Actualizaciones CSP

8 Años e Infinitas respuestas

Orden HFP/1070/2022, de 8 de noviembre, por la que se establece la relación de otros materiales cuyo incremento de coste deberá tenerse en cuenta a efectos de la revisión excepcional de precios de los contratos de obras prevista en el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo.Ir a la Orden

Orden HFP/940/2022, de 23 de septiembre, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales, sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento, así como sobre los índices de precios de componentes de transporte de viajeros por carretera, para el primer trimestre de 2022, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas.Ir a la Orden

Ley 18/2022, 28 de de septiembre, de creación y crecimiento de empresas. Ir al Ley 18-2022

Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural. Ir al RdLey 14-2022



Semana 48 - Régimenes jurídicos aplicables en la contratación pública, en función de la definición del objeto, prestaciones e interés público del contrato.



STSJ de Aragón de fecha 15 de junio de 2022. El interés público que justifica la autorización del uso privativo de un bien demanial para el ejercicio privado de una concreta actividad: la gestión del patrimonio demanial (autorización de uso), no la gestión de un servicio público (contrato). El Ayuntamiento autoriza el uso privativo de un bien demanial para el ejercicio privado de una concreta actividad que autoriza en términos identificables a causa de las condiciones de ejercicio que fija, al igual que hace en otro tipo de actividades, como puede ser el caso de licencias de veladores. El interés público que justifica la intervención administrativa, no es la gestión de un servicio público, sino la gestión del patrimonio demanial y el ejercicio y autorización de una actividad regulada o que ha de regular. No nos encontremos ante una actividad prestacional, ante un servicio público de titularidad administrativa -municipal en este caso-, que justificaría la aplicación de la normativa de contratos. En el presente supuesto no estamos ante un servicio público, una actividad prestacional por parte de la Administración, sin perjuicio del interés público que pueda tener la organización de un evento o atracción de que se trate. Descargar resumen download

RTACRC 588/2022. Tipificación de los contratos de arrendamiento de espacios para fines predeterminados: contrato de arrendamiento (cesión de uso/gestión patrimonial) vs contrato de concesión de servicios (ordenación de una actividad). Para valorar la auténtica naturaleza jurídica del contrato, al margen de su calificación formal, debe efectuarse un análisis casuístico de cada uno de ellos, y concretamente del régimen de obligaciones, asociadas a la cesión del uso de los espacios, que se imponen al adjudicatario. Esto exige verificar si, en atención a estas específicas condiciones, la causa última del contrato es, principalmente, la gestión patrimonial de los bienes, o bien la ordenación de una actividad para la prestación de un servicio determinado a los usuarios, asumiendo el contratista el riesgo operacional. En aquellos casos en que la intervención del poder adjudicador sobre la dirección y organización de la actividad empresarial es singularmente intensa, no estaremos ante un contrato de arrendamiento de carácter privado. Descargar resumen download

JCCA Canarias Informe 2/2022. Naturaleza de la contraprestación a la entidad adjudicataria en un contrato de servicios sin transferencia del riesgo: tarifa vs precio privado. En los contratos de servicios definidos en la LCSP, en los que no hay una transferencia del riesgo operacional, el servicio a prestar no es coactivo y se lleva a cabo de forma indirecta, la contraprestación a la entidad adjudicataria no tiene naturaleza de tarifa sino que se considera un precio privado. Descargar resumen download

JCCA Canarias Informe 4/2022. Naturaleza de los contratos de patrocinio publicitario celebrados por la Administración Pública o por PANAPs: tiene la consideración de contratos privados. Cuando se tramiten contratos de patrocinio publicitario tanto por Poderes Adjudicadores Administración Pública como Poderes Adjudicadores no Administración Pública, tienen la consideración de contratos privados y su adjudicación se podrá realizar por los procedimientos que establece la LCSP, siempre que se den las circunstancias concurrentes para su aplicación. Descargar resumen download

JCCA Canarias Informe 5/2022. Régimen jurídico aplicable a los contratos que tienen por objeto servicios jurídicos + Régimen jurídico de los contratos que tiene por objeto servicios jurídicos, excluidos servicios de arbitraje y conciliación.

I. Régimen jurídico aplicable a los contratos que tienen por objeto servicios jurídicos: no se les aplica la Directiva de contratación, al estar excluidos expresamente; pero se les aplica la LCSP al no haberse determinado expresamente su exclusión. A los contratos recogidos en los apartados c) y d) del artículo 10 de la Directiva no se les aplica la normativa de contratación pública prevista en la Directiva, al ser excluidos expresamente en la propia norma. El legislador nacional, al llevar a cabo la transposición, tenía competencia para determinar la exclusión de los servicios jurídicos ya excluidos en la directiva europea, como hizo con los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación, que quedaron, expresamente, excluidos del ámbito de aplicación de la LCSP y, sin embargo, no los excluyó, por lo que debe entenderse que los mismos están sujetos a las disposiciones de la LCSP. Descargar resumen download

II. Régimen jurídico de los contratos que tiene por objeto servicios jurídicos, excluidos servicios de arbitraje y conciliación: se encuentran sujetos a las disposiciones de la LCSP. El legislador nacional al transponer la directiva en la LCSP ha determinado excluir de la Ley a unos determinados servicios, como son los servicios de arbitraje y conciliación, no así al resto de prestaciones de servicios jurídicos, los cuales no están sujetos a regulación armonizada, pero debe entenderse que están sujetos a las disposiciones de la LCSP. Descargar resumen download

JCCA Madrid informe 2/2022. La contratación de publicidad y el patrocinio publicitario: convenio (colaboración, cooperación en asuntos de interés común) vs contrato de publicidad (campañas publicitarias). El convenio es el documento que instrumenta la colaboración, cooperación o coordinación de las partes que lo suscriben, en asuntos de interés común, que no tiene carácter contractual. La contratación de publicidad es un contrato de servicios sujeto a la LCSP, mediante el que se contrata una campaña publicitaria con empresas dedicadas a esta actividad. Por el contrario, no puede considerarse como un contrato de servicios el patrocinio publicitario de una actividad cuya finalidad principal es que el patrocinado realice una actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, mediante una ayuda económica, a cambio de la cual colabora en la publicidad del patrocinador. Por tanto, la contratación de publicidad con empresas dedicadas a la actividad publicitaria sí que sería un contrato de servicios, pero, por el contrario, no puede considerarse como tal el patrocinio de una actividad deportiva cuyo desarrollo resulta de interés para la Administración, con independencia de que ello pueda reportar a ésta un cierto retorno publicitario. Descargar resumen download

JCCA Madrid informe 9/2022. Financiación de los contratos de I+D: remuneración íntegra por el poder adjudicador vs subvenciones. La inclusión de subvenciones o fondos de distinta procedencia en la financiación de la entidad contratante no impide considerar que un contrato de I+D esté remunerado íntegramente por el poder adjudicador, siempre que la empresa adjudicataria no participe en la financiación del contrato. Descargar resumen download

JCCA Madrid informe 7/2021. La tramitación de emergencia por los poderes adjudicadores que no tienen la consideración de Administración Pública: aplicabilidad de los mismos procedimientos y formas de tramitación. Si a los poderes adjudicadores que no tienen la consideración de Administración Pública se les aplican los mismos procedimientos de adjudicación que a las Administraciones Públicas, a dichos procedimientos les serán aplicables las mismas formas de tramitación: ordinaria, de urgencia o de emergencia. Descargar resumen download

CC Andalucía 196/2022. Carta de patrocinio (instrumento de garantía de pago mercantil):contratos de garantía atípicos generadores de obligaciones, sin regulación específica en nuestro ordenamiento. La carta de patrocinio, es un instrumento de garantía de pago utilizado en el ámbito mercantil respecto del cual no existe una regulación específica en nuestro ordenamiento jurídico. La construcción de este instrumento es jurisprudencial, debiendo destacar las sentencias del Tribunal Supremo 96/2007, de 13 de febrero, y STS 4276/2015, de 28 de julio, en las que se esbozan las características de tal instrumento y se establece la distinción entre cartas débiles y fuertes, matizando que éstas últimas se consideran como contratos de garantía atípicos generadores de obligaciones. De esta manera, las cartas de patrocinio de naturaleza débil serían meras recomendaciones; y las fuertes, auténticas garantías con carácter vinculante para quien las emite (en este caso, el Ayuntamiento), en la cuales ha de detectarse una serie de caracteres: intención de obligarse por quien las emite; claridad en la obligación asumida; capacidad del firmante para obligar a la entidad a la que representa en un contrato semejante a la fianza; que el patrocinio se haya otorgado en el ámbito de las relaciones existentes entre la entidad patrocinadora (el Ayuntamiento, en este caso) y patrocinada (la sociedad municipal a la que se le garantiza el abono de la póliza de crédito, en el expediente examinado). Descargar resumen download

Semana 47 - Límites garantes de los principios de transparencia, libre competencia, igualdad y proporcionalidad: referencia a la acción concertada y al control de medios propios y sociedades municipales.



STS de fecha 4 de mayo de 2022. La apreciación de la infracción del deber de confidencialidad en las propuestas de los licitadores en la contratación pública debe efectuarse con atención al principio de proporcionalidad: atendiendo a la relevancia de la infracción y a sus efectos desde la perspectiva de la finalidad de la norma. La Directiva establece los motivos de exclusión de los operadores en la contratación pública, unos vinculantes para los Estados y otros potestativos, como lo sería el intento de influir indebidamente en la toma de decisiones del poder adjudicador al hacer pública información que debía haber sido secreta. La aplicación de un motivo de exclusión potestativo requiere, según expresamente indica el considerando 101 de la directiva, una aplicación del principio de proporcionalidad especialmente intensa. Esta Sala considera que, frente a tal aplicación mecánica de la causa de exclusión, la valoración efectuada tanto por el órgano de contratación como por el tribunal administrativo sí se ajustó al principio de proporcionalidad. En efecto, siendo criterios automáticos a optar en el sobre B la oferta de una bolsa de horas de trabajo no asignadas a ninguna prestación y la disponibilidad de un retén de incidencias, no parece que indicar que el detalle de dicho incremento de horas y la disponibilidad del citado retén se incluiría en el sobre C sea avanzar información relevante sobre el concreto número de horas de la bolsa de trabajo o sobre la efectiva disponibilidad horaria del retén los 365 días del año que altere las condiciones de igualdad entre los ofertantes. Así, aun en el caso que se entendiera indebida tal indicación, la exclusión del contratista resulta claramente desproporcionada respecto a la trascendencia de la supuesta vulneración de la confidencialidadSTJUE de fecha 15 de septiembre de 2022. Asunto C-416/21.. Descargar resumen download

STJUE de fecha 15 de septiembre de 2022. Asunto C-416/21. El alcance del motivo de exclusión de la participación en un procedimiento cuando el poder adjudicador tenga indicios suficientemente plausibles de que el operador económico ha llegado a acuerdos destinados a falsear la competencia (artículo 57.4.d Directiva 2014/24) + Naturaleza de los motivos de exclusión y posibilidad de obstaculizar la adjudicación por otros motivos.

I. El alcance del motivo de exclusión de la participación en un procedimiento cuando el poder adjudicador tenga indicios suficientemente plausibles de que el operador económico ha llegado a acuerdos destinados a falsear la competencia (artículo 57.4.d Directiva 2014/24): no puede limitarse a los acuerdos entre empresas contemplados en el artículo 101 TFUE. El artículo 57.4.d de la Directiva 2014/24 se refiere a los casos en los que los operadores económicos llegan a cualquier tipo de acuerdo contrario a la competencia, y no puede limitarse a los acuerdos entre empresas contemplados en el artículo 101 TFUE. Procede concluir que, si bien la existencia de un acuerdo en el sentido del artículo 101 TFUE debe considerarse comprendida en el motivo de exclusión facultativo del artículo 57, apartado 4, párrafo primero, letra d), de la Directiva 2014/24, no es menos cierto que esta última disposición tiene un ámbito de aplicación más amplio, que también incluye la celebración, por parte de operadores económicos, de acuerdos contrarios a la competencia que no estén comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 101 TFUE. Descargar resumen download

II. Naturaleza de los motivos de exclusión y posibilidad de obstaculizar la adjudicación por otros motivos: los motivos de exclusión se enumeran de manera exhaustiva, pero ello no impide obstaculizar la adjudicación del contrato a operadores cuyas ofertas, aunque presentadas de forma individual, no sean autónomas ni independientes. El artículo 57.4 de la Directiva 2014/24 enumera de manera exhaustiva los motivos de exclusión facultativos para la participación en un procedimiento de contratación pública por razones basadas en elementos objetivos relativos a su aptitud profesional, así como a un conflicto de intereses o a un falseamiento de la competencia. Se reconocen tan solo las causas de exclusión que se derivan de un examen objetivo de los hechos o de comportamientos propios del contratista de que se trate que, o bien puedan empañar su honradez profesional o su aptitud económica o financiera para llevar a buen término las obras objeto del contrato público al que haya licitado, o bien que puedan crear una situación que provoque un conflicto de intereses o un falseamiento de la competencia. El hecho de que los motivos de exclusión facultativos se enumeren de manera exhaustiva no impide que el principio de igualdad de trato pueda obstaculizar la adjudicación del contrato de que se trate a operadores económicos que formen una unidad económica y cuyas ofertas, aunque presentadas de forma individual, no sean autónomas ni independientes. Descargar resumen download

STSJ de Castilla León de fecha 3 de mayo de 2022. La legitimación activa de los concejales para llevar a cabo el control del funcionamiento de las entidades locales (artículo 63.1 b) de la LBRL): el control de las sociedades municipales. La finalidad última del artículo 63.1 b) de la LBRL es posibilitar que los cargos electos por sufragio popular controlen el correcto funcionamiento de las Entidades Locales de cuyos órganos de gobierno forman parte, ejerciendo así el mandato político del que son depositarios, no es aceptable que la legitimación que dicho precepto les otorga se limite cuando la actuación municipal se encauza mediante personas jurídicas de forma privada meramente instrumentales, pues también en este último caso se ponen en juego cuestiones esenciales para la vida municipal. Pero, además, de acuerdo con la normativa aplicable a las sociedades de capital el recurrente, miembro del Consejo de Administración de Auvasa, también estaría legitimado para recurrir el acuerdo adoptado por este. Descargar resumen download

STSJ País Vasco de fecha 26 de mayo de 2022. Reserva de contratos a centros especiales de empleo de iniciativa social (DA 4ª LCSP): la regulación interna provoca efectos desproporcionados, cuanto perjudiciales a los principios de la contratación (igualdad de trato y libre concurrencia) como la exclusión de los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial (anulación del acto recurrido). Por mucho que la naturaleza, constitución y funcionamiento de los centros especiales de empleo que la disposición final 4 de la Ley 9/2017 considera de iniciativa social, justifiquen “objetivamente”, en abstracto, un régimen más favorable al acceso de esos centros a la contratación pública, en el ámbito de la reserva amparada por el artículo 20.1 de la Directiva 2014/24/CE no puede estimarse justificado el diferente trato que la antedicha disposición interna dispensa a esos centros respecto a los de iniciativa empresarial representados por la Asociación recurrente, si no en la medida que los requisitos establecidos por aquella sean no solo adecuados sino también proporcionales a la finalidad amparada por la norma europea de cuya primacía y, por lo tanto, aplicación directa se trata. El tribunal estima que la regulación interna lejos de garantizar necesaria y proporcionalmente sus objetivos, provoca efectos tan desproporcionados, cuanto perjudiciales a los principios de la contratación (igualdad de trato y libre concurrencia) como la exclusión de los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial de la contratación pública, no obstante su contribución actual y por lo tanto, potencial (futura) a la integración laboral de las personas discapacitadas, acorde a su calificación como servicio de interés económico general. Se anula el acto recurrido por fundarse en norma disconforme con la Directiva 2014-24, dada la primacía de esta última. Descargar resumen download

RTACRC 511/2022. La exclusión del licitador como único remedio para garantizar la observancia de los principios de transparencia y de igualdad de oportunidades: existencia de un vínculo entre el licitador y personas que prestan servicios en el poder adjudicador, sin que sea relevante dar audiencia al licitador, como sucedería en caso de prácticas colusorias. La consideración de la exclusión como medida válida en el caso de existencia de un conflicto de intereses, siempre y cuando esa decisión constituya la única medida posible para evitar una vulneración de los principios de igualdad de trato y de transparencia, de obligado respeto en todo procedimiento de conclusión de un contrato público. La existencia de un vínculo entre el licitador y personas que prestan servicios en el poder adjudicador podría haber sido salvado en el caso de haberse adoptado medidas previas, como es la abstención del Jefe del Departamento al menos en la fase de valoración de las ofertas. La no abstención en esta fase al menos, y habiéndose por su parte también redactado los pliegos, y encontrándose ya el proceso de licitación concluido sin posibilidad de volverse hacer una nueva valoración técnica por conocerse ya el valor de la oferta económica, permite concluir que la exclusión era la única medida posible a adoptar. Apreciada la existencia de conflicto de interés en el seno de la Administración pública contratante, esta ha de proceder conforme exige el artículo 64 de la LCSP, no siendo la audiencia al licitador implicado relevante, como sucedería de apreciarse indicios fundados de la existencia de prácticas colusorias, dado que estas exigen analizar la conducta del licitador y terceros ajenos a la Administración Pública contratante. Descargar resumen download

OARC Euskadi 48/2022. Emisión de informes de valoración de ofertas solicitados por la Mesa de contratación: la LCSP no exige que los emita un empleado público, pero sí que no lo emita personal eventual. En el presente caso, y dado que la ponderación atribuida a los criterios sujetos a fórmula es superior a la de los criterios sujetos a juicio de valor, corresponde a la Mesa de contratación la valoración de los criterios subjetivos. Para realizar esta labor, la normativa contractual permite a las Mesas solicitar el asesoramiento de técnicos o expertos independientes y cuantos informes técnicos se estimen pertinentes. Los informes de valoración tienen un carácter auxiliar, de carácter consultivo, pero la valoración de las ofertas propiamente dicha, apartándose o no de dichos informes, corresponde a las Mesas que realizarán la propuesta de adjudicación al órgano de contratación. La LCSP no exige que los emita un empleado público pero sí que no lo emita personal eventual (ámbito local); no se acredita que el informante carezca de formación, objetividad e independencia. Descargar resumen download

JCCAMEH Informe 88/2021. Posibilidades (y limites) para que el Alcalde forme parte de la mesa de contratación: si tiene la condición de órgano de contratación o ha delegado la competencia en otro órgano, no podrá forma parte de la mesa; si la competencia es del Pleno o de la Junta de Gobierno, podrá formar parte de la mesa. La mesa es un órgano de asistencia técnica especializada, que debe realizar su función con plena independencia del órgano de contratación. Precisamente por esta razón no resulta posible admitir que el titular del órgano de contratación pueda formar parte de la mesa de contratación como presidente de la misma, ya que supondría que existiese la posibilidad de interferencia en las funciones que este órgano está llamado a desempeñar con objetividad. Cuando la condición de órgano de contratación corresponde al Pleno de la Corporación o a la Junta de Gobierno, en este caso, si el Alcalde presidiera la mesa ya no existiría una identidad entre quien desempeña la función de decidir a quién se va a adjudicar el contrato y los miembros de la mesa. Descargar resumen download

CCCA Andalucía Informe 3/2022. Encargos a TRAGSA y TRAGSATEC, financiados con fondos europeos: diversidad de criterios entre Administraciones y Doctrina de los Tribunales de Recursos Contractuales en cuanto a si el control de adecuación del medio propio ha de hacerse “encargo a encargo” o con carácter general, para toda la actividad encargada al medio propio en razón de su objeto social. La declaración de medio propio y servicio técnico requiere la previa acreditación de que la entidad dispone de “medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector de actividad que se corresponda con su objeto social, de acuerdo con su norma o acuerdo de creación” y que se dé alguna de las circunstancias siguientes: a) Sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica. b) Resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad de disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico.” La comprobación de la suficiencia de medios y de la concurrencia de alguna de las circunstancias anteriormente mencionadas se somete a un doble control: a) un control previo, con ocasión de la declaración del medio propio, en virtud del cual a la propuesta de declaración deberá acompañarse una memoria justificativa acreditativa que deberá ser informada por la Intervención General de la Administración del Estado y b) otro control de eficacia que deberá realizar el Departamento al que se adscriba el medio propio. Descargar resumen download

JCCA Cataluña Informe 3/2022. Límites a la atribución mediante convenio o acción concertada excluida de la LCSP del servicio de comedor escolar a favor de entidad privada: el objeto de la prestación es propio de un contrato y no cabe la acción concertada al no haberse regulado en Catalunya el sistema que garantice una publicidad suficiente, ajustándose a los principios de transparencia y no discriminación. El servicio de comedor escolar en Catalunya no puede ser objeto de atribución, mediante convenio excluido de la normativa de contratación pública de conformidad con el artículo 6 de la LCSP, a entidades privadas ya que se trata de un objeto propio de un contrato sometido a esta normativa. Asimismo, tampoco puede ser objeto de prestación por parte de dichas entidades privadas mediante acción concertada excluida del ámbito de aplicación de la normativa vigente de contratación sobre la base de lo que establece el artículo 11.6 de la LCSP, al no haberse regulado en Catalunya el sistema que garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación para la concesión de licencias o autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones que el poder adjudicador haya fijado previamente, sin límites ni cuotas, de conformidad con la Disposición Adicional cuadragésima novena de la LCSP. Descargar resumen download

JCCA Cataluña Informe 4/2022. Participación de los órganos de contratación y los cargos electos en las mesas de contratación + Participación de los cargos electos en las mesas de contratación de contratacion de las entidades locales.

I. Participación de los órganos de contratación y los cargos electos en las mesas de contratación: las personas que ostentan la condición de órganos de contratación unipersonales no pueden participar en las mesas de contratación. Las personas que tienen la condición de órgano de contratación unipersonal no pueden participar en las mesas, ya que esta participación comportaría una injerencia de aquellos en las funciones de éstas, que podría alterar la imparcialidad, la independencia, la objetividad y la profesionalidad requerida en su actuación. Los cargos electos pueden formar parte de las mesas de contratación, ya sea como presidentes o presidentas o como vocales, siempre que no tengan a su vez la condición de órgano de contratación unipersonal. Descargar resumen download

II. Participación de los cargos electos en las mesas de contratación de contratacion de las entidades locales: pueden participar siempre que no tengan la consideración de órgano de contratación o en los casos en que el órgano de contratación corresponda a un órgano colegiado incluso aunque formen parte del mismo. En el ámbito local, los cargos electos pueden formar parte de las mesas de contratación, siempre que no tengan a su vez la condición de órgano de contratación unipersonal. En este mismo sentido, pueden ser miembros de las mesas en los casos en que la condición de órgano de contratación corresponda a un órgano colegiado, ya sea el Pleno de la Corporación o la Junta de Gobierno Local, incluso en el caso que también formen parte. Descargar resumen download

Semana 46 - Contratación electrónica.



RTACRC 298/2022. Efecto de la presentación de oferta en el Registro electrónico de la entidad (o por email) en lugar de la plataforma de licitación electrónica: rechazo de la oferta por ser contrario a los principios de confidencialidad, igualdad y no discriminación que han de regir en el procedimiento de concurrencia competitiva. No garantiza la confidencialidad de la oferta su presentación en el registro general, por mucho que sea electrónico de la entidad, sino que dicha confidencialidad solo está blindada mediante la presentación en la plataforma de contratación, dado que únicamente este instrumento goza de los requisitos previstos en la Disposición Adicional Decimoséptima de la LCSP. Acceder a las pretensiones antiformalistas de la impugnante implicaría una manifiesta vulneración de la normativa vigente y un serio atentado de los principios de igualdad y no discriminación que han de regir en los procedimientos de concurrencia competitiva de los que hacen gala los procedimientos de contratación. Descargar resumen download

RTACRC 663/2022. Actuaciones a llevar a cabo en caso de existir una duplicidad de ofertas electrónicas de un licitador: el licitador debe señalar la oferta que debe ser admitida, en caso contrario, la mesa debe abrir las ofertas y proceder a su comparación y si son iguales continuar y si no son idénticas deberá excluir la oferta. De haberse observado la doctrina del Tribunal hubiera sido la propia recurrente la que señalase la oferta que debía ser admitida al procedimiento de licitación. No habiéndose producido esa elección procede, a juicio del Tribunal, que por la Mesa de Contratación se proceda a la apertura de las dos ofertas presentadas, a su comparación y, (i) de ser idénticas, continuar el procedimiento de licitación admitiendo una de ellas o (ii) de no serlo, excluir a la recurrente en tanto se habría producido la ruptura del principio de unidad de oferta. Descargar resumen download

RTACRC 868/2022. Limitación a la extensión de los documentos en formato electrónico: hojas (aplicable exclusivamente al formato papel) vs páginas (aplicable formato electrónico). Efectos de la discrepancia entre la voluntad declarada en el DEUC y la querida en el cumplimiento de requisitos previos (falta de declaración de integración de solvencia con medios de terceros):la discrepancia excede de la posibilidad de subsanación, dado que supondría una alteración de la oferta. Cuando se trata de un documento electrónico en el que, de acuerdo con la definición de la Real Academia de la Lengua Española, no se “dobla el papel para formar el pliego”, resulta más acertado emplear el término de “página” en lugar del término de “hoja”. En un documento electrónico carece de sentido y aplicabilidad el concepto o definición de “hoja” previsto para los documentos en soporte papel, por su propia naturaleza. La referencia a 50 hojas no se había de predicar del documento impreso (puesto que, por otra parte, hemos indicado que la impresión admite más de dos páginas por hoja), sino que era el equivalente a 50 páginas del documento electrónico, de naturaleza distinta a la del libro o cuaderno tradicional al que se refiere la definición de la RAE. Descargar resumen download

TARC Andalucía 114/2022. Efectos de la cumplimentación del trámite de subsanación fuera del aplicativo de licitación electrónica (SIREC): aplicación de la doctrina antiformalista y admisión de la presentación a través del Registro electrónico en aras de principio de proporcionalidad, libre concurrencia y eficiente utilización de los fondos públicos. A juicio de este Tribunal una decisión antiformalista del órgano de contratación, que hubiera permitido al recurrente seguir en el procedimiento de licitación, pese a haber presentado la documentación requerida a través del registro electrónico, habría resultado ajustada a derecho, encontrando pleno fundamento en el principio de proporcionalidad. Criterio jurisprudencial (STS de 6 de julio de 2004), una interpretación literalista de las condiciones exigidas para tomar parte en los procedimientos administrativos de contratación, y un excesivo formalismo que conduzca a la no admisión de proposiciones por simples defectos formales, fácilmente subsanables, es contrario a los principios que deben regir la contratación pública enunciados actualmente en el artículo 1 de la LCSP, la libre concurrencia y la eficiente utilización de los fondos públicos, que exigen que en los procedimientos de adjudicación de los contratos deba tenderse a lograr la mayor concurrencia posible, siempre que los candidatos cumplan los requisitos establecidos. Descargar resumen download

TARC Andalucía 142/2022. Efectos de la firma de la oferta con un certificado digital de persona física en lugar del certificado de apoderado o representante de la empresa: defecto subsanable. El error en la utilización del certificado digital de la persona física en lugar del certificado de apoderado o representante de la empresa es subsanable. Por ello, la mesa debió requerirle para que, en trámite de subsanación, acreditara si quien firmó la oferta electrónicamente estaba en posesión de certificado digital de apoderado de la empresa, a la fecha final del plazo de presentación de proposiciones. Descargar resumen download

TCP Canarias 105/2022. Posibilidad de utilizar dos medios electrónicos (PLACSP y el registro electrónico de la Corporación) para la presentación de la documentación requerida: aunque el PCAP contemple únicamente la presentación a través de PLACSP, cabe la posibilidad de emplear también el registro electrónico de la Corporación, pues no vulnera el principio de igualdad, ni repercute en la integridad de la oferta. Aun constituyendo los pliegos que rigen la contratación “Lex contractus,” siendo el registro electrónico de la Corporación a través del cual fue presentada la documentación al igual que la Plataforma de Contratación del Sector Público, dos medios electrónicos que garantizan la fecha y hora de presentación y el contenido de la oferta, en definitiva, la integridad, autenticidad, y confidencialidad de la documentación que se presenta a través de ellas, requisitos exigidos de los medios de comunicación a utilizar en los procedimientos de contratación por las disposiciones adicionales decimosexta y decimoséptima de la LCSP, con base al principio antiformalista que rige la contratación pública, se considera que el órgano de contratación no erró al valorar la documentación aportada a través del registro electrónico de la Corporación Local, pues su admisión no suponía una vulneración del principio de igualdad de trato de los restantes licitadores ni repercutía en la integridad de la oferta. Descargar resumen download

TACP Madrid 173/2022. Obligatoriedad de la tramitación electrónica de los procedimientos de contratación: las necesidades técnicas precisas para adaptar la licitación manual a electrónica se reducen a un ordenador y una conexión por internet. A partir de la entrada en vigor de la Ley 9/2017 la regla general para la presentación de las ofertas es la utilización de los medios electrónicos, que sólo cede ante los casos tasados previstos en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, debiendo en cualquier caso justificarse la excepción de forma expresa, al exigirse que ‘los órganos de contratación indicarán en un informe específico las razones por las que se haya considerado necesario utilizar medios distintos de los electrónicos’. Las necesidades técnicas precisas para adaptar la licitación manual a electrónica se reducen a un ordenador y una conexión por internet, medios que ya ha quedado patente su disposición por el órgano de contratación cuando remite el informe al recurso mediante un documento electrónico y utilizando la sede electrónica para la tramitación del presente recurso, situación que deja cuanto menos perplejo a este Tribunal, que observa como para algunos procedimientos el Ayuntamiento ha sido diligente y goza de medios y para otros en cambio no. Descargar resumen download

Semana 45 - Solvencia técnica vs habilitación empresarial: medios de tercero y empresas de nueva creación.



RTACRC 381/2022. Naturaleza de la habilitación empresarial: hace referencia más que a la capacitación técnica o profesional, a la aptitud legal para el ejercicio de la profesión de que se trata, es un requisito de aptitud distinto de la solvencia por lo que no cabe integrarlo con medios externos. La habilitación empresarial es un requisito de aptitud legal de los operadores económicos, contenido dentro del art. 65. 2 LCSP, relacionado con el objeto del contrato y su funcionalidad deriva de que las entidades del sector público no contraten con quienes no están legalmente autorizados a desarrollar una actividad empresarial. Es un requisito de aptitud distinto a la solvencia y que, al contrario que esta, no cabe integrarlo con medios externos, siendo un requisito personalísimo, que únicamente puede exigirse respecto a aquellos requisitos que resulten imprescindibles para el legal ejercicio de la actividad objeto del contrato. Descargar resumen download

RTACRC 415/2022. El umbral temporal de la solvencia técnica exigible a las empresas de nueva creación por aplicación del artículo 90.4 LCSP: experiencia en relación al tiempo de funcionamiento de la entidad. La previsión del artículo 90.4 tiene la lógica intención de permitir la concurrencia a las nuevas empresas en contratos no sujetos a regulación armonizada, respecto de las cuales sería una barrera insalvable acreditar una experiencia mayor a la de su tiempo de funcionamiento. Resulta claro que no es posible exigir a las nuevas empresas, por imperativo del 90.4, la ejecución de un número determinado de servicios de modo cumulativo en un marco de 10 años. Esta condición sería de cumplimiento imposible, pues si la excepción de la LCSP está contemplando empresas de antigüedad inferior a 5 años, nunca podría acreditar este tipo de empresas de nueva creación una experiencia de 10 años. Descargar resumen download

RTACRC 454/2022. Limitaciones a la integración de solvencia con medios externos en el caso de contratos reservados (DA 14ª y DA 48ª): posibilidad de establecer limitaciones en atención a la naturaleza y objeto del contrato (reservado). El licitador puede acudir para integrar su solvencia a medios externos, sin que el poder adjudicador pueda condicionar la forma en que lo hará. Ahora bien, lo que sí puede hacer el poder adjudicador es establecer limitaciones a la posibilidad de integrar la solvencia con medios externos en atención a la naturaleza y objeto del contrato. En el supuesto examinado, resulta que el poder adjudicador exigió que determinadas partes o trabajos, en atención al carácter reservado del contrato, tuvieran que ser directamente ejecutadas por el licitador adjudicatario, sin que fuera posible, por tanto, que tales partes de la prestación contractual pudieran ser desarrolladas por medios externos. Descargar resumen download

RTACRC 549/2022. Efecto de la falta de previsión de condiciones de solvencia para las empresas de nueva creación: vulneración del principio de igualdad al tratar igual a todos los potenciales licitadores, aunque no se encuentren en una situación equiparable. Los pliegos infringen el artículo 90.4 de la LCSP por no contemplar criterios de solvencia alternativos para empresas de nueva creación, vulnerando el principio de igualdad al tratar igual a todos los potenciales licitadores, aunque no se encuentren en una situación equiparable. El criterio de aplicación supletoria es el del artículo 90.1 a), que es el vedado para las empresas de nueva creación, por lo que en los contratos no SARA es indispensable que los pliegos determinen el criterio de solvencia, elegido entre los previstos en las letras b) a i) del artículo 90.1. Descargar resumen download

RTACRC 1797/2021. Sentido finalista de la excepción de la solvencia técnica de las empresas de nueva creación: se refiere a la empresa como unidad organizativa, con independencia de los elementos humanos que la componen. La excepción que establece el artículo 90.4 LCSP, en cuanto a la exigencia de solvencia técnica para las empresas de nueva creación, se refiere a la empresa como unidad organizativa, con independencia de los elementos humanos que la componen, no ya sólo por la propia redacción literal del precepto (“empresas”, “nueva creación”), sino porque en el sentido finalista de la norma, lo que trata de impedirse es que se establezca una limitación de la concurrencia o discriminación a este tipo de empresas. Cuestión distinta, son los medios personales con los que cuenta la empresa para desarrollar su actividad que tendrán la correspondiente experiencia profesional pero, lógicamente, no ligada, necesariamente, a la antigüedad de la empresa. Descargar resumen download

TARC Andalucía 184/2022. Imposibilidad de integrar la solvencia con medios de terceros a través de un contrato de agencia: el contratista no llevaría a cabo directamente una buena parte de los servicios licitados, quedando relegada a la posición de mera intermediaria en esa relación jurídica entre el órgano de contratación y el prestador. Por el contrato de agencia una persona natural o jurídica, denominada agente, se obliga frente a otra de manera continuada o estable a cambio de una remuneración, a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos, como intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de tales operaciones. No es posible entender que la entidad vaya a ejecutar parcialmente el servicio licitado con los medios de CORREOS, pues sería esta Sociedad Estatal la que, frente al órgano de contratación, llevaría a cabo directamente una buena parte de los servicios licitados con su propia red de oficinas e instalaciones y su propio personal, asumiendo el riesgo y ventura de dichas operaciones, quedando relegada la recurrente a la posición de mera intermediaria en esa relación jurídica entre el órgano de contratación y CORREOS. Descargar resumen download

TACP Madrid 289/2022. Excepción a la acumulación de las clasificaciones en caso de UTE, aplicabilidad del artículo 52.2 RGLCAP: cuando uno de los miembros de la UTE, por sí solo, alcance la clasificación requerida, la unión temporal alcanzará la clasificación, sin necesidad de acumular la clasificación de sus miembros. En los contratos en que se exija una determinada clasificación, la acumulación de las condiciones de solvencia o de clasificación se producirá ex lege entre los miembros de la UTE. Si dicha acumulación se produce, resulta condición ineludible, en los contratos sujetos a la exigencia de una determinada clasificación, que todos los componentes de la UTE estén clasificados. La única excepción tiene lugar cuando uno de los miembros de la UTE, por sí sólo, alcance la clasificación requerida, supuesto en el que el artículo 52 del RLCAAPP indica que “la unión temporal alcanzará la clasificación exigida”. Ocurre en este caso que la acumulación es completamente innecesaria y, en consecuencia, no es imprescindible que las dos empresas estén clasificadas, requisito éste que sólo es necesario para proceder a la acumulación de clasificaciones y que no impide que la responsabilidad solidaria de los miembros de la UTE se pueda hacer efectiva sobre quien cumple, por sí sólo, las condiciones de clasificación requeridas. Descargar resumen download

Comunicación de la UE | Adquisiciones sociales: una guía para considerar aspectos sociales en las contrataciones públicas (2.ª edición)

Para promover el uso de la contratación pública como herramienta para alcanzar objetivos de política social, la Comisión publicó una guía práctica para los compradores públicos.

La guía tiene por objeto concienciar a los compradores públicos de los posibles beneficios de la CPSR y explicar de manera práctica las oportunidades que ofrece el marco jurídico de la UE, incorporando sugerencias y ejemplos concretos que abarcan todo el proceso de contratación pública.

Acceder a la Guía UE sobre aspectos sociales en la contratación pública

Puedes acceder a las actualizaciones remitidas en newsletters de fechas anteriores en "Documentos CSP > Histórico de newsletter".


Sesión informativa La Fábrica de Pliegos (Next Generation + Reserva de contratos + Clasificación en caso de UTEs)