Actualizaciones CSP

8 Años e Infinitas respuestas

Orden HFP/333/2022, de 7 de abril, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales, sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento, así como sobre los índices de precios de componentes de transporte de viajeros por carretera, para el cuarto trimestre de 2021, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas.Ir a la Orden

* NOTA INFORMATIVA de la JCCPEº sobre los efectos de la recomendación de 24 de septiembre de 2018 de la junta consultiva de contratación pública del estado a los órganos de contratación, en relación con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del artículo 159 de la Ley 9/2017, de contratos del sector público.

Como consecuencia de la modificación normativa operada en el artículo 159 LCSP, por la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, en su Disposición final vigésima novena, la Recomendación de 24 de septiembre de 2018, de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, a los órganos de contratación en relación con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del artículo 159 de la Ley 9/2018 de 8 de noviembre de contratos del sector público, queda obsoleta y por tanto sin efecto, dado que se refiere a un marco normativo que ha quedado derogado. Ir a la Nota Informativa

* Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

A través de su articulado se introducen medidas que afectan, directa o indirectamente, a la contratación pública. Ir a la Ley 7/2022

* Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

A través de su disposición final trigésima primera se modifica el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

A través de su disposición final trigésima séptima se modifica el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras.

Ir al RD-Ley 6/2022

Orden HFP/238/2022, de 23 de marzo, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales, sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento, así como sobre los índices de precios de componentes de transporte de viajeros por carretera, para el tercer trimestre de 2021, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas.Ir a la Orden

Semana 20 - Aspectos relacionados con la ejecución de los contratos: daños y perjuicios derivados de la no formalización en plazo, suspensión del contrato principal, comprobación material de la inversión y sucesión de empresas durante la ejecución.

JCCAMEH Informe 64/2021. Eficacia jurídica frente a terceros de las operaciones de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de una rama de la actividad de la empresa licitadora o candidata tenga: a partir de la inscripción de la operación correspondiente en el Registro Mercantil. Si durante la licitación de un contrato público se produjese una operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de una rama de la actividad de una empresa licitadora o candidata, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la LCSP, sucederá a dicha empresa en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de contratar y acredite su solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el pliego de cláusulas administrativas. Es preciso que la operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de una rama de la actividad de la empresa licitadora o candidata tenga eficacia jurídica frente a terceros, lo cual se produce a partir de la inscripción de la operación correspondiente en el Registro Mercantil. Descargar resumen download

JCCAMEH Informe 67/2021. Presencia del Interventor (o la persona en que delegue) en los actos de comprobación material de la inversión: únicamente quedan excluidos los contratos menores, no otros tramitados por diferente procedimiento, aunque su cuantía no exceda (principio de jerarquía normativa a favor de la LCSP). Cuando el legislador alude a los contratos menores, se está refiriendo a contratos caracterizados por su escasa cuantía y su corta duración. Conforme a la disposición adicional tercera de la LCSP los actos que quedan excluidos de la presencia del interventor, o de la persona en quien delegue, en el acto de comprobación material de la inversión en el caso de los contratos públicos de las Administraciones Públicas locales son los contratos menores, y no otros tramitados por diferente procedimiento, aunque su cuantía no exceda la propia del contrato menor. Descargar resumen download

JCCA Cataluña (informe Secretaría Técnica) de fecha 21 de diciembre de 2021. Conceptos que integran la indemnización por daños y perjuicios derivados de la no formalización del contrato por causas imputables a la Administración y periodo de cómputo: mantenimiento de garantías, incrementos de precios que comporten un incremento de costes a computar desde la fecha que debió comenzar el contrato y aquella en que efectivamente se produzca. Se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. Procede la indemnización a las empresas contratistas por los daños y perjuicios que acrediten haber sufrido como consecuencia de la demora en la formalización del contrato por causas imputables a la Administración, pudiendo entender incluidos –entre otros, como los relacionados con el mantenimiento de las garantías, a los que se alude en el escrito de petición de informe–, los derivados de los incrementos de los precios de las materias primas que comporten un incremento de costes y, por tanto, una mayor onerosidad para las empresas en la ejecución de los contratos, durante el periodo comprendido entre la fecha en que se hubiera tenido que iniciar la ejecución del contrato, de haberse producido la formalización en el plazo debido de conformidad con la Ley, y la fecha en que efectivamente se produzca. La indemnización a que se refiere sólo procede en caso de que la empresa acceda a formalizar el contrato a pesar de la demora producida por causa imputable a la Administración y una vez producida esta formalización. Descargar resumen download

JCCA Cataluña 6/2021. Limitaciones a la posibilidad de devolución o cancelación anticipada de la garantía definitiva antes de la finalización del plazo de ejecución: únicamente procede la devolución una vez vencido el plazo de garantía y cumplido el contrato satisfactoriamente, o bien cuando se declare la resolución sin culpa de la contratista. En los contratos suscritos por las administraciones públicas para los que se haya previsto en los pliegos la exigencia de constitución de garantía definitiva, únicamente es posible devolverla una vez vencido el plazo de garantía y cumplido el contrato satisfactoriamente, o bien cuando se declare la resolución sin culpa de la contratista, no siendo posible valorar la procedencia de aquella exención de la garantía en una fase posterior a la licitación, ni su retorno anticipado. En este sentido, hay que tener en cuenta que los riesgos de los que responden las seguridades de responsabilidad civil son diferentes a las responsabilidades a las que están afectas las garantías definitivas y que no parece posible la modificación de un contrato no prevista en los pliegos que rigieron la licitación para posibilitar el retorno anticipado de dicha garantía, por no concurrir las circunstancias que la habilitan y por tener esta modificación carácter sustancial. Descargar resumen download

JCCA Madrid 4/2021. Consecuencias derivadas de la suspensión del contrato de obras: valoración de la suspensión de los contratos de servicios complementarios, realización de la vigilancia y seguridad de obra y el abono de los daños y perjuicios producidos. Si se produce la suspensión de un contrato de obras, con independencia de su causa, la suspensión o no de los contratos de servicios complementarios de dicho contrato dependerá de cada caso concreto, según si resulta o no precisa la ejecución de estos contratos mientras la obra se encuentre suspendida. Asimismo, el responsable de la vigilancia de la obra, sus terrenos y bienes durante la suspensión es el contratista, si bien procedería la indemnización por los gastos de vigilancia, siempre que lo acredite convenientemente. Descargar resumen download

CC Andalucía Dictamen 46/2022. La posibilidad de resolución parcial del contrato (en el caso concreto resolución contractual parcial de un lote): cabe admitirla en aquellos casos en que hay razones de interés público que justificaban la conservación del negocio en lo realizable. La resolución parcial no aparece recogida expresamente en la normativa de contratación administrativa entre las formas de resolución, si bien, la doctrina viene admitiéndola en determinados supuestos: siempre y cuando “ni la naturaleza del negocio, ni la hipotética voluntad de los contratantes exigen un mantenimiento total, apareciendo los distintos objetos de aquél perfectamente diferenciados”. Es decir, el Consejo de Estado ha admitido, en ocasiones, la resolución parcial del contrato, especialmente en aquellos casos en que había razones -sobre todo de interés público- que justificaban la conservación del negocio en lo realizable. Descargar resumen download

CCCLM 363/2021. Sistema de contratación de obras a tanto alzado e indefinición del objeto del contrato: la precariedad en la forma de definición del objeto del contrato determina la inviabilidad de apreciar las causas rescisorias del mismo. La única forma de intentar dar cobertura normativa a la singular adjudicación de la obra, pasa por su eventual encuadramiento dentro de la figura de las denominadas “obras a tanto alzado” u “obras con precio cerrado”, que tienen su principal sustento legal en el artículo 241 de la LCSP. Ni en el Proyecto Técnico de la obra que sirve de base a la licitación, ni en el PPT ni en el PCAP hay un acotamiento diáfano de las actividades constructivas o accesorias conformadoras del objeto inequívoco del contrato. De hecho, no se trata solo de que el referido Proyecto Técnico de obra carezca de una consignación de precios unitarios, sino que el mismo se encuentra desprovisto de toda referencia a los costes de ejecución de la totalidad de sus elementos de desagregación -unidades de obra, partidas o capítulos- y, además, ni siquiera contiene una indicación satisfactoria de la necesidad de reseñar cuál es el presupuesto global de ejecución de la obra programada y, dentro de él, cuáles serían los importes en que hubiese quedado descompuesta su potencial ejecución por fases. Esta indefinición en el objeto del contrato hace inviable la apreciación de cuales son las causas rescisorias del contrato. Descargar resumen download

Semana 19 - Elección de criterios de adjudicación en el PCAP, vinculación con el objeto del contrato y necesidad de justificación en el expediente.

RTACRC 599/2021. Efectos de la existencia de contradicción entre el PCAP y PPT en materia de criterios de adjudicación: preferencia de la regulación contenida en el PCAP. En caso de discrepancia entre PCAP y PPT en relación con el contenido de las ofertas, ha de prevalecer el contenido del PCAP que es dónde se han de concretar las puntuaciones de los criterios de adjudicación. Descargar resumen download

RTACRC 1081/2021. Aspectos a considerar para la inclusión de cláusulas sociales o medioambientales como criterios de adjudicación: vinculación al objeto del contrato y existencia de factores comparables que permiten evaluar el rendimiento de cada oferta (cualidades del personal y calidad de la ejecución). Solo son admisibles los criterios de adjudicación, incluidos los sociales y medioambientales, que sean objetivos (por recaer sobre el objeto a valorar y depender de factores comprobables apreciables), que permitan evaluar el rendimiento de cada oferta respecto del objeto del contrato. Las condiciones de empleo y las cualidades del personal empleado determinantes de la calidad en la ejecución del contrato, de la prestación que constituye su objeto, sí pueden emplearse como criterio de adjudicación, pero solo si ello es determinante para el nivel del rendimiento del contrato. Adecuación del criterio que valora la estabilidad en el empleo de los conductores que se adscriban al contrato; bajo la justificación de que «esta medida repercute de manera directa en la ejecución del contrato pues la estabilidad del conductor y su continuidad a lo largo del curso, permite un mejor conocimiento de los usuarios, de la ruta y de sus paradas. Descargar resumen download

RTACRC 1557/2021. Requisitos para el empleo de los certificados de calidad como criterio de adjudicación: vinculación al objeto del contrato, no debiendo referirse genéricamente a los procesos productivos de la empresa (característica de la propia empresa) sino a una característica de la prestación en sí misma que permita una evaluación comparativa del nivel de rendimiento de cada oferta respecto del objeto del contrato. Para que pueda admitirse la exigencia de certificados de calidad como criterio de adjudicación, es necesario que estén claramente vinculados con el objeto del contrato, refiriéndose o integrándose en la prestación contratada, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida. El Tribunal considera que los certificados requeridos hacen referencia genéricamente a todos los procesos productivos de la empresa, es decir a una característica de la propia empresa pero no a una característica de la prestación en sí misma que permita “efectuar una evaluación comparativa del nivel de rendimiento de cada oferta respecto del objeto del contrato”, lo que significa que los aspectos medioambientales o sociales incorporados como criterios de adjudicación deben repercutir en el resultado de la concreta prestación solicitada permitiendo una evaluación comparativa de las ofertas respecto de su calidad intrínseca, lo que no ocurre cuando se configuran como criterios de adjudicación características generales de la política medioambiental, social o corporativa. Descargar resumen download

TACP Aragón 44/2021. Los criterios de adjudicación a emplear en los contratos basados (CCBB) en acuerdos marco (AM) + Control sobre la elección y ponderación de los criterios de adjudicación del contrato basado y garantía del principio de igualdad de trato.

I. Los criterios de adjudicación a emplear en los contratos basados (CCBB) en acuerdos marco (AM): deberán estar determinados previamente en el AM teniendo el órgano de contratación cierto margen de discrecionalidad para su elección en el CB. Los criterios a utilizar en la adjudicación deben estar determinados previamente en el acuerdo marco, pero, es propio de la naturaleza de éste, que el órgano de contratación disponga de un cierto margen de discrecionalidad para poder elegir de entre los recogidos en él, aquellos que sean más adecuados a las características precisadas para los productos a adquirir y atribuirles la ponderación o preferencia que mejor se acomode a la satisfacción de las necesidades que busca cubrir mediante el contrato derivado. Descargar resumen download

II. Control sobre la elección y ponderación de los criterios de adjudicación del contrato basado y garantía del principio de igualdad de trato: posibilidad de impugnación al momento de concretar los términos de la licitación del nuevo contrato basado. La elección de qué criterios de adjudicación van a ser utilizados en cada caso y cuál es la ponderación o preferencia que debe atribuirse a cada uno de ellos debe hacerse en todo caso con exquisita observancia de las exigencias que derivan del principio de igualdad de trato entre los distintos licitadores. No obstante, es así mismo claro, que la apreciación de si se ha observado o no esta exigencia no puede hacerse más que en el momento en que deben concretarse los términos de la nueva licitación. Y es en este preciso momento, cuando si alguno de los licitadores considerase que se ha producido infracción del ordenamiento jurídico al precisar tales condiciones, podrá impugnar en los términos previstos legalmente, el establecimiento de las mismas. Por tanto, cuando se vayan a licitar los contratos derivados del acuerdo marco se deberá seleccionar, justificar, concretar y terminar de definir los criterios de adjudicación que vayan a regir su adjudicación, pudiendo eventualmente, ser objeto de impugnación. Descargar resumen download

TCP Canarias 234/2021. Alcance y finalidad de la justificación de los criterios de adjudicación en el expediente: motivación adecuada que permita apreciar que cumplen las exigencias del artículo 145 LCSP, especialmente, su vinculación con el objeto del contrato. Se trata de contar con la información que permita poder apreciar que los criterios de adjudicación cumplen las exigencias del artículo 145 LCSP, en especial, su vinculación con el objeto del contrato en los términos que establece. Esa motivación adecuada, que debe figurar en el expediente de contratación, es fundamental para que los interesados puedan apreciar en primera instancia el cumplimiento de la LCSP en los distintos aspectos cuya elección hay que justificar adecuadamente, y en este caso, de lo dispuesto en el artículo 145 para los criterios de adjudicación. Descargar resumen download

OARC Euskadi 16/2022. Límites al empleo de los certificados de aseguramiento de la calidad o medioambientales como criterios de adjudicación: necesaria vinculación al concreto objeto del contrato que debe justificarse en el expediente. El certificado ISO 9001 determina los requisitos de un sistema de calidad para su aplicación interna por organizaciones públicas o privadas, y se centra en la eficacia del sistema de gestión de calidad para satisfacer los requisitos de los clientes; por su parte, el certificado ISO 14001 pretende la aplicación en organizaciones del sector público o privado de un plan de manejo ambiental que incluya objetivos y metas medioambientales, políticas y procedimientos para lograr esas metas, etc., describe el proceso que debe seguir la empresa y la exigencia del respeto a las leyes ambientales nacionales. En ambos casos, los certificados se refieren a sistemas de gestión – calidad y medioambiental– a aplicar en los procesos productivos de organizaciones públicas o privadas, no hacen referencia a características vinculadas con el objeto del contrato en el amplio sentido en el que se define dicha vinculación en los artículos 145 a) y 145.6 de la LCSP. El órgano de contratación tampoco ha justificado en el expediente la vinculación que cada uno de los certificados exigidos tiene con el objeto del contrato, tal como exige el apartado 1 del artículo 145 de la LCSP, más allá de señalar que se incluyen como criterio de adjudicación para que garanticen "ir avanzando en la mejora continua del servicio", lo cual resulta manifiestamente insuficiente. Descargar resumen download

JCCAMEH Informe 49/2021. Limitaciones al empleo como criterio de adjudicación de la asunción del coste de la realización de eventuales obras adicionales a las fijadas en el proyecto hasta un determinado porcentaje: puede resultar discriminatorio, vulnerar el principio de proporcionalidad, suponer una indeterminación del objeto del contrato y afectar al equilibrio entre las prestaciones. El empleo de este tipo de criterios de adjudicación afecta al principio de igualdad en la medida en que el licitador que no quiera renunciar al régimen de atribución de costes exigido imperativamente por la LCSP quedará claramente perjudicado en la puntuación obtenida, siendo discriminado respecto de aquellos que sí lo hagan. Este tipo de cláusulas supone igualmente una vulneración al principio de proporcionalidad porque resulta exagerado pretender que el licitador se vea forzado, si es que quiere resultar adjudicatario del contrato, a asumir los costes de una inadecuada redacción del proyecto so pena de resultar perjudicado en su puntuación final. La inclusión como criterio de adjudicación de la asunción del coste de la realización de eventuales obras adicionales a las fijadas en el proyecto hasta un determinado porcentaje puede vulnerar el principio de determinación del objeto del contrato (artículo 99 LCSP). Si no se han computado en el precio las citadas prestaciones por no haber sido incluidas en el proyecto objeto de licitación, siendo imputable a la Administración dicha inclusión, su configuración como obligaciones del contratista sin compensación económica vulnera el equilibrio entre prestaciones que debe regir la relación contractual. Descargar resumen download

Semana 18 - Recurso especial en materia de contratación: legitimación y actos no susceptibles de recurso.

STJUE de fecha 24 de febrero de 2022. Asunto C-532/20. Legitimación para la interposición de recurso por el adjudicatario: acción posible cuando considere que la decisión de admisión de un competidor en un procedimiento de adjudicación de un contrato público es ilegal y puede causarle un perjuicio. El artículo 1, apartado 3, de la Directiva 92/13 exige que los Estados miembros velen por que los procedimientos de recurso sean accesibles, como mínimo, a cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener un determinado contrato y que se haya visto o pueda verse perjudicada por una presunta infracción. Esta disposición se aplica, en particular, a la situación de todo licitador que considere que la decisión de admisión de un competidor en un procedimiento de adjudicación de un contrato público es ilegal y puede causarle un perjuicio, siendo la existencia de este riesgo suficiente para fundamentar un interés directo en interponer un recurso contra dicha decisión, con independencia del perjuicio que pudiera derivarse de la adjudicación del contrato a otro candidato. Descargar resumen download

RTACRC 1027/2021. Legitimación activa de los concejales para interponer recurso especial en materia de contratación: únicamente ostentan legitimación los que forman parte del órgano de contratación y votan en contra del acuerdo impugnado. Ha de negarse la legitimación para interponer recurso especial a concejales que no formen parte del órgano que dictó el acto impugnado, estando legitimados únicamente para la interposición de dicho recurso aquellos miembros de las entidades locales que, formando parte del órgano de contratación, hubieran votado en contra de los actos y acuerdos impugnados. Descargar resumen download

RTACRC 1267/2021. Recurso frente al acuerdo de inicio del procedimiento de imposición de penalidades y de declaración de prohibición de contratar: no son susceptibles de recurso, dado que no determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni producen indefensión ni perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, ni afectan directa o indirectamente a la decisión sobre la adjudicación. Se recurre el inicio de dos procedimientos administrativos, de imposición de una penalidad y de declaración de prohibición de contratar, como consecuencia del procedimiento de licitación de un contrato de suministros. Los actos recurridos no son susceptibles del recurso especial por cuanto no determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni producen indefensión ni, en fin, perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, pues dejan abierta la decisión que, tras la tramitación de los procedimientos con el oportuno trámite de audiencia, se adopte. Asimismo, dichos actos no son susceptibles de recurso especial porque no afectan directa ni indirectamente en modo alguno a la decisión sobre la adjudicación, en este caso a la declaración de desierto del contrato. Descargar resumen download

RTACRC 1949/2021. La legitimación de terceros que, no habiendo participado en la licitación, tienen expectativas económicas derivadas de acuerdos celebrados por los licitadores que les permitirían realizar parcialmente las prestaciones contempladas en el objeto del contrato: la legitimación del subcontratista (puesta de manifiesto en el DEUC). La recurrente fundamenta su legitimación en su condición de subcontratista de T…., por lo que la eventual estimación del recurso le reportaría un beneficio económico real, al permitirle realizar las prestaciones subcontratadas con aquella. El interés legítimo equivale a la titularidad de una posición de ventaja o de una utilidad pública por parte de quien ejercita la pretensión y que se materializa, de prosperar ésta, en la obtención de un beneficio de índole material o jurídico, o en la evitación de un perjuicio, con tal de que la obtención del beneficio o evitación del perjuicio sea cierta y no meramente hipotética. La recurrente goza del concepto de interesado en los términos expuestos por el Art. 48 LCSP, pues en el hipotético caso en que T….. resultara adjudicataria del contrato, la recurrente sí que obtendría un beneficio en la esfera de sus intereses económicos. Descargar resumen download

TARC Andalucía 292/2021. Efectos de la notificación de la exclusión acordada por la mesa de contratación a efectos de un posterior recurso frente a un acto posterior que la ratifique: no admisibilidad del recurso respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. La no interposición del recurso especial en plazo determinó que la exclusión quedara firme y consentida, sin que proceda tomar en consideración a efectos del cómputo del plazo el acuerdo de ratificación de la citada exclusión adoptado posteriormente por la mesa de contratación, toda vez que no estamos en presencia de un acto nuevo sino confirmatorio de otro anterior que en su momento pudo ser impugnado pero no lo fue. Al respecto, procede invocar la Sentencia del Tribunal Constitucional 24/2003, de 10 de febrero, sobre la no admisibilidad del recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. Descargar resumen download

TACP Aragón 58/2021. Impugnación del acto de aprobación de un proyecto técnico donde no se incorporan reglas y requisitos sobre la adjudicación: inadmisión del recurso especial al no figurar entre las actuaciones susceptibles de recurso. El documento impugnado contiene reglas y requisitos relativos a la ejecución del contrato pero no las referentes a su adjudicación, por lo que un pronunciamiento por parte del Tribunal sobre tal cuestión, al no figurar entre las actuaciones susceptibles de recurso especial conforme al artículo 44.2 de la LCSP, le está vedado al quedar fuera de su ámbito competencial; por ello, la impugnación ha de ser inadmitida al amparo del artículo 55.c) de la LCSP. Descargar resumen download

Semana 17 - Participación en el procedimiento de contratación: principios de libre concurrencia, igualdad de trato y proposición única.

RTACRC 472/2021. La Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado, como garante de los principios de no discriminación y concurrencia: garantía de la libre prestación de servicios en todo el territorio nacional, eficacia de las actuaciones administrativas en todo el territorio nacional y reconocimiento mutuo de autorizaciones para el ejercicio de actuaciones económicas. Conforme a lo establecido en la Ley 20/2013, que garantiza la libre prestación de servicios en todo el territorio nacional, el principio de no discriminación y eficacia de las actuaciones administrativas en todo el territorio nacional, y el reconocimiento mutuo de autorizaciones para el ejercicio de actuaciones económicas, el recurso debe ser estimado, procediendo la anulación del último párrafo de la cláusula 16 del PCAP, que exige acreditar la inscripción en el Registro de la Comunidad Autónoma de La Rioja antes de la formalización del contrato. Se respetarían los anteriores principios si se exige que el adjudicatario del presente contrato, inscrito en el Registro de otra comunidad autónoma, acredite haber solicitado la inscripción en el Registro de La Rioja antes de la formalización del contrato, pudiendo operar hasta que esta autorización sea concedida en base al reconocimiento temporal de efectos de la autorización concedida por otra comunidad autónoma. Descargar resumen download

RTACRC 909/2021. Efectos de la configuración de un lote que agrupa diferentes productos entre los cuales se incluyen productos exclusivos protegidos por patente: vulneración de los principios de concurrencia y libertad de acceso a las licitaciones. La agrupación en un lote de dos productos, siendo uno de ellos exclusivo de una única empresa, supone una agrupación de productos o bienes de equipos en el mismo lote que implica la vulneración de los principios de concurrencia y libertad de acceso a las licitaciones, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, al reducir las posibilidades de adjudicación a un único licitador. Descargar resumen download

RTACRC 937/2021. Supuesto de existencia de conflicto de intereses en la participación, como licitador, en un contrato de servicios: funcionario jubilado que licita a un contrato para realizar el desempeño de las mismas funciones que venía desarrollando antes de la jubilación. La participación en el procedimiento como licitador de una persona física (funcionario jubilado), que ha prestado en el pasado, como funcionario en activo, las mismas funciones que se demandan en el contrato licitado compromete de manera efectiva la imparcialidad y objetividad del órgano de contratación a la hora de valorar las ofertas de los potenciales licitadores por lo que se considera existe efectivamente una situación de conflicto de intereses conforme establece el artículo 64 LCSP. Descargar resumen download

RTACRC 1049/2021. El principio de libertad con idoneidad como garante de los principios de igualdad de trato, no discriminación y libre concurrencia: reconocimiento de capacidad de otras titulaciones (principio de libertad con idoneidad) vs principio de exclusividad y monopolio competencial. Frente al principio de exclusividad y monopolio competencial y en aras de proteger los principios de igualdad de trato, no discriminación y libre concurrencia cuya protección impone la LCSP ha de prevalecer el de “libertad con idoneidad", facultando a los ingenieros de caminos, canales y puertos, en aras de una mayor concurrencia en la licitación, a intervenir en plano de igualdad con los otros profesionales designados en los pliegos (PCAP y PPT) para la ejecución de un contrato cuyo objeto es la demolición de edificios y retirada del amianto existente, redacción del estudio de seguridad y salud, redacción de los proyectos parciales de instalaciones, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, dirección de los proyectos de instalaciones y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Descargar resumen download

RTACRC 1936/2021. Determinación de un conflicto de intereses en las relaciones entre los licitadores y la entidad contratante: se aprecia cuando se produce la participación o influencia del personal del poder adjudicador en el resultado de la licitación por un interés económico, financiero o personal. La existencia de un vínculo empresarial podría dar lugar a considerar que existe un posible de conflicto de interés, pues el interés económico del poder adjudicador en que una de sus filiales se convierta en adjudicataria es innegable. El artículo 64 de la LCSP centra la atención para apreciar la existencia de conflicto de interés en el poder adjudicador, más concretamente en su personal, cuando este participe o pueda influir en el resultado de la licitación, lo que lleva a que deban describirse acciones u omisiones del personal del poder adjudicador que evidencien un interés económico, financiero o personal, en la adjudicación del contrato a favor de la entidad para que se produzca el conflicto de intereses. Descargar resumen download

TACP Aragón 56/2021. Efectos de la presentación de ofertas al mismo lote por mercantiles que pertenecen al mismo grupo empresarial + Denuncia de indicios de conductas colusorias: la carga de la prueba recae sobre el denunciante.

I. Efectos de la presentación de ofertas al mismo lote por mercantiles que pertenecen al mismo grupo empresarial: esta sola causa no supone una prohibición para presentar ofertas sobre los mismos lotes. Las empresas vinculadas entre sí o que formen parte de un grupo empresarial pueden concurrir a una misma licitación pública, sin que resulte posible restringir, por esta sola causa, su participación en tal procedimiento de contratación. Descargar resumen download

II. Denuncia de indicios de conductas colusorias: la carga de la prueba recae sobre el denunciante. Deberán quedar demostrados los indicios de conductas colusorias, debiendo la denunciante dar sustento probatorio, atendiendo debida y suficientemente la carga de la prueba que pesa sobre ella. Descargar resumen download

Semana 16 - Acumulación de clasificación y solvencia en el caso de UTES e integración de ambas con medios de terceros.

JCCAMEH Informe 35/2021. La validez de la acreditación de la clasificación por un sólo miembro de la UTE, cuando el sólo cumple + Exigencia del requisito de clasificación a los miembros de la UTE, cuando no se alcanza por ninguno de los miembros y tampoco mediante acumulación + Forma de acreditar la integración de la solvencia o la clasificación a través de un tercero que no participan en la UTE + Condiciones para la integración de la solvencia a través de medios externos en caso de UTE.

I. La validez de la acreditación de la clasificación por un sólo miembro de la UTE, cuando el sólo cumple: no resulta necesario que todas las entidades que conforman la UTE estén clasificas, requisito que únicamente se precisa en caso de acumulación de clasificaciones en el seno de la UTE. Si la acumulación de la clasificación se produce, resulta condición ineludible que todos los componentes de la UTE estén clasificados. La única excepción a la anterior regla tiene lugar cuando uno de los miembros de la UTE, por sí sólo, alcance la clasificación requerida, supuesto en el que el artículo 52 del RGLCAP indica que “la unión temporal alcanzará la clasificación exigida.” Ocurre en este caso que la acumulación es completamente innecesaria y, en consecuencia, no es imprescindible que las dos empresas estén clasificadas, requisito éste que sólo es necesario para proceder a la acumulación de clasificaciones y que no impide que la responsabilidad solidaria de los miembros de la UTE se pueda hacer efectiva sobre quien cumple, por sí sólo, las condiciones de clasificación requerida. Descargar resumen download

II. Exigencia del requisito de clasificación a los miembros de la UTE, cuando no se alcanza por ninguno de los miembros y tampoco mediante acumulación: exigible a todos los componentes y se refiere a la tipología contractual, pero no alcanza al subgrupo y categoría. Para acudir a la integración de la solvencia con medios externos, resulta obvio que ninguna de las componentes de la UTE, por sí sola, alcanza la clasificación requerida y que tampoco se obtiene la misma mediante la acumulación de las clasificaciones en los términos establecidos en el artículo 52 del Reglamento. Para proceder a la integración es requisito imprescindible que todos los miembros de la UTE estén clasificados. Ahora bien, se exige que los componentes de la unión hayan obtenido la clasificación “como empresa de obras”, sin que se exija específicamente en los subgrupos y categoría exigida. Descargar resumen download

III. Forma de acreditar la integración de la solvencia o la clasificación a través de un tercero que no participan en la UTE: aportación de la clasificación del tercero, siempre que vaya acompañada de un compromiso de poner los medios necesarios. La clasificación constituye un sistema cuyo fin es obtener la acreditación previa y general de unas condiciones de solvencia, pero dicha clasificación presupone que ha de ir acompañada de los medios propios de la entidad clasificada como elementos imprescindibles para la ejecución de un contrato público. Dicho de otra manera, cuando una UTE no alcanza por sí sola las condiciones necesarias para ejecutar un contrato en que la clasificación es requerida legalmente, dicha solvencia mínima e inexcusable se puede obtener cuando los componentes de la UTE demuestran al órgano de contratación que dispone de los medios de un tercero que le capacitan desde el punto de vista económico y técnico para ejecutar el contrato. La aportación del documento correspondiente a la clasificación del tercero es admisible, pero siempre que vaya acompañado de un compromiso de poner los medios necesarios para la ejecución del contrato a disposición del adjudicatario. Descargar resumen download

IV. Condiciones para la integración de la solvencia a través de medios externos en caso de UTE: disposición efectiva de la solvencia y medios del tercero, el cual no puede estar incurso en prohibición de contratar, pudiendo, en caso de solvencia económica, exigirse responsabilidad solidaria del cumplimiento del contrato. Las UTES pueden recurrir a la integración de la solvencia a través de medios externos. Han de hacerlo cumpliendo las dos condiciones que establece la LCSP, esto es, demostrar que se dispondrá efectivamente de la solvencia y medios de la tercera entidad y que ésta última no esté incursa en una prohibición de contratar. La LCSP reconoce expresamente la posibilidad de que la integración de la solvencia por medios externos alcance a la solvencia económica y financiera, pudiéndose exigir que la empresa que no forma parte de la UTE responda de forma solidaria del cumplimiento del contrato. Por excepción, se podrá exigir que determinadas partes o trabajos del contrato, en atención a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador. Descargar resumen download

JCCAMEH Informe 68/2021. Efecto de la acumulación de clasificación por dos empresas que se presenten en UTE y que ambas dispongan de categorías 1: supone la tenencia de la categoría 2. El valor mínimo que se ha de tomar en consideración a los efectos de determinar el valor medio de la categoría 1 de clasificación en los contratos de obras es de 1 €, lo que implica que la acumulación de dos empresas que se presenten en UTE y que dispongan de sendas categorías 1 supone la tenencia de la categoría 2 a los efectos de la acreditación de la solvencia. Descargar resumen download

RTACRC 1035/2021. Acumulación de solvencia en caso de empresas integrantes de una UTE para acreditar la solvencia técnica: posibilidad de acreditación por una sola de las entidades. Acreditada la solvencia o capacidad técnica por una de las empresas integrantes de la UTE, ello sirve para justificar la solvencia de ésta sin necesidad de exigir además esa misma capacidad técnica a la otra miembro de la UTE. Descargar resumen download

Comunicación de la UE | Adquisiciones sociales: una guía para considerar aspectos sociales en las contrataciones públicas (2.ª edición)

Para promover el uso de la contratación pública como herramienta para alcanzar objetivos de política social, la Comisión publicó una guía práctica para los compradores públicos.

La guía tiene por objeto concienciar a los compradores públicos de los posibles beneficios de la CPSR y explicar de manera práctica las oportunidades que ofrece el marco jurídico de la UE, incorporando sugerencias y ejemplos concretos que abarcan todo el proceso de contratación pública.

Acceder a la Guía UE sobre aspectos sociales en la contratación pública

Puedes acceder a las actualizaciones remitidas en newsletters de fechas anteriores en "Documentos CSP > Histórico de newsletter".


Sesión informativa La Fábrica de Pliegos (Next Generation + Reserva de contratos + Clasificación en caso de UTEs)