Actualizaciones CSP


* VIDEO y DOCUMENTACIÓN DE LA SESIÓN ONLINE COVID-19: Indemnización por Suspensión de Contratos del Sector Publico.. Acceder a los contenidos de la sesión Covid-19 download

OIRESCON. GUÍA PARA LA REACTIVACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA TRAS EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS. Descargar la Guía OIRESCON download

* Abogacía del Estado Informe 28 de mayo de 2020. Reanudación (regla general) o reinicio (cuando una norma con rango de ley lo prevea) del cómputo de plazos a la vista del RD 537/2020 (COVID-19). La reanudación (o, excepcionalmente, el reinicio) del cómputo de los plazos administrativos suspendidos durante el estado de alarma tendrá lugar “con efectos desde el 1 de junio de 2020”, y no desde la finalización del estado de alarma. Se aprecia fundamento jurídico suficiente para sostener que, en la reanudación de plazos suspendidos, los días que resten en un plazo señalado en meses se han de contar como días hábiles. Descargar informe download

* El Sello de Inclusión Social como criterio social de desempate en la contratación pública (Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital). Acceder al Real Decreto-Ley 20/2020 download

STS de fecha 21 de febrero de 2020 (631). Posibilidad de modificar el interés de demora a las operaciones comerciales realizadas con la Administración: libertad de pactos o aplicación imperativa de los legales establecidos en el art. 7.2 de la Ley 3/2004. Desde la entrada en vigor de la reforma operada por la Ley 17/2014 respecto de la Ley 3/2004 el art. 7 debe entenderse en el sentido que el inciso primero no es aplicable a las administraciones públicas, ya que prevalece lo estatuido en el inciso segundo por mor de su engarce con el art. 9 modificado por la disposición final sexta de la Ley 17/2014. Con anterioridad a la entrada en vigor de la antedicha modificación legal no se colige del conjunto de normas que la Administración no pudiera pactar un interés distinto en el contrato al que se aquietó la parte. Descargar resumen download

RTACRC 286/2020 y 192/2020. Cómputo temporal del criterio de desempate previsto en el artículo 147 LCSP: interpretación de la expresión “referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas”. La interpretación de la expresión «referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas» que utiliza el artículo 147.2 de la LCSP, puede entenderse referida a la plantilla existente en ese preciso día o, por el contrario, puede considerarse que únicamente ha establecido un momento de referencia para la valoración de un periodo, es decir, está designando el día final de un plazo, el «dies ad quem». El Tribunal se decanta por la segunda interpretación, valorando la situación análoga que se produce en la disposición adicional primera del Real Decreto 364/2005, considerando que el porcentaje de trabajadores con discapacidad de cada empresa viene referido al periodo de los últimos 12 meses, anteriores al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas. Descargar resumen download

TARC Andalucía 88/2020. El requisito exigido en los pliegos de realizar una visita a las instalaciones: debe realizarse durante el periodo de presentación de proposiciones. La visita a las instalaciones debe realizarse por la empresa licitadora una vez que tenga conocimiento de los pliegos y por tanto de la información tan relevante para elaborar la oferta, como los servicios a prestar, el presupuesto base de licitación o el valor estimado del contrato, y poner todo ello en relación con el estado actual de las instalaciones donde se han de prestar dichos servicios. Siendo así, la visita hay que realizarla durante el periodo de presentación de proposiciones, sin que a estos efectos tenga validez las realizadas con anterioridad. Descargar resumen download

TCP Canarias 62/2020. Finalidad de la separación de la documentación o archivos en sobre independientes: principio de igualdad de trato, secreto de las proposiciones y salvaguarda de la objetividad de los órganos de contratación. Con la separación de sobres o archivos no solo se pretende que el conocimiento de documentación que deba obrar en el sobre de criterios de adjudicación objetivos, no contamine al órgano de contratación al realizar la valoración de los criterios subjetivos, sino que, incluso cuando solo existan criterios de adjudicación objetivos, y por tanto dos archivos electrónicos, se salvaguarde el debido secreto de las proposiciones y la aplicación del principio de igualdad de trato de los licitadores dentro del procedimiento de concurrencia competitiva que es la licitación de un contrato público. Sólo en aquellos casos en los que sea patente que los datos relevados no tienen influencia en el secreto debido de las proposiciones y la objetividad de los órganos de contratación, no afectando a la igualdad entre licitadores, será procedente admitir las proposiciones. Descargar resumen download

Boletín del viernes, 10 de julio de 2020

TARC Andalucía 72/2020. Precio cierto e indeterminación del número de unidades a suministrar: la exigencia de un precio cierto no permite que el precio repercutido pueda ser mayor o menor dependiendo del número de solicitudes de entrega, lo que llevará a la entidad licitadora con toda probabilidad a elevar el precio unitario para asegurarse que no tendrá pérdidas. La indeterminación del número de unidades a suministrar, no puede comportar la del precio del contrato; las entidades licitadoras han de ofertar un precio unitario en el que estén comprendidas todas las prestaciones, aunque en el momento de presentar la oferta no se conozca el importe total de entregas que ha de realizar. La exigencia de un precio cierto no permite que el precio repercutido pueda ser mayor o menor dependiendo del número de solicitudes de entrega, lo que llevará a la entidad licitadora con toda probabilidad a elevar el precio unitario para asegurarse que no tendrá pérdidas. Descargar resumen download

TCP Canarias 54/2020. La información del personal a subrogar: objetivos y límites. La información del personal a subrogar tiene como objetivo fundamental garantizar que todos los licitadores puedan elaborar sus ofertas con conocimiento real de los costes y puedan concurrir a la adjudicación en igualdad de condiciones. Ni los pliegos, ni el anuncio pueden imponer “ex novo” la obligación de subrogar, siendo la normativa convencional o legal quien determina su existencia. Es competencia de los órganos de la jurisdicción social conocer sobre el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa laboral. Descargar resumen download

JCCAMEH Informe 25/2019. El concepto de “servicios generales” a efectos de tramitar contratos menores por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (DA 54 LCSP): actividades que no son propias y exclusivas de la naturaleza del órgano y aquellas otras que no están directa y exclusivamente vinculadas a un proyecto de investigación. El concepto de servicios generales hace referencia a aquellas actividades que requieren para su realización de la celebración de un contrato de servicios, que no son propias y exclusivas de la naturaleza del órgano como agente del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, y que, por el contrario, también son propias de cualquier otra entidad pública, porque son comunes y necesarias para la gestión de cualquiera de ellas y también las que estando relacionadas de modo genérico con la actividad investigadora, no están directa y exclusivamente vinculadas a un proyecto de investigación. Descargar resumen download

Boletín del miércoles, 8 de julio de 2020

STS de fecha 21 de febrero de 2020 (632). Liquidación del contrato y reclamación de intereses: la aceptación de la liquidación no impide reclamar los intereses que se devengan por ley. Los preceptos relativos al cumplimiento y a la extinción de los contratos, no se desprende que la aceptación de la liquidación del contrato suponga la renuncia del contratista al derecho a reclamar los intereses de demora que, ciertamente, se devengan por ministerio de la Ley en cuanto se produce el retraso en el pago de las certificaciones de obra. La aceptación de la liquidación sin hacer reserva o salvedad alguna respecto de esos intereses no le impide reclamarlos porque no han prescrito, fijando el artículo 25 de la Ley General Presupuestaria el plazo de prescripción. Descargar resumen download

RTACRC 254/2020. Competencia para resolver los recursos interpuestos frente a los actos de la FEMP (PANAP): al ostentar una participación igual varias Administraciones, resolverá el recurso el órgano que elija el recurrente de entre los que resulten competentes. La FEMP no constituye una entidad del sector público estatal, constituye un poder adjudicador no Administración Pública (PANAP), de los previstos en el art. 3.3.c de la LCSP, como asociación constituida por entidades que integran la Administración Local. De conformidad con el artículo 45 LCP, dado que la entidad contratante está vinculada con más de una Administración y todas o varias de ellas ostenta una participación igual, el órgano competente para resolver el recurso será aquel que elija el recurrente de entre los que resulten competentes. Descargar resumen download

TCP Canarias 57/2020. Interposición del recurso especial en materia de contratación: presentación en papel vs presentación vía electrónica. La interposición del recurso especial ha de hacerse por vía electrónica, siendo solo admisible la tramitación en soporte papel del procedimiento, para aquellos supuestos en que los interesados justifiquen ante el Tribunal su imposibilidad de acceso a la tramitación electrónica del mismo. El incumplimiento de esta obligación tendrá como consecuencia la inadmisión del recurso, derivada del principio de seguridad jurídica, pues en caso contrario se defraudaría la confianza legítima de los terceros, convencidos de la regularidad del procedimiento de recurso especial. Son normas de orden público que tienen por objeto aplicar el principio de seguridad jurídica, regulando y limitando en el tiempo y en la forma la facultad de impugnar los actos derivados de un procedimiento de licitación. Descargar resumen download

Boletín del lunes, 6 de julio de 2020

STJUE Sentencia de fecha 26 de marzo 2020 C-344/18. Transmisión de empresas a varios cesionarios y transferencia de los derechos y obligaciones derivados del contrato de trabajo: transferencia a cada cesionario en proporción a las funciones vs resolución de la relación laboral. En el supuesto de una transmisión de empresa que implique a varios cesionarios, el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/23 debe interpretarse en el sentido de que los derechos y obligaciones derivados de un contrato de trabajo se transfieren a cada uno de los cesionarios en proporción a las funciones desempeñadas por el trabajador de que se trate, siempre que la división del contrato de trabajo resultante de esta operación sea posible y no suponga un deterioro de las condiciones de trabajo ni afecte al mantenimiento de los derechos de los trabajadores garantizados por esta Directiva, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. En el supuesto de que tal división resulte imposible o atente contra los derechos de ese trabajador, se considerará, en virtud del artículo 4 de dicha Directiva, que la resolución de la relación laboral que pueda seguirle es imputable al cesionario o a los cesionarios, aunque se haya producido a instancia del trabajador. Descargar resumen download

RTACRC 237/2020. La acreditación de la condición de Centro Especial de Empleo de iniciativa social: tiempo (al momento de presentación de las ofertas, al ser un requisito de aptitud) y modo (inscripción en un registro público, es requisito constitutivo). El requisito se predica del licitador como tal, es decir es un elemento esencial atinente a su naturaleza y configuración jurídica, por lo que constituye un requisito previo para concurrir a la licitación de los previstos en el artículo 140 de la LCSP que deben concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato, como los demás requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar. El acto administrativo de calificación o inscripción en el Registro tiene carácter constitutivo, a los efectos de conferir la condición de Centros Especiales de Empleo de iniciativa social, según el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo definido en el artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido, aprobado por Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, vigente tras la promulgación del TRLGDPD. Descargar resumen download

RTACRC 440/2020. Acreditación de la condición de centro especial de empleo de iniciativa social y del compromiso de reinversión íntegra de los beneficios: compromiso que debe figurar en los estatutos o ser elevado a escritura pública antes de la finalización del plazo de presentación de proposiciones. Tendrán la consideración de Centros Especiales de Empleo de iniciativa social aquellos que, cumpliendo los requisitos que se establecen en los apartados 1.º y 2.º del 43 del RDecreto Legislativo 1/2013, son promovidos y participados en más de un 50 por ciento, directa o indirectamente, por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas, que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus Estatutos y siempre que en todos los casos en sus Estatutos o en acuerdo social se obliguen a la reinversión íntegra de sus beneficios. El compromiso de reinversión, en caso de que no conste en la escritura social o en sus estatutos, es necesario que sea adoptado mediante un acuerdo que conste o que se documente en escritura pública, requisito que permite acreditar de manera fehaciente la fecha del compromiso, cosa que no hace la certificación que ha sido aportada. Descargar resumen download


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