuesta realizada para el caso de resultar adjudicataria, contemplada en su conjunto, es decir, con los recursos humanos y materiales que haya comprometido a adscribir a dicha ejecución. La justificación que ofrezca la licitadora al órgano de contratación deberá referirse a las condiciones en las que su oferta se ejecute, demostrando que la misma será viable y respetará la normativa vigente en materia social y medioambiental. Descargar resumen download

TCP Canarias 179/2020. Efectos sobre las proposiciones de las ofertas que superan los parámetros establecidos en los criterios de adjudicación: valoración según el PCAP vs exclusión. Las ofertas que superan los umbrales máximos establecidos en los criterios de adjudicación, a diferencia de las ofertas declaradas inviables por incluir valores anormales no justificados, no deben ser excluidas del procedimiento de contratación, sino que deben ser puntuadas en los términos previstos en el Pliego, y en ningún caso se les puede asignar una puntuación superior a la fijada para el umbral máximo establecido y ello es así, porque la finalidad del establecimiento de dichos umbrales es no otorgar mayor puntuación a ofertas cuya ejecución no aporta mayor valor añadido a la prestación, sino que por el contrario, pueden desvirtuar la calidad de la prestación ofertada o que siendo teóricamente buenas, luego en la ejecución no se puedan cumplir. Descargar resumen download


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